En menos de un año, el gobierno de la Presidenta Claudia Sheinbaum ha reorganizado el aparato de seguridad nacional, recuperando la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) como eje central en la estrategia contra la delincuencia organizada, con un enfoque renovado en inteligencia y coordinación.
La SSPC, liderada por Omar García Harfuch, cuenta ahora con nuevas facultades para la investigación, prevención y recopilación de inteligencia, además de un equipo clave que incluye a Omar Reyes Colmenares en la Unidad de Inteligencia Financiera y Francisco Almazán Barocio al frente del Centro Nacional de Inteligencia.
Gracias a estas reformas y nombramientos, México ha registrado una reducción del 25% en homicidios dolosos hasta junio, junto con aseguramientos históricos de drogas y destrucción de laboratorios clandestinos, reflejando un avance significativo en seguridad pública, de acuerdo con un análisis de Milenio.
Las reformas constitucionales y leyes recientes fortalecen a la SSPC con mayores facultades legales y la coordinación del Sistema Nacional de Inteligencia, integrando 13 dependencias en un Consejo Nacional presidido por la titular del Ejecutivo.
Además, se ha adscrito la Guardia Nacional a la Defensa Nacional y se trabaja en la creación de una policía civil especializada, consolidando un esquema de seguridad coordinado, eficiente y preparado para enfrentar el crimen organizado en México.
La Suprema Corte de Justicia de la Nación se prepara para su última sesión bajo la presidencia de Norma Piña, donde el próximo 12 de agosto se debatirá un tema clave: la posible eliminación o limitación de la prisión preventiva oficiosa, una figura que ha sido fuertemente cuestionada por organismos nacionales e internacionales.
De acuerdo con una investigación de La Silla Rota, los proyectos 20 y 21, de los ministros Jorge Mario Pardo Rebolledo y Ana Margarita Ríos Farjat, proponen declarar inconstitucional la ampliación de delitos con prisión automática aprobada en 2021. El argumento central es que contraviene los derechos humanos y normaliza una medida extrema, afectando la presunción de inocencia.
Además, uno de los proyectos responde directamente a la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en el caso “García Rodríguez y otro vs. México”, que considera esta figura contraria a estándares internacionales. La propuesta implica que el Poder Judicial de la Federación debe acatar dicho fallo.
Actualmente, el artículo 19 constitucional establece la prisión preventiva oficiosa para delitos graves como delincuencia organizada, feminicidio, robo violento y corrupción, entre otros. Tras la reforma de 2021, se ampliaron a 45 delitos, decisión hoy en tela de juicio por su impacto en la justicia penal.
La discusión se dará en un contexto de cierre institucional: el 31 de agosto concluye el periodo de la actual Corte. La nueva integración será presidida por Hugo Aguilar, e incluirá a figuras como María Estela Ríos, Irving Espinosa y Sara Irene Herrerías, junto con las ministras Lenia Batres, Yasmín Esquivel y Loretta Ortiz, quienes permanecen.
Jacinto “N”, alias “El Monster”, fue detenido el 26 de julio en Ciudad Juárez, acusado de participar en la masacre de nueve integrantes de las familias LeBarón, Langford y Miller, ocurrida en noviembre de 2019 en Chihuahua. Lo grave: al momento de su detención era policía activo de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal.
El hoy acusado ha sido señalado por testigos como uno de los sicarios que ejecutaron y quemaron a tres mujeres y seis niños, entre ellos dos bebés. Pese a su historial, logró ingresar tres veces a corporaciones policiacas y pasar exámenes de confianza, incluyendo su reciente recontratación el 17 de junio de 2024.
De acuerdo con una investigación de El País, entre 2018 y 2019 fue policía en Ascensión, cerca del sitio del crimen. Después desapareció del servicio público por tres años, volvió como agente en Juárez en 2022, luego trabajó brevemente en una maquiladora, y en 2024 fue reincorporado. En su declaración patrimonial pasó de ganar 200 mil a más de 700 mil pesos al año, sin justificación clara.
Está vinculado a proceso por homicidio, feminicidio, crimen organizado y es investigado por terrorismo. Las autoridades aseguran que no tenía un rol operativo y solo cuidaba un edificio. Sin embargo, la familia LeBarón exige renuncias y acusa complicidad institucional: “Son sicarios con placa”, advirtió Adrián LeBarón.
