Alejandro Encinas, subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración, condenó hoy la filtración de la información que la Comisión de Ayotzinapa entregó a la Fiscalía General de la República (FGR).
“Es absolutamente irresponsable y una falta de respeto a los padres y madres de los estudiantes desaparecidos”, dijo el funcionario después de que medios nacionales difundieran parte de la información que se presentó tachada en el Informe sobre el caso Ayotzinapa que el Gobierno de México publicó en agosto.
Condeno la lamentable filtración de la información entregada a la @FGRMexico por la Comisión de #Ayotzinapa.
Es absolutamente irresponsable y una falta de respeto a los padres y madres de los estudiantes desaparecidos.
A través de Twitter, el funcionario destacó que en todo momento se debe preservar el interés superior de las víctimas ante un asunto tan delicado, pues este tipo de filtraciones, lejos de ayudar a la investigación, la perjudican y abren paso a la impunidad.
“Solicito a la Fiscalía General de la República que inicie una indagatoria para identificar y castigar a quien resulte responsable de esta grave filtración”, concluyó.
Este sábado circuló en redes y medios de comunicación un informe “sin testar”, es decir, sin cubrir las partes que están indagando, de la Comisión de la Verdad.
Va hilo sobre mi #Linotipia de hoy "Ayotzinapa: el encubrimiento" que publica @Reforma, @muralcom y @elnorte. La columna describe una nueva cronología del caso Ayotzinapa. Se basa en este documento, que se publicó testado hace unas semanas y del que obtuve una copia sin testar. pic.twitter.com/Qb9IeZpnnN
Dicho documento sostiene que los cuerpos de los 43 normalistas de Ayotzinapa, quienes desaparecieron entre el 26 y 27 de septiembre de 2014, no habrían sido quemados en el basurero de Cocula, sino que fueron descuartizados, los restos repartidos en bolsas y abandonados en diversos sitios.
Identifica Comisión de la Verdad indicios de graves violaciones a DH en Campo Militar no. 1
A pesar de la “actitud pasiva” de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) en las visitas que realizaron víctimas y familiares de desaparecidos a las instalaciones del Campo Militar 1, se encontraron indicioscreíbles de que en ese lugar se cometieron crímenes de lesa humanidad, aseguró David Fernández, integrante del Mecanismo de Esclarecimiento Histórico de la Comisión para la Verdad.
“Otra dificultad fue la colaboración pasiva del Ejército, es decir, abrieron sus puertas, nos dejaron entrar, y sin embargo no nos indicaron en ningún momento la historia de las edificaciones, los procedimientos que habían vivido, no pudimos tener una colaboración activa que facilitará las investigaciones que tenemos que realizar».
“A pesar de estas dificultades encontramos indicios creíbles de que en el Campo Militar número uno fue escenario de crímenes de lesa humanidad y fue escenario de violaciones gravísimas a los derechos humanos”, aseveró Fernández.
Estos indicios, detalló, se encontraron en dos instalaciones dentro del campo militar y se trata de reconocimiento de pisos, zoclos, ventanas, paisajes y subterráneos que permitirán iniciar un proceso de investigación a mayor profundidad y de mayor extensión dentro del propio campo militar y otras instalaciones militares.
Por esta razón, consideró que dentro del Mecanismo en el cual participa, y dentro de la propia Comisión de la Verdad, la visita al Campo Militar 1 fue exitosa para reivindicar el punto de vista de las víctimas y evidenciar que lo que han dicho es verdad.
“Tenemos que dejar de lado las narrativas de los dos demonios, porque lo que hubo no fue una guerra sucia, aunque así se identifique al periodo, sino un operativo de aniquilamiento de grupos de personas organizada que luchaban por una sociedad mejor.
“Lo que hubo fue terrorismo de Estado, fueron violencia sobre personas que se organizaron y no tenían la capacidad operativa de las instituciones del Estado”, expresó Fernández.
Puntualizó también que se debe superar los argumentos de que los mandos militares solo obedecieron a los mandos civiles, pues tenían márgenes de autonomía que les permitían actuar con independencia y clandestinidad.
