El miedo a ser deportado aumentó 10 puntos porcentuales entre marzo y junio de este año, de acuerdo con una encuesta del Centro de Investigación Pew. El 43% de los migrantes en EE.UU. teme que ellos o personas cercanas sean expulsados del país, frente al 33% registrado en marzo.
Este repunte coincide con operativos más agresivos del Servicio de Inmigración (ICE), particularmente en zonas latinas del sur de California. Las redadas han provocado protestas en ciudades como Los Ángeles.
Los latinos son el grupo más preocupado: 47% teme una deportación, mientras que entre migrantes de otras etnias también hubo aumentos. Incluso ciudadanos de segunda y tercera generación expresaron más temor: en el caso de hijos de migrantes, el porcentaje pasó de 28% a 34%.
La afiliación política también influye: 35% de los demócratas o simpatizantes dicen estar preocupados, frente al 10% de los republicanos. Actualmente, cerca de 93 millones de personas en EE.UU. son migrantes o hijos de migrantes.
Texas se ha consolidado como el líder en detenciones de migrantes desde que Donald Trump asumió nuevamente la presidencia en enero. Más de 20 mil arrestos se han reportado en solo cinco meses.
Los datos del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) muestran que Texas duplica las detenciones de Florida y triplica las de California. En Florida, se registraron 9 mil 80 detenciones, mientras que en California hubo 5 mil 860.
Desde el 20 de enero, el promedio de arrestos en Texas asciende a 142 por día, un aumento del 92% respecto a 2024. A nivel nacional, el ICE ha realizado alrededor de 95 mil arrestos, con un promedio diario en aumento.
El gobernador de Texas, Greg Abbott, apoya firmemente la política migratoria de Trump. Abbott ha promovido medidas severas contra las personas sin estatus legal y ha fortalecido la colaboración entre la policía y el ICE.
La Operación Estrella Solitaria permite a los oficiales actuar como agentes migratorios. Esto les autoriza a detener a indocumentados y, en ciertos casos, iniciar procesos de expulsión.
Texas también cuenta con el mayor número de camas para detención migratoria en el país. A mediados de junio, más de 12 mil 600 personas estaban detenidas en centros de Texas, que representan el 22% del total nacional.
Muchos solicitantes de asilo en Houston permanecen encerrados durante meses sin acceso a abogados. La escasez de personal judicial ha provocado retrasos en los procesos de audiencia. La situación en Texas refleja un enfoque agresivo hacia la inmigración en la actual administración.
Durante una visita a un nuevo centro de detención en Florida, apodado el “Alligator Alcatraz”, el expresidente Donald Trump sugirió deportar a personas nacidas en Estados Unidos, si tienen ascendencia extranjera. “Quizá ese sea el próximo trabajo que hagamos”, lanzó ante medios, entre bromas sobre caimanes y seguridad fronteriza.
Trump insistió en que su administración fue forzada a endurecer la migración por la “política de puertas abiertas” de Biden, a quien responsabiliza de una supuesta ola delictiva. Aseguró que este nuevo centro albergará a “los migrantes más peligrosos del planeta” y destacó su ubicación en los Everglades como un sitio “del que nadie quiere escapar”.
La instalación tiene capacidad para 3 mil personas, con 400 agentes de seguridad y más de 200 cámaras, además de 8,500 metros de alambre de púas. Fue diseñada para disuadir y retener a personas consideradas de “alto riesgo”.
A la par, Trump buscó calmar las críticas del sector agrícola ante las redadas masivas, proponiendo que empleadores registren a sus trabajadores migrantes, quienes podrían permanecer legalmente, sin acceso a ciudadanía. “Pueden pagar impuestos, estar aquí legalmente… pero no obtienen la ciudadanía”, afirmó.
El Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) expresó su preocupación por el trato a los migrantes de Centroamérica en México. El capitán Marcos afirmó que el país ha implementado un “dispositivo criminal” contra estos grupos.
Marcos comparó al Instituto Nacional de Migración con la Border Patrol y el ICE de Estados Unidos. Según él, ambos utilizan métodos de ilegalidad y brutalidad en su trato a los migrantes.