El caso recuerda al de Fidel Alejandro Villegas, exjefe policiaco de Janos, sentenciado en 2019 por vínculos con el crimen organizado. La infiltración criminal en corporaciones policiacas vuelve a quedar al descubierto, mientras crece la exigencia de depurar las instituciones de seguridad.
En lo que va de 2025, la Ciudad de México ha registrado un aumento del 95.45% en las detenciones de personas extranjeras, en comparación con el total de 2024, según datos oficiales obtenidos por Milenio a través de una solicitud de transparencia.
Hasta el 13 de julio, las autoridades capitalinas habían capturado a 86 extranjeros puestos a disposición del Ministerio Público, apenas uno menos que durante todo el año anterior. El delito más frecuente es el robo a transeúnte con violencia, con 54 casos, lo que representa el 62.79% del total.
Otros delitos registrados incluyen robo a negocio con violencia (12 detenciones), robo a pasajero en Metro sin violencia (6), lesiones por arma de fuego (5), robo a transeúnte sin violencia y robo de vehículo con violencia.
La mayoría de los detenidos son originarios de Venezuela (65 personas), seguidos por ciudadanos de Colombia (8), Afganistán (4), Honduras (3), Cuba (2), así como un caso por nacionalidad de Andorra, Nicaragua, Ecuador y El Salvador. Además, las cifras superan también a las de los mismos periodos de 2022 y 2023, que registraron 56 y 48 detenciones, respectivamente.
La tendencia revela un incremento sostenido en delitos cometidos por personas extranjeras en la capital del país, con un perfil predominante de robo con violencia en vía pública.
Culiacán se convirtió en la ciudad con mayor percepción de inseguridad del país, con un alarmante 90.8% de su población que afirma sentirse en riesgo. La capital de Sinaloa enfrenta una guerra interna entre facciones del Cártel de Sinaloa que ha sembrado el miedo en sus calles, de acuerdo con un análisis de El País.
A nivel nacional, de acuerdo con la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana (ENSU) del segundo trimestre de 2025, realizada por el INEGI, el 63.2% de las personas mayores de 18 años se sienten inseguras en México, un aumento del 1.3% respecto a marzo de este año. La inseguridad se siente más fuerte entre las mujeres, con un 68.5% que afirma vivir con miedo, frente al 56.7% de los hombres. En un año, la percepción general de inseguridad aumentó 3.8 puntos porcentuales.
Además de Culiacán, otras ciudades que encabezan la lista de mayor percepción de inseguridad son Ecatepec, Estado de México (90.7%); Uruapan, Michoacán (89.5%); y Tapachula, Chiapas (88.1%). En 31 de las 40 zonas urbanas analizadas por el Inegi, la sensación de inseguridad aumentó, principalmente en espacios públicos como cajeros automáticos (72.2%), transporte público (65%) y calles y avenidas (63.7%), donde el miedo creció casi 10% en tres meses.
De acuerdo con la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana #ENSU, en junio 2025, 63.2% de la población de 18 años y más, residente en 91 áreas urbanas de interés, consideró que era inseguro vivir en su ciudad:
Además, en el 30.8% de los hogares algún integrante fue víctima de robo, extorsión o fraude. La extorsión, que afecta al 12.6% de la población, sigue siendo uno de los delitos más difíciles de contener. El gobierno federal, encabezado por la Presidenta Claudia Sheinbaum, ya lo ha identificado como uno de los principales retos de su administración, e impulsa una ley general para frenarlo.
En cuanto a la confianza en autoridades locales, solo el 30% de los ciudadanos considera que su gobierno municipal es efectivo. Las ciudades mejor y peor evaluadas son Piedras Negras, Coahuila (68.8% de aprobación) y Coatzacoalcos, Veracruz (solo 8.3%).
Finalmente, el 32.5% de los mexicanos cree que la inseguridad seguirá igual de mal y el 25.4% piensa que empeorará.
En México, más de 85 mil personas privadas de la libertad aún no han recibido sentencia, lo que representa el 36.3 % de la población penitenciaria, según datos de los Censos Nacionales de Sistemas Penitenciarios 2025 del INEGI
Una investigación de Clara Zepeda para La Jornada, resalta que del total, 38% está en prisión preventiva justificada (impuesta por un juez) y 47% en preventiva oficiosa (automática por ciertos delitos). El resto no tiene identificado su estatus jurídico o se encuentra en otros supuestos.
