Etiqueta: Derechos Humanos

  • EE.UU. advierte: narcotráfico, impunidad y violencia siguen marcando a México

    EE.UU. advierte: narcotráfico, impunidad y violencia siguen marcando a México

    El Departamento de Estado de Estados Unidos alertó que el narcotráfico y la impunidad continúan como los principales retos de México, al señalar que no hay cambios significativos en la política de seguridad y justicia.

    En su informe anual de derechos humanos, citado por La Razón, Washington advirtió que los delitos del crimen organizado son la mayor amenaza, acompañados de altas tasas de impunidad, investigaciones inconclusas y ausencia de condenas.

    El reporte, el primero bajo la presidencia de Donald Trump, también acusa la persistencia de ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas, tortura, censura a medios y amenazas a periodistas.

    Entre los casos documentados, mencionó la muerte de 25 personas en un enfrentamiento entre la Guardia Nacional y un grupo armado en Chiapas, donde sólo se reconocieron 10 fallecidos y ningún elemento fue procesado.

    El informe denuncia que cinco periodistas fueron asesinados en 2024 y que las desapariciones forzadas son una práctica generalizada y sistemática, con bases de datos incompletas y sistemas forenses saturados. También advierte que las familias buscadoras y organizaciones civiles enfrentan altos riesgos.

    Washington retomó denuncias de ONG´s que acusan al gobierno de Andrés Manuel López Obrador de estigmatizar periodistas y señaló que la censura y la autocensura siguen siendo prácticas frecuentes por amenazas de grupos criminales y autoridades.

  • Preso en Tlaxcala pide protección a Claudia Sheinbaum tras denuncia de amenazas

    Preso en Tlaxcala pide protección a Claudia Sheinbaum tras denuncia de amenazas

    Ventura Holguín Vigil, preso en el penal de Apizaco, Tlaxcala, pidió públicamente la intervención de la Presidenta Claudia Sheinbaum para la protección de su familia ante amenazas de muerte. Según su denuncia, dichas amenazas provienen del director del Centro de Readaptación Social, Juan Antonio Martínez Guerrero, tras un incumplimiento por pago de cuotas, las cuales, asegura, rondan desde entre 3 mil hasta 20 mil pesos por quincena.

    En un video difundido en redes, Holguín asegura que Martínez Guerrero le solicitó involucrar a “conocidos” para atentar contra Arturo Núñez Díaz, actual Director de los Centros Penitenciarios de Tlaxcala, y cuenta con un video como prueba. Además, denunció que lo obligaban a cometer asaltos, haber sido víctima de torturas, y que su traslado a Apizaco fue para ponerlo en contacto con internos enemigos suyos con el fin de poner en riesgo su integridad.

    El preso ha suplicado por la protección de su esposa e hijas tras un reciente incendio en la casa de su familia y un cartel con amenazas. “No sé si estaré vivo cuando este video sea público”, advirtió.

    La Secretaría de Seguridad Ciudadana de Tlaxcala confirmó que ya investiga las denuncias en coordinación con la Fiscalía, y que se han aplicado medidas de vigilancia especial a Holguín. Por su parte, la Comisión Estatal de Derechos Humanos informó que ha abierto un expediente, brindado medidas cautelares y continúa recabando información para esclarecer el caso.

  • Crece temor por desaparición forzada en centro de detención migratoria en Florida

    Crece temor por desaparición forzada en centro de detención migratoria en Florida

    Activistas y familiares denuncian que las autoridades de Estados Unidos ocultan la lista completa de migrantes detenidos en el centro Alcatraz de Caimanes, ubicado cerca de Miami, Florida. Se teme que al menos 250 migrantes sin antecedentes penales estén desaparecidos al no estar en los registros oficiales.

    De acuerdo con información recopilada por La Razón, Javier Calzada, de la asociación Migrant Heroes, alerta que muchos detenidos no figuran en las listas oficiales, por lo que sus familias no saben de su paradero. El senador demócrata Carlos Guillermo-Smith confirmó que la información proporcionada por el centro es parcial y que en sus instalaciones hay alrededor de 750 migrantes en condiciones precarias.

    El centro, criticado por políticos afines a Trump, es señalado por organizaciones como la Coalición de Inmigrantes de Florida (FLIC) por violaciones a derechos humanos, incluyendo negligencia médica, falta de acceso a defensa legal y detención arbitraria. Además, enfrenta demandas legales por estos abusos.