Al darse a conocer en conferencia de prensa los resultados de las visitas de la Comisión de la Verdad al Campo Militar 1, Erasmo Cabañas Tavares, preso en ese lugar en 1976 y 1977, pidió a la Sedena mayor apertura y dar a conocer dónde están las fosas clandestinas en esas instalaciones.
El secretario técnico de la Comisión de la Verdad, Félix Santana, detalló que dentro de las instalaciones militares se hicieron actividades de reconocimiento e investigación en la Brigada de Fusileros Paracaidistas; Caballerizas del Estado Mayor de la Defensa; Prisión Militar; 1º y 2º Batallones de Policía Militar; Cuartel General de la Policía Militar; 4º Batallón de Policía Militar y Caballerizas del Estado Mayor.
Dijo que los trabajos continúan con la revisión de archivos y mapas como parte de una primera etapa y a finales de año se hará una evaluación conjunta junto con la Sedena.
Familiares de personas desaparecidas, sobrevivientes y colectivos iniciaron las primeras acciones de reconocimiento en instalaciones militares del Campo Militar No. 1-A como parte de las labores de investigación de la Comisión para el Acceso a la Verdad, el Esclarecimiento Histórico y el Impulso a la Justicia de las violaciones graves a los derechos humanos cometidas de 1965 a 1990 en instalaciones militares.
En esta primera incursión, la Comisión para la Verdad arrancó con el proceso de inspección en aquellos puntos que las personas sobrevivientes y familiares de desaparecidos señalan como posibles sitios de detención clandestina. Las acciones de reconocimiento concluirán mañana 22 de septiembre.
A las instalaciones castrenses ingresaron 61 personas, entre familiares de personas desaparecidas y víctimas, quienes expresaron haber sido objeto de violaciones a los derechos humanos cometidos entre las décadas de 1970 y 1990.
Testimonios de sobrevivientes
La selección de los espacios inspeccionados se basó en documentación militar y en testimonios de sobrevivientes y personas que han formado parte del servicio público.
Se busca identificar y documentar con metodología pericial los espacios dentro del Campo Militar No. 1-A, en los que presuntamente se cometieron violaciones graves a derechos humanos.
Los familiares sobrevivientes y colectivos fueron asistidos por Comisión Nacional de Derechos Humanos y su personal de visitadurías, y de la Comisión Nacional de Búsqueda con peritos criminalistas, arquitectos y de acompañamiento psicosocial.
Este jueves, Rosa Icela Rodríguez Velázquez, titular de la Secretaría de Seguridad Pública y Ciudadana del Gobierno de México, anunció que se han liberado a 2 mil 685 personas que que permanecían recluidas y no contaban con defensa, sentencia y que en su momento no pudieron pagar traductores para su proceso.
“Se dejaron en libertad, al día de hoy, 2 mil 685 personas, que permanecían encarceladas en centros penitenciarios. Por instrucción presidencial, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana y la Secretaría de Gobernación, nos dimos a la tarea de gestionar las libertades anticipadas, amnistías, de indígenas, mujeres, adultos mayores, personas con enfermedades terminales, personas con discapacidad y víctimas de tortura”.
Rosa Icela Rodríguez.
La funcionaria mencionó que es un acto de justicia para las personas que no han cometido delitos graves o relacionados con violencia y gente humilde que no pudo pagar un abogado, tener un traductor o ha enfrentado todo tipo de adversidades.
#Vídeo | @rosaicela_, titular de la @SSPCMexico, reportó que a este 15 de septiembre, 2 mil 685 personas que no cometieron delitos graves recibieron libertad anticipada o amnistías.
"Gente humilde que no pudo pagar abogado, traductor o enfrentó adversidades", explicó. pic.twitter.com/ttAJy9iGa6
“De este total de 2 mil 549 personas que se encontraban recluidos en Centros Penitenciarios de alguna de las 32 entidades del país, han sido preliberadas, 123 mujeres,120 adultos mayores, 208 con enfermedades crónico degenerativas, 51 indígenas, 15 extranjeros y 2 mil 32 personas que cumplieron con los requisitos de ley para libertades anticipadas.
