Este viernes, Donald Trump, presidente electo de Estados Unidos, recibió una sentencia simbólica que lo convierte en el primer presidente en la historia del país con antecedentes penales. La decisión fue emitida por el juez Juan Merchan del Tribunal de Distrito de Manhattan, en relación con 34 cargos de falsificación contable vinculados al pago de 130 mil dólares a la actriz Stormy Daniels durante la campaña presidencial de 2016. Aunque la sentencia no conlleva prisión ni multa, representa un estigma histórico significativo a solo diez días de su regreso a la Casa Blanca.
En la audiencia, que se llevó a cabo de manera virtual, el juez Merchan explicó que esta sentencia es un “descargo incondicional”, lo que significa que mantiene la culpabilidad de Trump sin las repercusiones típicas de una condena. “Este tribunal ha determinado que la única forma legal de emitir una sentencia condenatoria sin afectar el cargo más alto del país es a través de un descargo incondicional”, afirmó el juez. Esta decisión evita complicaciones constitucionales y pone fin al caso, aunque deja a Trump con un récord criminal.
El expresidente, quien ha insistido en su inocencia y ha calificado el proceso judicial como una “caza de brujas”, expresó su descontento con la resolución. “Esto ha sido una experiencia muy terrible”, comentó durante su comparecencia virtual. A pesar de los intentos legales para revertir la condena, incluidos recursos ante la Corte Suprema, Trump ahora enfrenta un legado complicado como el primer presidente estadounidense con una condena penal.
Su defensa argumentó que los cargos eran parte de una persecución política, pero el jurado popular halló suficiente evidencia para declararlo culpable en mayo pasado. Este caso ha tenido un impacto considerable en su imagen pública y en sus aspiraciones para un segundo mandato.
La diputada de Morena, Hades Aguilar Castillo, presentó ante el Congreso de Guanajuato un punto de acuerdo solicitando a la Auditoría Superior del Estado (ASE) incluir en su programa de fiscalización 2025 una auditoría financiera y de cumplimiento sobre el modelo Planet Youth. Este programa, implementado por el Instituto de Salud Pública del Estado de Guanajuato, recibió una inversión de 268 millones 505 mil 984 pesos entre 2018 y 2024, sin que se hayan presentado resultados concretos en la prevención de adicciones, según la legisladora.
“Es inaceptable derrochar cantidades tan significativas de dinero público y no contar con resultados palpables tras cuatro años de implementación”, declaró Aguilar Castillo durante su intervención.
Detalles de los gastos del programa
El programa Planet Youth, basado en el modelo islandés de prevención de adicciones, se financió con recursos públicos que se distribuyeron de la siguiente manera:
63 millones de pesos: Pagados a la empresa Planet Youth por concepto de consultoría.
200 millones de pesos: Destinados a la contratación de personal, incluyendo 97 psicólogos y ocho mercadólogos, además de la organización de cuatro congresos estatales, con un costo de 14 millones de pesos.
La diputada destacó la importancia de revisar estos recursos debido a la falta de indicadores que permitan medir su impacto en la disminución de las adicciones entre jóvenes y menores de edad en el estado.
Críticas a la implementación
Aguilar Castillo señaló que la situación de Guanajuato no es comparable con la de Islandia, país donde se desarrolló el modelo original de Planet Youth. Según explicó, las diferencias culturales, sociales y de seguridad dificultan la efectividad del programa en un contexto tan distinto.
Además, subrayó que, pese al compromiso de implementar 106 acciones específicas para combatir las adicciones, firmado por el entonces secretario de Salud, Daniel Díaz Martínez, no se han presentado resultados que permitan evaluar el éxito del programa.
La diputada también expresó preocupación por reportes de posibles irregularidades, como el “dobleteo de salarios” de funcionarios públicos que trabajaban como representantes regionales del programa.
La petición ante la ASE
El punto de acuerdo presentado busca que la ASE revise a fondo la gestión de recursos destinados al programa, con el objetivo de garantizar que el dinero público se haya utilizado de manera eficiente y transparente. Aguilar Castillo destacó que la ciudadanía tiene derecho a exigir resultados claros y palpables en programas que se financian con sus impuestos.
