El Departamento de Estado de Estados Unidos presentó su informe anual de derechos humanos 2024, marcado por un giro político bajo la administración de Donald Trump. El documento critica con fuerza a Brasil y Alemania, elogia a El Salvador y evita censurar a Israel por la guerra en Gaza.
De acuerdo con información recopilada por El País, en Brasil, Washington denuncia un “retroceso” en las libertades por restricciones al acceso a internet, bloqueo temporal de la red social X y limitaciones a contenidos que, según el informe, afectaron de forma desproporcionada a simpatizantes de Jair Bolsonaro y periodistas.
En Alemania, el reporte señala que las leyes contra el discurso de ultraderecha restringen la libertad de expresión y documenta incidentes motivados por antisemitismo.
Por contraste, El Salvador recibe una valoración positiva: el informe afirma que no hay “informes creíbles” de abusos graves, destaca la reducción de la violencia de las maras y omite las críticas previas a las condiciones carcelarias bajo el gobierno de Nayib Bukele.
El apartado de Israel es el más reducido en años: no menciona los miles de palestinos muertos en Gaza, las restricciones a la entrada de alimentos ni la crisis humanitaria, y atribuye los crímenes de guerra exclusivamente a Hamás y Hizbulá.
Críticos del nuevo formato acusan que el reporte elimina apartados sobre derechos LGBTQ+ y violencia de género, reduce el escrutinio a regímenes autoritarios y prioriza la agenda política sobre los hechos.
El gobierno de Donald Trump dio un contundente respaldo a la reforma constitucional aprobada por la Asamblea Legislativa de El Salvador, que permite la reelección indefinida del presidente Nayib Bukele, su aliado estratégico en Centroamérica. Desde el Departamento de Estado, señalaron que la decisión es soberana y forma parte del mandato democrático otorgado por los salvadoreños.
El 31 de julio, Bukele consumó cambios clave en la Constitución: elimina límites a la reelección, amplía el mandato presidencial a seis años y suprime la segunda vuelta electoral. Organizaciones de derechos humanos alertan que estas modificaciones son pasos hacia un régimen autoritario, comparando el caso con Venezuela y Nicaragua.
Human Rights Watch advierte sobre el peligro que implica la reelección indefinida y la erosión paulatina de las salvaguardas democráticas en América Latina, como ya señaló la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
De acuerdo con un análisis de El País, a pesar de las críticas internacionales y la creciente represión interna —que incluye exilios, presos políticos y censura— la Administración Trump defiende la medida y rechaza las comparaciones con regímenes dictatoriales. Este apoyo contrasta con la postura de la Administración Biden, que había sancionado a funcionarios de Bukele por violaciones a derechos humanos.
Bukele, a cambio, fortaleció su alianza con Washington ofreciendo su megacárcel Cecot para alojar migrantes deportados. Expertos señalan que el respaldo de Trump le otorga “vía libre” para avanzar en su proyecto autoritario sin controles internacionales efectivos.
El gobierno de Venezuela confirmó la llegada de 252 venezolanos que fueron expulsados de Estados Unidos y enviados a la cárcel de pandilleros en El Salvador. Dos aviones aterrizaron en Caracas entre las 6:43 y las 7:00 PM de este viernes.
Estos repatriados habían estado detenidos en el Centro de Confinamiento del Terrorismo (Cecot) desde marzo. El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, anunció la entrega de los venezolanos detenidos. Por su parte, el secretario de Estado, Marco Rubio, reveló que Venezuela liberó a 10 estadounidenses a cambio.
Los familiares de los repatriados esperan ansiosos su llegada. Algunos expresaron su fe en volver a ver a sus seres queridos después de meses de incomunicación. Durante el vuelo, los venezolanos cantaron el himno nacional, un momento cargado de emoción.
El ministro de Interior y Justicia de Venezuela, Diosdado Cabello, indicó que siete de los repatriados tenían delitos graves. Además, mencionó que algunos mostraban signos de maltrato, incluyendo heridas no atendidas.
La repatriación se logra tras negociaciones entre los gobiernos de EE.UU., Venezuela y El Salvador, que se llevaron a cabo durante varios meses. La situación de los venezolanos detenidos ha generado preocupación y atención internacional. Esta información fue reportada por Univision Noticias.