El EZLN denunció que, mientras en EE.UU. los migrantes enfrentan encarcelamiento y deportación, en México sufren extorsiones y desapariciones. Marcos mencionó que el color de piel y las identidades culturales se emplean para identificar a los migrantes como amenazas.
El capitán recordó la invasión del Ejército mexicano a Chiapas en 1995. Indicó que las fuerzas armadas atacaban comunidades indígenas y robaban sus pertenencias. También comentó que los oficiales describían a los zapatistas por su apariencia física y su forma de hablar.
Marcos destacó que el criterio del ICE se basa en características superficiales. Señaló que se juzga a los migrantes por su aspecto, idioma y preferencias alimenticias. Además, mencionó que ser parte de la comunidad LGBT+ añade más estigmas.
Esta declaración del EZLN pone de relieve las preocupaciones sobre el trato a los migrantes en México. La situación sigue generando debate en el país y en el ámbito internacional.
El expresidente Donald Trump advirtió que podría “echar un vistazo” a la deportación de Elon Musk, luego de que el empresario criticara su plan fiscal republicano. Las declaraciones se dieron tras semanas de tensiones crecientes entre ambos.
Musk, director ejecutivo de Tesla, calificó la iniciativa como un “proyecto de gasto descabellado”, señalando que afectaría la venta de autos eléctricos al eliminar créditos fiscales clave. En respuesta, Trump amenazó también con retirar los subsidios que benefician a las empresas del magnate.
“Está perdiendo su mandato de vehículos eléctricos”, dijo Trump, advirtiendo que “Elon podría perder mucho más que eso”.
El conflicto escaló pese a que Musk apoyó a Trump en 2024 e incluso encabezó brevemente una oficina federal de recorte de gasto llamada DOGE, antes de abandonar el cargo. Trump bromeó con revivir esa oficina “para comerse a Elon”.
Aunque Musk ha negado que sus críticas estén motivadas por intereses empresariales, las fricciones entre ambos se han intensificado, alimentadas por ataques cruzados en redes sociales.
El plan migratorio de Donald Trump para trasladar a migrantes a países centroamericanos comienza a fracturarse. En El Salvador, la Organización de las Naciones Unidas (ONU) acusa al gobierno de Nayib Bukele de posibles delitos de desaparición forzada y tortura contra 238 venezolanos recluidos en el penal de máxima seguridad CECOT. En Costa Rica, la Corte Suprema ordenó la liberación de 28 migrantes detenidos arbitrariamente tras ser deportados por Estados Unidos.
Los señalamientos contra el gobierno salvadoreño surgen a partir de una carta firmada por 12 expertos de Naciones Unidas, que exige a Bukele explicar la situación legal y médica de los migrantes detenidos desde marzo. El documento —enviado en abril y dado a conocer esta semana— advierte que su gobierno podría estar incurriendo en violaciones graves al derecho internacional, incluidas desapariciones forzadas.
El texto señala que los venezolanos se encuentran en un limbo legal, sin acceso a abogados, sin información sobre cargos y sin claridad sobre la base jurídica de su reclusión. “Ni las autoridades estadounidenses ni las salvadoreñas han revelado los nombres, ni su situación legal, ni si existe una investigación penal en su contra”, denuncia el documento.
Además, la ONU recuerda que ninguna emergencia, ni siquiera un régimen de excepción como el que rige en El Salvador, justifica la desaparición forzada. Tampoco se ha permitido el acceso a organizaciones independientes de derechos humanos ni al consulado venezolano, con quien Bukele rompió relaciones diplomáticas desde 2019.
Mientras tanto, en Costa Rica, la Sala Constitucional determinó que el Gobierno violó los derechos de 28 migrantes de origen asiático al retenerlos sin justificación en albergues cerrados. Ahora exige su liberación inmediata.
Los acuerdos para convertir a países centroamericanos en “terceros países seguros” —firmados este año con EE. UU. bajo presión de Trump— han sido duramente cuestionados. En el caso de El Salvador, el pacto se ha mantenido en secreto, sin aprobación del Congreso ni publicación oficial. Versiones periodísticas revelan que el interés de Bukele no sería económico, como ha dicho públicamente, sino obtener la deportación de líderes de la MS-13 que podrían incriminarlo en una corte de Nueva York.