Agregó
Rodríguez Velázquez mencionó que ese tipo de decisiones, ordenadas por el Presidente Andrés Manuel López Obrador, las personas que vivieron discriminación, enfrentaron la pobreza en sus comunidades y que no tuvieron oportunidades de desarrollo, pueden ser hoy participes de un acto de justicia del gobierno.
Carlos Alpizar Salazar, secretario general de la Presidencia del Consejo de la Judicatura Federal, explicó que han sido beneficiadas 329 personas por preliberación, 40 por acuerdos reparatorios, 3 por criterios de oportunidad, 97 por medidas cautelares dando un total de mil 198 liberadas desde el mes de junio a este 15 de septiembre.
“Este es un claro ejemplo de que se está trabajando de manera conjunta, coordinada e institucional entre el Poder Judicial y el Poder Ejecutivo, respetando la plena autonomía y plena libertad de todos los jueces y magistrados”.
Señaló.
Agregó que se seguirá trabajando de manera conjunta y coordinada con el Secretario de Gobernación, la Secretraria de Seguridad Pública para acercar la justicia a las personas más necesitadas.
Este lunes, el Presidente Andrés Manuel López Obrador, criticó a los organismos internacionales como la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y a la Organización de Estados Américanos (OEA), a los cuales señaló de no defender los Derechos Humanos, cintado como ejemplo el caso de Julian Assange.
“Ahí andan los organismos alcahuetes, justamente defensores de Derechos Humanos, de la OEA o de la ONU, preocupados, cuando en su momento guardaron silencio, no vieron nada. Pues como van a ver si se les nubla la vista por su conservadurismo, se quedan callados, se la pasan muy bien, tanto la ONU como la OEA se tienen que reformar, nos cuestan mucho”.
Sentenció AMLO.
El mandatario explicó que no dan resultados, ya que actúan de manera tendenciosa y cuestan mucho dinero, ya que ganan en dólares, además de que no se despeinan, en alusión a que no trabajan y se sienten intocables.
“¿Qué han hecho en la ONU por lo de Assange? ¿Qué no es un preso de conciencia? ¿Qué no está preso por ejercer la libertad de expresión? Es el preso de los Derechos a la Libertad de Expresión en el mundo. ¿Dónde están las campañas de la ONU de las organizaciones defensoras de DD.HH., periódicos internacionales, grandes medios?”.
Señaló el mandatario.
“¿Qué han hecho por Julian Assange? ¿Qué no es un preso de consciencia? ¿No está preso por ejercer la libertad de expresión?": @lopezobrador_ pide que se reformen la #ONU y la #OEA y señala que ambos organismos son tendenciosos. pic.twitter.com/1VU1IgEjqZ
López Obrador mencionó que cuando comenzaron a salir los cables de Wikileaks, grandes medios de comunicación incluso se asociaron con Assange para obtener acceso a los documentos, sin embargo, cuando fue arrestado, lo dejaron solo.
Este fin de semana, John Shipton, padre de Assange, encabezó un mitin afuera de la Embajada de Estados Unidos en México, acusando la doble moral de la nación americana, que ahora quiere extraditarlo de Reino Unido.
John Shipton, padre de Julian Assange, agradece la gran contribución mundial del Presidente @lopezobrador_ para la liberación de su hijo: "Fue el primer Presidente en el mundo en decir #JulianAssange debería estar libre". El viernes presentó el documental #Ithaka en @CC_LosPinospic.twitter.com/iccFs1s5MW
Tanto John Shipton como Gabriel, hermano de Julian Assange, permanecerán en México hasta pasadas las fiestas patrias, ya que el Gobierno de México los invitó a la ceremonia del Grito de la Independencia y al desfile del 16 de septiembre.
Reportes ciudadanos hechos llegar a este medios, informan que un grupo de miembros de Acción Nacional, se han apoderado del agua en Querétaro y los pozos, esto una vez que el gobierno del estado, bajo el mando de Mauricio Kuri, ha aprobado la privatización del vital líquido.