Un nuevo impuesto del 1% sobre las remesas en Estados Unidos podría reducir los envíos en un 1.6%. Esta medida afectará a todos los estadounidenses, no solo a los inmigrantes.
Aunque el impuesto se redujo del 5% propuesto inicialmente, ahora se aplicará a toda la población. Institutos de investigación advierten que México, India y Centroamérica serán los más perjudicados.
México podría perder más de mil 500 millones de dólares anuales. India seguiría con una reducción de 466 millones y Guatemala con 415 millones. En términos proporcionales, El Salvador será el más afectado, con una caída de 198 millones de dólares, equivalente al 0.62% de su ingreso nacional bruto.
El nuevo impuesto recaudaría cerca de 10 mil millones de dólares hasta 2035. Trump ha vinculado esta medida a su agenda migratoria, que incluye financiamiento para políticas de seguridad fronteriza.
El impacto será significativo para quienes envían cantidades pequeñas, entre 250 y 300 dólares al mes. Estados Unidos, con más de 200 mil millones de dólares en remesas, es la principal fuente mundial.
La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, ha prometido reembolsar el dinero a los migrantes afectados. Sin embargo, expertos advierten que el impuesto podría aumentar la informalidad en los envíos, ya que los migrantes buscarán métodos alternativos, como el uso de criptomonedas.
Omar García Harfuch, secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, se enfrenta a críticas tras la detención de una aeronave con drogas. Esta situación resalta su compromiso con la seguridad del país.
El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, exigió una aclaración sobre el origen del avión. Bukele negó que la aeronave hubiera salido de su país, pero Harfuch presentó pruebas claras.
Durante una rueda de prensa, García Harfuch explicó que la avioneta fue detectada a 200 kilómetros al sur de San Salvador. Este seguimiento ocurrió gracias a las labores de vigilancia del espacio aéreo mexicano.
La aeronave aterrizó en Tecomán, Colima. Al revisarla, las autoridades encontraron 427 kilogramos de cocaína y arrestaron a tres hombres de nacionalidad mexicana.
García Harfuch subrayó que su trabajo busca combatir al narcotráfico y proteger a la sociedad. Agradeció el respeto al pueblo salvadoreño y enfatizó el compromiso de México en esta lucha.
La actuación del secretario de Seguridad muestra la determinación de su gobierno para enfrentar la delincuencia organizada. A pesar de las críticas, su enfoque en la verdad y la seguridad sigue siendo firme.
El plan migratorio de Donald Trump para trasladar a migrantes a países centroamericanos comienza a fracturarse. En El Salvador, la Organización de las Naciones Unidas (ONU) acusa al gobierno de Nayib Bukele de posibles delitos de desaparición forzada y tortura contra 238 venezolanos recluidos en el penal de máxima seguridad CECOT. En Costa Rica, la Corte Suprema ordenó la liberación de 28 migrantes detenidos arbitrariamente tras ser deportados por Estados Unidos.
Los señalamientos contra el gobierno salvadoreño surgen a partir de una carta firmada por 12 expertos de Naciones Unidas, que exige a Bukele explicar la situación legal y médica de los migrantes detenidos desde marzo. El documento —enviado en abril y dado a conocer esta semana— advierte que su gobierno podría estar incurriendo en violaciones graves al derecho internacional, incluidas desapariciones forzadas.
El texto señala que los venezolanos se encuentran en un limbo legal, sin acceso a abogados, sin información sobre cargos y sin claridad sobre la base jurídica de su reclusión. “Ni las autoridades estadounidenses ni las salvadoreñas han revelado los nombres, ni su situación legal, ni si existe una investigación penal en su contra”, denuncia el documento.
Además, la ONU recuerda que ninguna emergencia, ni siquiera un régimen de excepción como el que rige en El Salvador, justifica la desaparición forzada. Tampoco se ha permitido el acceso a organizaciones independientes de derechos humanos ni al consulado venezolano, con quien Bukele rompió relaciones diplomáticas desde 2019.
Mientras tanto, en Costa Rica, la Sala Constitucional determinó que el Gobierno violó los derechos de 28 migrantes de origen asiático al retenerlos sin justificación en albergues cerrados. Ahora exige su liberación inmediata.
