Etiqueta: Criminalización del aborto

  • Usuarios de redes sociales tunden a América Rangel por criminalizar a la menor de 14 años que está siendo procesada tras sufrir un aborto espontáneo

    Usuarios de redes sociales tunden a América Rangel por criminalizar a la menor de 14 años que está siendo procesada tras sufrir un aborto espontáneo

    El gobernador de Querétaro, Mauricio Kuri, publicó en su cuenta de X un mensaje sobre el caso de una menor de 14 años que, tras un embarazo derivado de abuso sexual, sufrió un aborto espontáneo y enfrenta una investigación por parte de la Fiscalía de Querétaro. En su publicación, Kuri calificó la situación como un “drama social” que demanda mayores esfuerzos institucionales en defensa de los derechos de niñas y adolescentes. El gobernador también subrayó que el caso debe abordarse con “sensibilidad social” y “perspectiva de género,” instando a la fiscalía a actuar con apego a la ley y priorizar el interés superior de la niñez.

    Además, Kuri aprovechó la oportunidad para anunciar que se protegerá el interés superior de la menor y que se procederá atendeindo y escuchado su declaración. “Mi gobierno estará siempre comprometido en proteger y ampliar los derechos de niñas, niños y adolescentes. A ella debemos escucharla y creerle,” escribió.

    Sin embargo, el mensaje de Kuri provocó una respuesta controversial de la diputada panista América Rangel, quien usó la plataforma para instar al gobernador a “no doblarse ante la turba” y a castigar el caso de la menor “con todo el peso de la ley” si se considera un homicidio. La postura de Rangel, percibida como una criminalización hacia la menor, fue ampliamente criticada en redes sociales, donde usuarios la señalaron por su falta de empatía y sensibilidad.

    Reacciones en redes sociales: condena a la postura de Rangel

    Usuarios en X reaccionaron rápidamente a las palabras de Rangel, criticando su falta de empatía y recordando que la menor es una víctima de abuso. “Castigar a una menor ignorante, violada, deprimida humillada, y dejar libre al que la violo, y además recompensarlo por violarla y embarazada, es un dispatate” escribió un usuario, mientras que otro añadió: “Espero que una de sus hijas nunca tenga que pasar por una situación de violación y después pase de víctima a victimaria.”

    Otros comentarios fueron igualmente severos, subrayando la poca comprensión de Rangel hacia las causas y contextos del abuso y cuestionando su falta de sororidad y empatía hacia las víctimas. “Guardemos este comentario para recordarlo si algún día aspiras a un puesto político más grande,” expresó una usuaria, apuntando al posible costo político de la postura de la diputada.

    Con estas reacciones, el debate en redes sobre la situación de la menor pone en evidencia el rechazo social hacia la criminalización de víctimas de abuso sexual y la urgencia de que las autoridades aborden estos casos con perspectiva de género y sensibilidad.

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  • Fiscalía de Querétaro pide prisión y multa de medio millón de pesos para menor víctima de violación tras aborto espontáneo

    Fiscalía de Querétaro pide prisión y multa de medio millón de pesos para menor víctima de violación tras aborto espontáneo

    En un polémico caso que ha suscitado indignación entre activistas y defensores de derechos humanos, el fiscal de Querétaro, Víctor Antonio de Jesús Hernández, solicitó una pena de tres años de prisión y una multa de más de 500 mil pesos para una menor de 14 años que sufrió un aborto espontáneo tras quedar embarazada producto de una violación. Según el representante de la Fiscalía General del Estado (FGE), se busca que la menor enfrente un proceso en el Centro de Reinserción Social para Adolescentes.

    El incidente ocurrió en el municipio de Huimilpan, cuando la adolescente, sin saber de su embarazo, experimentó una hemorragia que derivó en el aborto espontáneo. Durante su traslado a un hospital, los cuerpos de emergencia dieron aviso a las autoridades, lo que desató la actual investigación en su contra. Según Mayra Dávila, presidenta de la asociación Adax Digitales, la menor ha estado bajo arraigo domiciliario mientras se mantiene abierta una carpeta de investigación por presunto homicidio en contra de un feto de 36 semanas.

    Defensa Denuncia Criminalización y Revictimización

    La defensa de la menor, respaldada por Adax Digitales, ha expresado su inconformidad ante lo que consideran una persecución que ignora las circunstancias del caso. “Solicitamos que se desestimaran pruebas revictimizantes y sin relación con el caso, pero se nos negó”, indicó Dávila, agregando que el proceso ha sido especialmente revictimizante para la joven, quien fue víctima de una agresión sexual.

    Aunque el fiscal de Querétaro asegura que no se han judicializado casos por aborto en la entidad, desde la asociación se advierte que se continúan abriendo investigaciones por este tipo de casos, a pesar de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ya ha declarado inconstitucional la criminalización del aborto. Dávila apuntó que esta situación refleja una clara intención de criminalizar la interrupción del embarazo, incluso en situaciones donde no existe dolo ni voluntad, como lo ocurrido con la menor.

    Aborto en Querétaro: Una Política Restrictiva que Ignora el Fallo de la Suprema Corte

    Querétaro, gobernado por el Partido Acción Nacional (PAN), mantiene una de las políticas más restrictivas del país en cuanto a los derechos reproductivos de las mujeres, niñas y adolescentes, a pesar de la resolución de la SCJN que declara inconstitucional la penalización del aborto. Activistas han denunciado que estas políticas perpetúan un sistema de violencia estructural que vulnera los derechos de las víctimas y fomenta la violencia de género.

    La solicitud de una pena de cárcel y una sanción económica para la menor representa, según los defensores de derechos humanos, una “doble victimización”, pues obliga a la adolescente a enfrentar un proceso legal que, lejos de buscar justicia, refuerza prácticas punitivas contra quienes han sido víctimas de violencia sexual.

    Este caso ha suscitado fuertes críticas y llamados para que el gobierno de Querétaro revise sus políticas en temas de derechos reproductivos, priorizando la protección de las víctimas por encima de posturas punitivas que obstaculizan la justicia y la dignidad.

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