En una edición vespertina del 16 de julio, la Presidencia de la República publicó once decretos en el Diario Oficial de la Federación, con los que entran en vigor las leyes aprobadas durante el reciente periodo extraordinario del Congreso.
Entre ellas destacan la reforma a la Ley General en Materia de Desaparición Forzada y la nueva Ley General de Población, que plantea la creación de una Plataforma Única de Identidad con CURP biométrica. Las dependencias de los tres niveles de gobierno tendrán 90 días para adecuarse y definir mecanismos de interoperabilidad.
También se expidieron nuevas leyes en materia de telecomunicaciones, radiodifusión, seguridad pública, inteligencia, vida silvestre, competencia económica, burocracia y ferrocarriles. Desde mañana inician los plazos para su implementación.
El Diario Oficial de la Federación (DOF) publicó el decreto que establece la CURP biométrica como un documento obligatorio para los mexicanos. Este nuevo sistema de identificación digital incluirá nombres, apellidos, fecha de nacimiento, género, huellas dactilares y fotografía.
La CURP biométrica reemplazará la actual, que contiene 18 dígitos. Con la modificación, se añadirán nuevos datos para mejorar la identificación. Los elementos del nuevo documento incluyen los dos primeros dígitos del apellido paterno, el primer dígito del apellido materno y la inicial del primer nombre.
Las autoridades aún no han fijado una fecha exacta para tramitar la CURP biométrica. Sin embargo, se espera que su uso sea obligatorio a partir de febrero de 2026. La implementación será gradual y se realizará en colaboración con la Secretaría de Gobernación.
El decreto también establece un plazo de 90 días para crear la Plataforma Única de Identidad. Esta plataforma integrará los datos necesarios para la CURP y coordinará actividades con el sistema de salud.
Además, se publicaron 11 decretos que incluyen reformas en áreas como desaparición de personas, telecomunicaciones y seguridad pública. La reforma a la Ley de Desaparición Forzada busca mejorar los procesos de búsqueda, pero ha generado preocupación sobre la vigilancia gubernamental.
En telecomunicaciones, los concesionarios deberán proporcionar geolocalización en tiempo real a las autoridades cuando se solicite. También deberán requerir la CURP para activar líneas móviles.
La nueva Ley de Vida Silvestre prohíbe el uso de mamíferos marinos en espectáculos de entretenimiento. Las reformas buscan proteger a estos animales y establecen multas significativas por violaciones.
Estos cambios legales marcan un paso importante en la modernización del sistema de identificación y en la regulación de diversas áreas en México. Las autoridades están comprometidas en implementar estas reformas para mejorar la seguridad y la transparencia en el país.
La Fiscalía General de la República (FGR) ha solicitado a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) atraer un litigio sobre siete terrenos en Santa Fe. La FGR argumenta que estos predios son propiedad de la nación y acusa a particulares de lavado de dinero y delincuencia organizada.
El Ministerio Público Federal sostiene que los terrenos pertenecen a la nación. Según la FGR, fueron expropiados en 1907 y 1974 mediante decretos presidenciales publicados en el Diario Oficial de la Federación.
Por su parte, la empresa Inmobiliaria F4, SA de CV defiende que los terrenos fueron desincorporados del patrimonio federal el 13 de diciembre de 2018. Este cambio también se basó en un decreto publicado en el DOF.
El caso se originó por una denuncia anónima en octubre de 2020. En esta denuncia, se acusó a la empresa de vender indebidamente terrenos federales en el kilómetro 14.5 de la carretera México-Toluca, en la alcaldía Álvaro Obregón.
La FGR abrió una investigación por lavado de dinero y delincuencia organizada. En 2022, amplió la indagatoria por uso indebido del servicio público y violaciones a la Ley de Bienes Nacionales. En febrero de 2024, el Ministerio Público ordenó el aseguramiento de parte del predio.
No obstante, el 15 de noviembre, la jueza Paloma Xiomara González González otorgó un amparo a Inmobiliaria F4 y otras empresas, impidiendo que la FGR tomara posesión. La jueza argumentó que el aseguramiento careció de fundamentación y violó el Código Nacional de Procedimientos Penales.
