La Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno advirtió que dependencias y empresas podrían enfrentar sanciones administrativas y penales por vulnerar información personal de las y los usuarios.
La Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno (SABG) hizo una advertencia directa a dependencias federales y empresas privadas que manejan datos personales, al alertar sobre los riesgos de utilizar sistemas de gestión de contenidos de licencia libre, los cuales no garantizan una protección total de la información.
La dependencia, encabezada por Raquel Buenrostro, subrayó que el uso indebido o negligente de datos personales puede derivar en sanciones administrativas e incluso penales, al tratarse de información que impacta directamente en la esfera privada de las personas. El llamado se emitió tras la polémica surgida en redes sociales por una supuesta exposición de datos durante la vinculación de líneas de Telcel, situación que la empresa aseguró tener bajo resguardo.
La SABG informó que ha iniciado más de 20 investigaciones por presuntas vulneraciones de datos personales, en las que detectó que diversas soluciones basadas en plataformas abiertas con complementos y plantillas genéricas presentan fallas fácilmente explotables, lo que representa un riesgo significativo para los usuarios. Estas herramientas, señaló, no permiten un control integral sobre su desarrollo ni su seguridad.
En este contexto, la Secretaría enfatizó que por primera vez la autoridad garante en protección de datos personales emprende acciones de esta magnitud, por lo que exhortó a los responsables del tratamiento de datos a solicitar acompañamiento institucional para cumplir la normativa y evitar sanciones.
Asimismo, la SABG reconoció la urgencia de actualizar el marco legal en materia de protección de datos, ya que las leyes federal y general no han sido modificadas sustancialmente en más de 15 años. También reveló irregularidades heredadas del extinto INAI, como procedimientos reportados indebidamente como concluidos y multas no ejecutadas, lo que generó esquemas de impunidad que ahora serán revisados y sancionados conforme a la ley.
