La nueva integración de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) recibirá un rezago de más de mil 500 asuntos al asumir funciones el próximo 1 de septiembre de 2025, entre ellos temas fiscales, penales y de derechos fundamentales.
De acuerdo información de El Sol de México, hasta el 8 de agosto la Corte acumulaba mil 507 casos sin resolver, de los cuales solo 382 están listos para votación en el Pleno, mientras que más de mil 200 deberán ser estudiados desde cero por las ponencias de las y los nuevos ministros.
Entre los temas más relevantes destacan la discusión sobre la constitucionalidad de la prisión preventiva oficiosa, los conflictos fiscales de Grupo Elektra, el caso de Emilio Lozoya contra la periodista Lourdes Mendoza, así como debates emergentes como la regulación del uso de hongos alucinógenos en México.
También se encuentran pendientes asuntos como la extinción de organismos autónomos, la creación de un Banco de ADN, y las facultades de la consejera presidenta del INE.
El próximo Pleno estará conformado por Hugo Aguilar Ortíz —quien será presidente de la Corte—, Lenia Batres Guadarrama, Yasmin Esquivel Mossa, Loretta Ortíz Ahlf, Giovanni Figueroa, Irving Espinoza Betanzo, María Estela Ríos, Sara Irene Herrerías y Arístides Guerrero.
El nuevo ministro presidente adelantó que los temas fiscales y penales serán prioridad, y que la meta central será dar una salida rápida y eficaz al rezago judicial, que marcará el inicio de la nueva era de la Corte mexicana.
El Décimo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito negó un amparo a Grupo Elektra contra una resolución del Servicio de Administración Tributaria (SAT) que obliga a sus accionistas a cubrir un crédito fiscal de al menos 5 mil millones de pesos.
Este caso forma parte de una serie de batallas legales en las que Elektra ha intentado retrasar pagos al SAT mediante recursos e impugnaciones, incluyendo la recusación de magistrados.
De acuerdo con El Imparcial, la disputa se origina en operaciones de Mexicana de Aviación y su filial Omega, adquirida por Elektra. El tribunal concluyó que la venta posterior de Omega no tuvo un beneficio económico real, sino que generó pérdidas fiscales injustificadas que redujeron la base del impuesto en perjuicio del erario.
La magistrada Ana María Ibarra Olguín rechazó que un artículo que escribió afectara su imparcialidad, mientras que el presidente del tribunal, Alfredo Enrique Báez, acusó a la defensa de aplicar tácticas dilatorias durante más de un año.
La negativa de amparo también confirma una resolución que obliga a Elektra a pagar 2 mil millones de pesos por ISR, y se suma a otro caso donde la Suprema Corte retiró de discusión un amparo contra un crédito fiscal de 1,431 millones de pesos.
Grupo Salinas calificó las resoluciones como “ilegales” y “políticas”, y anunció que buscará una revisión constitucional ante la Corte.
Grupo Elektra vivió un segundo trimestre de contrastes en 2025: mientras sus ingresos consolidados crecieron 6%, el número de clientes con pagos atrasados también aumentó, reflejando los efectos de un consumo más débil y un gasto más controlado por parte de los hogares mexicanos.
De acuerdo con información de Expansión, el índice de morosidad se ubicó en 4.4%, frente al 3.8% del mismo periodo del año anterior, lo que evidencia un deterioro en la cartera vencida del negocio financiero, pilar clave del grupo.
Durante el trimestre, la firma reportó ingresos totales por 50 mil 864 millones de pesos, de los cuales 31 mil 544 millones provinieron de su área financiera (+7.8% anual) y 19 mil 320 millones del negocio comercial (+2%).
A pesar del crecimiento en ventas, el flujo operativo (EBITDA) cayó 3%, ubicándose en 6 mil 129 millones de pesos, y los costos y gastos operativos aumentaron 6.8%, sumando 44 mil 736 millones de pesos.
No obstante, Grupo Elektra logró revertir las pérdidas del mismo periodo del año anterior y cerró con una ganancia neta de 2 mil 696 millones de pesos, tras haber registrado una pérdida de 644 millones en 2024.