La empresa Aquaa y Operadora Querétaro Moderno (OQM), que fuera propiedad del fallecido empresario José Oleszcovski Wasserteil, son señaladas como dos de las principales industrias responsables del manejo de aguas en Querétaro, encareciendo las cuotas sumado al pésimo servicio que ofrecen.
Mario Calzada Mercado, ex alcalde de El Marqués y su sucesor, Enrique Vega Carriles, además de la política, han optado por el negocio de los bienes raíces, creando las lujosas zonas residenciales de Zibatá y el Nuevo Refugio, los cuales cuentan con campos de golf y como era de esperarse, el servicio del agua es operado por privados.
Otro de los implicados es Ricardo Anaya Cortés, ex candidato a la presidencia en 2018, quien compró en 2016 Proveedora H2O Querétaro S.A. de R.L. de C.V. y posteriormente se le señaló de lavado de dinero por la mencionada operación.
En años recientes, se han concedido permisos para que privados tengan derechos sobre el agua, para suministrarla a terceros, principalmente de uso industrial y agrícola, por un volumen global de 918 mil 555 metros cúbicos anuales.
En agosto de 2018, durante la administración de Calzada Mercado, igualmente se creó al empresa Aquagenis S.A. de C.V., que convenientemente también se dedica a la compra y venta de propiedades agrícolas e industriales, además de suministrar agua a terceros.
Otros nombres que figuran entre los interesados en proveer agua de manera particular están Yamil Kuri González, hermano del actual gobernador de la entidad y otras 72 empresas inmobiliarias, reportaron medios locales.
Por su parte, pobladores de El Marqués, denuncian que los recibos del agua son altos, mientras que el servicio es pesimo, al igual que la infraestructura de privados, qyue hasta el agua de las tubería les cobra.
“Esto sucede cuando privatizas el vital líquido. Los fraccionamientos han batallado con lo que desconocían, el agua es un derecho humano y no está permitida su privatización. En el Marqués gobierna la corrupción, la deshonestidad y la impunidad es la bandera con la que se han reelegido las administraciones panistas”.
La ONG International Human Rights Foundation, ha respondido a un tuit de Lorenzo Córdova Vianello, señalando que México merece una autoridad electoral decente, esto luego de que el Instituto Nacional Electoral haya emprendido una abierta persecución contra ciudadanos, periodistas y cuadros políticos simpatizantes de la izquierda.
“La ciudadanía de México merece una autoridad electoral decente: que no mienta, que no censure, que no sancione sin debido proceso, que sea independiente e imparcial y que respete el carácter democrático del Estado. ¡Su dimisión o cese y la Reforma Electoral son inaplazables!”.
Sentenció la fundación internacional.
La ciudadanía de #México🇲🇽 merece una autoridad electoral decente: que no mienta, que no censure, que no sancione sin debido proceso, que sea independiente e imparcial y que respete el carácter democrático del Estado. ¡Su dimisión o cese y la #ReformaElectoral son inaplazables!
— International Human Rights Foundation (@IHRF_English) August 30, 2022
Este nuevo llamado de atención surge luego de que el consejero presidente del INE respondiera a una comunicado de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), en donde instó al organismo autónomo a no coartar el Derecho Humano de la Libertad de Expresión y menos aún a caer en la censura.
Tras esto, el INE emitió su propio comunicado, asegurando que ellos no tienen la facultad de sancionar, desviando la atención al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, además de que acusó a la CNDH de tratar de “confundir” a la población con su misiva.
La semana pasada la periodista Alina Duarte denunció que personal del INE acudió, una vez más, a su domicilió en su búsqueda, sin embargo al no encontrarla, los funcionarios se negaron a entregar a sus familiares los documentos que levaban, además de que no explicaron el motivo de su “visita”.
Erick Gutiérrez, Director de Sin Línea MX, igualmente fue sancionado luego de que uno de sus tuits fuera considerado como un mensaje de violencia política en razón de género en contra de una diputada federal del PRD que se pronunció en contra de la promoción de la lectura.
El pasado 26 de agosto, International Human Rights Foundation, expresó su solidaridad hacía la Diputada Federal de Morena, Andrea Chávez Treviño, quien podría ser sancionada por las autoridades electorales mexicanas, las cuales tratan de impedir que participe en los procesos electorales del 2024.
