El alto mando naval fue capturado en Sonora y trasladado al Altiplano, tras ser vinculado al decomiso de 10 millones de litros de combustible en Tampico.
El vicealmirante Manuel Roberto Farías Laguna, sobrino político del exsecretario de Marina José Rafael Ojeda Durán, fue detenido en Sonora y enviado al penal de máxima seguridad del Altiplano. Está acusado de encabezar una red de tráfico de combustible que operaba en puertos estratégicos del país.
Se trata del mando naval de más alto rango detenido hasta ahora por el gobierno de Claudia Sheinbaum, como parte de su cruzada contra el huachicol fiscal. La captura se relaciona con el aseguramiento de 10 millones de litros de combustible en Tampico, Tamaulipas, en marzo pasado.
De acuerdo con un análisis de Manuel Espino para El Universal, Farías Laguna tuvo un ascenso meteórico dentro de la Secretaría de Marina (Semar), pasando en dos años de contralmirante a vicealmirante, impulsado por su cercanía con Ojeda Durán, de quien fue secretario particular. Junto con su hermano, también fue señalado por corrupción y nepotismo durante el sexenio de López Obrador.
Tras su arresto, la Marina aseguró que mantiene una política de “cero tolerancia a las malas prácticas”, subrayando que solo se reconoce a quienes actúan con honor, deber, lealtad y patriotismo. El caso exhibe el nivel de penetración del huachicol en las élites navales y marca un precedente en la lucha anticorrupción.
El crimen contra Fernando Rubén Guerrero Alcántar revela presuntos vínculos de altos mandos navales con el huachicol y abre un expediente explosivo para la FGR.
El contraalmirante Fernando Rubén Guerrero Alcántar fue asesinado el 8 de noviembre de 2024 en Manzanillo, Colima, pocos meses después de haber denunciado a altos mandos de la Secretaría de Marina-Armada de México (Semar) por presuntamente dirigir una red de huachicol en puertos y aduanas.
De acuerdo con el diario Reforma, el homicidio está ligado a la investigación que la Fiscalía General de la República (FGR) mantiene contra el vicealmirante Manuel Roberto Farías Laguna, sobrino político del entonces secretario de Marina, Rafael Ojeda Durán. La FGR sostiene que los responsables del crimen podrían estar relacionados con personal de la dependencia.
Según las indagatorias, Guerrero Alcántar, en su calidad de director general de Recaudación de Aduanas, elaboró el 14 de junio de 2024 una carta dirigida a la cúpula de la Marina, en la que señalaba que Farías Laguna y varios capitanes manipulaban las designaciones de personal en aduanas con el fin de proteger actividades ilícitas relacionadas con el tráfico de combustibles.
La investigación también alcanza al hermano del vicealmirante, actualmente prófugo, mientras que la orden de aprehensión contra Farías Laguna se sustenta en los presuntos vínculos con grupos criminales y en su capacidad de influir dentro de la institución.
El asesinato del contraalmirante no solo evidenció la vulnerabilidad de los mandos que deciden denunciar, sino que también destapó un posible entramado de corrupción al interior de la Marina, en el que estarían implicados nombres de peso en la jerarquía militar.
La FGR advirtió en su solicitud judicial: “Al mantener una relación estrecha con personas de la Semar, se puede inferir que los actores materiales del homicidio pudieran ser personal de esta dependencia o allegados a ellos”.
El Vicealmirante Manuel Farías, sobrino político del extitular de Semar, fue aprehendido por sus vínculos con huachicol fiscal en un operativo federal.
El Vicealmirante Manuel Roberto Farías Laguna fue detenido el martes 2 de septiembre por su implicación en huachicol fiscal.
Farías Laguna, sobrino político del almirante Rafael Ojeda, se desempeñaba como Comandante de la 12 Zona Naval en Puerto Vallarta hasta enero de este año. Las fuerzas federales lo detuvieron junto a siete personas más.
Las acusaciones contra el Vicealmirante y su hermano, el Contralmirante Fernando Farías, incluyen actos de corrupción en la Marina. Se les señala por presuntamente influir en nombramientos dentro de la Secretaría de Marina.