En cuanto a género, el 56.4% de las mujeres sin sentencia están bajo prisión preventiva oficiosa, mientras que en hombres es el 46.2%. En Estado de México y Michoacán, el 100% de los reclusos sin sentencia enfrentan prisión preventiva oficiosa.
En 2024, a nivel nacional, en promedio había 102.9 personas privadas de la libertad por cada cien espacios disponibles.
▪️Las entidades con la mayor tasa de ocupación fueron el estado de México y Nayarit, ambas con 238.8 personas por cada cien espacios. ▪️Colima y Campeche… pic.twitter.com/D52jA5F3vi
El tiempo de espera para una sentencia supera los dos años para el 25.6% de las mujeres y el 22.3% de los hombres.
Además, la población carcelaria ha aumentado 20% en los últimos seis años, pasando de 196 mil 322 en 2018 a 236 mil 773 en 2024, lo que supera la capacidad nacional estimada en 230 mil lugares.
Las entidades con mayor población penitenciaria son Estado de México (35,771 personas) y Ciudad de México (25,584). Las tasas más altas por cada 100 mil habitantes se reportan en Sonora y Baja California.
Entre los delitos más comunes: en mujeres destaca el delito federal contra la salud, y en hombres, los relacionados con armas y explosivos. El robo es el ilícito más frecuente entre ambos géneros.
El exgobernador de Michoacán, Silvano Aureoles Conejo, deberá presentarse para comparecer frente a la jueza federal, Patricia Sánchez Nava, misma que libró una orden de aprehensión en su contra.
Al exgobernador se le acusa por los delitos de peculado, operaciones con recursos de procedencia ilícita, asociación delictuosa y administración fraudulenta, lo que se relaciona con la pérdida de 3 mil 412 millones de pesos por la compra a sobreprecio, de cuarteles para la Guardia Civil.
Aureoles deberá comparecer el próximo 20 de agosto a las 10 de la mañana, cosa que se notificó a Jovita Vargas Alarcón, titular del Juzgado Noveno de Distrito en materia Penal, quien le habría concedido una suspensión al exgobernador para que no lo detuvieran.
Debido a que no se había presentado a comparecer frente a la jueza Patricia Sánchez Nava, la Fiscalía General de la República, solicitó que se revocara la suspensión dada por Vargas Alarcón, a lo que esta se negó y por lo que estableció la fecha de audiencia para el mes de agosto.
Cabe mencionar que Aureoles Conejo pagó la garantía de 52 mil pesos que le fue impuesta, por lo que la medida cautelar se mantendrá vigente.
Es importante destacar que cuatro de los ex colaboradores de Aureoles, fueron vinculados a proceso por presuntamente ocasionar daño patrimonial al gobierno federal y estatal.
La titular del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), Marcela Figueroa Franco, informó que, al 24 de marzo de 2025, el promedio diario anual de víctimas de homicidio doloso en el país disminuyó 27% en comparación con el registrado en enero de 2018, una cifra que refleja el impacto sostenido de las políticas públicas en materia de seguridad implementadas desde el inicio del actual gobierno federal.
Asimismo, Figueroa detalló que el promedio diario mensual de víctimas de homicidio doloso se redujo 22.4% respecto a enero de 2024. Durante su intervención, la funcionaria precisó que seis entidades concentran el 49.2% de los homicidios dolosos ocurridos en México entre el 1 y el 24 de marzo:
Guanajuato: 11.2%
Estado de México: 7.8%
Chihuahua: 6.7%
Baja California: 6.1%
Sinaloa: 5.9%
Sonora: 5.6%
En el mismo evento, la titular de la Secretaría de Gobernación (SEGOB), Rosa Icela Rodríguez Velázquez, presentó los avances de las Jornadas de Paz y otras acciones estratégicas implementadas por el Gobierno de México para fomentar la pacificación del país.
Entre los principales logros, destacó la instalación de 32 Mesas de Paz Estatales y 266 Mesas Regionales, así como la realización de 1,199 jornadas con una atención total de 340,633 personas.
Como parte de la campaña “Aléjate de las drogas. El fentanilo te mata”, se impartieron 59 pláticas y talleres, además de organizarse 110 actividades deportivas enfocadas en la prevención y el fortalecimiento del tejido social.