De confirmarse, se trataría de una negociación política a costa de los derechos de cientos de migrantes.
Juan Francisco Gim Nogales, alcalde de Nogales, Sonora, generó controversia nacional e internacional al expresar su respaldo a las políticas migratorias del expresidente Donald Trump, en una entrevista concedida a la cadena estadounidense Fox News el pasado 29 de mayo.
“Estados Unidos está haciendo limpieza con su política migratoria”, declaró el edil morenista en el Palacio Municipal. La frase, difundida por medios latinos en Estados Unidos, causó indignación entre comunidades migrantes mexicanas y fue interpretada como una validación a las deportaciones masivas y a la criminalización de migrantes impulsadas por Trump.
El medio “La Opinión” de Los Ángeles calificó como “insólito” que un funcionario mexicano celebre públicamente las políticas que han separado familias y reforzado el discurso antiinmigrante en EE. UU.
En su participación, Gim Nogales también elogió la estrategia estadounidense de deportaciones a zonas más alejadas de la frontera, argumentando que “rompió el círculo vicioso” de reingresos. Las declaraciones del alcalde no solo sorprendieron por su contenido, sino por difundirse en una plataforma como Fox News, conocida por su línea editorial abiertamente antiinmigrante.
— Juan Francisco Gim Nogales (@JGimNogales) May 29, 2025
Tras la polémica, Gim Nogales intentó matizar sus palabras en redes sociales, asegurando que sus declaraciones fueron “malinterpretadas” y que en Nogales “siempre estaremos del lado de nuestros hermanos migrantes”. En su mensaje, citó a la presidenta Claudia Sheinbaum y al gobernador de Sonora, Alfonso Durazo, en un intento de alinear su postura con la visión humanista del movimiento de la Cuarta Transformación.
Sin embargo, su aclaración no ha calmado la indignación, y hasta el momento no ha ofrecido una disculpa ni ha dado una entrevista en medios nacionales.
Desde que Donald Trump asumió su segundo mandato como presidente de Estados Unidos en enero de 2025, el número de mexicanos deportados ha disminuido en comparación con el mismo periodo bajo la administración de Joe Biden. Según datos del gobierno mexicano,en lo que va del año han sido repatriadas 56,300 personas, frente a las casi 82,000 del año anterior, lo que representa una baja de alrededor del 30%.
El subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración, Arturo Medina,informó esta semana que más de 12,000 personas fueron recibidas vía aérea en aeropuertos como el AIFA, Villahermosa y Tapachula, mientras que más de 24,000 cruzaron por la frontera norte, donde se ubican diez centros de atención para personas repatriadas.
Estos espacios, creados como parte del programa México Te Abraza, implementado por el gobierno de la Presidenta Claudia Sheinbaum, ofrecieron apoyo inmediato a las personas deportadas: atención médica y psicológica, hospedaje temporal, alimentos, una tarjeta de apoyo económico, conectividad y ayuda en trámites educativos y de salud.
La reducción en las cifras contrasta con la retórica de Trump, quien ha prometido ejecutar la “mayor deportación de la historia”. Sin embargo, los centros habilitados para recibir hasta 25,000 personas simultáneamente han estado prácticamente vacíos. Incluso se anunció el traslado de algunos, como los de Nuevo Laredo y Nuevo León, hacia puntos de mayor afluencia como Tapachula y Villahermosa.
Aunque las autoridades estadounidenses han endurecido su discurso y aumentado la presión migratoria, el número de deportaciones no ha superado las de años anteriores. Incluso Trump ha reconocido que su política migratoria podría estar afectando sectores clave como el agrícola y hotelero, que dependen de trabajadores migrantes.
Los datos muestran que, si bien el discurso se mantiene firme, en la práctica las deportaciones han disminuido. La política migratoria sigue siendo tema central en EE.UU., pero también lo es la necesidad de mano de obra que sostiene buena parte de su economía.