El número de acciones en circulación también se redujo: de 220.3 millones en junio de 2024 a 207.6 millones en junio de 2025.
¡Ninfa Salinas ingresa al consejo consultivo de la Fundación IMSS!
“Hoy hay más Fundación Azteca en el IMSS y más IMSS en Fundación Azteca que nunca”, dijo, orgulloso, Zoé Robledo, titular del Instituto Mexicano del Seguro Social.
Y eso no es todo.
Robledo firmó convenio para la implementación de la Orquesta y Coro IMSS Esperanza Azteca, a pesar de que el dueño de Elektra adeuda 74 mmdp al SAT.
El dueño de Grupo Salinas, a través de sus orquestas, entra por la puerta grande en el IMSS y tendrán presencia en la CDMX, Nuevo León, Edomex y Coahuila.
Salinas puso 110 instrumentos destartalados y el IMSS cargará con todo el paquete y pagará la nómina de los profesores, pondrá los foros, auditorios y aulas del IMSS.
El 5 de julio de 2023 se firmó el Convenio General de Colaboración entre el IMSS y Fundación Azteca de Grupo Salinas, dentro del Teatro Cubierto San Jerónimo Independencia.
Una vez que Salinas vendió al IMSS la idea de sus coros al Instituto Mexicano del SeguroSocial, no se ofreció ni un solo concierto. Hasta 2024, el IMSS puso en marcha el Coro IMSS Esperanza Azteca, con un concierto pequeño el cual decidió financiarse con parte del presupuesto del IMSS y concierto supuestos “donativos” gestionados a través de la Fundación Azteca.
El coro está integrado por 194 menores. Aunque el director de la institución, Zoé Robledo, afirma que el coro ha sido un éxito, desde su fundación, lo cierto es que solo han realizado una presentación en el foro Independencia, y lo demás ha sido negocio, nos dicen fuentes al interior de la propia fundación IMSS.
Lo extraño es que el IMSS ha anunciado que están trabajando para que el IMSS tenga otros 35 coros similares a un costo que, a pesar de las solicitudes de información que hemos pedido al IMSS, la institución aún no ha querido esclarecer.
Lo cierto es que, en años recientes, más de 1,700 millones de pesos del erario público han sido inyectados a los Coros Esperanza Azteca, y otros 10 millones de pesos han sido entregados a sus Planteles Azteca.
Estas cifras, provenientes de fondos federales y estatales, contradicen la narrativa de una iniciativa puramente privada y benéfica.
De la batuta filantrópica a la caja registradora pública
El caso de los Coros y Orquestas Esperanza Azteca es paradigmático. Su origen se remonta a una iniciativa del violinista Julio Saldaña, quien, ante la necesidad de financiación, se vio obligado a ceder los derechos de su proyecto a Salinas Pliego. Lo que inicialmente se presentó como un mecenazgo de Grupo Salinas, pronto reveló su verdadera fuente de sustento: la Secretaría de Educación Pública (SEP), CONACULTA, la Cámara de Diputados y, más recientemente, el IMSS.
La trama se complejiza con la figura de Esteban Moctezuma Barragán, exdirector de Fundación Azteca, quien posteriormente asumió el cargo de Secretario de Educación Pública. Esta transición no fue fortuita. En 2019, bajo su gestión en la SEP, los Coros Azteca fueron transferidos y renombrados como Orquestas y Coros de la Nueva Escuela Mexicana (ONEM). Sin embargo, antes de esta “millonaria transición”, la Fundación Azteca, en presunto contubernio con Moctezuma, supo explotar el potencial económico de las orquestas.
Un ejemplo terriblemente elocuente es el Fideicomiso Centro de Capacitación Esperanza Azteca en Puebla, creado en 2012 mediante un acuerdo con el gobierno estatal, entonces liderado por Rafael Moreno Valle.
Aquel fideicomiso no solo canalizó recursos públicos, sino que también implicó la cesión de un inmueble de más de 5 mil hectáreas, “La Constancia Mexicana”, a favor de las Orquestas y Sinfónicas Azteca. Entre 2011 y 2018, esta red de “donaciones” y contratos gubernamentales sumó los impresionantes 1,700 millones de pesos.
