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El futuro del Campo Sacha, el mayor yacimiento petrolero de Ecuador, ha provocado una fuerte controversia a nivel político y social. Aunque el contrato aún no se ha firmado, la decisión del gobierno de entregar la explotación del pozo a la empresa Sinopetrol ha desatado una ola de críticas. La razón principal del rechazo radica en los términos del acuerdo y en los posibles conflictos de interés debido a la conexión de algunas compañías involucradas con la familia del presidente Daniel Noboa.

El gobierno adjudicó el campo petrolero por un período de 20 años, con la promesa de que la empresa extranjera invertirá en su desarrollo y aumentará la producción. Sin embargo, los detalles del contrato han despertado preocupación: Sinopetrol se quedará con el 87.5% del crudo extraído, mientras que Ecuador recibirá solo entre el 12.5% y 18.5%. Esto significa que, por cada 10 barriles de petróleo, el país obtendrá apenas uno o dos.

Las críticas no solo apuntan a la distribución de los recursos, sino también al hecho de que Sinopetrol no descubrió el yacimiento ni construyó la infraestructura necesaria para su operación. Desde la década de los setenta, Petroecuador, la empresa estatal, ha sido la encargada de explotar el campo, lo que genera dudas sobre por qué se transfieren sus beneficios a una compañía privada.

Dudas sobre la transparencia del proceso

Otro punto de cuestionamiento ha sido la forma en que se llevó a cabo la adjudicación. En lugar de la ministra de Energía, Inés Manzano, quien normalmente se encargaría de firmar este tipo de contratos, la autorización fue concedida por el viceministro Fabián Calero, funcionario con antecedentes de conexiones políticas controvertidas. Este hecho ha alimentado sospechas sobre la existencia de intereses ocultos en la negociación.

El debate se ha intensificado con la postura de diversos expertos, incluso algunos cercanos al gobierno, quienes advierten que Ecuador está perdiendo el control sobre un recurso estratégico y que las condiciones del contrato podrían ser más beneficiosas para el país. A nivel político, la candidata presidencial Luisa González ha anunciado que, si asume el cargo el próximo 24 de mayo, derogará cualquier contrato relacionado con la privatización del sector petrolero.

Noboa responde, pero las dudas persisten

Ante la creciente polémica, el presidente Noboa utilizó su cuenta en la red social X para referirse al tema por primera vez. Aseguró que el contrato no será firmado si Sinopetrol no entrega un adelanto de 1,500 millones de dólares antes del 11 de marzo de 2025 a las 21:00. Según el mandatario, esta condición responde a la necesidad de fondos para reforzar la seguridad y mejorar los servicios básicos en el país.

Sin embargo, este anuncio no ha sido suficiente para disipar las preocupaciones. En las últimas horas, se han revelado vínculos entre El Ordeño S.A.S., una empresa con participación del Grupo Noboa, y Amodaimi-Oil Company S.L., una de las firmas involucradas en el consorcio adjudicatario. También se ha señalado que otra compañía del mismo grupo maneja contratos estatales millonarios, como la distribución del desayuno escolar.

Protestas y movilización social

El proceso de adjudicación ocurre en un momento delicado para el país. Noboa ha decretado un estado de excepción en siete provincias, justificando la medida por el aumento de la criminalidad. No obstante, para muchos sectores, esta decisión también busca impedir manifestaciones y protestas contra la privatización petrolera.

Con la fecha límite del contrato acercándose y la presión social en aumento, el panorama sigue incierto. Mientras el gobierno defiende la necesidad de atraer inversión privada, la oposición y diversos sectores ciudadanos insisten en que la entrega del Campo Sacha representa una pérdida para el país. El desenlace de esta controversia podría marcar un punto de inflexión en la política energética y económica de Ecuador.

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