Tras los bloqueos que han realizado habitantes de Santa Rita Tlahuapan, en la autopista México-Puebla, con el objetivo de que las autoridades paguen los predios que fueron expropiados, fueron identificados los abogados que podrían estar detrás de la movilización de los ejidatarios.
Los litigantes Patricia Rodríguez Flores y Jorge Portilla Alba, habrían sido identificados en redes sociales, luego de que el presidente Andrés Manuel López Obrador, en su “mañanera” del miércoles pasado, señaló a uno de ellos como el responsable del cierre carretero, para beneficiarse personalmente del conflicto.
De acuerdo con La Jornada, Jorge Portilla Alba representa a alrededor de 70 campesinos de los estados de Hidalgo, Puebla, Tlaxcala y el estado de México que no han recibido pago alguno por la expropiación de sus tierras para la construcción de carreteras.
En ese sentido, el litigante acusó que funcionarios de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) se aprovecharon de los campesinos y presuntamente pagaron de entre 5 a 40 pesos el metro cuadrado de terreno, así como pagar menos superficie.
Cabe mencionar que, desde el año pasado, los campesinos de Santa Rita Tlahuapan han venido amenazado con movilizarse y cerrar la autopista, como medida de presión para que el Gobierno de México esté abierto al diálogo y la negociación.
En una investigación que involucra a miembros de la política queretana, el periodista Agustín Escobar Ledesma, para el medio Julio Astillero, revelado que el gobernador de Querétaro, Mauricio Kuri González, se apropió de 18 parcelas ejidales del Ejido Bolaños, sumando una superficie total de 187 hectáreas. Este presunto despojo ocurrió a inicios del siglo XXI, aprovechando el analfabetismo de los campesinos locales y utilizando sus conexiones familiares con figuras políticas y notarios públicos.
El cuñado de Kuri, Humberto Palacios Alcocer, fue señalado como el principal operador de esta operación, utilizando su posición en la Notaría 27 para adjudicarse las parcelas. Palacios Alcocer, junto con su esposa Martha Beatriz Kuri González y sus hijos, Humberto, Martha Beatriz y Tania, además de Iván Lomelí Avendaño, cercano a la familia, figuran como propietarios de estas tierras. Los terrenos, ubicados al oriente de la ciudad de Querétaro y cerca del exclusivo fraccionamiento El Campanario, están separados por una barranca que divide social y geográficamente la zona.
Entre 2000 y 2003, Mauricio Kuri obtuvo los títulos de propiedad de las parcelas a través de la Notaría 27, dirigida entonces por Samuel Palacios Alcocer, quien fue nombrado notario por su hermano Mariano, gobernador priista de Querétaro. La operación se facilitó gracias a la reforma al artículo 27 Constitucional en 1992, promovida por Carlos Salinas de Gortari, que permitió la privatización de tierras ejidales.
Documentos oficiales como “La Sombra de Arteaga” del 17 de agosto de 2007, demuestran que Kuri y su familia se convirtieron en los principales propietarios de estas tierras. Además, revelan que solicitaron al Ayuntamiento de Querétaro un cambio de uso de suelo para urbanizar las parcelas, solicitud que fue aprobada rápidamente en septiembre de 2006.
El modus operandi incluyó la compra de la parcela número 5 del Ejido Bolaños a un precio muy bajo, para luego venderla a un precio mucho mayor a una desarrolladora inmobiliaria. Este patrón se repitió con varias parcelas, involucrando a familiares y conocidos en la transacción de tierras.
A pesar de la documentación que acredita la propiedad de los ejidatarios originales, como es el caso de Martín y Abel Campos Herrera, estos enfrentan amenazas y dificultades legales para acceder a sus tierras. Martín Campos Herrera, testigo directo de los hechos, señala que ni él ni su hermano pudieron obtener justicia debido al poder e influencia de la familia Kuri Palacios. Además, se destaca que muchas de las parcelas, incluyendo áreas de uso común, fueron apropiadas ilegalmente.
En respuesta a estas acciones, los ejidatarios afectados han presentado demandas por despojo contra Mauricio Kuri y sus allegados. Sin embargo, la respuesta judicial ha sido limitada, y el poder de los involucrados ha dificultado la recuperación de las tierras.
De acuerdo con el periodista Ignacio Suárez, o también conocido como “El Fantasma Suárez”, el Grupo Orlegi, empresa dedicada a la incursión del fútbol mexicano, ha realizado un juicio en donde existieron actos de corrupción muy evidentes, en este se encuentra involucrado el Club Santos Laguna, ubicado en Torreón, Coahuila.
El Grupo Orlegi y su Presidente de consejo, Alejandro Irarragorri, se encuentra realizando un juicio en contra de una familia de ejidatarios de escasos recursos.
Juan Nava López, un agricultor que pertenecía a la familia de ejidatarios, era dueño del ejido “Paso del Águila”, de más de dos hectáreas, mismo patrimonio que obtuvo gracias a una herencia, sin embargo, es en la zona que se anunció la construcción del Territorio Santos Modelo (TSM) en el 2007 en cual tuvo una inversión de 100 millones de dólares.
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El TSM fue construido en un total de 12 hectáreas, sin embargo, el 10 por ciento del área le pertenecía al fallecido Nava López, sin embargo, el agricultor no quería vender debido a que estaba ciego por un accidente que tuvo en los años pasados, por ello, no podía leer ni escribir pues no veía.
A pesar de que Juan Nava no se encontraba en disposición de vender su patrimonio, la construcción del TSM se realizó sin su consentimiento y se cercó el ejido sin un previo aviso al titular, cabe destacar que no recibió ni un peso por el uso de su ejido.
