El Índice Mexicano de Confianza Económica (IMCE) repuntó 2.20% en junio, alcanzando 69.92 puntos tras tres meses a la baja, informó el Instituto Mexicano de Contadores Públicos (IMCP). A pesar del avance, el indicador se mantiene en el rango inferior de clasificación neutral.
El componente de Situación Futura, que mide la confianza para los próximos seis meses, mostró una mejora destacada de 4.23%, al ubicarse en 74.8 puntos, impulsado por expectativas positivas en ventas, contratación de personal, inversión en activos y capacitación, de acuerdo con un análisis de Sebastián Díaz Mora para El Economista.
El índice de Situación Actualtambién avanzó ligeramente (0.43%), mientras que la confianza en los inventarios creció 8.51 puntos. No obstante, la confianza en ventas actuales mostró un leve retroceso.
La inseguridad sigue siendo el principal obstáculo para el crecimiento empresarial, según el 65% del gremio contable. Le siguen la falta de financiamiento (53%), la corrupción (49%) y la competencia desleal (43%). Por regiones, el noreste destaca por alta percepción de inseguridad y corrupción; el centro y occidente señalan la falta de financiamiento, mientras que en el Istmo y península prevalece la preocupación por la burocracia y políticas públicas.
El IMCE, que mide la percepción empresarial sobre el clima de negocios en México, mostró una caída anual de -6.60% respecto a junio de 2024.
El alcalde de Toluca, Ricardo Moreno Bastida, anunció la firma de un convenio con el DIF Toluca, la Secretaría del Trabajo del Estado de México y empresarios. Este acuerdo busca ofrecer empleo digno a personas con discapacidad y adultos mayores.
El evento tuvo lugar en presencia de Norberto Morales Poblete, secretario del Trabajo, y María del Rocío Pegueros Velázquez, presidenta honoraria del DIF Toluca. El alcalde Moreno Bastida actuó como testigo de honor en esta iniciativa inclusiva.
Morales Poblete destacó que el convenio fortalecerá la inclusión laboral mediante capacitación y acompañamiento para las personas en situación de vulnerabilidad.
Además, se inauguró el “2° Congreso de Inclusión Laboral para el Bienestar Estado de México 2025”. Este congreso comenzó con una conferencia sobre la NOM 039, relacionada con la certificación de la discapacidad.
El Gobierno del Estado de México, encabezado por la Maestra Delfina Gómez Álvarez, continúa trabajando para garantizar oportunidades laborales para todos. El objetivo es construir un modelo laboral más justo e inclusivo.
El Consejo Coordinador Empresarial (CCE) reconoció la labor del Gabinete de Seguridad tras el operativo que desarticuló una red dedicada al robo de hidrocarburos en el centro del país.
A través de un comunicado, el CCE destacó que la seguridad es clave para atraer inversión y subrayó la necesidad de colaboración entre gobierno, iniciativa privada y sociedad para construir un país en paz. “Un país más seguro será más atractivo para el desarrollo económico y la generación de empleos”, señaló.
— Consejo Coordinador Empresarial CCE (@cceoficialmx) June 30, 2025
El operativo, ejecutado en Ciudad de México, Estado de México y Querétaro, dejó 32 detenidos —incluidos los presuntos líderes Ciro Sergio “N” y Luis Miguel “N”, alias El Flaco de Oro— y el aseguramiento de 12 inmuebles, vehículos, armamento, drogas, dinero en efectivo, tomas clandestinas y animales exóticos.
El robo de combustibles, conocido como huachicol, ha provocado pérdidas millonarias a Pemex y representa un riesgo grave para comunidades cercanas a ductos clandestinos. En 2023, se estimaron pérdidas por más de 15 mil millones de pesos, además de afectaciones al medio ambiente y a la seguridad pública.
El CCE reiteró su compromiso con el combate al crimen organizado y respaldó la estrategia de seguridad de la presidenta Claudia Sheinbaum.