También se destacó la realización de la Clase Nacional de Boxeo 2025, con 135 entrenamientos llevados a cabo hasta la fecha, y las acciones de las Brigadas del Gobierno de México, que han brindado 527,393 atenciones en el marco de 87,171 visitas casa por casa realizadas por personas servidoras públicas de los tres órdenes de gobierno.
En cuanto al programa Jóvenes Construyendo el Futuro, se reportó la inscripción de 4,062 jóvenes en los estados de Guanajuato, Guerrero y Chihuahua, fortaleciendo así las oportunidades de desarrollo y alejamiento de contextos de violencia para miles de personas.
En el estado de Chiapas, se entregaron sillas de ruedas, andaderas y muletas, se instalaron antenas de internet y se inauguró una nueva sucursal del Banco del Bienestar, reforzando la política social del actual sexenio.
Por otro lado, los resultados del programa #SíAlDesarmeSíALaPaz reflejan un avance importante en el retiro de armas de las calles, con la recolección de:
782 armas cortas
268 armas largas
48,069 cartuchos
1,102 cargadores
84 granadas
245 estopines
2 cartuchos de dinamita
Finalmente, se anunció que durante abril se instalarán módulos de canje de armas en Celaya, Guanajuato y Villahermosa, Tabasco, como parte de los esfuerzos continuos del gobierno por construir una cultura de paz con la participación activa de la ciudadanía.
La Fiscalía General de la República Bolivariana de Venezuela solicitó a un juzgado que emita una orden aprehensión en contra del ex candidato presidencial de la derecha, Edmundo González, con relación a sus acciones golpistas y por su autoproclamación como presidente del país Sudamericano.
Esta solicitud fue presentada ante un juez especializado en casos vinculados a delitos asociados al “terrorismo”, en un documento con fecha de 2 de septiembre, el Ministerio Público venezolano, pidó el otorgamiento de una orden de arresto por los delitos de usurpación de funciones, forjamiento de documento público, instigación a la desobediencia de leyes, conspiración, asociación y sabotaje a daños de sistemas.
Además, dicha solicitud se da en el marco de que Edmundo González se ha negado a presentarse en tres ocasiones ante la autoridades judiciales venezolanas, en una acción de desconocimiento a los delitos que le imputan, señaló la agencia EFE.
Cabe mencionar que, el pasado 5 de agosto, González Urrutia se autoproclamó presidente de Venezuela, en un abierto rechazo a los determinado por el Consejo Nacional Electoral (CNE) que declaró a Nicolás Maduro como presidente legítimo, respaldado por el 51.95 por ciento de los votos, tras la elección del 28 de junio.
El dirigente nacional de PRI, Alejandro Moreno Cárdenas, se solidarizó y expresó su respaldo a Miguel Ángel Yunes Márquez, ante lo que llamó el priista “una persecución política” en contra del panista.
A través de su cuenta de X, antes Twitter, Alito Moreno, señaló que el Gobierno está recurriendo a “la fabricación de delitos a los políticos opositores”, con el objetivo de intimidar con “investigaciones sin sustento” a las “voces” que piensan diferente al gobierno.
Mi solidaridad y respaldo total a mi amigo @MYunesMarquez, ante la evidente persecución política de la cual está siendo víctima.
Una vez más, el gobierno recurre a la fabricación de delitos a los políticos opositores, con investigaciones sin sustento para intentar intimidar a…
Aunque al dirigente nacional del PRI se le olvidó que Yunes Márquez es acusado por los delitos de uso de documento falso, falsedad ante la autoridad y fraude procesal. Además de que el hijo del ex gobernador de Veracruz, Miguel Ángel Yunes Linares, huyó a Estado Unidos previó a la celebración de su audiencia inicial.
En una carta enviada al juez Oscar Luis Lozada Hernández, el panista solicitó participar vía remota en la audiencia, misma que se celebró este jueves 11 de julio y en la que participó por videoconferencia Yunes Márquez, en donde acusó que es un perseguido político con el objetivo de evitar que rinda protesta con Senador de la República.
Cabe señalar que, Miguel Ángel Yunes Márquez no ha acudido presencialmente a las audiencias, bajo la presentación de recetas médicas, en las que se indica que el político sufrió una lesión en las cervicales, razón por la cual no se presentó a las tres anteriores audiencias y por lo que se encuentra en un hospital de Florida, Estados Unidos.