    Familiares de los detenidos denuncian que sus seres queridos son tratados como criminales, pese a no tener antecedentes penales, y temen por su seguridad dentro del centro.

    Con más de 40 nacionalidades detenidas, principalmente de México, Guatemala y Cuba, la situación en Alcatraz de Caimanes genera alarma por la posible desaparición forzada y violaciones graves a derechos humanos que se viven en esta prisión temporal en Florida.

  • Segob establece bases para elegir nuevo titular de la CNB

    Segob establece bases para elegir nuevo titular de la CNB

    La Secretaría de Gobernación publicó las bases para designar al nuevo titular de la Comisión Nacional de Búsqueda de Personas (CNB). Esto sigue a la renuncia de Teresa Guadalupe Reyes Sahagún.

    Los aspirantes deben tener conocimientos en derechos humanos y experiencia en búsqueda de personas. También se requiere un título profesional y experiencia en actividades relacionadas.

    El registro de candidatos comenzará el 13 de agosto y finalizará el 19 de agosto a las 23:00 horas. Colectivos de víctimas y expertos podrán postular a sus candidatos.

    La Segob evaluará las postulaciones y publicará el listado de candidatos el 25 de agosto. Las organizaciones civiles podrán expresar su opinión sobre las candidaturas. La secretaria Rosa Icela Rodríguez propondrá a la presidenta Sheinbaum los perfiles idóneos para el cargo.

  • Trump respalda la reelección indefinida de Bukele y defiende la reforma que alarma a la comunidad internacional

    Trump respalda la reelección indefinida de Bukele y defiende la reforma que alarma a la comunidad internacional

    El gobierno de Donald Trump dio un contundente respaldo a la reforma constitucional aprobada por la Asamblea Legislativa de El Salvador, que permite la reelección indefinida del presidente Nayib Bukele, su aliado estratégico en Centroamérica. Desde el Departamento de Estado, señalaron que la decisión es soberana y forma parte del mandato democrático otorgado por los salvadoreños.

    El 31 de julio, Bukele consumó cambios clave en la Constitución: elimina límites a la reelección, amplía el mandato presidencial a seis años y suprime la segunda vuelta electoral. Organizaciones de derechos humanos alertan que estas modificaciones son pasos hacia un régimen autoritario, comparando el caso con Venezuela y Nicaragua.

    Human Rights Watch advierte sobre el peligro que implica la reelección indefinida y la erosión paulatina de las salvaguardas democráticas en América Latina, como ya señaló la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

    De acuerdo con un análisis de El País, a pesar de las críticas internacionales y la creciente represión interna —que incluye exilios, presos políticos y censura— la Administración Trump defiende la medida y rechaza las comparaciones con regímenes dictatoriales. Este apoyo contrasta con la postura de la Administración Biden, que había sancionado a funcionarios de Bukele por violaciones a derechos humanos.

    Bukele, a cambio, fortaleció su alianza con Washington ofreciendo su megacárcel Cecot para alojar migrantes deportados. Expertos señalan que el respaldo de Trump le otorga “vía libre” para avanzar en su proyecto autoritario sin controles internacionales efectivos.

  • Jueza absuelve a Israel Vallarta por montaje, tortura, pruebas ilegales y otras razones

    Jueza absuelve a Israel Vallarta por montaje, tortura, pruebas ilegales y otras razones

    Tras casi dos décadas en prisión preventiva, Israel Vallarta fue absuelto por un tribunal federal que evidenció graves irregularidades procesales, pruebas contaminadas y violaciones a derechos humanos. La sentencia, de 425 páginas, desglosa siete razones clave que fundamentaron su liberación.

    De acuerdo con Milenio, que tuvo acceso al expediente, la jueza Mariana Vieyra Valdés concluyó que la detención de Vallarta fue ilegal y que su presentación ante los medios como parte de un montaje contaminó la evidencia desde el inicio. El caso fue transmitido por televisión, simulando un operativo de rescate que nunca ocurrió. Esta recreación generó un “efecto corruptor” en todo el proceso.

    Además, la confesión inicial de Vallarta fue descartada por presunta tortura. Aunque no se ha emitido una sentencia firme sobre los actos de tortura, la Fiscalía General de la República no investigó adecuadamente y eso invalida cualquier declaración extraída bajo ese contexto. La jueza subrayó que los derechos de las víctimas no justifican violar los del acusado.