A sus 62 años, María Asunción Aramburuzabala, una de las empresarias más influyentes de América Latina, traza un plan de sucesión para proteger y transferir su fortuna, valuada en más de 8 mil millones de dólares, y evitar repetir la crisis que vivió tras la muerte de su padre en 1995.
Bajo su liderazgo, Tresalia Capital se consolidó como un poderoso family office. Para asegurar su futuro, ha sumado a ejecutivos de alto nivel como Rodolfo Pérez (ex Goldman Sachs), Antonio González Anaya (ex Credit Suisse) y Bruce Zimmerman (ex CIO de Bridgewater).
La empresaria mexicana busca una transición ordenada para que sus hijos, Pablo y Santiago, asuman gradualmente un rol protagónico en la gestión del capital familiar, a diferencia de ella, que tuvo que asumir el mando entre presiones y conflictos tras el fallecimiento de su padre.
Tresalia ha invertido en firmas como Televisa, Kio Networks y Kraft Heinz, y mantiene alianzas con figuras clave del sector como Alejandro Santo Domingo. Aramburuzabala dejó el consejo de AB InBev en 2023 y ahora se enfoca en sus pasiones: los viajes, la fotografía y el buceo.
Con una visión estratégica y una estructura sólida, la empresaria busca dejar un legado más allá de su riqueza: una empresa familiar bien gestionada, resiliente y lista para enfrentar el futuro.
Gigantes empresariales dejan de pie a sus trabajadores a pesar de la “Ley Silla”.
La salud de miles de empleados es sacrificada en el altar de la “imagen profesional” y la avaricia de las grandes cadenas comerciales.
Las multas son un costo menor para empresas que, en el último de los casos, prefieren pagar estas sanciones económicas antes que dignificar a sus empleados.
A poco más de una semana de haber entrado en vigor, la “Ley Silla”, esta legislación está enfrentando un auténtico muro de resistencia por parte de grandes corporativos y la cúpula empresarial.
Cabe destacar que esta disposición busca dignificar las condiciones laborales garantizando el derecho de trabajadoras y trabajadores a que, cada determinado tiempo, gocen de un merecido descanso, sentados.
Lo que se vislumbraba como un paso disruptor en la cultura laboral mexicana, se ha convertido, en la práctica, en una aplicación a medias o, francamente, inexistente.
Recorridos por pasillos de cadenas departamentales como Walmart, Coppel, Elektra y El Palacio de Hierro nos revelan una estampa desoladora: empleados que superan las ocho horas diarias de jornada continúan trabajando de pie.
Las sillas ergonómicas, que la ley ya obliga a proporcionar, brillan por su ausencia o, en el mejor de los casos, son meros adornos para simular un cumplimiento que dista mucho de la realidad.
La llamada “Ley Silla”, impulsada por los senadores Ricardo Monreal y Patricia Mercado, de los partidos MORENA y Movimiento Ciudadano, respectivamente, establece descansos mínimos de cinco minutos por cada hora laborada y obliga a empresas del sector privado –incluyendo farmacias, supermercados, restaurantes y tiendas de conveniencia– a ofrecer sillas con respaldo, especialmente para jornadas mayores a seis horas.
Sin embargo, la intención de acatar la norma parece ser exigua. Algunas empresas han llegado, incluso, al extremo de prohibir el uso de celulares durante los escasos “descansos” o de restringir que los empleados tomen asiento para “cuidar la imagen profesional” ante los clientes, lo cual revela una desconexión total con el espíritu de la ley.
Aunque esta ley establece un plazo de 180 días naturales para su total implementación, la falta de voluntad es palpable.
Empresas como El Palacio de Hierro, de Alejandro Baillères (Grupo BAL), o Elektra, propiedad de Ricardo Salinas Pliego, operan bajo el arcaico precepto de “a más horas, mejor trabajo”, donde, lamentablemente, los descansos son vistos como concesiones o consentimientos inadmisibles.
Lizbeth Villegas León, médico familiar del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), nos asegura que permanecer de pie de manera excesiva, puede provocar múltiples dolencias, como problemas en la columna vertebral, caderas, rodillas y pies. La especialista en medicina familiar nos asegura que “es indignante que las grandes empresas abusen de su autoridad para que sus empleados trabajen en bipedestación prolongada, que es permanece de pie por más de ocho horas”.