La FGR ha impugnado esta decisión, y el recurso está pendiente ante un tribunal colegiado. Además, la Fiscalía ha solicitado a la Corte que resuelva de manera definitiva sobre la propiedad de los terrenos.
La Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno anunció una sanción a la empresa Ansof Comercializadores, S.A. de C.V. La firma participó en una licitación pública organizada por Birmex para la adquisición de medicamentos e insumos médicos.
La sanción se debe a la falsificación de documentos durante la Licitación Pública Nacional para la “Adquisición Consolidada de Vestuario, Uniformes, Calzado y Equipo de Protección para el Ejercicio Fiscal 2024”. Ansof presentó informes falsos de laboratorios acreditados para cumplir con los requisitos técnicos de la convocatoria.
Como resultado, la empresa enfrentará una multa económica y una inhabilitación. Esto le impide participar en contratos con la Administración Pública Federal, ya sea directamente o a través de terceros.
La notificación de la sanción se emitió hace dos semanas. La publicación oficial ocurrió el 13 de mayo de 2025 en el Diario Oficial de la Federación. Ansof Comercializadores ahora figura en el Directorio de Proveedores y Contratistas Sancionados.
La Secretaría reafirma su compromiso con la legalidad y la transparencia en los procesos de contratación pública. Estas acciones buscan combatir la corrupción y asegurar la calidad de los insumos médicos. La salud de los mexicanos es una prioridad.
La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) continúa interponiendo pretextos y se niega a entregar al Pueblo de México sus millonarios fideicomisos, tal y cómo quedó estipulado tras la aprobación de la Reforma Constitucional al Poder Judicial.
A través del Diario Oficial de la Federación (DOF), la SCJN argumentó que no puede realizar la entrega debido a que el proceso está detenido por suspensiones judiciales. Informaron también que sus cinco fideicomisos cuentan con un saldo acumulado de 6 mil 493 millones 108 mil 104.79 pesos al cierre del año 2024.
Como todos ustedes recordarán con la reforma aprobada el 15 de septiembre del año pasado, se ordenó la extinción formal de los fideicomisos que estaban en manos de la SCJN.
A partir de noviembre de 2024, los fideicomisos sólo han generado rendimientos financieros y los únicos gastos corresponden a honorarios fiduciarios”, dice el comunicado de la SCJN en el DOF.
En el tercer trimestre, antes de la aprobación de la reforma, el monto total de los fideicomisos ascendía a 6 mil 340 millones 589 mil 633.64 pesos, a los que habría que sumarse los rendimientos citados por unos 152 millones 518 mil 471.15.
La fortuna judicial está integrada por los fideicomisos: de Pensiones Complementarias para mandos superiores (entre ellos ministros) por unos 980 millones 464 mil 807.46 pesos; el de Pensiones Complementarias para mandos medios y personal operativo por 3 mil 507 millones 120 mil 099.72 pesos; el Plan de Prestaciones Médicas que representa unos 170 millones 432 mil 926.69 pesos; el de Manejo del Producto de la Venta de Publicaciones, CD’S y Otros Proyectos que contempla 195 millones 752 mil 590.76 pesos; y finalmente el de Remanentes Presupuestales por mil 639 millones 337 mil 680.16 pesos.
Por instrucciones de la ministra presidenta, Norma Piña, a través de oficios distribuidos el 3 de diciembre del 2024, se instruyó a los fiduciarios: el Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, S.N.C. (BANOBRAS), para el fideicomiso 2125; así como Nacional Financiera, S.N.C. (NAFIN), para el resto. Según lo que se informa en el DOF, estas instituciones debían enterar a la Tesorería de la Federación sobre los recursos de los fideicomisos en los que la SCJN actuara como fideicomitente.
El 10 de diciembre Banobras cumplió con enterar a la Tesorería de la Federación el total de un sexto fideicomiso, el del Fondo Jurica, que contaba con 853 millones 913 mil 710 pesos, para luego formalizar la extinción del mismo. No obstante, los cinco fideicomisos restantes aún no se entregan debido a las suspensiones otorgadas para protegerlos y retrasar el proceso.
NAFIN ésta informó que está impedida legalmente para cumplir con la instrucción girada por la Ministra Presidenta, en virtud de diversas suspensiones definitivas otorgadas en contra del Decreto por el que se adiciona un segundo párrafo al artículo 224 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 27 de octubre de 2023″, informó la SCJN.