    También se acreditó una ruptura en la cadena de custodia de las armas y cartuchos asegurados. No hubo peritajes concluyentes ni pruebas balísticas que vincularan directamente a Vallarta con esos objetos. Incluso, las diligencias de reconocimiento fueron realizadas en condiciones sugestivas y sin presencia de la defensa, afectando la fiabilidad de los testimonios.

    Se suman contradicciones en las declaraciones de al menos diez testigos clave, cambios de versiones y relatos que se ajustaban conforme avanzaba el caso. Además, no se probó su pertenencia a un grupo criminal organizado, ni que existiera estructura, permanencia o roles definidos que configuraran el delito de delincuencia organizada.

    Finalmente, parte de las pruebas provienen de cateos ilegales. Ingresos a inmuebles como el rancho Las Chinitas y otros predios se realizaron sin orden judicial, violando flagrantemente la Constitución. Por lo tanto, todo lo recolectado carece de valor probatorio.

    La jueza determinó que no era posible emitir una sentencia condenatoria sobre la base de pruebas obtenidas de forma ilícita, lo que llevó a la absolución definitiva de Israel Vallarta, tras más de 19 años privado de su libertad sin sentencia.

  • Última batalla legal de Norma Piña en la Corte: el futuro de la prisión preventiva oficiosa

    Última batalla legal de Norma Piña en la Corte: el futuro de la prisión preventiva oficiosa

    La Suprema Corte de Justicia de la Nación se prepara para su última sesión bajo la presidencia de Norma Piña, donde el próximo 12 de agosto se debatirá un tema clave: la posible eliminación o limitación de la prisión preventiva oficiosa, una figura que ha sido fuertemente cuestionada por organismos nacionales e internacionales.

    De acuerdo con una investigación de La Silla Rota, los proyectos 20 y 21, de los ministros Jorge Mario Pardo Rebolledo y Ana Margarita Ríos Farjat, proponen declarar inconstitucional la ampliación de delitos con prisión automática aprobada en 2021. El argumento central es que contraviene los derechos humanos y normaliza una medida extrema, afectando la presunción de inocencia.

    Además, uno de los proyectos responde directamente a la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en el caso “García Rodríguez y otro vs. México”, que considera esta figura contraria a estándares internacionales. La propuesta implica que el Poder Judicial de la Federación debe acatar dicho fallo.

    Actualmente, el artículo 19 constitucional establece la prisión preventiva oficiosa para delitos graves como delincuencia organizada, feminicidio, robo violento y corrupción, entre otros. Tras la reforma de 2021, se ampliaron a 45 delitos, decisión hoy en tela de juicio por su impacto en la justicia penal.

    La discusión se dará en un contexto de cierre institucional: el 31 de agosto concluye el periodo de la actual Corte. La nueva integración será presidida por Hugo Aguilar, e incluirá a figuras como María Estela Ríos, Irving Espinosa y Sara Irene Herrerías, junto con las ministras Lenia Batres, Yasmín Esquivel y Loretta Ortiz, quienes permanecen.

  • Israel bajo la lupa: BBC documenta ejecuciones de niños en Gaza por presuntos disparos del ejército

    Israel bajo la lupa: BBC documenta ejecuciones de niños en Gaza por presuntos disparos del ejército

    Una investigación de la BBC revela que al menos 168 niñas y niños fueron alcanzados por disparos entre octubre de 2023 y julio de 2025, 90 de ellos murieron.

    La guerra en Gaza ha dejado escenas brutales. Uno de los casos más conmovedores fue captado en video: una niña de dos años y su padre fueron abatidos en plena calle por presuntos francotiradores israelíes, según la cadena Al Araby TV. La BBC confirmó que se trataba de Layan al-Majdalawi y su padre, Mohamed, cuyos cuerpos quedaron tendidos en la calle Hamid. La familia había recibido una orden de evacuación del ejército israelí.

    Shahd, hermana mayor de Layan, relató a la BBC que no había combates cercanos, que solo caminaban hacia una ruta aparentemente segura. Ella también fue herida por una bala.

    La BBC documentó 168 casos de niños baleados, de los cuales 95 recibieron disparos en la cabeza o el pecho. En 57 de esos, testigos acusan directamente a soldados israelíes. Los datos fueron verificados mediante imágenes satelitales, registros médicos y testimonios de sobrevivientes.