Pero “la Ley silla no está en contra de los empresarios. Está en contra de la ignorancia, de la inconciencia y de la falta de empatía de las áreas de recursos humanos, salud laboral y finanzas”
nos asegura la psicóloga y consultora Josefa Galván. La Ley silla, de acuerdo con esta explicación, sería “un símbolo de justicia, de dignidad y de cuidado de la gente”. Galván, quien también es coach y empresaria, explica que la gente es el recurso principal de las empresas”. Y subraya: “Si no hay gente, no hay empresa”.
En lo que parece ser una estrategia para sortear las multas –que oscilan entre 250 y 2 mil 500 UMAs–, algunas marcas de lujo, como Pandora, han implementado medidas pírricas: boletines internos especificando descansos de 10 minutos cada dos horas y la “concesión” de tapetes masajeadores de pies.
Además, la práctica de colocar una sola silla para plantillas de tres a diez trabajadores es una burla a la normativa.
Farmacia Guadalajara, que forma parte del Corporativo Fragua, S.A.B. de C.V., difundió un comunicado interno entre sus empleados donde asegura, con total indolencia, que por ahora no dará sillas a sus trabajadores y esperará hasta el 15 de diciembre para cumplir con lo que exige la Secretaría del Trabajo y Previsión Social.
Pero la resistencia no es solo empresarial; miembros del Consejo Coordinador Empresarial y de la CONCANACO Servytur se han pronunciado en contra de la “Ley Silla”, evidenciando una postura que prioriza la rentabilidad sobre la salud y el bienestar de los trabajadores.
Mientras la PROFEDET y la Secretaría del Trabajo prometen vigilar el cumplimiento, la realidad es que miles de trabajadores están expuestos a problemas musculoesqueléticos y circulatorios.
Molay Maza Ontiveros, especialista en temas históricos y sociológicos, nos explica que hay una “falta de respeto de las empresas nacionales y extranjeras a la legislación y a la Ley Silla”, porque “el capital está acostumbrado, históricamente, a subordinar a los trabajadores, y a su fuerza de trabajo, a sus ganancias, a sus intereses y a maximizar la explotación”.
Lo cierto es que, hasta el momento, la “Ley Silla”, diseñada para proteger la salud laboral, se encuentra en un limbo, atrapada entre la necesidad de los trabajadores y la inercia de un modelo empresarial anacrónico que sigue concibiendo el control y la supervisión directa como sinónimos de producción, a costa del cuerpo y la dignidad de sus empleados.
Es importante destacar que la existencia de “sillas de adorno” o la provisión de una única silla para múltiples trabajadores (3 a 10) demuestra una táctica de simulación para evadir la ley sin una verdadera intención de cumplirla.
Por si fuera poco, la prohibición del uso de celulares durante el breve “descanso” y la exigencia de que las sillas no sean visibles a los clientes para “cuidar la imagen profesional” son indicativos de una mentalidad que prioriza la apariencia y el control sobre el bienestar de los empleados.
La idea de que “el control y la supervisión directa se traducen en producción” denota una cultura empresarial de enorme desconfianza hacia el trabajador.
El derecho a sentarse, o incluso a trabajar de forma remota, es percibido entre muchas empresas como una pérdida de control por parte de los empleadores.
Sociológicamente, esto puede interpretarse como un mecanismo para mantener la jerarquía y el poder, donde el cuerpo del trabajador es un recurso a ser gestionado y no un sujeto con derechos y necesidades.
En el fondo, no es una silla lo que los grandes corporativos están negando, es el reconocimiento de un ser humano con derechos y necesidades.
El presidente Donald Trump ha decidido pausar las redadas contra migrantes, un giro inesperado en su política migratoria. Esta decisión surge tras reconocer que sus estrictas políticas están afectando negativamente a sectores clave de la economía estadounidense.