El modelo pseudo educativo: planteles Azteca
Pero el negocio no se ha limitado a la música. Los Planteles Azteca representan otro flanco de esta estrategia de captación de recursos públicos bajo el disfraz de la educación.
Aunque la Fundación Azteca promociona estos planteles como impulsores del “talento del mañana”, su funcionamiento se basa en un modelo que replica costos exorbitantes y que se nutre en un 85% de los presupuestos estatales.
En 2023, la Fundación Azteca recibió más de 10 millones de pesos de la SEP para la “Implementación y desarrollo del Modelo de Intervención Plantel Azteca”.
A pesar de la supuesta filantropía, la matrícula en estos planteles tiene costos considerables para los alumnos: alrededor de $1,800 pesos de inscripción, más el costo de la mensualidad (entre $587 y 1,850 pesos), a lo que se suman derechos de la SEP y papelería, elevando el costo total de ingreso a unos 5,000 pesos.
Si bien es cierto que 12 mil alumnos han egresado, generando ingresos por matrículas de aproximadamente 60 millones de pesos, para Salinas Pliego esto parece ser insuficiente.
La última melodía: el Coro IMSS Esperanza Azteca
Con la transferencia de los coros a la SEP, Fundación Azteca no detuvo su búsqueda de nuevas avenidas de ingresos. La estrategia ahora se replica en el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS). En 2024, se puso en marcha el Coro IMSS Esperanza Azteca, financiado con parte del presupuesto del IMSS y “donativos” gestionados por la Fundación Azteca.
Aunque el director del IMSS, Zoé Robledo, lo ha calificado de “éxito”, la realidad es que el coro, integrado por 194 menores, ha tenido una única presentación pública. El verdadero interés parece residir en la venta de la idea de replicar otros 35 coros similares, con un costo aún no esclarecido.
Las solicitudes de información pública al respecto permanecen sin respuesta, lo que genera opacidad y alimenta la sospecha de un nuevo esquema de lucro.
La firma de convenios para implementar más orquestas y coros IMSS Esperanza Azteca en Monterrey, el Estado de México y Coahuila, con el IMSS asumiendo la contratación de maestros y personal de apoyo, y Fundación Azteca aportando instrumentos, metodología y dirección artística, cierra el círculo de esta “sinfonía del negocio” donde el erario público parece ser la principal partitura.
Salinas Pliego, un “maestro de la evasión fiscal”, utiliza la filantropía como una estrategia de legitimación social. Al invertir en proyectos con una alta visibilidad pública y un halo de beneficio social (coros infantiles, planteles educativos), se construye una imagen de empresario comprometido y benefactor.
Esto desvía la atención de prácticas financieras cuestionables y permite consolidar un capital simbólico que, a su vez, facilita la negociación y la obtención de beneficios del Estado. La “cultura de la donación” se convierte en un mecanismo de marketing social que oculta el flujo de recursos públicos hacia intereses privados.
El modelo de Planteles Azteca y la expansión de los coros al IMSS revelan una clara mercantilización de los derechos sociales y la educación. Lo que debería ser una provisión universal del Estado se convierte en un servicio donde, aunque se reciban fondos públicos, también se exigen cuotas a los beneficiarios.
Este “modelo pseudoeducativo” no solo genera ganancias para la fundación, sino que también crea una segmentación social en el acceso a programas educativos y culturales. La supuesta “inversión social” se transforma en un negocio parasitario que extrae valor del presupuesto público y de las familias, en lugar de complementarlo o potenciarlo de manera genuina.
Ricardo Salinas Pliego ha transformado la filantropía en una lucrativa herramienta para la extracción de recursos públicos.
Los más de 1,700 millones de pesos canalizados a sus coros no son un acto de generosidad, sino una factura pagada por todos los mexicanos.
Lo suyo no es filantropía; es un esquema ingenioso para parasitar el presupuesto del Estado.
El IMSS, institución de salud pública, ahora desvía fondos vitales para financiar los “coros” de un magnate.