La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo no para por garantizar el bienestar del Pueblo de México, hoy publicó en el Diario Oficial de la Federación (DOF) los estímulos fiscales por hasta 30 mil millones de pesos para empresas que realicen nuevas inversiones en nuestro país o que lleven a cabo gastos de capacitación e innovación.
Se trata de un decreto que forma parte del celebrado “Plan México”, con el que se buscará implementar la Estrategia Nacional de Relocalización, con la que se impulsa a la inversión privada (IP) a crear nuevos empleos, invertir y promover la prosperidad compartida.
28 mil 500 millones de pesos serán destinados para el estímulo fiscal en la inversión en bienes nuevos de activo fijo y los mil 500 millones de pesos que restan se dirigirán al estímulo fiscal de la deducción adicional en gastos de capacitación e innovación.
El decreto de estímulos fiscales entra en vigor el día de hoy y durará hasta el 30 de septiembre del año 2030, cuando se prevé que se hayan distribuido los 30 mil millones de pesos.
Será un Comité de Evaluación, integrado por funcionarios de las secretarías de Hacienda y Crédito Público (SHCP) y de Economía (SE), con la participación del Consejo Asesor de Desarrollo Económico Regional y Relocalización, a cargo de Altagracia Gómez, quienes serán responsables de otorgar los estímulos, previo la realización de un análisis.
Todas las empresas interesadas deberán presentar una solicitud, en caso de ser evaluada positivamente, la compañía en cuestión recibirá una constancia de cumplimiento oficial por parte del Comité de Evaluación mencionado. Este comité también será el encargado de determinar el monto máximo de los estímulos a los que podrán aplicar los contribuyentes en cada ejercicio fiscal.
A partir de hoy, el Comité de Evaluación tiene hasta 60 días hábiles para determinar todos los lineamientos requeridos para el proceso de otorgamiento de los estímulos fiscales.
La Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno de la administración de la Presidenta Claudia Sheinbaum, es liderada por Raquel Buenrostro, y su misión es la de prevenir, detectar y sancionar actos de corrupción, dando un mayor enfoque a los procesos y controles que aseguran la eficacia, eficiencia, economía y transparencia de la Administración Pública Federal, fundamentales para garantizar la confianza ciudadana y promover un gobierno más ético y responsable que dignifique el servicio público.
Con motivo de la publicación en el Diario Oficial de la Federación del Reglamento Interior de esta Secretaría el pasado martes 31 de diciembre, la secretaria Buenrostro anunció el equipo de personas servidoras públicas que la acompañarán en las tareas de esta dependencia en la presente administración.
Titulares:
Alejandro Encinas Nájera, designado por la Presidenta como subsecretario de Buen Gobierno. Es licenciado en Ciencias Políticas y Administración Pública por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), cuenta con un máster en Ciencias Políticas por la Universidad Autónoma de Barcelona y un doctorado en Ciencias Sociales y Humanidades por la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM). Durante la administración del presidente Andrés Manuel López Obrador, fue titular de la Unidad de Política Laboral y Relaciones Institucionales en la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS); también, asumió el cargo de subsecretario de Comercio Exterior de la Secretaría de Economía. Con 15 años de experiencia en el servicio público, ha demostrado su compromiso y buen desempeño en la mejora gubernamental.
La Subsecretaría de Buen Gobierno se enfocará en reivindicar y profesionalizar la carrera en el servicio público mediante programas de capacitación, mayores controles de confianza y reconocimiento a la integridad. Uno de sus principales objetivos será acompañar a las dependencias del Gobierno de México, en especial a los programas prioritarios, para garantizar la mejora continua, el uso eficiente de los recursos y prevenir irregularidades. Asimismo, trabajará con el sector privado y la sociedad civil para fomentar una cultura de integridad desde un enfoque de responsabilidad compartida.
Guadalupe Araceli García Martínez, designada por la Presidenta como subsecretaria Anticorrupción. Es licenciada en Derecho, maestra en Hacienda Pública y Administración Financiera y Tributaria y doctoranda en Derecho y Ciencias Sociales. Cuenta con una trayectoria de más de 32 años en el servicio público, entre los cargos que destacan: directora general de Legislación y Consulta Fiscal y Presupuestaria de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), directora general de Asuntos Jurídicos de la SHCP, directora Jurídica del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), administradora general Jurídica del Servicio de Administración Tributaria (SAT) y titular de la Unidad de Apoyo Jurídico de la Secretaría de Economía.