Trump publicó un mensaje en Truth Social, indicando que la escasez de mano de obra en agricultura, hotelería y entretenimiento ha creado una crisis. “Nuestra política migratoria agresiva les está quitando trabajadores valiosos”, afirmó. Este comentario revela una contradicción: Trump ha promovido una agenda antiinmigrante que ahora se enfrenta a la realidad económica.
El diario The New York Times informó que el gobierno ordenó al Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) pausar las redadas en la industria agrícola y hotelera. Esta medida contrasta con su objetivo de ejecutar la mayor operación de deportación en la historia del país.
Empresarios han levantado la voz frente a la falta de trabajadores. Aaron Jagdfeld, CEO de Generac Holdings, expresó su preocupación por el impacto en las operaciones. “Si no pueden contratar a esas personas, nos complica las cosas”, dijo.
La decisión de Trump muestra un reconocimiento inusual de los riesgos económicos de su estrategia. Mientras su administración busca cumplir con metas de detenciones, el efecto en la fuerza laboral es evidente. En mayo, la participación de trabajadores nacidos en el extranjero disminuyó, lo que alarmó a analistas.
Las protestas por las redadas también se han intensificado. Movilizaciones comenzaron en Los Ángeles y se extendieron a ciudades como Austin y Nueva York. En California, las manifestaciones derivaron en enfrentamientos con la policía, lo que llevó al despliegue de la Guardia Nacional.
Trump enfrenta un dilema. Sus políticas han creado un clima de miedo y desconfianza, pero ahora debe considerar las consecuencias económicas. La pausa en las redadas podría ser un intento de equilibrar su imagen ante una crisis laboral inminente. Sin embargo, su compromiso con la agenda antiinmigrante sigue siendo cuestionable.
La Presidenta Claudia Sheinbaum se reunió este miércoles con empresarios del acero y el concreto en Palacio Nacional. El objetivo de este encuentro fue acordar precios accesibles para construir viviendas del Bienestar durante su sexenio.
La administración federal se ha comprometido a edificar un total de un millón 100 mil viviendas. Este proyecto se llevará a cabo a través del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit) y la Comisión Nacional de Vivienda (Conavi). Las viviendas del Infonavit estarán destinadas a derechohabientes, mientras que la Conavi atenderá a quienes no cuentan con seguridad social.
Para alcanzar esta ambiciosa meta, se destinarán 752 mil millones de pesos. Este monto generará una derrama económica de 1.1 billones de pesos en todo el país y 94.4 mil millones de pesos en economías locales. Además, se estima que el proyecto contribuirá con el 0.5% del Producto Interno Bruto (PIB) anual.
A principios de abril, Infonavit inició la construcción de 22 mil 266 viviendas. En este mes, se agregarán 9 mil 880 más, alcanzando un total de 51 mil 635 nuevas viviendas en proceso. Por su parte, la Conavi ya trabaja en más de 100 predios para cumplir con la meta propuesta.
Se espera que en la conferencia de prensa de este jueves, Sheinbaum comparta detalles sobre los acuerdos alcanzados y cómo estos ayudarán a ofrecer mejores precios. Esto permitirá construir más de un millón de viviendas para personas con bajos salarios, un paso crucial hacia el bienestar social.
La Presidenta de México, Claudia Sheinbaum, se reunió este martes con Susan Segal, presidenta de la Americas Society Council of the Americas (AS/COA) en Palacio Nacional. El encuentro también contó con la participación de diversos empresarios.
Sheinbaum compartió dicha reunión a través de sus redes sociales. “En Palacio Nacional nos reunimos con Susan Segal y representantes de distintas empresas”, escribió la mandataria.
Durante la reunión, se discutieron temas sobre inversión y cooperación económica en América Latina. Sheinbaum destacó la colaboración de su gobierno con autoridades de Estados Unidos para abordar la salida ilegal de crudo mexicano hacia ese país.
Segal subrayó la importancia del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC). A pesar de las tensiones comerciales, el T-MEC sigue beneficiando a los tres países al promover prosperidad y oportunidades económicas.