La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), bajo la presidencia de la ministra Norma Piña, dejará sin resolver el millonario adeudo fiscal de Ricardo Salinas Pliego y Grupo Elektra. La revisión del amparo relacionado con el caso no aparece en el listado de temas de la Segunda Sala para su última sesión del 6 de agosto.
El expediente, admitido en julio de 2024, fue pospuesto por una serie de maniobras legales de Salinas Pliego, incluyendo impedimentos contra tres ministros. Así, corresponderá a la nueva Corte, que iniciará funciones en septiembre con Hugo Aguilar Ortiz al frente, resolver el caso.
La deuda a discusión supera los 35 mil millones de pesos, derivados de tres créditos fiscales que, con multas y recargos, representan casi la mitad del total que Salinas Pliego debe al fisco: 63 mil millones de pesos. A pesar de que los proyectos de resolución perfilan el pago inmediato, la defensa del empresario ha interpuesto al menos 47 recursos legales para retrasar el proceso.
Aunque el pago es inminente, aún no hay fecha definida para que los nuevos ministros lo voten en sala o en el pleno. El caso Elektra se mantiene como uno de los pendientes más relevantes que hereda la gestión de Piña a la nueva SCJN.
El Gobierno de la Ciudad de México adjudicó un contrato por 94.7 millones de pesos a Seguros Azteca —empresa de Ricardo Salinas Pliego— para asegurar a casi dos millones de estudiantes, docentes y trabajadores del sistema educativo, pese a los litigios fiscales por más de 74 mil millones de pesos que enfrenta Grupo Elektra ante el SAT.
La licitación pública nacional para 2024 fue ganada por Seguros Azteca tras presentar la propuesta más barata, superando a SURA. Según la Secretaría de Finanzas, no había impedimentos legales para que la aseguradora participara. No es la primera vez que se firma este contrato: ya en 2023 se le había otorgado la misma póliza, de acuerdo con una investigación de la periodista Claudia Villegas para la Revista Fortuna.
El seguro escolar “Va Segur@” cubre desde preescolar hasta nivel medio superior y a personal educativo, incluyendo atención médica de urgencia, gastos por accidente y muerte accidental. Aunque el programa protege a casi dos millones de personas, el número de beneficiarios atendidos bajó a poco más de 35 mil en 2023, mientras el presupuesto se incrementó de 127 a 156 millones de pesos.
La ley no impide contratar a proveedores con adeudos fiscales, pero la asignación ha reavivado cuestionamientos sobre las licitaciones públicas y los vínculos entre empresas de Salinas Pliego y fondos públicos.
La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) rechazó discutir en sesiones públicas los litigios fiscales pendientes, como propuso la ministra Lenia Batres. Solo ella y la ministra Ana Margarita Ríos Farjat votaron a favor.
Con esta decisión, el 95% de los juicios que llegan a la Corte seguirán resolviéndose en salas privadas, a pesar de que están en juego más de 47 mil millones de pesos en 14 casos fiscales, según Batres. “Votan sin proyecto, sin sentencia, sin saber lo que se está resolviendo”, denunció.
La SCJN rechazó transparentar la resolución de 15 asuntos fiscales pendientes de votación en las dos salas.
Sin embargo, se deberá cumplir lo que dice el artículo 17 de la Ley Orgánica aplicable (aunque sea en las dos sesiones de salas que quedan):
La ministra presidenta, Norma Piña, pidió a las salas respetar el artículo 17 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, que exige proyectos y sentencias claras antes de emitir votos. Batres calificó la práctica actual de ilegal y oscura.
Entre los casos que se discutirán próximamente figura el de Grupo Elektra, empresa de Ricardo Salinas Pliego, con una deuda fiscal de 74 mil millones de pesos que ha sido postergada por 16 años mediante amparos. La ministra recordó que, a partir de septiembre, la Corte tiene un plazo de seis meses para resolver este tipo de litigios.
De acuerdo con la Procuraduría Fiscal, solo en el último año la deuda de Grupo Salinas creció 11 mil millones de pesos. Además de Elektra, también están en lista casos relevantes relacionados con la empresa Pegaso y criterios sobre cobro de intereses, lo que subraya la urgencia de resolver con transparencia los temas fiscales en la Corte.
