Hernán N, exsecretario de Seguridad Pública de Tabasco, obtuvo una suspensión provisional para evitar ser detenido por autoridades mexicanas. El recurso de amparo fue solicitado el pasado 4 de abril, tres meses después de dejar el cargo, y fue concedido por un juez el 21 de abril, con una fianza de 16 mil pesos, de acuerdo con información de El Sol de México.
El exfuncionario alega posibles violaciones a sus derechos constitucionales. Además, el juez solicitó información a instancias judiciales en Tabasco para verificar si existe alguna orden de aprehensión en su contra. La próxima audiencia está fijada para el 20 de agosto.
Pese a esta suspensión, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana reportó que Hernán N salió del país el 26 de enero y ya se emitió una solicitud de búsqueda internacional ante Interpol.
El secretario de Seguridad federal, Omar García Harfuch, informó desde Culiacán que mayo y junio registraron un alza en hechos violentos en Sinaloa, luego de seis meses de baja en los delitos de alto impacto. En respuesta, se reforzó la estrategia de seguridad con mayor presencia militar, operativos y labores de inteligencia.
Durante una conferencia del Gabinete de Seguridad federal, realizada el 20 de julio en la Base Aérea Militar No. 10, Harfuch detalló que el repunte se concentró en zonas rurales donde se habían logrado detenciones relevantes. Pese a ello, julio muestra una tendencia a la baja, afirmó.
— Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (@SSPCMexico) July 20, 2025
El funcionario subrayó que el despliegue no solo fue táctico, sino también enfocado en la desarticulación de células criminales a través de investigación e inteligencia. Agregó que el trabajo conjunto entre Sedena, Marina, Guardia Nacional y policías locales es clave para mantener la estabilidad en el estado.
La visita del gabinete se dio tras la instrucción de la presidenta Claudia Sheinbaum de acudir quincenalmente al estado. En la reunión participaron altos mandos de la Sedena, Marina y autoridades estatales.
Iván y Ovidio Guzmán López, conocidos como Los Chapitos, lideraban una red que traficaba armas, explosivos y cartuchos desde Estados Unidos hacia México para fabricar armamento en talleres clandestinos, reveló la Fiscalía General de la República (FGR).
Las investigaciones de la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada (Femdo), citadas en una investigación de Gustavo Castillo para La Jornada, indican que desde 2018, esta célula operaba bajo el mando de Martín León Romero, quien colaboraba con ciudadanos estadounidenses que compraban armas en Tucson, Arizona, para luego ingresarlas ilegalmente por Nogales, Sonora.
León Romero fue detenido en diciembre de 2024 y vinculado a proceso en Hermosillo. La FGR emitió órdenes de aprehensión contra 13 personas, incluido el boxeador Julio César Chávez Carrasco, hijo del ex campeón mundial, presuntamente involucrado en el esquema.
El grupo reclutaba a más personas para comprar armas en línea usando tarjetas de crédito de terceros, recibiendo los envíos en domicilios de Estados Unidos antes de trasladarlos a México. Las armas y municiones eran revisadas, empacadas y enviadas principalmente a Culiacán, Sinaloa, para ser entregadas a integrantes del Cártel de Sinaloa.
Entre el armamento asegurado se encontraron granadas de 44 mm y lanzagranadas M203 de 40 mm. En 2019, en Estados Unidos se aseguraron 97 mil cartuchos y 19 armas, imputando a 14 personas por tráfico ilegal de armas.
La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo solicitó a Adán Augusto López, coordinador de Morena en el Senado, que dé su versión sobre Hernán Bermúdez Requena. Este ex jefe policiaco está prófugo y es buscado por la Interpol por sus supuestos vínculos con el crimen organizado.
Sheinbaum hizo la petición tras revelarse una orden de aprehensión contra Bermúdez, quien huyó de México en enero. En conferencia, la mandataria instó a López a informar sobre su relación con el ex funcionario y los nexos entre él y el grupo delictivo “La Barredora”.
