César Gutiérrez Priego, candidato a ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, mantiene una gira por el sureste mexicano, con el objetivo de dialogar con la ciudadanía y compartir su visión sobre la transformación del Poder Judicial.
📹 #Vídeo |En su gira por el sureste mexicano, el candidato a ministro César Gutiérrez Priego visitó emblemáticos lugares de Quintana Roo para dialogar con la gente, explicar su visión y recoger inquietudes que contribuyan a transformar al Poder Judicial. pic.twitter.com/gkI2LVHgcx
Durante su visita a emblemáticos lugares de Quintana Roo, Gutiérrez Priego se mostró entusiasta al hablar sobre la importancia de la democracia en la elección de jueces y magistrados. “Por fin tenemos la oportunidad de democratizar al Poder Judicial y votar por quienes decidirán sobre nuestra libertad”, afirmó.
El abogado, que nunca antes había estado en la política, enfatizó su compromiso por erradicar la corrupción. “La propuesta más importante es acabar con la corrupción dentro del Poder Judicial y hacer que la justicia se convierta en ley”, destacó.
Gutiérrez Priego también reflexionó sobre la situación actual del país, mencionando la inseguridad y la liberación de delincuentes. “No puede ser posible que siempre le den la razón a los delincuentes y a las empresas transnacionales”, expresó con indignación.
El candidato busca que la ciudadanía se involucre en este proceso histórico. “Es una oportunidad para ver de cara a cara quiénes nos juzgarán a nosotros y a nuestros hijos”, añadió.
Buenos días. Los Mayas en su momento eran la civilización más avanzada del mundo.
— Cesar Gutiérrez Priego M.R. (@cesargutipri) April 10, 2025
Con un enfoque en la comunicación y la retroalimentación, Gutiérrez Priego busca conectar con la gente. “Platicar con los vecinos e interactuar es fundamental”, concluyó, dejando claro su deseo de escuchar y aprender de las inquietudes de la población.
A medida que se acercan las elecciones, su mensaje resuena con fuerza, prometiendo un cambio significativo en el sistema judicial.
La Presidenta Claudia Sheinbaum informó este jueves que fueron removidos de sus cargos al menos cinco funcionarios de Laboratorios de Biológicos y Reactivos de México (Birmex), luego de detectarse un esquema de sobreprecio en el proceso de compra consolidada de medicamentos, mismo que fue anulado previamente por la Secretaría de Anticorrupción y Buen Gobierno.
Durante la mañanera del pueblo en Palacio Nacional, la mandataria explicó que “todos los que estuvieron involucrados, sea directa o indirectamente, con este proceso que no fue claro y que implicó colusión con algunas empresas privadas del sector farmacéutico, fueron separados de su cargo”.
Añadió que tras las remociones, actualmente “hay un nuevo equipo en Birmex” y que la investigación continúa en curso con la colaboración de la Secretaría de Anticorrupción, la Secretaría de Salud y la nueva administración de la paraestatal.
Sheinbaum Pardo reconoció el trabajo de Raquel Buenrostro Sánchez, titular de la Secretaría de Anticorrupción, quien fue clave en la detección y cancelación del proceso de licitación. “Raquel está haciendo un excelente trabajo porque no se consumó la compra a sobreprecio, se paró antes de eso. No se están comprando medicamentos a sobreprecio, y eso es muy importante, porque hay mucho poder en muchas de las empresas farmacéuticas”, expresó.
La líder del Ejecutivo federal fue enfática al señalar que su gobierno no permitirá ningún acto de colusión. “No vamos a permitir ninguna colusión con algún funcionario y Raquel está garantizando que no haya corrupción”, sentenció.
Cabe recordar que la Secretaría de Salud informó el pasado 9 de abril que se “emitió la resolución de declarar la nulidad del procedimiento de licitación de medicamentos”, tras confirmarse la adquisición de claves a sobreprecio e identificarse indicios de prácticas indebidas en el proceso.
Después de 12 años de litigio, la Fiscalía General de la República (FGR) consiguió revocar el amparo que impedía continuar la investigación contra los representantes de Zurich Pharma, acusados de fraude al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) por la venta de un medicamento oncológico sin registro sanitario, por un monto superior a 97 millones de pesos.
La resolución fue dictada por el Séptimo Tribunal Colegiado en Materia Penal de la Ciudad de México, que dio por concluido el juicio de amparo promovido por la farmacéutica, habilitando así a la FGR para retomar la indagatoria por el delito de fraude, el cual había sido previamente reclasificado a falsificación de documentos, lo que paralizó por años el avance del caso.