Los acuerdos para convertir a países centroamericanos en “terceros países seguros” —firmados este año con EE. UU. bajo presión de Trump— han sido duramente cuestionados. En el caso de El Salvador, el pacto se ha mantenido en secreto, sin aprobación del Congreso ni publicación oficial. Versiones periodísticas revelan que el interés de Bukele no sería económico, como ha dicho públicamente, sino obtener la deportación de líderes de la MS-13 que podrían incriminarlo en una corte de Nueva York.
De confirmarse, se trataría de una negociación política a costa de los derechos de cientos de migrantes.
En un acto más en contra de los Derechos Humanos, se dio a conocer que fue arrestada Ruth Eleonora López, dirigente del grupo de derechos humanos, Cristosal, quienes se encargan de atender a las familias de los 252 migrantes venezolanos que también se encuentran presos, tras ser deportados por el gobierno de los Estados Unidos a El Salvador.
Ruth Eleonora López, activista y abogada de 47 años, fue detenida la noche del domingo, bajo el cargo de “peculado”, así lo dio a conocer la Fiscalía General de El Salvador. Recordemos que la activista, ha sido detractora y fuerte crítica de las políticas de seguridad del “presidente” de aquel país.
El grupo Cristosal, declaró que no saben del paradero de Ruth Eleonora López. Ni su familia, ni ellos han podido confirmar dónde se encuentra recluida.
La detención de Ruth se dio dos días después de que los abogados de los migrantes venezolanos recluidos, denunciaron que sus éstos son víctimas de “torturas físicas” y “morales”. Esto bajo el gobierno de un tipo sin escrúpulos, aliado de Dondald Trump en sus políticas violentas y discriminatorias en contra de migrantes.
Recordemos que El Salvador actualmente está viviendo una realidad llena de violencia hacia las personas que defienden los Derechos Humanos y que Nayib Bukele, se está encargando de sumir en la represión y el miedo a su pueblo.
Este viernes, la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, hizo un llamado al respeto mutuo entre naciones luego de que el presidente de El Salvador, el conservador Nayib Bukele, lanzara críticas sobre la situación de seguridad que se vive México y sugiriera aplicar una “estrategia” similar a la que él ha implementado en su pequeña nación.
Durante su conferencia de prensa matutina, Sheinbaum fue clara al señalar que, si bien Bukele fue electo por su pueblo y tiene derecho a tomar decisiones sobre su territorio, debe guardar respeto hacia México.
“Él fue electo por su pueblo, pero al mismo tiempo pedimos respeto para México. Respeto, siempre respeto. Es la característica de la diplomacia. Entonces, respeto a lo que hacemos en nuestro país”, expresó la mandataria mexicana.
El posicionamiento de Sheinbaum ocurre luego de que Bukele publicara un mensaje en redes sociales el pasado jueves, donde opinó sobre la situación de la seguridad en México y aseguró que esta puede contenerse “estado por estado”, haciendo referencia a su represora y violatoria estrategia implementada.
Dicha estrategia ha sido motivo de controversia a nivel internacional, pues diversas organizaciones defensoras de los derechos humanos han señalado que el llamado “régimen de excepción” de Bukele ha derivado en violaciones sistemáticas a los derechos fundamentales, incluyendo detenciones arbitrarias, falta de debido proceso y abusos por parte de las fuerzas del orden.
Pese a las declaraciones del mandatario salvadoreño, Sheinbaum optó por no escalar la situación.“No voy a entrar en debate con Bukele. La verdad, podríamos aquí hacer todo un debate de la forma en que ellos están afrontando eso”, puntualizó la Jefa del Estado mexicano, cerrando el tema con firmeza y diplomacia.
El secretario de Estado de los EEUU, Marco Rubio, viajó a El Salvador para reunirse con el presidente Nayib Bukele. Tras el encuentro ambos anunciaron acuerdos trascendentales en la relación bilateral.
Aunque definitivamente destacó la actitud servil de Bukele, quien sin reparar en la defensa de la soberanía de su país, ofreció sus instalaciones penitenciaras para recibir a “criminales” deportados de EEUU, sin importar la nacionalidad de los mismos.