En materia de anticorrupción destaca su desempeño como titular de la Unidad de Vigilancia de Fondos y Valores y Subtesorera de Vigilancia de Recursos y Valores en la Tesorería de la Federación (Tesofe) y presidenta de la Comisión de Vigilancia del ISSSTE. Además, como catedrática, en 2021, impartió la asignatura “Procedimiento de Responsabilidades Administrativas” en la maestría en Justicia Administrativa en la Universidad Autónoma del Noreste.
La Subsecretaría Anticorrupción coordinará la planeación, ejecución y evaluación de los actos de fiscalización que practique la Secretaría, así como representarla en dicha materia y acciones promovidas derivadas de la misma, con el Sistema Nacional de Fiscalización, la Auditoría Superior de la Federación y los entes fiscalizadores de las entidades federativas, así como enfocar la función de los Órganos Internos de Control en áreas de mayor impacto.
Carlos Patterson Olivas, designado por la Presidenta como titular del Órgano Interno de Control. Es licenciado en Administración de Empresas y maestro en Innovación, cuenta con diplomados en transparencia, planeación estratégica, rediseño de procesos y derecho tributario. Con una carrera de 23 años como servidor público en la Administración Pública Federal, ocupando diversos cargos en la Secretaría de la Función Pública, con experiencia en supervisión de áreas de auditoría, control y evaluación de Órganos Internos de Control, participó en publicaciones de mejores prácticas de control interno y administración de riesgos. Fue subgerente, gerente y delegado de Auditoría en la industria petrolera; coordinador de Control y Evaluación en el sector hacienda; asimismo estuvo al frente de una entidad paraestatal del sector economía.
Omar Sánchez Villegas, titular de la Unidad de Combate a la Impunidad. Es doctor en Derecho, con más de 20 años de experiencia en el sector público, ha ocupado cargos directivos en materia contenciosa, consultiva, fiscal, administración de recursos, responsabilidad administrativa, seguridad, comercio exterior y aduanas.
Othón Francisco Valverde Yáñez, titular de la Unidad Técnica de Apoyo. Es ingeniero químico por el Instituto Tecnológico de Durango, con estudios de Maestría en Economía en El Colegio de México y maestro en Administración Pública y Política Pública por el Tecnológico de Monterrey. Fue subsecretario de Industria y Comercio de la Secretaría de Economía de México y durante más de 20 años se desempeñó en diversos cargos en Petróleos Mexicanos (Pemex) en áreas de planeación y evaluación de las empresas de transformación industrial.
Laura Leticia Juárez Jiménez, designada por la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal como titular de la Unidad de Asuntos Jurídicos. Es licenciada en Derecho por la UNAM y maestra en Derecho Fiscal por la Queen Mary University of London. Ha desempeñado cargos de alto nivel en la Administración Pública Federal con funciones de asesoría jurídica, entre ellos, directora general de Legislación y Consulta en la Secretaría de Economía, administradora central de Normatividad en Impuestos Internos en el Servicio de Administración Tributaria y directora general de Legislación y Estudios Normativos en la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal.
Marco Antonio Hernández Martínez, designado por la subsecretaria de Egresos de la SHCP como titular de la Unidad de Administración y Finanzas. Es licenciado en Economía por la Universidad Autónoma Metropolitana y maestro en Administración Pública por la Universidad del Valle de México. Con 24 años de experiencia en el sector público ha ocupado diversos cargos en la SHCP, en la entonces Procuraduría General de la República, en la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, así como en la Secretaría de Gobernación, atendiendo diversos temas relacionados con la administración de recursos presupuestarios, humanos, materiales y tecnológicos.
En la Subsecretaría de Buen Gobierno:
Marco Antonio Flores García, titular de la Unidad de Políticas para el Servicio Público. Es doctor en Administración Pública. Con más de 30 años de experiencia en la APF, ha demostrado gran capacidad para diseñar y poner en práctica políticas que aseguran la eficacia y la eficiencia, así como la mejora continua en el manejo de la programación y presupuestación de los recursos públicos, en especial de los recursos humanos.