“Los guanajuatenses esperan soluciones reales y visibles, no promesas a largo plazo que no se reflejan en mejoras tangibles”, concluyó la legisladora.
El Servicio de Administración Tributaria (SAT), en colaboración con la Fiscalía General de la República (FGR), informó sobre la vinculación a proceso de dos exservidores públicos que ocuparon altos cargos dentro de la administración tributaria durante el sexenio 2012-2018. Según el comunicado oficial, se les acusa de la probable comisión de los delitos de uso de documento falso, ejercicio ilícito del servicio público y actos contra la administración de justicia.
Las investigaciones revelaron que los exfuncionarios, quienes desempeñaron funciones como administrador general y administrador central, participaron en la firma de Acuerdos Reparatorios sin contar con las facultades legales para ello. Este hecho fue suficiente para que un juez de control determinara que existían elementos suficientes para proceder penalmente en su contra.
El SAT destacó que estas acciones forman parte del esfuerzo por combatir la corrupción y fortalecer la rendición de cuentas en el marco del proyecto de Nación liderado por la presidenta de la República. Bajo la premisa de un “Gobierno Honesto y Combate a la Corrupción”, esta estrategia busca garantizar que ninguna irregularidad quede impune y que las instituciones públicas trabajen en concordancia con los valores éticos e institucionales.
El organismo reafirmó su compromiso con la transparencia y la legalidad, subrayando que los procesos judiciales contra los exservidores son un mensaje claro de que se prioriza la justicia y la rendición de cuentas, independientemente del nivel jerárquico de los involucrados.
A la Firma del Acuerdo Nacional por el Derecho Humano al Agua y la Sustentabilidad en la Ciudad de México, acudieron gobernadoras y gobernadores de toda la República Mexicana, entre las que se encontraba la de Chihuahua, Maru Campos.
Se trata de una iniciativa que forma parte del Plan Nacional Hídrico 2024-2030 del gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum.
Durante el evento Maru aprovechó para pedirle una foto a la presidenta de México. Luego la publicó en sus redes sociales con un mensaje de agradecimiento pues en su estado enfrentan una emergencia por sequía, que ahora será atendida.
… la suma de esfuerzos con el Gobierno Federal ayudará a que brindemos más apoyo para abastecer con este recurso de manera segura a quienes más lo necesitan. Gracias Presidenta Claudia Sheinbaum, por atender uno de los temas que más interesa a todo el país, y particularmente al Estado de Chihuahua”, escribió Maru en la red social X.
Tras la publicación la gobernadora de Chihuahua recibió comentarios de reclamo y burla por parte de sus seguidores y de los chihuahuenses en general, quienes la tacharon de “lamesuelas” y de dejarse humillar por la gran líder del Pueblo de México, la presidenta Claudia Sheinbaum. Pero además hay quienes la siguen señalando por ser una de las mujeres más corruptas de México, a pesar de que Maru ha invertido fortunas en intentar mejorar su imagen pública por medio de distintas campañas publicitarias.
Historial de corruptelas
La gobernadora de Chihuahua, Maru Campos, no goza de buena popularidad ni dentro ni fuera de su estado. Su largo historial de corrupción, malos manejos, deficientes prácticas de gobernanza y otras conductas cuestionables, la han colocado como una de las peores gobernadoras en la historia de la Federación.
En julio de este año contrató una serie de publicaciones con el diario El Universal por más de 5 millones de pesos, con el objetivo de intentar limpiar su imagen, sin embargo su estrategia no tuvo éxito.
Pero eso no es nada, en lo que lleva su administración desde el año 2021 a la fecha, Maru Campos ha invertido más de mil 200 millones de pesos en total en publicidad. Y aunque ha intentado por todos los medios ocultar su feo historial, la panista no ha logrado que la gente caiga en las mentiras que difunden los medios “chayoteros” que contrata para tales fines.
En otra ocasión, Maru contrató nada más y nada menos que al cuñado de otro corrupto, el ex presidente del PAN, Marko Cortés. A Agustín Torres Ibarrola le pagó más de 16 millones de pesos para monitorear e intentar censurar a sus críticos en redes sociales.
También ha contratado trolls y bots para que le ayuden a impulsar un sentimiento positivo hacia su imagen y gestión. Distribuyendo más de 12 millones 312 mil 401 pesos en diferentes empresas que ofertan estos servicios a políticos, principalmente del Partido Acción Nacional (PAN), clientes asiduos debido a sus pésimas reputaciones.