Exoficiales navales han denunciado que los hermanos controlaban el presupuesto de la dependencia, beneficiando a empresas de Guaymas, Sonora. Esta situación ha generado inquietudes dentro de la institución.
Tras su aprehensión, Farías y los otros imputados fueron enviados al Penal del Altiplano, donde enfrentarán a la justicia. Este fin de semana, continúan los operativos relacionados con la investigación que lleva la Fiscalía General de la República. (Con información de Reforma).
El Tribunal de Disciplina Judicial (TDJ) quedó formalmente instalado este martes con el compromiso de sancionar a jueces y magistrados que retarden la justicia o cometan actos de corrupción. Este nuevo órgano sustituye al extinto Consejo de la Judicatura Federal (CJF) y busca garantizar transparencia y legalidad en el Poder Judicial.
De acuerdo con información recopilada por Sin Embargo, la Ministra presidenta Celia Maya advirtió que no se tolerará la impunidad ni conductas indolentes en la administración de justicia, mientras que el magistrado Rufino León Tovar aseguró que se impondrán penas de cárcel a jueces corruptos y sanciones severas a quienes dilaten o resuelvan injustamente los casos.
⚖ Se declaró formalmente instalado el Tribunal de Disciplina Judicial (TDJ). La magistrada Celia Maya García asumió la presidencia del nuevo órgano en una ceremonia que contó con la participación de representantes de los 3 Poderes de la Unión.
El pleno del TDJ estará integrado por Celia Maya, Eva Verónica de Gyvés Zárate, Indira Isabel García Pérez, Bernardo Bátiz Vázquez y Rufino León Tovar, quienes supervisarán el desempeño judicial, investigarán responsabilidades y buscarán una nueva era de justicia cercana a la ciudadanía, con austeridad, honestidad y eficiencia.
Los magistrados destacaron que el TDJ no afectará la autonomía e independencia de los juzgadores, sino que garantizará procesos ágiles y justos, fortaleciendo la confianza de la sociedad en el Poder Judicial y consolidando la Reforma Judicial como un avance histórico.
Con su instalación, el TDJ se convierte en un órgano estratégico para erradicar nepotismo, corrupción y favoritismos, asegurando que la justicia en México sea eficaz, transparente y equitativa para todos.
El gobierno de Argentina ha solicitado a la Justicia allanar un medio de comunicación y la casa de dos periodistas. Esta acción sigue a la difusión de audios de Karina Milei, hermana del presidente Javier Milei.
El Ministerio de Seguridad argumenta que los audios fueron obtenidos de manera ilegal, alegando una “burda operación de inteligencia”. Las grabaciones involucran a Karina Milei hablando sobre disputas dentro del partido oficialista, La Libertad Avanza.
A pesar de la prohibición de publicar los audios, el periodista Mauro Federico asegura tener más material que involucra a la hermana del presidente en un posible escándalo de corrupción.
La ministra Patricia Bullrich defendió la acción del gobierno, señalando que busca proteger la democracia. Sin embargo, críticos la acusan de intentar silenciar a la prensa y restringir la libertad de expresión.
El abogado Gregorio Dalbón denunció a Bullrich por abuso de autoridad. Afirmó que su acción busca intimidar y censurar a los medios. Varios juristas han cuestionado la legalidad de la decisión judicial que prohíbe la difusión de los audios.
El escándalo se produce a días de las elecciones en la provincia de Buenos Aires, donde se renovarán 46 diputados y 23 senadores. La situación añade presión al gobierno de Milei, que ya enfrenta acusaciones de corrupción.
Alejandro ‘Alito’ Moreno, dirigente nacional del PRI, fue captado usando un par de zapatos Louis Vuitton cuyo valor supera tres veces el salario mínimo en México.
De acuerdo con la investigación del medio Sin Línea, el calzado, de lujo francés, supera los 28 mil pesos incluso de segunda mano, y se suma a las críticas por su historial de acusaciones de corrupción y enriquecimiento ilícito.