Los hechos se remontan a 2013, cuando el IMSS adjudicó un contrato por 97 millones 317 mil 520 pesos a la empresa SAVI Distribuciones para la compra de 29 mil 852 unidades de doxorrubicina lipsomal pegilada, medicamento utilizado en tratamientos contra el cáncer. SAVI, que no era fabricante sino distribuidora —una práctica común en el periodo neoliberal—, adquirió el producto a Zurich Pharma, presuntamente con base en un registro sanitario entregado por esta última.
Posteriormente, tanto la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) como el IMSS denunciaron ante la FGR que el registro sanitario número 224M2013SSA era falso. Como consecuencia, el Órgano Interno de Control del IMSS inhabilitó a SAVI Distribuciones por cinco años y le impuso una multa de 70 millones de pesos, aunque esta sanción fue posteriormente anulada por el Tribunal Federal de Justicia Administrativa (TFJA).
En 2018, la propia SAVI denunció penalmente a Orlando Silva Fernández y Minerva Ugalde Herrera, representantes de Zurich Pharma, por presunto fraude, al haber entregado documentación falsa para un producto que no estaba autorizado por Cofepris y que por tanto no debía participar en licitaciones públicas.
Sin embargo, durante la investigación, la FGR decidió reclasificar el caso como falsificación de documentos, lo que motivó a SAVI a presentar un amparo que frenó la pesquisa. Ahora, tras la resolución del Tribunal, la investigación por fraude ha sido reactivada.
“El sentido en que se resolvió implica la continuación de la mencionada indagatoria por los hechos que fueron denunciados por la empresa moral quejosa (…) Ya que se itera, al no haber prosperado en definitiva, ante la autoridad que dictaminó la reclasificación del delito de fraude al de falsificación de documentos públicos, dicha indagatoria continúa su curso”, señala el fallo judicial.
Durante un procedimiento administrativo en 2014, los representantes de Zurich Pharma negaron haber suministrado el medicamento sin registro sanitario y rechazaron haber enviado a SAVI el documento identificado con el número 224M2013SSA. Indicaron que su empresa no era titular de ese registro y que no se comprometieron a proporcionar el fármaco sin la autorización correspondiente de Cofepris.
Cesar Mario Gutiérrez Priego, candidato a ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ha abordado el tema de la corrupción en un reciente discurso, utilizando la emblemática Estela de Luz de Paseo de la Reforma como símbolo de este problema. En un video, Gutiérrez Priego se refirió a esta obra pública como “la estela de la corrupción”.
📹 #Vídeo | César Gutiérrez Priego (@CesarGPMedia), candidato a ministro de la SCJN, abordó el tema de la corrupción, utilizando la Estela de Luz como símbolo de este problema y señalando que más de 800 mdp fueron robados al pueblo de México.
El candidato explicó que la corrupción se manifiesta cuando los recursos públicos son mal administrados y terminan en manos privadas. “La corrupción es cuando ves que el dinero del pueblo pasa a manos de particulares”, afirmó, aludiendo al caso de la Estela de Luz.
Gutiérrez Priego destacó que esta obra, que originalmente se iba a construir por 390 millones de pesos, terminó costando mil millones. Además, lo que debía terminarse en un año se extendió durante tres años. A pesar de una resolución de un tribunal que otorgó una indemnización de 290 millones de pesos, más de 800 millones de pesos permanecen en manos de particulares, lo que él considera un robo al pueblo.
— Cesar Gutiérrez Priego M.R. (@cesargutipri) April 3, 2025
En su compromiso como futuro ministro, Gutiérrez Priego aseguró que no permitirá la corrupción ni el desvío de recursos públicos. “Cuando yo sea ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, no toleraré que se robe a ninguna de las estructuras del pueblo”, concluyó, reafirmando su postura en favor de la transparencia y la justicia.
Este discurso resuena en un momento en que la corrupción es un tema candente en la agenda pública, y Gutiérrez Priego se posiciona como un firme defensor de la integridad en el sistema judicial mexicano.
La conductora de televisión Inés Gómez Mont y su esposo, el abogado fiscalista Víctor Álvarez Puga, anbos prófugos de la justicia, han sido beneficiados por el Poder Judicial el pasado 25 de marzo, al conseguir el restablecimiento del acceso a sus cuentas bancarias, a pesar de que siguen siendo huyendo de la ley.