Acompañé, en La Firma del Acuerdo Nacional por el Derecho Humano al Agua y la Sustentabilidad, a la Presidenta de la República Claudia Sheinbaum Pardo. Este Acuerdo llega en el mejor momento, dada la situación de sequía en la entidad, aunque desde el Gobierno del Estado se ha… pic.twitter.com/ocJOboF67f
Después de que se llevará el Operación Enjambre, un operativo conjunto entre fuerzas federales y estatales que busca desarticular redes de apoyo a grupos criminales dentro de los gobiernos municipales en el Estado de México, en el que se detuvo a una alcaldesa y otros funcionarios por presuntos nexos con el crimen organizado, este domingo se llevarán a cabo las audiencias iniciales para la formulación de imputación, entre los detenidos se encuentra un presidente honorífico del Sistema DIF.
Los detenidos enfrentan acusaciones por presuntos vínculos con organizaciones delictivas como La Familia Michoacana, el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), y grupos delictivos de Tepito.
Despliegue masivo de fuerzas de seguridad
El operativo movilizó a 1,500 elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), la Secretaría de Marina (Semar), la Guardia Nacional (GN), el Centro Nacional de Inteligencia (CNI), la Fiscalía General de la República (FGR), la Secretaría de Seguridad del Estado de México (SSEM) y la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM).
Entre los detenidos el pasado viernes se encuentran:
Manuel Alejandro Rangel Salgado, director de la policía de Amanalco.
Eraclio Campuzano, director de Seguridad y Tránsito de Tejupilco.
María Elena Martínez Robles, presidenta municipal de Amanalco.
Omar Leyva, subdirector de Seguridad Ciudadana y Movilidad de Naucalpan.
Ellery Guadalupe Figueroa, presidente honorífico del DIF de Tonatico.
El director de Seguridad Pública de Texcaltitlán, Isidro Cortés Jiménez, se suicidó al momento de ser detenido. Según las autoridades, el funcionario se disparó en la cabeza mientras agentes cumplían con la orden de aprehensión en su contra.
Un operativo en desarrollo
De las 14 órdenes de aprehensión libradas, hasta el sábado faltaban por ejecutarse siete. Entre los funcionarios aún no localizados figuran Rosario Matías Esquivel, presidenta municipal de Santo Tomás de los Plátanos (PRD), un comandante de Jilotzingo y dos funcionarios de Coacalco.
La FGJEM informó que los detenidos son investigados por presuntos delitos como extorsión, secuestro exprés y homicidio, cometidos mientras facilitaban operaciones de grupos criminales.
Red de apoyo criminal en municipios mexiquenses
El despliegue de las fuerzas de seguridad se concentró en municipios estratégicos como Amanalco, Santo Tomás, Tonatico, Tejupilco, Naucalpan y Texcaltitlán. Las autoridades buscan desmantelar estructuras municipales que habrían brindado apoyo logístico y operativo a organizaciones como La Familia Michoacana, el CJNG, Unión Tepito, Nuevo Imperio y Anti-Unión Tepito.
Procedimientos legales en curso
Tras su detención, los implicados fueron informados de sus derechos y puestos a disposición del Ministerio Público. Ahora, será responsabilidad de jueces del Tribunal Superior de Justicia del Estado de México (TSJEM) determinar su situación legal en las próximas audiencias, mientras la FGJEM avanza en las investigaciones para fortalecer las pruebas presentadas.
El caso resalta la preocupación por la infiltración del crimen organizado en las estructuras gubernamentales municipales y pone en el centro del debate la necesidad de medidas contundentes para combatir esta problemática.
En recientes semanas, la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo ha reiterado en varias ocasiones que Jorge Romero, ahora presidente nacional del Partido Acción Nacional (PAN), es también uno de los presuntos líderes del llamado “Cártel Inmobiliario” y que opera principalmente en la alcaldía Benito Juárez, todo bajo el amparo de las mismas autoridades de la alcaldía.