Es un acuerdo muchísimo mayor que no tiene precedentes en la historia de las relaciones, no solo de Estados Unidos con El Salvador, sino creo que con toda América Latina”, celebró Bukele.
El salvadoreño indicó que recibirá algunos beneficios económicos tras este servicio ofrecido a favor del imperialismo estadounidense.
La tasa sería relativamente baja para EEUU, pero significativa para nosotros, haciendo sostenible todo nuestro sistema penitenciario”, indicó Bukele en un comunicado difundido a través de sus redes sociales oficiales.
We have offered the United States of America the opportunity to outsource part of its prison system.
We are willing to take in only convicted criminals (including convicted U.S. citizens) into our mega-prison (CECOT) in exchange for a fee.
(Bukele) se ofreció a albergar en sus cárceles apeligrosos criminales estadounidenses… ha accedido al acuerdo migratorio más inédito, extraordinario en todo el mundo”, festejó Marco Rubio.
El presidente Nayib Bukele ha presumido orgulloso haber reducido a un mínimo histórico la tasa de homicidios en El Salvador, hasta dejarlo en 1.9 por cada 100 mil habitantes en 2024. No obstante observadores internacionales como las organizaciones Human Rights Watch o Amnistía Internacional han identificado “detenciones indiscriminadas” y denunciado 350 muertes en los centros de reclusión del estado.
Es por ello que este domingo más de 2 mil salvadoreñas y salvadoreños salieron a las calles de San Salvador, para manifestarse contra el régimen de Bukele y demandar la libertad de sus familiares presos injustamente tras la “guerra antipandillas” implementada por el presidente de aquel país desde el año 2022.
Fue el 27 de marzo del 2022, cuando tras una escalada en el número de homicidios, Bukele decidió ampararse en un régimen de excepción y emprender una “guerra” contra las pandillas que operan en El Salvador. Esto lo llevó a ordenar detenciones sin la necesidad de una orden judicial, lo cual implicó también una falta de investigación rigurosa y el apego al respeto de los derechos humanos y las libertades civiles. 84 mil 260 personas fueron encarceladas como resultado de esta infame estrategia.
Aunque el 12 de noviembre pasado, Bukele aseguró haber dejado en libertad a 8 mil inocentes, el fiscal general Rodolfo Delgado, aclaró que se encuentran en libertad condicional mientras avanzan sus procesos, con lo cual no hay garantía jurídica de su liberación definitiva, a pesar de no haber cometido crimen alguno.
El régimen (de excepción) ya no es para combatir a las pandillas, el régimen es para someter al pueblo para que no se manifieste por sus reivindicaciones”, declaró Samuel Ramírez, coordinador del Movimiento de Víctimas del Régimen de Excepción (MOVIR), en una entrevista con la agencia AFP.
En las protestas, la ciudadanía exhibió fotos de quienes han sido víctimas de las detenciones injustas por parte del inhumano gobierno de Nayib Bukele. Uno es el caso de la familia Avelar que ha perdido toda comunicación con el padre de familia y uno de los hijos, aprehendidos arbitrariamente. Marcos Avelar, de 57 años de edad, fue arrestado el 29 de julio de 2022; y su hijo Manuel Ernesto Avelar, de 24 años de edad, fue arrestado el 13 de marzo de 2023.
Pido la libertad para mi esposo y mi hijo, porque los han capturado injustamente, pues ellos no deben nada, no son unos delincuentes, ni son criminales”, denunció Sebastiana Avelar, una de las amas de casa que participó en la manifestación de hoy.
La mujer de 54 años de edad, dijo sentirse desesperada pues no sabe el estado en el que se encuentran su esposo y su hijo, debido a que las visitas a los penales también fueron prohibidas. Otra de las inhumanas medidas impuestas por el régimen del infame Nayib Bukele.
Además del tema de miles de inocentes presos injustamente, los manifestantes protestaron en contra de la ley que reactivó la minería metálica en El Salvador. La gente alerta sobre las consecuencias sociales y medioambientales que podría tener la actividad extractiva en aquel país.
Qué va a significar la minería: desplazar cantidades de gente primero, deforestar el territorio, luego utilizar grandes cantidades de agua que no tenemos”, declaró Ricardo Navarro, defensor del medio ambiente.
