Activistas advierten que se criminaliza a la población mexicana en EE.UU. por el tráfico de fentanilo, a pesar de que el 81% de los acusados son estadounidenses.
De 400 mil reos por delitos de drogas, solo el 12% está encarcelado por fentanilo. Expertos señalan que el discurso contra migrantes ignora datos oficiales.
Francisco Zamarripa, abogado en migración, afirma que los datos muestran que el 80% de los condenados por narcotráfico son ciudadanos estadounidenses. Esto contradice la narrativa oficial.
Eunice Rendón, directora de Agenda Migrante, considera que la prioridad del gobierno estadounidense es cumplir metas numéricas, no detener criminales.
Los migrantes trabajan y contribuyen a la economía, pero su estatus los hace vulnerables. La criminalización de los migrantes no resuelve el problema del narcotráfico.
Mientras el gobierno de Donald Trump presiona a condados para retener a migrantes en cárceles locales, una red de apoyo comunitario en Binghamton, Nueva York, se organiza para resistir la política migratoria federal. Vecinos, iglesias y activistas han creado un “nuevo ferrocarril subterráneo” que brinda alimentos, transporte y protección a personas sin documentos, incluso organizando bodas clandestinas y cuidando a sus hijos.
De acuerdo con La Jornada, pese a que el alguacil del condado Broome firmó un acuerdo con ICE, la comunidad responde con protestas, talleres de “conoce tus derechos” y campañas contra la colaboración con autoridades migratorias. Grupos como Ciudadanos Preocupados de Binghamton y la Red de Justicia en las Cárceles impulsan leyes para prohibir que las cárceles locales sirvan de centros de detención migratoria.
Activistas locales han logrado reducir la presencia de inmigrantes detenidos en la zona, al pasar de cerca de 100 a menos de 10 personas en prisión. “ICE llega al condado Broome y el pueblo dice ‘no’”, sostienen los organizadores. En un estado donde solo 4 de los 62 condados colaboran con ICE, la resistencia crece con apoyo de iglesias, mezquitas, sindicatos y prisioneros, formando un movimiento social que desafía la criminalización de la migración y exige respeto a los derechos humanos.
Una historia más de manipulación mediática. Y es que el gobierno de Trump podría haber orquestado toda una “sesión fotográfica” para dar vida a la ahora icónica imagen de un supuesto migrante mexicano sobre una patrulla vandalizada, con la que ahora criminalizan (algunos) a los paisanos migrantes en EE.UU.
Una fotografíadifundida en redes sociales por Elon Musk y el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) fue la que encendió la polémica. La imagen muestra a un supuesto migrante mexicano portando una bandera tricolor, una máscara de calavera y parches de la banda punk Misfits, sobre un vehículo donde se lee “Evola 3”. Sin embargo, la simbología detrás de la escena sugiere algo mucho más oscuro que una protesta con violencia.
El periodista Manuel Pedrero analizó el caso en un video reciente, señalando que dicha fotografía ha sido creada y utilizada para generar una narrativa alarmistacontra los migrantes, en especial los mexicanos. El nombre “Evola” hace referencia a Julius Evola, filósofo fascista cercano a Benito Mussolini, cuyas ideas supremacistas han sido retomadas por el movimiento MAGA (Make America Great Again), impulsado por Donald Trump. Figuras como Steve Bannon, asesor de Trump, citan con frecuencia a Evola como referente ideológico.
Lejos de representar una amenaza migrante, Pedrero asegura que los grupos responsables de la violencia en las recientes protestas de Los Ángeles pertenecen a células radicales afines al trumpismo, que buscan provocar el caos para justificar políticas represivas.
La estrategia, advierte, no es nueva: se trata de usar símbolos, desinformación y figuras visuales impactantes para sembrar miedo y justificar medidas extremas. Al criminalizar a los migrantes mediante estas narrativas visuales, el trumpismo fortalece su discurso de odio y victimización nacionalista.
Los verdaderos provocadores no vienen del sur, sino de la ultraderecha que manipula la realidad.