Desde 2019, la Fiscalía General de la República (FGR) inició una carpeta de investigación contra la pareja por su presunta participación en una red de delincuencia organizada relacionada con operaciones con recursos de procedencia ilícita, en un esquema de desvío de fondos públicos que presuntamente asciende a más de 3 mil millones de pesos. De acuerdo con las indagatorias, se habrían utilizado comprobantes fiscales falsos para simular transacciones y aparentar servicios inexistentes.
Pese a esta situación y tras seis años fuera del país, Gómez Mont y Álvarez Puga obtuvieron un amparo derivado del juicio 107/2023. A partir de ello, el Poder Judicial de la Federación ordenó eliminar a la pareja de la Lista de Personas Bloqueadas de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), instruyendo al sistema financiero nacional a restablecer sus operaciones bancarias.
De acuerdo con información publicada por El Economista, la UIF acató esta resolución y notificó a distintas instituciones financieras para que dejaran de restringir las cuentas de los señalados. La decisión provocó inconformidad entre funcionarios de la propia Unidad, incluido su titular Pablo Gómez Álvarez, quien ha sido uno de los principales impulsores del combate a la corrupción financiera en el país.
Cabe recordar que las medidas de congelamiento de cuentas se habían adoptado como acción preventiva para evitar el movimiento de recursos presuntamente ilícitos y cualquier operación dentro del sistema financiero por parte de los acusados.
Aunque ahora pueden disponer nuevamente de su dinero, las investigaciones en su contra continúan vigentes, y aún pesa sobre ellos una orden de aprehensión emitida en 2021, además de una ficha roja de la Interpol para su localización en más de 190 países. Hasta el momento, ninguno de los dos se ha pronunciado públicamente sobre la reciente resolución judicial.
En conferencia de prensa, el gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedolla, criticó duramente al Poder Judicial, señalando la liberación de ‘El Chuy’, un lugarteniente del cártel jalisciense, como un grave obstáculo en la lucha contra el crimen organizado. Durante una conferencia de prensa, Bedolla enfatizó que la reciente detención de este líder criminal se volvió inútil tras su liberación por un juez federal, lo que, según él, empodera a la delincuencia.
El gobernador hizo referencia a un ataque reciente en los límites de Jalisco y Michoacán, donde dos elementos de la Guardia Nacional perdieron la vida a manos de agresores identificados, liderados por ‘El Chuy’. Bedolla advirtió que la impunidad y corrupción de los jueces federales complican los esfuerzos de pacificación en la región.
Ramírez Bedolla respaldó la necesidad de reformar el Poder Judicial, tal como lo propuso en ese entonces Andrés Manuel López Obrador, argumentando que laliberación de delincuentes pone en riesgo la seguridad pública y debilita la lucha contra los grupos criminales. “Es necesario zarandear al Poder Judicial para erradicar la impunidad”, concluyó.
El titular de la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones (ATDT), José Merino, informó sobre los avances en la simplificación y digitalización de trámites en el país, destacando la reducción del 56% en los trámites federales y la eliminación de requisitos innecesarios que complicaban los procesos para la ciudadanía.
De acuerdo con Merino, una persona realiza aproximadamente 486 trámites a lo largo de su vida, de los cuales el 85% son estatales o municipales. Ante ello, el Gobierno de México ha impulsado la simplificación de 342 trámites federales, reduciéndolos a 151, eliminando redundancias y facilitando procesos administrativos.
Entre los requisitos que fueron eliminados destacan:
Prueba de ADN para comprobar la nacionalidad de padres en el registro de nacimiento en el extranjero.
Copia certificada de la sentencia de adopción o constancia de alumbramiento.
Testigos obligatorios para el registro de defunción y reconocimiento de identidad de género.
Croquis a mano para concesión de agua.
Fotografías de tumbas para registro extemporáneo de defunción.
Fe de bautismo para registro de nacimiento extemporáneo.
Folder azul tamaño oficio con broche Baco para trámites de constancia de alineamiento y número oficial.
En cuanto a la reducción de requisitos, se reportaron mejoras significativas en diversos trámites:
Registro de nacimiento o doble nacionalidad: de 9 a 3 requisitos.
Expedición de pasaportes: de 7 a 3 requisitos.
Registro Nacional de Inversiones Extranjeras: de 24 a 7 requisitos.
Examen psicofísico para transporte público federal: de 17 a 3 requisitos.
Concesión de aguas superficiales: de 17 a 3 requisitos.
Inscripción al Registro Nacional de Turismo: de 5 a 2 requisitos.
Autorización de protocolos de investigación: de 31 a 14 requisitos.
