La defensa acusa uso de testigos falsos, ocultamiento de pruebas clave y una sentencia desproporcionada impuesta en Nueva York.
La defensa de Genaro García Luna presentó una apelación formal contra el juicio y la sentencia de 38 años de prisión dictada en Estados Unidos, al sostener que el proceso estuvo marcado por graves irregularidades que vulneraron el derecho al debido proceso. El recurso fue ingresado el 18 de diciembre, fecha límite otorgada por la Corte de Apelaciones.
En un documento de 78 páginas, acompañado de 22 apéndices con más de 4 mil 600 fojas, los abogados César de Castro y Valerie Gotlib argumentan que el juicio quedó “irremediablemente contaminado”, por lo que solicitan su anulación o reposición.
Uno de los ejes centrales es el uso de testimonios presuntamente falsos. La defensa afirma que dos testigos clave incurrieron en perjurio, entre ellos Francisco Cañedo Zavaleta, quien relató un supuesto secuestro de García Luna por el grupo de los Beltrán Leyva. Los abogados aseguran que existe evidencia documental que demuestra que ese día el exfuncionario se encontraba en un hospital privado, lo que desacreditaría el relato.
También cuestionan el testimonio de Héctor Villarreal, exsecretario de Finanzas de Coahuila, al señalar inconsistencias cronológicas y afirmaciones imposibles, como la exhibición de tecnología que aún no había sido adquirida por el Estado mexicano.
Otro punto clave es el ocultamiento de evidencia exculpatoria. La defensa sostiene que la fiscalía no transparentó documentos que acrediten revisiones de antecedentes, contactos con agencias estadounidenses y pruebas de confianza que no generaron alertas sobre García Luna.
Además, acusan que el juez Brian Cogan limitó indebidamente el contrainterrogatorio de testigos cooperantes, vulnerando el derecho a confrontación, y permitió un “mini juicio patrimonial” con imágenes de bienes sin vínculo probado con los delitos imputados, lo que habría influido de forma prejuiciosa en el jurado.
Finalmente, la apelación impugna la sentencia y la multa de dos millones de dólares, al considerarlas desproporcionadas frente a otros casos similares y basadas en hechos no probados. La Corte deberá resolver tras la respuesta de la fiscalía y una última réplica de la defensa.
Con información de Milenio.