    Uno de los casos fue el de Mira Tanboura, de seis años, quien recibió un disparo en el corazón mientras caminaba con su familia por la carretera de Saladino, ruta declarada como “corredor seguro” por las propias fuerzas israelíes.

    Expertos forenses, militares y en derecho internacional consultados por la BBC señalan que estos hechos podrían constituir crímenes de guerra. Aunque Israel responde que investiga cualquier acción que contradiga sus valores, organizaciones como B’Tselem denuncian la ausencia total de normas claras de combate en Gaza.

    De los 168 casos analizados por la BBC, al menos 90 niños murieron. Sin acceso total a Gaza y con el sistema de salud devastado, es probable que la cifra real sea mucho mayor.

  • Red comunitaria en Nueva York desafía redadas y cárceles migratorias de Trump

    Red comunitaria en Nueva York desafía redadas y cárceles migratorias de Trump

    Mientras el gobierno de Donald Trump presiona a condados para retener a migrantes en cárceles locales, una red de apoyo comunitario en Binghamton, Nueva York, se organiza para resistir la política migratoria federal. Vecinos, iglesias y activistas han creado un “nuevo ferrocarril subterráneo” que brinda alimentos, transporte y protección a personas sin documentos, incluso organizando bodas clandestinas y cuidando a sus hijos.

    De acuerdo con La Jornada, pese a que el alguacil del condado Broome firmó un acuerdo con ICE, la comunidad responde con protestas, talleres de “conoce tus derechos” y campañas contra la colaboración con autoridades migratorias. Grupos como Ciudadanos Preocupados de Binghamton y la Red de Justicia en las Cárceles impulsan leyes para prohibir que las cárceles locales sirvan de centros de detención migratoria.

    Activistas locales han logrado reducir la presencia de inmigrantes detenidos en la zona, al pasar de cerca de 100 a menos de 10 personas en prisión. “ICE llega al condado Broome y el pueblo dice ‘no’”, sostienen los organizadores. En un estado donde solo 4 de los 62 condados colaboran con ICE, la resistencia crece con apoyo de iglesias, mezquitas, sindicatos y prisioneros, formando un movimiento social que desafía la criminalización de la migración y exige respeto a los derechos humanos.

  • Trump impulsa detenciones masivas y violaciones a derechos humanos en política migratoria de EE.UU.

    Trump impulsa detenciones masivas y violaciones a derechos humanos en política migratoria de EE.UU.

    La política migratoria de Estados Unidos atraviesa uno de sus periodos más severos en décadas bajo el segundo mandato de Donald Trump, con un aumento récord en detenciones y graves violaciones a los derechos humanos.

    Según un informe de Human Rights Watch, citado en una investigación de La Crónica, más de 56 mil personas están detenidas diariamente en centros migratorios, la cifra más alta registrada. En el primer semestre de 2025, la detención de migrantes creció 40% respecto al año anterior, y casi 72% no tenía antecedentes penales.

    El documento denuncia condiciones inhumanas en tres centros de FloridaKrome North, Centro de Transición Broward y Centro de Detención Federal—, donde se violan normas internacionales. Detenidos reportan estar encadenados horas sin agua, dormir en pisos de concreto bajo luz constante y carecer de atención médica básica. Mujeres permanecen en celdas insalubres y personas con enfermedades crónicas son trasladadas sin tratamiento.

    También se documentan tratos crueles, como el confinamiento solitario prolongado para quienes solicitan apoyo psicológico, y la represión emocional y física ejercida por el personal.

    El informe critica la Ley Laken Riley, que obliga la detención de migrantes acusados de delitos menores, y el aumento de convenios 287(g) en Florida, que permiten a policías locales actuar como agentes migratorios, con más de 223 acuerdos en ese estado.

    Asimismo, se denuncia el debilitamiento del derecho al asilo, deportaciones aceleradas y operativos en escuelas, iglesias y hospitales que generan miedo y restringen el acceso a servicios básicos.

    Human Rights Watch advierte que estas políticas representan un retroceso que afecta no solo a migrantes sino la reputación de Estados Unidos en materia de derechos humanos, e insiste en poner fin a las detenciones arbitrarias, garantizar atención médica y supervisión independiente.