El hecho coincide con la campaña mediática del PRI contra figuras de Morena, lo que ha generado debate sobre la coherencia entre su discurso y su estilo de vida.
Louis Vuitton es conocida por sus precios elevados: algunos modelos de zapatos y zapatillas superan los 30 mil pesos, por lo que este par en cuestión, según analistas, refleja un gasto que resalta en contraste con los ataques políticos que Moreno ha dirigido recientemente.
El caso ha generado polémica en redes, cuestionando si la ostentación de Alito Moreno coincide con su postura pública y sus críticas al gobierno actual.
¡Lorena Cuéllar contrata a empresario señalado por haber hundido 20 años en la cárcel a Israel Vallarta! Y no le importa que el socio y director de Epel sea señalado como VIOLADOR.
El gobierno de la morenista Lorena Cuéllar, gobernadora de Tlaxcala, pagó 56 millones 259 mil pesos por 10 camionetas blindadas Chevrolet Suburban High Country. Y no solo pagó este elevado precio por dichas unidades de lujo, sino que, además, decidió mantener un hermetismo total sobre esta operación realizada con recursos públicos.
La compra, lejos de seguir el proceso habitual de una licitación pública, se realizó a través de una adjudicación directa, la cual es un método que con mucha frecuencia es señalado por su falta de competencia y riesgo de corrupción. Y es que el gobierno estatal, ante las indagaciones periodísticas, determinó clasificar los contratos y facturas relacionados con esta compra como información reservada hasta el año 2030.
En adición a esto, lo que también pocos saben es que la beneficiaria del contrato GET-OMG-ADX-073-2024 es la empresa Epel, S.A. de C.V., compañía que pertenece a un personaje sombrío y rodeado de controversias: Eduardo Cuauhtémoc Margolis Sobol
Eduardo Margolis no es solo un empresario más, puesto que su nombre ha sido mencionado en múltiples investigaciones y testimonios que lo ligan a presunto lavado de dinero, corrupción y, lo más grave, con el infame caso Vallarta-Cassez, conocido por ser uno de los mayores escándalos de montajes mediáticos y violaciones a los derechos humanos en la historia reciente de México. De igual manera, diferentes testimonios sostienen incluso que Margolis Sobol habría tenido amistad con Genaro García Luna y Luis Cárdenas Palomino, personajes truculentos que hoy se encuentran en prisión.
De hecho, hace unos días, el gobierno de Estados Unidos decidió retirar la visa Eduardo Margolis.
La medida migratoria habría respondido a señalamientos que vinculan a Margolis con presuntas actividades ilícitas, entre las que se incluyen lavado de dinero, corrupción y adjudicaciones irregulares de contratos públicos. Un elemento central para la toma de esta decisión es la empresa Epel LLC, constituida en Florida y que, de acuerdo con el medio Los Ángeles Press, habría permitido la transferencia de activos entre México y Estados Unidos fuera del circuito legal y declarado.
Ahora bien, documentos del Registro Público muestran como administradores únicos de la empresa Epel a Eduardo Margolis y a Ernesto Mizrahi Haiat, su socio y director general de la compañía.
Mizrahi Haiat, actual vicepresidente de enlace gubernamental de la Asociación Mexicana de Blindadores de Automotores, fue acusado públicamente en mayo de 2024 por trabajadores y exempleados de Epel por abuso laboral, acoso sexual y malos tratos. Cabe mencionar que ese mes los inconformes cerraron la circulación en Polanco, lanzaron huevos contra las oficinas y exhibieron una manta con su fotografía acusándolo de violador.
Sin embargo, ninguno de estos señalamientos resultó relevante para el Gobierno de Tlaxcala, ya que, a pesar de todo ello, Lorena Cuéllar Cisneros decidió conceder a empresa de Eduardo Margolis y Ernesto Mizrahi Haiat más de 56 millones de pesos.
Desafortunadamente para la gobernadora de extracción morenista la moralidad no se puede blindar. El blindaje protege del plomo, pero no de la corrupción.