Ricardo Salinas Pliego, dueño de Grupo Salinas, subió el tono en sus críticas tras los señalamientos de la Procuradora Fiscal de la Federación, Grisel Galeano, sobre una deuda de más de 74 mil millones de pesos al SAT. En un video, el empresario acusó al gobierno de mentir reiteradamente y defendió su derecho a litigar.
El empresario afirmó que sí paga impuestos y calificó como una “disputa legal de muchos años” los casos en curso, luego de que se informara que ha presentado 32 juicios para impugnar el monto requerido por la autoridad fiscal.
También cuestionó el uso de los recursos públicos en proyectos como el Tren Maya o la refinería de Dos Bocas, y aseguró que seguirá luchando legalmente por lo que considera justo.
En respuesta, la presidenta Claudia Sheinbaum confirmó que Grupo Salinas está detrás de una serie de litigios en diversas instancias judiciales, incluyendo la Suprema Corte, y subrayó que las estrategias legales del consorcio han retrasado resoluciones durante años. Añadió que su gobierno impulsa una reforma judicial que busca garantizar decisiones imparciales y evitar influencias externas.
La Procuradora Fiscal de la Federación, Grisel Galeano García, reveló que Grupo Salinas, encabezado por Ricardo Salinas Pliego, acumula una deuda fiscal de 74 mil millones de pesos, cifra que creció 11 mil millones en un año, mientras el empresario mantiene 32 juicios activos para evitar el pago.
La funcionaria explicó que los adeudos se originaron en 2008, pero fue hasta 2016 que el SAT concluyó la auditoría y confirmó las omisiones. Desde entonces, el corporativo ha utilizado todos los recursos legales posibles para retrasar el pago, incluyendo tácticas para recusar a jueces.
De los 74 mil millones, tres juicios en la Suprema Corte concentran 26 mil millones; otros se reparten entre tribunales colegiados, el Tribunal Federal de Justicia Administrativa y otras instancias, según detalló la Procuraduría ante la presidenta Claudia Sheinbaum.
Sheinbaum confirmó que la deuda corresponde a Grupo Salinas y advirtió que “tendrá que pagar, porque es orden de un juez”. También atribuyó las campañas de Televisión Azteca contra el gobierno a este conflicto fiscal y al proceso de elección judicial, al que Salinas Pliego se opone.
La mandataria reiteró que, aunque el proceso ha sido largo, la justicia “siempre llega”, y destacó la caída en el valor de las acciones del grupo como reflejo del desgaste del caso.
La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) advirtió que si la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) confirma el amparo concedido a Ricardo Salinas Pliego, se sentará un precedente grave que afectará la regulación del sistema financiero en México. La dependencia expresó su rechazo a la decisión del juez Gabriel Regis López, quien otorgó el amparo en favor del empresario, lo que implicaría su exclusión de leyes clave para la supervisión económica y financiera del país.
De acuerdo con la UIF, esta resolución no solo exime a Salinas Pliego de la aplicación de la Ley de Instituciones de Crédito y la Ley del Mercado de Valores, sino que también impide que su información financiera pueda ser utilizada en investigaciones o procesos legales, sin importar su naturaleza. La institución argumentó que esta medida coloca al empresario por encima del marco legal, otorgándole una inmunidad que podría afectar los esfuerzos para combatir delitos como el lavado de dinero.
El origen de este conflicto se remonta a la inclusión de Salinas Pliego en los Pandora Papers, una investigación internacional sobre el uso de paraísos fiscales. En respuesta, el Grupo de Acción Financiera (GAFI) recomendó a los países miembros obtener información sobre los ciudadanos mencionados en el reporte. En cumplimiento de esta directriz, la UIF solicitó datos a las instituciones financieras nacionales, lo que derivó en la controversia legal actual.
La UIF impugnó la decisión del juez Regis López ante la SCJN, señalando que su fallo limita las herramientas para prevenir y sancionar delitos financieros. A su juicio, la resolución no solo debilita la aplicación de la ley, sino que también pone en riesgo la cooperación internacional en la lucha contra el financiamiento ilícito.
