El Instituto de Seguridad y Servicios Sociales para los Trabajadores del Estado (ISSSTE), que administraciones anteriores dejaron “devastado” y “con enorme impacto en los servicios de salud”, actualmente se está salvando, según el gobierno federal.
Rosa Icela Rodríguez, secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), criticó a los directivos del instituto por haber comenzado a privatizar los servicios médicos en 2007 para favorecer a empresas privadas, algunas de las cuales eran propiedad de funcionarios públicos, políticos y personas reconocidas.
También se identificó un abandono de las unidades médicas y un desmantelamiento de la plantilla de médicos y enfermeras.
“El instituto estaba devastado. Las anteriores administraciones lo dejaron como un cascarón y con una enorme afectación a los servicios de salud, la privatización silenciosa que emprendieron por años fue dejando al instituto sin capacidad ni autonomía para brindar una correcta atención a los derechohabientes”.
La falta de medicamentos del instituto, según la titular de la SSPC, se debió a errores en la gestión de inventarios, robos y corrupción.
Fraude
Félix Medina Padilla, Fiscal Federal, reveló un esquema de fraude y hurto en el ISSSTE que afectó su patrimonio durante más de 12 años y costó alrededor de 15 mil millones de pesos.
En este esquema participaron extrabajadores y exdirectivos de la institución, quienes obtuvieron aumentos ilegales en sus pensiones.
Por estos hechos se han judicializado a 22 personas y vinculado a proceso a ocho, acusados de los delitos de asociación delictuosa, falsificación de documentos, falsedad de declaraciones y ejercicio ilícito del servicio público.
Por su parte, Pedro Zenteno, director del ISSSTE, indicó que se detectaron pensiones irregulares que “rebasan el monto establecido, que es el tope de alrededor de 31 mil pesos como máximo para la pensión de servidores públicos”.
“Hay cinco pensiones que están fuera de la norma, de 273 mil pesos, 236 mil pesos, 186 mil pesos, 138 mil pesos y 129 mil pesos que fueron otorgadas en el año 2000, 1995, 2000, 1999 y 2005, respectivamente. Son pensiones irregulares de exfuncionarios derivadas de sentencias de tribunales”.
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