Rosa María Gutiérrez Rodríguez, coordinadora general de Buen Gobierno. Es licenciada en Derecho por la UNAM, con máster en Hacienda Pública y especialidad en Administración Financiera por el Instituto de Estudios Fiscales de la Universidad Nacional de Estudios a Distancia de Madrid, España. Cuenta con más de 35 años en la Administración Pública Federal. Ha desempeñado cargos en la Secretaría de Economía, en el Servicio de Administración Tributaria, en el Consejo de la Judicatura Federal, en la Auditoría Superior de la Federación y en la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.
María Guadalupe Arciniega García, titular de la Unidad de Contrataciones Públicas. Es egresada de la Universidad La Salle, con estudios de Maestría en Derecho por la UNAM. Abogada especialista en derecho administrativo, contrataciones públicas, seguridad social y fideicomisos públicos, cuenta con experiencia de más de 25 años en la Administración Pública Federal, donde ha ocupado diversos cargos en la Procuraduría Fiscal de la Federación de la SHCP y en la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal. Se desempeñó como titular de la Unidad de Normatividad de Contrataciones Públicas en la SHCP, de diciembre de 2018 a febrero de 2022.
Irais Barreto Canales, titular de la Unidad de Participación Social y Responsabilidad Compartida. Es licenciada en Relaciones Internacionales por la UNAM y maestra en Cooperación Internacional para el Desarrollo por el Instituto de Investigaciones Dr. José María Luis Mora. De 2018 a 2024, ocupó diversos cargos entre los que destacan: jefa de la Unidad de Inteligencia Económica Global en la Secretaría de Economía, administradora central de Programas Operativos con Entidades Federativas y administradora central de Promoción y Vigilancia del Cumplimiento en el SAT, directora general de Planeación en la Oficialía Mayor de la SHCP y directora general de Programación, Presupuesto y Recursos Materiales en la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV).
Alejandro García Ravizé Guízar, titular de la Unidad de Innovación de la Gestión Pública. Ingeniero en Mecatrónica con especialidad en Gestión de Proyectos, con experiencia en las áreas de Tecnologías de la Información de la Secretaría de Economía y del SAT. Ha liderado iniciativas para modernizar y simplificar procesos en el sector público con una visión sistémica.
En la Subsecretaría Anticorrupción:
Perla Amorene Anaya Díaz, coordinadora general de Órganos Internos de Control. Es licenciada en Contaduría por la UNAM y maestra en Anticorrupción por la Universidad Panamericana, con trayectoria de más 29 años en la APF y en el sector privado en áreas de fiscalización y combate a la corrupción, en Órganos Internos de Control de Banobras, SAT, Secretaría de Economía, Petróleos Mexicanos, Pemex Petroquímica y en la firma Deloitte.
Leticia Toxtli Miranda, titular de la Unidad de Vigilancia 1. Es licenciada en Administración por la Universidad Autónoma Metropolitana. Cuenta con más de 20 años de experiencia en la Administración Pública Federal, en áreas de fiscalización en órganos internos de control en la Secretaría de Relaciones Exteriores y en la Secretaría de Bienestar. Fue comisaria pública Suplente del Sector Educación y Cultura, y titular del Órgano Especializado en Fiscalización en la Secretaría de la Función Pública.
Alejandro Galicia Avilés, titular de la Unidad de Vigilancia 2. Es licenciado y maestro en Derecho por la UNAM, con una trayectoria de más de 37 años en el sector público, principalmente en áreas de combate a la corrupción en los Órganos Internos de Control en Pemex, Conagua, Banobras, y en las secretarías de Economía y de la Función Pública.
Pilar Hernández Trinidad, titular de la Unidad de Vigilancia 3. Es licenciada en Matemáticas Aplicadas y Computación por la Universidad Nacional Autónoma de México y maestrante en Políticas Públicas. Cuenta con más de 15 años de experiencia en el servicio público, en las materias de fiscalización, auditorías de desempeño, control interno y evaluación. Ocupó diversos cargos en la Auditoría Superior de la Federación, en la Secretaría de la Función Pública se desempeñó como directora general de Control Gubernamental y titular del Órgano Especializado en Control Interno.