En el año 2013, ya no había nada que hacer, pues los hijos de Nava le comentaron que el ejido se había perdido y se contaban con unos documentos, sin embargo, resultó que la firma del exagricultor había sido falsificada, fue así que la familia de ejidatarios se respaldo en el abogado, Alfredo Ochoa.
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Ochoa se percató de que los abogados de Grupo Orlegi, habían hecho falsificaciones, así como también se indicaba que el acuerdo se había realizado con la esposa de Nava, Tomasa Durán, sin embargo, la mujer había fallecido muchos años atrás.
Asimismo, los abogados de Orlegi también indicaron que notificaron a los hijos y ellos también se encontraban de acuerdo con la venta del ejido, sin embargo, para ese entonces los hijos de Nava eran menores de edad, su firma no tenía validez legal. De igual forma, en los documentos presentados se aseguraba que Nava había leído, aceptado y firmado la venta del lugar, pero, era evidente que no podía hacerlo pues era ciego y no se destacaba la condición médica del titular del ejido.
Debido a que el documento presentaba una serie de mentiras evidentes, el magistrado José Lenin Uribe indicó que se debía devolver el terreno a Nava y su familia, sin embargo, desde el 2009 se encuentran una tribuna y uno de los estacionamientos más importantes del Estadio TSM.
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Por otro lado, el magistrado Lenin recibió presiones mediáticas por haber defendido a la familia, por lo que lo cambiaron de adscripción con sede en Yucatan, cuando se encontraba en Coahuila, en ese momento cambiaron de juez por la magistrada Rebeca Cortes.
Cortes destacó que el culpable era el señor Nava por no haber leído, no saber firmar y no cobrar por la presunta venta del ejido, también lo condenó por conducta dolosa y se aseguró que debe pagar una indemnización así como daños a grupo Orlegi, quien “siempre actúo de buena fé”, sin embargo, para ese entonces Nava ya había fallecido.
Ante la corrupta situación, los 7 hijos de Nava actualmente se encuentran en la búsqueda de justicia y han solicitado un amparo directo, cabe destacar que llevan 21 meses en espera de una resolución, también han comentado su postura la cual indica que si no tienen una respuesta certera y con justicia, acudirán a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), pero, en caso de encontrarse con más corruptelas, acudirán a la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
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La resolución del amparo directo saldrá en los próximos días, pero, el abogado Alfredo Ochoa se encuentra en un grave peligro, recientemente fue secuestrado y amenazado, después fue “rescatado”, dejando en claro que se trata de un “escarmiento” por parte del Grupo Ortegi.
Ochoa emitió una carta al Presidente Andrés Manuel López Obrador para solicitarle protección ante su trabajo de defensa de la familia Nava Durán, quienes continúan buscando justicia con el ejido, mismo que actualmente ha incrementado su valor debido al tiempo y a las construcciones realizadas sobre él.
Durante su conferencia mañanera de este jueves, el Presidente López Obrador tomó algunos minutos para aclarar de nuevo que el proyecto del Tren Maya ha privilegiadola conservación de áreas naturales como cenotes, ríos subterráneos y selva tanto en Tulum como en las demás zonas del trazo.
También presentó una imagen de un desfile cívico de 2019 en donde se ve a varios niños a bordo de una tren maya de cartón, imagen que expresa las altas expectativas que los pobladores de Tulum tienen en el mega proyecto.
Ejidatarios de Jacinto Pat, Tulum, Quintana Roo, participaron en un video dando testimonio sobre que opinan del tren.
“La obra del Tren Maya se van a hacer alejados de los cenotes, van a estár enn las áreas elevadas”, explica una de las ejidatarias.
Se explicó que las vías no pasarán sobre los cenotes, los cuales, enfatizan, son muy importantes para ellos.
Tony Kinil, otro de los testimonios asegura ser testigo que diversas dependencias han ido a la zona para hacer los estudios de suelo y de la flora y fauna del lugar sumado a los de la selva y medio ambiente, descartando el ecocidio.
“Hay muchos que sacaron esa versión también por que no les convenía, tanto inversionistas como gente que realmente estaba cuidando sus intereses”, mencionó Crispina Dzul Pérez.
El mensaje de los pobladores en el video es claro y contundente, mostrando que tanto ellos como las autoridades federales revisaron que no hubiera afectaciones ambientales con la construcción de la infraestructura.
“Tenemos aquí en el ejido gente con mucha preparación, ingenieros, arquitectos, abogados, y la gente del campo que es la gente que se adentra más en él, y llegamos a un estudio y un análisis de ver hacia donde podría sí ser viable y que no nos afectaba y que está a kilómetros retirados de las áreas naturales que son los cenotes”, Leny Ma. de los Ángeles Chí Dzul.
Miren la defensa de la gente al Tren Maya. Me llena de orgullo saber que nos queremos y compartimos los mismos sentimientos. Somos hermanos. pic.twitter.com/uWTT7gnqmj
Tras meses de negociación, afirman los ejidatarios, se llegaron a acuerdos, ya que no están en contra del desarrollo.
“A mi me da mucho gusto el saber que es una empresa netamente de los mexicanos, de nosotros, que los recursos que genere, que lo que vaya a conllevar el desarrollo es de la nación, es de nosotros”.
El video presentado en la mañanera es producido por Fonatur y forma parte de la campaña “Súbete al Tren”.
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Ojo: Un Tribunal Colegiado de Circuito en Materias del Trabajo y Administrativa levantó las suspensiones impuestas al Tren Maya en los tramos 1, 2 y 3. https://t.co/MpZJ3GlZY5