En un contexto marcado por intentos reiterados de limitar la labor periodística en Quintana Roo, el debate sobre la modificación de artículos del Código Penal ha vuelto a encender las alarmas en la comunidad periodística y defensores de derechos humanos.
La propuesta de modificación de los artículos 194 Bis y 194 Ter del Código Penal de Quintana Roo plantea una serie de cambios que podrían criminalizar la actividad periodística, especialmente en lo relacionado con la difusión de información sobre servidores públicos. Bajo la premisa del derecho a la intimidad de los funcionarios, se busca penalizar la publicación de documentos, conversaciones, fotografías o videos sin su consentimiento, con penas que podrían llegar hasta los ocho años de prisión.
Esta iniciativa ha despertado una fuerte oposición por parte de organizaciones de derechos humanos y periodistas en Quintana Roo.Fabiola Cortés Miranda, Presidenta de la Asociación Civil ‘Somos tus Ojos’, ha señalado que estas modificaciones representan una grave amenaza para la libertad de expresión y el derecho a la información. En un intento por justificar la propuesta, la Diputada Mora Vallejo ha argumentado la necesidad de proteger la integridad familiar, personal y laboral de los servidores públicos. Sin embargo, esta justificación es cuestionada por su potencial impacto en la labor periodística y la transparencia gubernamental.
Los periodistas de Quintana Roo han levantado su voz en contra de estas reformas, advirtiendo que dificultarán aún más el ejercicio del periodismo en un estado marcado por la violencia criminal. Alertan sobre el riesgo de encarcelamiento para aquellos que divulguen información de interés público relacionada con funcionarios públicos y sus familias. Señalan que estas medidas podrían servir para proteger a malos funcionarios y obstaculizar la labor de denuncia de posibles actos de corrupción o abuso de poder.
Además, la aprobación de reformas para suprimir tratamientos mediáticos sexistas y humillantes de la violencia de género es un paso positivo, pero no debe opacar la grave amenaza que representan las modificaciones propuestas al Código Penal en cuanto a la libertad de expresión y el ejercicio del periodismo en el estado.
Este intento de criminalizar el periodismo no es un caso aislado en México. A lo largo de los años, hemos sido testigos de numerosos casos de periodistas que han sido perseguidos, criminalizados e incluso asesinados por ejercer su derecho a informar. La instrumentalización del marco legal para silenciar voces críticas y disidentes es una práctica recurrente que atenta contra los principios democráticos y los derechos humanos.
Casos emblemáticos como el de Lydia Cacho, Leonardo Garnier y Esther Beatriz May Vera son ejemplos claros de cómo el derecho penal se ha utilizado para intimidar y castigar a aquellos que revelan información de interés público. La historia de periodistas detenidos, amenazados y asesinados en México es un recordatorio contundente de los peligros que enfrentan aquellos que se atreven a desafiar el statu quo y denunciar la corrupción y la impunidad.
Periodistas de Quintana Roo Levantan su Voz contra la Criminalización del Periodismo
La comunidad periodística en el estado de Quintana Roo ha alzado su voz en rechazo a las reformas legislativas que amenazan con dificultar aún más el ejercicio del periodismo en la región. Conscientes de la situación de violencia criminal que prevalece en el estado, los periodistas advierten sobre las implicaciones negativas de estas reformas, las cuales podrían poner en riesgo la libertad de expresión y el derecho a la información.
La iniciativa de ley, presentada por la diputada plurinominal Iris Mora, busca penalizar la difusión de información que los funcionarios públicos consideren confidencial, lo cual podría llevar a la cárcel a los periodistas que publiquen contenido de interés público, como investigaciones sobre corrupción o conflictos de interés. Esta medida, según los comunicadores, constituye una verdadera “ley mordaza” que coarta la labor periodística y limita la rendición de cuentas.
Además, los periodistas recuerdan la existencia de una ley local de protección para personas defensoras de derechos humanos y periodistas, conocida como “Ley Borge”, la cual fue abrogada pese a la solicitud de más de 100 periodistas y defensores de derechos humanos. Esta ley, considerada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación como inconstitucional, no garantizaba la seguridad de los comunicadores, ya que estaba principalmente bajo el control de autoridades locales, quienes en ocasiones son responsables de agresiones contra periodistas.
