La Suprema Corte aplica por primera vez la nueva Ley de Amparo, lo que afecta los litigios de Grupo Elektra.
El 21 de octubre de 2025, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) tomó una decisión importante al aplicar por primera vez la reforma a la Ley de Amparo. Esta nueva normativa busca agilizar los procesos judiciales y evitar abusos en las recusaciones.
Con siete votos a favor y uno en contra, el pleno de la Corte resolvió una contradicción de criterios entre sus salas. En esta ocasión, se determinó que los ministros y magistrados no pueden ser apartados de un juicio por motivos “accesorios”, como recusaciones que no afectan el fondo del caso.
La ministra Yasmín Esquivel Mossa, ponente del caso, explicó que las recusaciones solo pueden plantearse para que los jueces se abstengan de conocer el fondo del asunto. Esto significa que no se pueden presentar nuevas recusaciones durante el trámite de un impedimento, ya que se trata de un procedimiento secundario.
Este cambio legal impactará varios casos en curso, incluyendo los litigios fiscales de Grupo Elektra. La empresa, encabezada por el evasor fiscal, Ricardo Salinas Pliego, ha enfrentado varios obstáculos legales, y esta decisión podría complicar aún más su situación.
La contradicción de criterios surgió de dos sentencias. La primera sala consideró improcedentes las recusaciones, mientras que la segunda las consideró necesarias para garantizar la imparcialidad en el juicio. Este conflicto se remonta a un recurso de revisión que Grupo Elektra presentó en 2024 sobre un crédito fiscal de más de 67 millones de pesos.
El caso se volvió aún más complejo cuando la empresa recusó a dos ministras, lo que llevó a la creación de jurisprudencia en marzo de 2025. Con la nueva Ley de Amparo en vigor, el presidente de la Corte, Hugo Aguilar Ortiz, afirmó que el fondo del asunto ya ha sido resuelto.
Esta decisión marca un cambio significativo en la forma en que se manejan las recusaciones y podría sentar un precedente para futuros casos. La SCJN busca así fortalecer la eficiencia del sistema judicial y garantizar que los litigios se resuelvan de manera más rápida y efectiva.