La presidenta respondió a preguntas sobre el impacto político de estas acusaciones. Afirmó que la Fiscalía investiga y que el senador debería dar su versión. Recordó que durante el mandato de López como gobernador, los niveles de inseguridad en Tabasco disminuyeron significativamente.
Sheinbaum destacó la importancia de que López explique su experiencia como gobernador y su relación con Bermúdez. Además, reafirmó que no protegerán a nadie y que las investigaciones de la Fiscalía deben continuar. La presidenta confía en que el senador compartirá su perspectiva sobre este tema crucial.
El senador y exgobernador Adán Augusto López rompió su silencio en redes sociales, tras semanas de especulación, y aseguró que está “a la orden de cualquier autoridad” en relación con el caso de Hernán Bermúdez Requena, su exsecretario de Seguridad en Tabasco y presunto líder del grupo criminal “La Barredora”, vinculado al Cártel Jalisco Nueva Generación.
López destacó que, durante su gestión (2019–2021), los homicidios dolosos disminuyeron en la entidad y aclaró que no ha sido citado oficialmente, aunque está dispuesto a colaborar con las investigaciones.
Fui gobernador de Tabasco desde el 1 de enero de 2019, hasta el 26 de agosto de 2021, cuando el Presidente Andrés Manuel López Obrador me invitó a acompañarlo como Secretario de Gobernación.
Durante mi gobierno, enfrentamos grandes retos en materia de seguridad, y logramos… pic.twitter.com/xE0hRpneFb
— Adán Augusto López H (@adan_augusto) July 18, 2025
La Presidenta Claudia Sheinbaum coincidió en que el senador no está siendo investigado, pero reiteró que sería “pertinente que diera su versión” sobre su relación con Bermúdez Requena. La Fiscalía de Tabasco y el Gabinete de Seguridad federal han abierto indagatorias; Bermúdez cuenta con orden de aprehensión, ficha roja de Interpol y continúa prófugo, presuntamente fuera del país desde principios de 2025.
Mientras tanto, la oposición presiona para que Adán Augusto comparezca y señalan paralelismos con el caso de Genaro García Luna, exsecretario de Seguridad condenado en EE. UU.
El presidente Donald Trump firmó la ley Halt Fentanyl, que impone una pena mínima de 10 años de prisión por traficar más de 100 gramos de fentanilo o sus análogos.
La nueva norma clasifica de forma permanente las imitaciones ilegales de la droga como sustancias de la Lista I, es decir, sin uso médico y con alto potencial de abuso.
Today, President Trump signed legislation to amend the Controlled Substances Act regarding the scheduling of fentanyl-related substances.
This legislation cannot bring back our loved ones lost to fentanyl, but it will prevent countless deaths. pic.twitter.com/D3RIuVGKzO
La medida responde a la crisis por sobredosis que en 2024 dejó cerca de 50 mil muertes en EE.UU., y a la capacidad de los cárteles de alterar la composición química de estas sustancias para evadir la ley.
Además, la legislación flexibiliza los requisitos para investigar este tipo de drogas, permitiendo un solo registro para sitios relacionados, reduciendo inspecciones y autorizando la fabricación en pequeñas cantidades sin permisos adicionales.
El carfentanilo, opioide aún más potente que el fentanilo, fue citado por Trump como una amenaza creciente.
CIBanco aclaró que las multas impuestas por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) corresponden a hechos anteriores a las recientes acusaciones de lavado de dinero por parte de Estados Unidos.
En junio, la CNBV sancionó a CIBanco, Intercam y Vector Casa de Bolsa con más de 50 multas que suman más de 185 millones de pesos. En el caso de CIBanco, se aplicaron 16 sanciones, 13 relacionadas con prevención de lavado, por un total de 53.6 millones de pesos.
El pasado 25 de julio, el Departamento del Tesoro de EE.UU. acusó a estas instituciones de facilitar el lavado de al menos 46.5 millones de dólares a organizaciones criminales, señalamiento que México calificó de infundado por falta de pruebas.
CIBanco reafirmó su disposición para colaborar con autoridades nacionales e internacionales, y su compromiso con la transparencia y el cumplimiento normativo.