El día de hoy la Presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, publicó en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el decreto mediante el cual se extinguen definitivamente 7 órganos autónomos.
Con la publicación, entran en vigor la reforma y con ello a partir del día de mañana dejan de existir la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece) y el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT); en tanto, hay distintas características de término para el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI); la Comisión Reguladora de Energía; Comisión Nacional de Hidocarburos; Coneval, y para la Comisión Nacional para la Mejora Continua de la Educación.
…las economías y ahorros que se generen con la extinción de los entes públicos materia del presente Decreto se destinarán al Fondo de Pensiones para el Bienestar en términos de la legislación aplicable”, dice el decreto.
Con la simplificación orgánica implementada a partir de estos cambios, distintas funciones serán asumidas por secretarías del gobierno federal, como la de Anticorrupción y Buen Gobierno, y por el Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (INEGI).
A partir de ahora, el Congreso de la Unión tiene 90 días naturales para realizar las adecuaciones necesarias a las leyes secundarias para dar cumplimiento al decreto; respecto a las legislaturas locales, tendrán máximo 90 días para armonizar su marco jurídico, en materia de información pública y protección de datos personales.
Las dependencias que asuman las funciones de los órganos extintos, ahora también serán responsables de los recursos materiales, registros, padrones, plataformas y los sistemas electrónicos, que dejen tras de sí.
En lo que respecta a los derechos laborales de los servidores públicos que colaboraron en dichos órganos, el decreto establece que todos serán respetados íntegramente. Si así corresponde, los recursos humanos de las instituciones extintas pasarán a formar parte de los recursos humanos de las dependencias que absorberán las funciones, como se ha explicado con anterioridad.
Con 81 votos a favor y 36 en contra, el Senado de la República determinó que la Reforma Judicial no se elimine del Diario Oficial de la Federación (DOF), como pidió la jueza Nancy Juárez.
Con esto se le da una respuesta a la consulta de la consejera Jurídica Ernestina Godoy, en la que “respalda a la presidenta Claudia Sheinbaum carece de atribuciones para eliminar la reforma judicial del Diario Oficial de la Federación”.
El presidente de la Mesa Directiva del Senado, Gerardo Fernández Noroña, fue quién presentó al pleno la solicitud de consulta de Ernestina Godoy, quien consideró la solicitud de la jueza Nancy como “violatoria de las facultades”.
▶️ Respuesta del presidente de la Mesa Directiva, @fernandeznorona, a la consulta de la titular de Consejería Jurídica de la Presidencia respecto a la procedencia de la eliminación de la reforma al Poder Judicial del @DOF_SEGOB. pic.twitter.com/gi8f05NWPe
La jueza Nancy Juárez Salas ordenó a la presidenta Claudia Sheinbaum y al Diario Oficial de la Federación (DOF) eliminar los cambios de la Constitución en un plazo de 24 horas.
Nancy Juárez Salas, jueza Décimo Noveno de Distrito en el Estado de Veracruz, fue quien otorgó la suspensión de la reforma judicial, ordenando que en 24 horas se debe retirar la reforma constirucional del DOF.
“Por lo que, requiérase a las autoridades responsables Presidenta de los Estados Unidos Mexicanos y Diario Oficial de la Federación, con sede en la Ciudad de México, para que dentro del término de veintivuatro horas, contando a partir de que le sea notificada la presente resolución, informen, acrediten el cumplimiento dado a la suspensión concedida el veinte de septiembre del año en curso, a la parte quejosa en el presente incidente; esto es, deberán acreditar que se acató en sus términos la misma, conforme a los lineamientps establecidos“.
En caso de cumplirse con lo solicitado, el Ministerio Público dará inicio a procedimientos legales en contra de la presidenta y funcionarios del DOF.
“Se aperciben a las autoridades responsables que de no cumplir con el requerimiento formulado en esta resolución, se dará vista al Ministerio Público de la Federación por el delito que establece la fracción III del artículo 262 de la ley de Amparo“.
Este artículo declara que se impondrá un pena de tres a nueve años de cárcel, multa de cincuenta a quinientos días, destitución en inhabilitación de tres a nueve años para desempeñar otro cargo.