Asimismo, para la expedición de pasaportes, la simplificación de requisitos quedó de la siguiente manera:
Primera vez para mayores de edad: de 8 a 4 requisitos.
Renovación para mayores de edad: de 6 a 4 requisitos.
Primera vez y renovación para menores de edad: de 7 a 5 requisitos.
Las secretarías e instituciones que han avanzado en la simplificación de trámites incluyen:
Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE): 29 trámites simplificados.
Servicio de Administración Tributaria (SAT): 35 trámites simplificados.
Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT): 34 trámites simplificados.
Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SEDATU): 19 trámites simplificados.
Comisión Nacional del Agua (CONAGUA): 2 trámites simplificados.
Secretaría de Turismo: 9 trámites simplificados.
Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (COFEPRIS): 9 trámites simplificados.
Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (SADER): 27 trámites simplificados.
Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH): 9 trámites simplificados.
Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (CONANP): 7 trámites simplificados.
Agencia de Seguridad, Energía y Ambiente: 38 trámites simplificados.
La simplificación de trámites también ha alcanzado a los registros civiles de las 32 entidades federativas y los consulados de México en Estados Unidos, así como al Registro Público de la Propiedad y el Catastro de los estados. Además, con la implementación de la Ventanilla Digital de Inversiones, los tiempos de tramitación para inversionistas se reducirán hasta en 50%.
Por su parte, la Presidenta, Claudia Sheinbaum Pardo, anunció que en el Diario Oficial de la Federación (DOF) se publicó la reducción de 342 trámites a 151, lo que representa la primera etapa de la digitalización gubernamental. “Esta transformación permitirá que el Gobierno sea más eficiente, menos burocrático y que podamos erradicar todavía más espacios donde se presentan actos de corrupción”, afirmó Sheinbaum.
Durante 2025, el Gobierno de México continuará con la digitalización de trámites, priorizando aquellos de mayor volumen, con la meta de alcanzar al menos 350 trámites digitalizados.
El gabinete de seguridad del Gobierno de México “está siguiendo con mucha precisión” al exgobernador de Michoacán, Silvano Aureoles Conejo, quien se encuentra prófugo de la justicia, aseguró este martes el titular de la Fiscalía General de la República (FGR), Alejandro Gertz Manero.
Durante la mañanera del pueblo de la Presidenta Claudia Sheinbaum, el fiscal confirmó que tarde o temprano será detenido, subrayando que “no me cabe la menor duda” de que el exmandatario michoacano enfrentará la justicia.
Gertz Manero detalló que desde hace tiempo la FGR mantiene una investigación por peculado en la administración de Aureoles, en la que están presuntamente implicados cinco exfuncionarios, incluyendo al propio exgobernador. De acuerdo con el fiscal, “se dio a la fuga con una serie de protecciones de la vieja administración que él tenía”, pero actualmente está siendo rastreado con precisión por todo el gabinete de seguridad.
La investigación contra Aureoles y sus colaboradores surge de una serie de denuncias por la construcción de cárceles locales, donde hubo un evidente peculado de enormes dimensiones, explicó el titular de la FGR.
A pesar de los obstáculos procesales impuestos por jueces federales, la FGR logró judicializar el caso y proceder con las detenciones. Hasta el momento, cuatro de los cinco implicados han sido arrestados y se encuentran bajo proceso, restando únicamente la captura de Aureoles Conejo.
El futuro del Campo Sacha, el mayor yacimiento petrolero de Ecuador, ha provocado una fuerte controversia a nivel político y social. Aunque el contrato aún no se ha firmado, la decisión del gobierno de entregar la explotación del pozo a la empresa Sinopetrol ha desatado una ola de críticas. La razón principal del rechazo radica en los términos del acuerdo y en los posibles conflictos de interés debido a la conexión de algunas compañías involucradas con la familia del presidente Daniel Noboa.
El gobierno adjudicó el campo petrolero por un período de 20 años, con la promesa de que la empresa extranjera invertirá en su desarrollo y aumentará la producción. Sin embargo, los detalles del contrato han despertado preocupación: Sinopetrol se quedará con el 87.5% del crudo extraído, mientras que Ecuador recibirá solo entre el 12.5% y 18.5%. Esto significa que, por cada 10 barriles de petróleo, el país obtendrá apenas uno o dos.
Las críticas no solo apuntan a la distribución de los recursos, sino también al hecho de que Sinopetrol no descubrió el yacimiento ni construyó la infraestructura necesaria para su operación. Desde la década de los setenta, Petroecuador, la empresa estatal, ha sido la encargada de explotar el campo, lo que genera dudas sobre por qué se transfieren sus beneficios a una compañía privada.