Ojo: Pablo Gómez, titular de la UIF de la Secretaría de Hacienda, acusó al @INEMexico de “encubrir” el caso Monex, sobre el presunto esquema de financiamiento ligado a la campaña electoral de Enrique Peña Nieto, en 2012. https://t.co/av6eMmeFLBpic.twitter.com/IRNhNBGYzw
Este lunes comienza la visita a México de la Relatora Especial sobre los derechos humanos de los desplazados internos de las Naciones Unidas (ONU), Cecilia Jimenez-Damary, quien observará la situación del desplazamiento forzado interno en nuestro país.
A través de un comunicado se informó que el Gobierno de México asume el compromiso de avanzar en la atención y reconocimiento del desplazamiento forzado como un fenómeno multicasual.
Desde la década de los 70, México ha tenido casos de desplazamiento forzado interno, sin embargo, fue hasta 2019 que, de manera oficial, se reconoció la existencia y gravedad de este fenómeno.
El subsecretario de Derechos Humanos, Alejandro Encinas, declaró que la visita de la relatora a México es un hecho histórico y el resultado del trabajo realizado para visibilizar y atender a las personas en situación de desplazamiento forzado y las causas que los obligan.
Es la primera vez que México recibe a esta relatoría, a partir de su reconocimiento oficial. El abandono institucional a todas estas víctimas en el pasado trajo como resultado la falta de atención, e impidió y postergó la construcción de un andamiaje institucional mínimo de atención y propició la inexistencia de un marco normativo adecuado y robusto que brindara una respuesta efectiva a las necesidades de estas personas.
Asimismo el subsecretario Encinas afirmó que México está abierto al escrutinio internacional
Sabemos que el trabajo colaborativo con organismos internacionales nos fortalece como gobierno.
¿Cuánto durará la visita de la relatora?
La visita tendrá lugar del 29 de agosto al 9 de septiembre y durante su estancia, la relatora Cecilia Jiménez-Damary sostendrá reuniones con autoridades de los tres órdenes de gobierno, legisladores, así como con organismos internacionales y organizaciones civiles.
La funcionaria de la ONU también se reunirá con autoridades gubernamentales de la CDMX, Chihuahua, Guerrero y Chiapas.
Al final de su visita, la relatora presentará su informe y recomendaciones al gobierno mexicano.
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La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), ha publicado un llamado de atención al personal y autoridades del Instituto Nacional Electoral (INE), para que garanticen y respeten en todo momento el Derecho Humano a la Libertad de Expresión de periodistas y miembros de la sociedad civil en general, además de que no se emitan sanciones excesivas e injustificadas, sobre todo cuando no haya elementos suficientes y objetivos para su imposición.
“Este Organismo Nacional tuvo conocimiento de las sanciones y multas que el INE ha impuesto a diversos periodistas y usuarios de redes sociales por el solo hecho de expresar su punto de vista sobre el acontecer político del país, a través de diversas plataformas digitales. Al respecto, la CNDH considera que dichas sanciones representan un retroceso para nuestra joven democracia, toda vez que su implementación puede conducir a actos de autocensura y coerción que limitan el debate público e incluso a atizar el clima de violencia que padecen las y los comunicadores”
Sentenció la CNDH.
La comisión recordó que la Libertad de Expresión es parte fundamental de la vida democrática del país, mas aún cuando tales expresiones no atentan en contra de la dignidad ni los derechos de terceros, además de que garantizar, procurar y respetar tales garantías es responsabilidad de todas y cada una de las autoridades que forman parte del Estado Mexicano.
“La Comisión Nacional considera que la aplicación de sanciones a periodistas y usuarios de las redes sociales -conocidos como influencers-, no solo atenta contra los derechos de estos, sino también contra los derechos de sus audiencias, quienes se verían en la imposibilidad de buscar, recibir y difundir información e ideas, como establece el artículo 6º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (CPEUM)”.
Agregan.