A estas preocupaciones se suma la reciente modificación a la Ley General de Acceso de Mujeres a una Vida Libre de Violencia aprobada por la XVII Legislatura del Estado, que busca combatir los tratamientos mediáticos sexistas y humillantes de la violencia de género y el feminicidio. Si bien esta medida es un paso importante para visibilizar la violencia de género, los periodistas señalan que las ambigüedades en el marco legal estatal podrían permitir la criminalización del ejercicio periodístico.
En este contexto, diversas organizaciones no gubernamentales han manifestado su preocupación por la situación de los periodistas en Quintana Roo, instando a las autoridades a respetar y proteger la libertad de prensa como un derecho fundamental en una sociedad democrática.
#Alerta 1/3 El @CongresoQRoo pretende modificar su constitución para limitar la libertad de expresión y de prensa. Resulta que si alguien publica una foto y no le gusto al político en turno serías un criminal. ¡Imagínate! Hacemos un llamado urgente para detener esta aberración pic.twitter.com/5XVgBXsAcE
— Periodistas Desplazados México (@PDesplazadosMX) April 9, 2024
La Instrumentalización del Marco Legal: Un Atentado contra la Libertad de Prensa
La criminalización del ejercicio periodístico a través de la manipulación del marco legal es una realidad alarmante que amenaza los cimientos de la democracia en nuestro país. Casos emblemáticos como el de Lydia Cacho en Quintana Roo y Puebla han puesto de manifiesto cómo el derecho penal se ha utilizado como una herramienta para silenciar y castigar a aquellos que desvelan información de interés público.
Lydia Cacho, al exponer una red de trata de personas y pederastia, fue víctima de una falsa acusación de difamación, seguida de tortura por parte del entonces gobernador de Puebla, Mario Marín. De manera similar, Leonardo Garnier evidenció conflictos de intereses entre una constructora y el gobierno estatal de Hidalgo, dirigido por Francisco Olvera en aquel entonces. Más recientemente, Esther Beatriz May Vera fue vinculada a proceso por difamación en noviembre de 2021, como represalia a sus denuncias sobre agresiones e intimidaciones por parte de integrantes del Ayuntamiento de Motul.
Estos casos, junto con otros ejemplos de activistas y defensores del medio ambiente y el territorio, como el de David Hernández en Oaxaca y Kenia Hernández en el Estado de México, evidencian la persistencia de viejas y nuevas formas de persecución contra aquellos que revelan información de interés público.
La adopción de delitos como el “halconeo“, que criminaliza la búsqueda de información sobre seguridad pública, así como el uso abusivo de delitos electorales, como la violencia política en razón de género, para inhibir el escrutinio sobre mujeres políticas, son prácticas que minan la libertad de prensa y la rendición de cuentas.
A pesar de los esfuerzos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación por declarar inconstitucionales tales delitos, muchos casos no llegan a su revisión, lo que deja a periodistas y defensores de derechos humanos a merced de autoridades locales sometidas a lógicas políticas que convalidan la criminalización de la protesta y la defensa de derechos fundamentales.
La lucha contra la instrumentalización del marco legal para perseguir y silenciar voces críticas es una batalla que debe ser librada con determinación y unidad. La sociedad civil, las organizaciones de derechos humanos y los medios de comunicación tienen la responsabilidad de defender la libertad de prensa como un pilar fundamental de la democracia, y exigir a las autoridades el respeto irrestricto de la libertad de expresión y el derecho a la información.
En este contexto, es fundamental que las autoridades en Quintana Roo y en todo México respeten y protejan el derecho a la libertad de expresión y el trabajo de los periodistas. Las reformas propuestas al Código Penal de Quintana Roo representan un retroceso en materia de derechos humanos y deben ser rechazadas de manera contundente. La sociedad civil, las organizaciones de derechos humanos y los medios de comunicación tienen la responsabilidad de defender la libertad de prensa y el derecho a la información como pilares fundamentales de una sociedad democrática y transparente.