Ante esto, tanto Romero como otros de sus colegas, incluido Marko Cortés, han perjurado en más de una ocasión que no existe el citado grupo criminal, sin embargo, parece ser víctima de sus propias declaraciones, y es que Marco Peláez, fotógrafo de La Jornada, capturó el momento en que el ex líder del PAN parece ofrecer una casa en venta a un potencial cliente, esto durante una sesión en el Senado de la República.
En la fotografía se puede leer como un potencial cliente se pone de acuerdo para ir a conocer la casa que aparentemente vende el ahora senador blanquiazul, mientras que un mensaje anterior deja ver que la esposa de Cortés también estaría implicada en la transacción.
Claudia Sheinbaum reitera existencia del Cártel Inmobiliario
Apenas el pasado 20 de noviembre, la presidenta Claudia Sheinbaum expuso nuevamente al recién nombrado dirigente nacional del Partido Acción Nacional (PAN), Jorge Romero Herrera, a quien acusó de ser el líder del denominado Cártel Inmobiliario. La mandataria explicó que este grupo delictivo ha operado en la Ciudad de México durante al menos una década, específicamente en la alcaldía Benito Juárez, con prácticas de tráfico de influencias y corrupción en el sector inmobiliario.
Sheinbaum Pardo subrayó que las actividades ilícitas de este grupo han sido ampliamente documentadas, y aseguró que Romero Herrera es el principal responsable. Además, señaló que el propio expresidente Felipe Calderón, también del PAN, ha reconocido públicamente la corrupción que involucra a este grupo político.
“Es el jefe del Cártel Inmobiliario y un modus operandi que siguieron ellos desde la alcaldía Benito Juárez. Es un grupo muy corrupto que hoy tiene la presidencia del PAN, que hasta Felipe Calderón dijo que en efecto era un grupo muy corrupto,” afirmó Sheinbaum.
Este jueves, la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, fue cuestionada por la prensa sobre el caso del empresario huasteco, Gerardo Sánchez Zumaya, que en semanas recientes ha denunciado ser blanco de una persecución política emprendida por el gobernador de San Luis Potosí, Ricardo Gallardo, que ha tomado acciones ante las intenciones del industrial de trabajar por el pueblo de la entidad.
“Incluso el expresidente Andrés Manuel López Obrador ordenó a la secretaria (de seguridad) de aquel entonces, Rosa Icela, que lo protegiera, porque, pues está en riesgo, él está dando a conocer todo lo que está pasando en San Luis Potosí y el gobernador ya utilizó a Latinus, ya utilizó a Reforma para decir que tanto su gobierno como el gobierno pasado le están otorgando contratos a este empresario, Gerardo Sánchez Zumaya”, declaró un comunicador.
Ante estas denuncias, la mandataria federal fue muy clara al momento de reiterar que en su administración, así como en la pasada, no se tolerará ningún acto de corrupción, incluido sí se comprueban las acusaciones en contra del gobernador de SLP.
📹 #Vídeo | Durante la mañanera de hoy, la Presidenta Claudia Sheinbaum (@Claudiashein) instruyó atender la persecusión política que vive el empresario Gerardo Sánchez Zumaya para brindarle protección.
En cuanto a la integridad de Sánchez Zumaya, la titular el Ejecutivo federal adelantó que le pedirá información a la actual Secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, para saber como es que se protegía al empresario en la administración pasada para darle seguimiento.
“Vamos a preguntarle a Rosa Icela como se estaba apoyando y sí es el caso pues se apoyará”, mencionó Sheinbaum Pardo desde el Salón de Tesorería.
Empresario Gerardo Sánchez denuncia persecución política en su contra
Durante las últimas semanas, el empresario Gerardo Sánchez Zumaya ha sido objeto de una campaña de desprestigio por parte del diario Reforma, que lo acusa de ser un “proveedor facturero” basándose en presuntas investigaciones de otros medios como Latinus.
Estas afirmaciones surgen a pesar de que la revista Forbes ha certificado recientemente la legitimidad de su fortuna tras una exhaustiva auditoría que validó el origen de sus ingresos y el impacto positivo de sus empresas, las cuales generan más de 5,000 empleos en todo el país. Sánchez Zumaya ha negado cualquier proceso legal en su contra e invita a los medios a investigar sus contratos, asegurando que no tiene nada que ocultar.