Dudas sobre la transparencia del proceso
Otro punto de cuestionamiento ha sido la forma en que se llevó a cabo la adjudicación. En lugar de la ministra de Energía, Inés Manzano, quien normalmente se encargaría de firmar este tipo de contratos, la autorización fue concedida por el viceministro Fabián Calero, funcionario con antecedentes de conexiones políticas controvertidas. Este hecho ha alimentado sospechas sobre la existencia de intereses ocultos en la negociación.
El debate se ha intensificado con la postura de diversos expertos, incluso algunos cercanos al gobierno, quienes advierten que Ecuador está perdiendo el control sobre un recurso estratégico y que las condiciones del contrato podrían ser más beneficiosas para el país. A nivel político, la candidata presidencial Luisa González ha anunciado que, si asume el cargo el próximo 24 de mayo, derogará cualquier contrato relacionado con la privatización del sector petrolero.
Noboa responde, pero las dudas persisten
Ante la creciente polémica, el presidente Noboa utilizó su cuenta en la red social X para referirse al tema por primera vez. Aseguró que el contrato no será firmado si Sinopetrol no entrega un adelanto de 1,500 millones de dólares antes del 11 de marzo de 2025 a las 21:00. Según el mandatario, esta condición responde a la necesidad de fondos para reforzar la seguridad y mejorar los servicios básicos en el país.
Sin embargo, este anuncio no ha sido suficiente para disipar las preocupaciones. En las últimas horas, se han revelado vínculos entre El Ordeño S.A.S., una empresa con participación del Grupo Noboa, y Amodaimi-Oil Company S.L., una de las firmas involucradas en el consorcio adjudicatario. También se ha señalado que otra compañía del mismo grupo maneja contratos estatales millonarios, como la distribución del desayuno escolar.
Protestas y movilización social
El proceso de adjudicación ocurre en un momento delicado para el país. Noboa ha decretado un estado de excepción en siete provincias, justificando la medida por el aumento de la criminalidad. No obstante, para muchos sectores, esta decisión también busca impedir manifestaciones y protestas contra la privatización petrolera.
Con la fecha límite del contrato acercándose y la presión social en aumento, el panorama sigue incierto. Mientras el gobierno defiende la necesidad de atraer inversión privada, la oposición y diversos sectores ciudadanos insisten en que la entrega del Campo Sacha representa una pérdida para el país. El desenlace de esta controversia podría marcar un punto de inflexión en la política energética y económica de Ecuador.
Durante la mañanera del pueblo de este lunes, la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo aclaró que la investigación en contra del exgobernador de Michoacán, Silvano Aureoles Conejo, no tiene relación con su administración, ya que el caso está en manos de la Fiscalía General de la República (FGR) desde hace varios años.
Desde el salón de Tesorería de Palacio Nacional, Sheinbaum Pardo subrayó que se trata de una carpeta de investigación que ha estado en curso desde antes de su gobierno y que corresponde únicamente a la FGR.“Es un asunto de la Fiscalía desde hace años. Esta carpeta de investigación no es un asunto del Gobierno federal, ni de la presidenta, ni del Gabinete”, enfatizó.
Asimismo, Sheinbaum Pardo reiteró que su administración no interviene en el caso y que será la Fiscalía quien brinde información al respecto.“Es un asunto de la Fiscalía frente a una denuncia que se presentó hace años. Entonces, no tengo más conocimiento y que sea la Fiscalía quien informe de esta situación”, puntualizó.
El fin de semana trascendió que Silvano Aureoles cuenta con una orden de aprehensión en su contra por el delito de peculado. Además, cuatro exfuncionarios de su administración (2015-2021) ya fueron detenidos y se les dictó prisión preventiva justificada.
Entre los detenidos se encuentran:
Carlos Maldonado Mendoza, exsecretario de Finanzas.
J. Antonio Bernal Bustamante, extitular de Seguridad Pública.
Mario Delgado Murillo, exdelegado administrativo de la Secretaría de Finanzas y Administración.
Elizabeth Villegas Pineda, exfuncionaria de la Secretaría de Seguridad Pública (SSPC).
Los cuatro excolaboradores de Aureoles Conejo enfrentan acusaciones por peculado, ejercicio indebido del servicio público, asociación delictuosa y lavado de dinero.
Se espera que el próximo jueves 6 de marzo se defina la situación jurídica de los exfuncionarios implicados en el caso, mientras las investigaciones continúan su curso.