El gobernador de California, Gavin Newsom, criticó al presidente Donald Trump por “incendiar” la situación en Los Ángeles tras el envío de miles de militares a la ciudad. Newsom afirmó que esta acción provocó nuevas protestas y actos vandálicos, lo que llevó a las autoridades a imponer un toque de queda nocturno.
📹 #Vídeo | Los conflictos por las políticas represivas de Trump (@POTUS) continúan. El gobernador de #California, Gavin Newsom (@GavinNewsom), aseguró que la mayoría de los migrantes protestaban pacíficamente, mientras que Trump insita a la violencia y tendrá que rendir cuentas. pic.twitter.com/7KYeW9R7rT
En una intervención televisada, Newsom destacó que la mayoría de los manifestantes protestaban pacíficamente y que la situación se había calmado, concentrándose en pocas cuadras del centro. Sin embargo, Trump, según el gobernador, optó por “la escalada” de la violencia.
“Donald Trump requisó a dos mil miembros de la Guardia Nacional de nuestro estado para desplegarlos en nuestras calles sin consultar a los líderes de las fuerzas del orden de California. Esto fue ilegal y sin motivo alguno”, explicó Newsom.
El gobernador californiano esta acción como un “descarado abuso de poder” que puso en riesgo a la comunidad y a los oficiales. Además, afirmó que la administración Trump se centra en deportaciones masivas, apuntando “indiscriminadamente” a familias inmigrantes trabajadoras.
Newsom advirtió que las protestas contra las redadas de migrantes se estaban calmando, pero Trump eligió más fuerza y teatralidad en lugar de priorizar la seguridad pública. “Trump está traumatizando a nuestras comunidades”, agregó.
El gobernador también alertó sobre el ataque a la democracia, señalando que los regímenes autoritarios comienzan atacando a grupos vulnerables. “Trump y sus leales prosperan en la división, lo que les permite ejercer más control”, afirmó, aludiendo a los disturbios del 6 de enero de 2021 en el Capitolio.
Newsom concluyó señalando que “el imperio de la ley ha ido dejando paso al imperio de Don”, advirtiendo sobre la falta de controles y equilibrios en el gobierno actual.
La Secretaría de Gobernación aclaró que ninguna autoridad de Estados Unidos ha solicitado autorización para sobrevolar el espacio aéreo mexicano, desmintiendo así una versión publicada por la agencia Associated Press (AP).
A través de un comunicado, la dependencia federal aseguró que “ninguna autoridad de los Estados Unidos ha solicitado autorización para un sobrevuelo en territorio nacional, como establecen los protocolos en la materia”, por lo que la afirmación de que México impidió el tránsito a un avión de la Fuerza Aérea de Estados Unidos es falsa.
Asimismo, la Segob enfatizó que existe comunicación permanente con las autoridades estadounidenses, y hasta el momento, la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa) no ha recibido ningún requerimiento al respecto.
El erróneo reporte de AP señalaba que una aeronave militar estadounidense, con al menos 80 migrantes guatemaltecos esposados de manos y pies, tuvo que modificar su ruta al no poder ingresar al espacio aéreo mexicano, lo que supuestamente duplicó su tiempo de vuelo a Guatemala. La información citaba a Orlando Marrero, portavoz de la Patrulla Fronteriza, y a Henry Cuellar, representante por Texas, quien afirmó que “hay algunos países que no les gusta que aviones militares entren en su territorio”.
El vuelo en cuestión forma parte de la política de deportaciones del presidente de EE.UU., Donald Trump, quien ha utilizado aeronaves militares para expulsar a migrantes hacia Guatemala, Ecuador y Colombia.
Por su parte, la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo informó el pasado 27 de enero que en la primera semana del nuevo gobierno estadounidense, México recibió cuatro aeronaves con más de 4 mil deportados.
“Del 20 al 26 de enero se han recibido 4 mil 94 personas, la gran mayoría de ellas mexicanos y mexicanas”, precisó la mandataria en la mañanera del pueblo.
Este caso pone en evidencia no solo a la prensa conservadora y su nula capacidad o intención de verificar información, sino también la falta de claridad de la estrategia de deportaciones que la administración ha comenzado y que han generado duras críticas internacionales debido a las constantes violaciones a los Derechos Humanos.