Por otro lado, Sánchez Zumaya acusa al gobernador de San Luis Potosí, Ricardo Gallardo Cardona, de iniciar una persecución política en su contra, presuntamente debido al crecimiento de su influencia entre la población y su interés en participar en el proceso de la Cuarta Transformación para las elecciones estatales de 2027.
Mientras tanto, la Unidad de Inteligencia Financiera ha reactivado una investigación sobre Gallardo por presuntos desvíos de más de 724 millones de pesos durante su gestión en las alcaldías de San Luis Potosí y Soledad de Graciano Sánchez. La investigación incluye indagatorias sobre bienes y propiedades de la familia Gallardo y de colaboradores cercanos, sugiriendo posibles irregularidades en empresas vinculadas a ellos.
Desde hace algunas semanas, el diario preferido de los conservadores, el Reforma, ha comenzado una dura campaña sucia en contra del empresario Gerardo Sánchez Zumaya, que en pleno uso de su libertad de expresión y de participación, ha externado su interés en participar en el proceso de la Cuarta Transformación para representar a los comités de la defensa del voto para el proceso electoral estatal del 2027.
Se presume que el gobernador de la entidad, Ricardo Gallardo Cardona, ha comenzado esta nueva campaña sucia como un desesperado intento de mantener el poder ante el crecimiento de Sánchez Zumaya entre la población.
En su primera plana del día 19 de noviembre, Reforma lanza una serie de injurias en contra del empresario, calificándolo de ser un “proveedor facturero”, retomando presuntas “investigaciones” ya presentadas por otro de los medios favoritos de los neoliberales: Latinus, aún cuando los negocios de Zumaya ya han sido verificados por Forbes.
Para este miércoles 20 de noviembre, el Reforma continúo su guerra negra en contra de Sánchez Zúmaya, y es que por segundo día aparece en la primera plana, donde ahora es llamado “arma ligas”, confirmando además que Ricardo Gallardo estaría detrás de esta persecución política.
“No permitiremos que estas denuncias queden sin respuesta”, ha declarado Ignacio Segura, líder del Verde, mientras que su colega en la Cámara de Diputados, José Luis Fernández, exigió una investigación a fondo sobre los contratos de Sánchez Zumaya con la paraestatal.
Gerardo Sánchez Zumaya desmiente proceso en su contra y acusa persecución
El empresario Gerardo Sánchez Zumaya ya ha salido a desmentir al Reforma y demás medios hegemónicos, señalando que no ha sido notificado de algún proceso en contra de su persona o de alguna de sus empresas , invitando incluso a que los medios investiguen sus contratos de manera rigurosa.
“No se me ha notificado de la demanda de ciertas empresas (…) no hay nada que ocultar, investiguen bien los contratos”.
Gerardo Sánchez también denunció públicamente que el gobernador de San Luis Potosí, Ricardo Gallardo, comenzó una persecución política en su contra, ya que el empresario también ha jugado un destacado rol a la hora de denunciar los abusos de Gallardo en contra del pueblo.
“El gobernador Ricardo Gallardo continúa la persecución política en mi contra, seguiremos ayudando a San Luis Potosí, No nos detendremos, seguiré denunciando todos sus abusos”.
Forbes legitima fortuna de Sánchez Zumaya mientras la UIF investiga a Gallardo
Recientemente, la revista Forbes certificó la legitimidad de la riqueza del empresario potosino Gerardo Sánchez Zumaya tras someter sus empresas y finanzas personales a una exhaustiva auditoría. Durante casi dos meses, se revisaron a detalle sus libros contables, estados financieros y registros bancarios, validando el origen de sus ingresos y el cumplimiento de estándares de confiabilidad y viabilidad. Además, se reconoció el impacto positivo de su actividad empresarial, que genera más de 5 mil empleos en todo el país.
En contraste, el pasado 14 de noviembre se informó que se ha reactivado una investigación de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) que señala al gobernador Ricardo Gallardo Cardona y su círculo cercano por presuntos desvíos de más de 724 millones de pesos durante su gestión en las alcaldías de San Luis Potosí y Soledad de Graciano Sánchez.