El colectivo Guerreros Buscadores de Jalisco localizó un presunto narcocampamento entre Teuchitlán y Ahualulco, donde encontraron fragmentos óseos calcinados y casquillos de alto calibre. A través de una transmisión en vivo, denunciaron que el sitio sería usado por grupos criminales para entrenamientos, tortura y quema de cuerpos.
Aunque no revelaron la ubicación exacta, afirmaron haber llegado tras recibir denuncias anónimas. En el lugar, se observaron árboles quemados y restos óseos —principalmente cráneos— a ras del suelo. La fundadora del colectivo, Indira Navarro, aseguró que el escenario coincide con prácticas de cremación a cielo abierto.
La Fiscalía estatal acudió al sitio el miércoles, pero evitó confirmar el hallazgo. Anunció que este jueves dará su postura oficial.
En marzo, el colectivo encontró el rancho Izaguirre, también en Teuchitlán, señalado como campo de adiestramiento del Cártel Jalisco Nueva Generación. Por ese caso, diez personas ya fueron sentenciadas a más de 100 años de prisión. Entre los detenidos se encuentran el alcalde de Teuchitlán, Ascensión Murguía, y el presunto líder criminal José Gregorio Lastra, alias “Comandante Lastra”.
La Secretaría de Hacienda aclaró que no existen pruebas contundentes de actividades ilícitas por parte de Vector Casa de Bolsa, CIBanco e Intercam, luego de que la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) impusiera multas históricas por 185 millones de pesos a estas instituciones entre el 25 y el 30 de junio.
Las sanciones, señaló Hacienda, derivan de incumplimientos administrativos, y no de vínculos probados con lavado de dinero, como sugirió en su momento el Departamento del Tesoro de EE.UU. La dependencia federal reiteró que, de contar con evidencia de delitos financieros, se actuará con todo el peso de la ley.
El comunicado busca mantener la confianza en el sistema financiero y aclarar que las multas reportadas por la CNBV no son nuevas, sino parte del mismo proceso informado desde el 25 de junio, cuando se impusieron las primeras sanciones por 134 millones de pesos. Los 50 millones restantes corresponden a revisiones previamente notificadas.
En medio del escrutinio internacional, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) sancionó con más de 185 millones de pesos a CIBanco, Intercam y Vector, luego de que estas entidades fueran señaladas por el Departamento del Tesoro de EE. UU. por presunto lavado de dinero a favor de cárteles mexicanos como el de Sinaloa y el CJNG.
Con base en una investigación de Karina Suárez para El País, el registro oficial de la CNBV indica que en junio se aplicaron 53 multas a los dos bancos y a la casa de bolsa propiedad de Alfonso Romo. En el caso de CIBanco, las sanciones ascienden a 67 millones de pesos, derivadas de fallas en la prevención de lavado de dinero y manejo irregular de grandes cantidades de dólares en efectivo.
Intercam, por su parte, fue multado con 92 millones, al no contar con registros automatizados de operaciones inusuales ni protocolos eficaces para clientes de alto riesgo. La firma respondió que las sanciones corresponden a datos de 2023 y aseguró que ha sido auditada con éxito por firmas como PwC y EY.
En cuanto a Vector, recibió 26 multas por más de 27 millones de pesos, aunque en este caso por incumplimientos a la Ley de Fondos de Inversión, y no por temas de blanqueo de capitales.
Las sanciones llegan en un contexto tenso, tras el endurecimiento de la política antidrogas de EE. UU. y los cuestionamientos del expresidente Donald Trump hacia México. Aunque las autoridades mexicanas han intentado transmitir calma, el escándalo ya provocó reacciones: intervenciones regulatorias temporales, retiros de inversionistas y la baja en la calificación crediticia de las tres instituciones por agencias como Fitch y S&P Global.
El mensaje del nuevo gobierno de Claudia Sheinbaum ha sido claro: habrá vigilancia estricta sobre el sistema financiero, incluso si ello implica asumir costos políticos y económicos.