La Consejera Jurídica de la Presidencia, Ernestina Godoy Ramos, adelantó que la nueva Ley Aduanera que se presentará en el próximo periodo ordinario de sesiones será una reforma de gran calado que “va a causar escozor”, al buscar cerrar la puerta a la corrupción en las aduanas de México.
Durante la tercera plenaria de Morena en San Lázaro, Godoy explicó que la propuesta presidencial exigirá a los legisladores “mucho trabajo y cabildeo”, pues el objetivo es endurecer los controles en importaciones y exportaciones.
“Es el momento de apretar en todo lo que tiene que ver con el comercio exterior y garantizar que no haya corrupción”, subrayó.
Además, señaló que el Congreso deberá atender un paquete de iniciativas clave, entre ellas:
La Reforma constitucional al Poder Judicial.
La Ley General de Salud, con el tema pendiente de la regulación de vapeadores.
El Paquete Económico, que contempla medidas para las refresqueras.
Godoy también advirtió que las iniciativas con impacto presupuestal “no van a pasar”, ya que el gasto público está concentrado en el proyecto de nación y el humanismo mexicano, así como en las obras estratégicas y el sistema de salud.
Elementos de la Agencia Ministerial de Investigación Criminal capturaron en Hermosillo a José Víctor Guerrero González, ex secretario de Educación y Cultura de Sonora durante el sexenio de Claudia Pavlovich Arellano (2015-2021), acusado de peculado.
La Auditoría Superior de la Federación (ASF) reportó que el daño patrimonial asciende a 2 mil 400 millones de pesos, documentando 90 irregularidades graves en el manejo de fondos educativos entre 2018 y 2021.
La detención se realizó alrededor de las 2:04 horas en un domicilio del fraccionamiento Las Plazas, durante el cumplimiento de una orden de cateo emitida por la jueza oral de lo penal del distrito judicial uno. Guerrero González fue trasladado al Centro de Reinserción Social Número 1 de Hermosillo, donde quedó a disposición de un juzgador.
Las acusaciones incluyen presuntos desvíos de recursos federales, irregularidades en contratos de infraestructura escolar, anomalías en programas de apoyo social y en la asignación de fondos federales para salud y educación.
En Sonora, el peculado puede alcanzar hasta 12 años de prisión, multas proporcionales al monto desviado y inhabilitación para ocupar cargos públicos. Hasta el momento, la Fiscalía General de Justicia del Estado no ha informado sobre la audiencia inicial ni posibles medidas cautelares.
La comparecencia de Ismael “El Mayo” Zambada ante la justicia de Estados Unidos reveló detalles sobre cómo los grandes cárteles han logrado influencia dentro de las estructuras de seguridad y política en Sinaloa. El capo admitió haber pagado sobornos a policías, militares y políticos para proteger su negocio de tráfico de drogas, sin mencionar nombres específicos, lo que abrió espacio a la especulación.
De acuerdo con información recopilada por El País, entre los casos más destacados está la desaparición de José Rosario Heras López, exagente de la Fiscalía estatal y parte del equipo de seguridad del gobernador, y Rodolfo Cháidez, ex policía de investigación, ambos vinculados a redes delictivas y actualmente desaparecidos. La FGR intervino para desmentir versiones locales que buscaban ocultar estas conexiones.
Especialistas señalan que el soborno y la corrupción han sido clave para el dominio del Cartel de Sinaloa en la región. Juicios anteriores, como el de Genaro García Luna, demostraron cómo el crimen organizado opera con la complicidad de autoridades locales y federales, así como la participación indirecta de instancias internacionales.
La historia del narcopoder en Sinaloa no es nueva. Desde Miguel Ángel Félix Gallardo hasta Jesús Antonio Aguilar Íñiguez, exdirector de la Policía Ministerial, los testimonios muestran cómo los carteles colocan mandos afines y protegen a sus miembros, asegurando su control sobre zonas estratégicas durante gobiernos de distintos partidos.
Según expertos en seguridad, estos vínculos forman parte del ADN del Cartel de Sinaloa, mientras que la responsabilidad de frenar la influencia criminal recae principalmente en autoridades federales.