Estas irregularidades habrían beneficiado a empresas vinculadas con la familia Gallardo, como Clínica Wong y Axioma. Además, movimientos recientes en la Secretaría de Salud estatal, como la destitución de funcionarios relacionados con dichas empresas, sugieren un intento de encubrir las operaciones sospechosas que están bajo escrutinio.
La investigación, liderada por Pablo Gómez, incluye solicitudes del Ministerio Público federal para indagar en bienes y propiedades de la familia Gallardo, así como información de los ayuntamientos involucrados. También se extiende a Guadalupe Torres, segundo al mando en el gobierno estatal, quien enfrenta acusaciones de enriquecimiento ilícito y señalamientos por su presunta implicación en la muerte del exalcalde de Ébano, Crispín Ordaz.
El Poder Judicial ha vuelto a mostrar que los que deberían ser impartidores de justicia, solo defienden a corruptos y empresarios, ya que son señalados de haber exonerado a empresarios vinculados al llamado “Cártel Inmobiliario” del PAN. Este grupo ha sido señalado por su papel en presuntas irregularidades en la construcción de inmuebles en la alcaldía Benito Juárez de la Ciudad de México, todo bajo el amparo y complicidad de las autoridades panistas de la mencionada demarcación.
A pesar de los esfuerzos de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) para llevar a los implicados ante la justicia, el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México ha decidido suspender el proceso legal contra varios empresarios y exfuncionarios acusados de favorecer la construcción de más de 130 inmuebles fuera de los lineamientos urbanos, aparentemente a cambio de sobornos y favores. Los implicados habrían recibido permisos de construcción ilegales y descuentos en propiedades de alto valor.
Entre los nombres más destacados en este escándalo se encuentran Christian Von Roehrich, exdelegado de Benito Juárez, y Nicias Aridjis Vázquez, exdirector de Obras y Desarrollo Urbano, quienes habrían aprobado proyectos irregulares y acumulado propiedades a precios preferenciales. Además de ellos, otros empresarios y un director de obra fueron señalados en la investigación de la FGJCDMX.
Sin embargo, los acusados alegaron que la Fiscalía violó sus derechos al clasificarlos públicamente como parte del “Cártel Inmobiliario”, argumento que fue aceptado por la Séptima Sala Penal, presidida por el magistrado Javier Raúl Ayala Casillas. El fallo prohíbe a la FGJCDMX utilizar este término en cualquier documentación pública y cuestiona la autenticidad de los documentos acusatorios presentados, calificándolos de insuficientes para proseguir con el proceso legal.
Este nuevo caso de corrupción reafirma la urgencia de la Reforma al Poder Judicial que ya fue aprobada por la mayoría en Cámaras de la Cuarta Transformación y promulgada en el Diario Oficial de la Federación y que promete poner la justicia a la mano del pueblo y no de las elites
La mañana de este lunes, El Financiero presentó su más reciente encuesta respecto a la aprobación de la Presidenta Claudia Sheinbaum, la cual llega a su primer mes de mandato con el respaldo del 70 por ciento de las y los mexicanos, mientras que a penas un 24 por ciento dice “desaprobar” lo que va de la gestión de la morenista.
Entre los aspectos que el pueblo mexicano más destaca de lo que va de la administración de Sheinbaum Pardo, son los apoyos sociales, que son calificados como “muy buenos” por el 70 por ciento del país; le siguen los derechos para las mujeres, con un 66 por ciento de aprobación en ese rubro. El 49 por ciento igualmente se dijo de acuerdo con la recién promulgada Reforma al Poder Judicial, mientras que en contraste, solo un 27 por ciento se dice en contra de la mencionada modificación constitucional.
La mandataria federal igualmente es destacada en varios atributos, y es que el 68 por ciento de los mexicanos destacan la honestidad de Claudia Sheinbaum; el 64 por ciento igualmente la califica como una mujer con liderazgo y el 58 por ciento confía en su capacidad para dar resultados.
En cuanto a la ahora llamada “mañanera del pueblo”, el 59 por ciento menciona que son “buenas” o “muy buenas” las nuevas ruedas de prensa, que han agregado secciones para informar al pueblo sobre los avances en el país.
En general el 67 por ciento de las y los mexicanos consideran que les gusta el estilo de gobernanza de Sheinbaum Pardo, mientras que un 30 por ciento menciona que poco o nada le gusta como es que trabaja la Presidenta.