La CDNH mencionó en la misiva, que su petición se realiza luego de que expresamente, usuarios de las redes sociales, le pidieran su intervención en el caso, ya que está facultada la comisión en el artículo 102, apartado B de la CPEUM, más sin embargo se menciona que organismos como la CNDH “no serán competentes tratándose de asuntos electorales jurisdiccionales.
Igualmente mencionan que el artículo 7 de la Ley de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos que establece que “la Comisión Nacional no podrá conocer de los asuntos relativos… a: I. Actos y resoluciones de organismos y autoridades electorales”.
Sin embargo, menciona, que existe un mandato imperativo en donde se incluyen a todas las instituciones del estado, el cual está inscrito en el articulo 1° Constitucional desde 2011, emitidos posteriormente a los citados ordenamientos, por lo que al realizarse una revisión del caso, la CNDH encontró que sí bien la resolución del INE es emitida por una autoridad electoral, las multas y sanciones emitidas son actos administrativos que podŕian atentar en contra de la Libertad de Expresión de las y los miembros de la prensa.
“Ahora bien, de acuerdo con el Control de Constitucionalidad se debe ponderar entre lo que dice la ley y lo que dice la Constitución, teniendo en cuenta también que el principio de Supremacía Constitucional, previsto en el artículo 133 de la CPEUM, pone por encima de cualquier ordenamiento jurídico a la Constitución”.
Se lee en la misiva.
La comisión explica que en el artículo 1° Constitucional, en su párrafo segundo, refiere que las normas relativas a los Derechos Humanos serán interpretados de conformidad con la Constitución y con los tratados internacionales de la materia favoreciendo en todo tiempo a las personas.
Finalmente la CNDH aclara que teniendo en cuenta los principios pro personas, tiene la posibilidad de ejercer una armonización entre la norma a aplicar con la norma suprema, por lo que aplicará el citado articulo 7 de su propia ley interpretando directamente el articulo 102 apartado B de la Constitución, esto en favor de las víctimas y hacer el llamado de atención a las autoridades electorales.
La organización International Human Rights Foundation, ha emitido una serie de tuits en donde condena que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de Federación (TEPJF), haya comenzado una persecución contra la diputada federal Andrea Chávez Treviño.
“La autoridad electoral de México realiza una injusta persecución en contra de la parlamentaria federal Andrea Chávez Treviño, a raíz de un tuit que de ninguna manera tiene relevancia delictiva. Este abuso viola los Derechos Humanos, es ilegal, inmoral y antidemocrático”.
Explica la organización.
El @TEPJF_informa (la autoridad electoral de #México🇲🇽) está llevando a cabo una persecución injusta contra la diputada federal @AndreaChavezTre a raíz de un tuit que en modo alguno reviste relevancia penal. Este abuso viola #DerechosHumanos, es ilegal, inmoral y antidemocrático.
— International Human Rights Foundation (@IHRF_English) August 26, 2022
Este llamado de atención internacional, se suma a las declaraciones que ofreció el Presiente Andrés Manuel López Obrador esta mañana, respecto al mismo tema, en donde reprobó que el TEPJF y el Instituto Nacional Electoral (INE), hayan comenzado una serie de censuras en contra de legisladoras, legisladores y miembros del gremio periodístico que se inclinan por la izquierda.
“Yo pienso que desde luego es un abuso, de esas autoridades, no les corresponde, es censura descarada. No va a pasar a mayores, creo que tendŕian que iniciar un proceso de desafuero, entonces yo pienso que hasta ayuda que todo esto suceda, es lamentable, desde luego, pero ayuda para que se sigan mostrando como son”.
Fue el pasado 24 de agosto, cuando la legisladora federal del partido Movimiento Regeneración Nacional, denunció en sus redes sociales que el TEPJF amenazó con sancionarla y prohibirle participar en las próximas elecciones a celebrarse en 2024, esto luego de que publicara un tuit denunciando a una diputada de la Revolución Democrática.
Chávez Treviño, señaló que ya había buscado impugnar la sanción en su contra y denunció que la mencionada autoridad electoral busca intimidar y censurar a las jóvenes mujeres de izquierda que participan en la política nacional.