Los foros de la AS/COA también contaron con la presencia de políticos mexicanos, como el secretario de Economía, Marcelo Ebrard, y Roberto Velazco, de la Secretaría de Relaciones Exteriores.
Durante el foro “México: Impulsando la Competitividad de América Latina”, Segal afirmó que el T-MEC continuará siendo vital para el desarrollo económico en la región. “Estamos en un momento clave para América del Norte y la relación comercial entre México, Estados Unidos y Canadá”, concluyó.
El presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), Francisco Cervantes, expresó su confianza en que el Gobierno de México logrará un acuerdo diplomático y económico que frene el intento de imponer un impuesto del 5 por ciento a las remesas, iniciativa impulsada por el Partido Republicano en el Congreso de Estados Unidos bajo el respaldo de Donald Trump.
“Estos ingresos, cuando se reparten, resulta que es muy poco el dinero que le llega a cada familia; entonces sí les repercutiría. Estamos seguros que se va a llegar a un buen arreglo”, declaró Cervantes, al advertir sobre el impacto negativo que tendría el arancel sobre las comunidades más vulnerables de México.
El dirigente empresarial reveló que ha mantenido comunicación directa con la presidenta Claudia Sheinbaum, a quien reconoció como parte de una estrategia de diálogo internacional basada en cooperación, firmeza y soberanía. “Hemos sido cooperativos, hemos sido buenos negociadores, pero sin sumisión. Esto es bien importante”, subrayó.
La iniciativa republicana fue aprobada en el Comité de Medios y Arbitrios de la Cámara de Representantes, aunque aún debe ser discutida en el pleno del Congreso estadounidense. De ser aprobada, impondría una tasa del 5 por ciento a las remesas enviadas por migrantes, sin importar su estatus legal.
Cervantes recordó que hace unos días viajó a Washington con una comitiva empresarial para promover inversiones y sostuvo reuniones con legisladores de distintos estados, donde se enfatizó la importancia de la relación económica bilateral y la necesidad de respetar los flujos de remesas como un derecho humano y familiar.
Las remesas representan cerca del 4 por ciento del PIB mexicano y en 2024 alcanzaron un récord histórico de 64 mil 745 millones de dólares, siendo la segunda fuente de divisas más importante del país, después de las exportaciones automotrices.
El Gobierno de México ya ha manifestado su rechazo a esta medida. La Presidenta Sheinbaum calificó la iniciativa como inconstitucional, al argumentar que los migrantes mexicanos ya pagan impuestos en EE.UU., por lo que gravar nuevamente sus envíos constituiría un doble cobro arbitrario.
El Gobierno federal reveló en Palacio Nacional los nombres de empresarios y políticos que se beneficiaron del Fondo Bancario de Protección al Ahorro (Fobaproa). Este fondo fue creado durante el sexenio de Ernesto Zedillo Ponce de León, de 1994 a 2000.
Entre los personajes expuestos se encuentran Claudio X. Laporte y Ricardo Salinas Pliego. También fueron mencionados políticos del PRI y del PAN, como Vicente Fox Quezada y Carlos Hank Rhon.
Otros nombres destacados incluyen a Fernando Senderos Mestre, Fernando Canales Clariond, José Eduardo Robinson Bours Castelo y Carlos Cabal Peniche. Además, se mencionaron grupos empresariales relacionados con Pablo Escandón Cusi y Manuel Gómez Daza Rangel.
Pablo Gómez Álvarez, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, calificó el Fobaproa como “una tragedia que se pudo haber evitado”. Durante la conferencia del 1 de mayo, compartió su testimonio sobre la aprobación del fondo en la Cámara de Diputados.
La Presidenta Claudia Sheinbaum también criticó el impacto económico del Fobaproa. Señaló que el fondo rescató a grandes empresarios, convirtiendo deudas privadas en una carga para todos los mexicanos. “Seguimos pagando”, afirmó, resaltando la responsabilidad que tuvieron los líderes de la época.
La exposición de estos nombres busca arrojar luz sobre un episodio oscuro en la historia económica de México. La controversia sobre el Fobaproa sigue generando debate y descontento en el pueblo.
