La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México reveló que ya se han abierto 55 carpetas de investigación contra el llamado Cártel Inmobiliario, una red de corrupción que no solo opera en Benito Juárez, sino también en otras alcaldías.
La titular de la dependencia, Bertha Alcalde Luján, explicó que actualmente se tienen 22 investigaciones activas por fraudes inmobiliarios, además de 33 desgloses relacionados con el mismo esquema ilegal de desarrollo urbano.
“No son hechos aislados, hay un modus operandi claro, y está siendo investigado en diferentes niveles: funcionarios públicos, particulares y directores de obras que violaron la normatividad de construcción”, puntualizó la fiscal en una conferencia de prensa.
Las acciones de la Fiscalía ya han derivado en 4 sentencias condenatorias y 16 vinculaciones a proceso, principalmente por irregularidades ocurridas entre 2015 y 2018, periodo en el que el panista Christian Von Roehrich encabezaba la alcaldía Benito Juárez.
Aunque esta demarcación sigue siendo el epicentro del escándalo, la fiscal confirmó que otras alcaldías también están bajo la lupa por prácticas similares, ampliando así el espectro de investigación.
Este entramado de corrupción inmobiliaria incluye obras ilegales, permisos manipulados y construcciones fuera de norma, que habrían sido autorizadas por servidores públicos coludidos con intereses privados.
El alcalde de Tlalnepantla, Raciel Pérez Cruz, denunció una red de corrupción en la administración anterior. Esta red incluye el desvío de cientos de millones de pesos mediante obras fantasma y contratos simulados.
Durante una conferencia de prensa, Pérez Cruz anunció que investiga a 215 exfuncionarios. Esto incluye a 187 del gobierno central y 28 del organismo del agua (OPDM). Al menos cinco casos se presentaron ante la Fiscalía Anticorrupción del Estado de México.
El alcalde destacó un caso de desvío de más de 148 millones de pesos en un contrato para instalar 20 mil luminarias. “No hay evidencia que justifique este gasto”, explicó, señalando que el contrato era ambiguo.
Otro caso importante es la “Tarjeta Joven”, donde se investiga un desvío de 22 millones de pesos. Pérez Cruz indicó que hay testimonios que demuestran la falsificación de firmas de beneficiarios.
Además, la investigación incluye obras pagadas pero nunca ejecutadas. El alcalde calificó esto como un acto penal. “Pagar por obras no ejecutadas es un delito”, dijo, refiriéndose a proyectos que solo existieron en el papel.
Las irregularidades también abarcan la nómina municipal. Se detectaron alteraciones de documentos y gratificaciones injustificadas que superan los 6 mil pesos al mes. También se investiga un posible conflicto de interés en el área de deportes.
Pérez Cruz recordó que la administración anterior se negó a proporcionar información durante la transición. “No dio cifras ni datos. Violentó la legalidad”, señaló.
Por ahora, el gobierno municipal no revelará los nombres de los exfuncionarios implicados para no afectar el proceso legal. “Debemos ser sigilosos”, afirmó el alcalde. “No voy a tener piedad”.
Ucrania enfrenta un nuevo escándalo de corrupción que involucra a Alexéi Chernyshov, ministro de Unidad Nacional y viceprimer ministro. Este caso ha generado conmoción en el país y podría tener graves consecuencias para el político cercano a Vladímir Zelenski.
La Oficina Nacional Anticorrupción (NABU) y la Fiscalía Especializada en Lucha contra la Corrupción (SAP) han revelado un esquema de corrupción relacionado con obras públicas. Según las autoridades, Chernyshov participó en la obtención ilegal de terrenos en Kiev por un precio muy por debajo del mercado. Las pérdidas se estiman en mil millones de grivnas, aproximadamente 24 millones de dólares.
Chernyshov abandonó Ucrania con su familia en medio de la investigación. Regresó el 22 de junio y se presentó ante la NABU. Allí le informaron sobre las sospechas de abuso de poder y beneficios indebidos. A pesar de las acusaciones, el tribunal otorgó una fianza de 120 millones de grivnas, evitando la prisión preventiva.
Este escándalo no es nuevo para Ucrania. Las autoridades han identificado a cinco personas como sospechosas, incluidos dos asociados de Chernyshov. A medida que avanzan las investigaciones, se espera que el ministro enfrente hasta 12 años de prisión. Sin embargo, su cercanía a Zelenski podría protegerlo.
Los medios ucranianos sugieren que Chernyshov podría ser destituido del cargo, especialmente en un posible reajuste del Gobierno. Algunos creen que el Ministerio de Unidad Nacional, creado para él, podría ser liquidado. La falta de elecciones y el bajo apoyo a Zelenski en el extranjero han disminuido el interés en este tema.
Chernyshov ha tenido una carrera política activa. Desde 2020 hasta 2022, fue ministro de Desarrollo de Comunidades y Territorios. Luego, dirigió la empresa energética estatal Naftogaz. En diciembre de 2024, fue nombrado ministro de Unidad Nacional, aunque su papel en esta nueva posición ha sido confuso, según informes de prensa.
A medida que avanza la investigación, el futuro político de Chernyshov se torna incierto en medio de este escándalo de corrupción que sacude a Ucrania.
Durante la inauguración de una nueva sala de hemodinamia en el Hospital de Especialidades IMSS-Bienestar Juan María de Salvatierra, en La Paz, Baja California Sur, la Presidenta Claudia Sheinbaum aseguró que en los gobiernos de la Cuarta Transformación no hay espacio para la corrupción y que los recursos del pueblo son sagrados, por lo que se devuelven en salud, educación, programas sociales y obra pública.
Acompañada por la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, y el gobernador Víctor Manuel Castro Cosío —quien refrendó su respaldo ante “infundios derivados de la coyuntura internacional”—, la mandataria anunció una inversión adicional de 300 millones de pesos para el sistema de salud del estado.
Sheinbaum también señaló que su administración trabaja en fortalecer los tres sistemas públicos de salud (IMSS, ISSSTE e IMSS-Bienestar) y avanzar hacia la digitalización para que cualquier persona pueda ser atendida en cualquier institución. Esto incluye llevar Internet a todos los hospitales y centros de salud del país.
Criticó los actos de corrupción en sexenios pasados, especialmente en el sector salud y en el Infonavit, y denunció intentos de abuso por parte de farmacéuticas en recientes licitaciones públicas. “Lo importante es que los medicamentos lleguen a todos los rincones del país, y lo vamos a lograr”, subrayó.
Destacó que ya se han registrado avances en la entidad, como el nuevo Hospital General de Santa Rosalía y la próxima apertura de un hospital del IMSS con 200 camas en Los Cabos.
La Fiscalía General de la República (FGR) investiga a 2 mil 378 de sus propios funcionarios por delitos como permitir la fuga de detenidos, abuso de autoridad, tortura y alteraciones en dictámenes periciales. Las irregularidades fueron detectadas entre 2019 y mayo de 2025, tras mil 476 vistas penales tramitadas por la Fiscalía Especializada de Asuntos Internos (FEAI).
Las investigaciones alcanzan a ministerios públicos, policías federales ministeriales, fiscales en jefe, peritos, delegados y personal administrativo. A pesar de la magnitud de los casos, sólo se han judicializado 10 carpetas en lo que va de 2025, mientras que este año se han elaborado 61 vistas.
Las vistas derivan de inspecciones y evaluaciones técnico-jurídicas que detectan omisiones graves. La más común: no realizar diligencias necesarias para esclarecer delitos. Aunque la FEAI puede imponer sanciones que van desde la suspensión hasta la destitución, no existen registros públicos de castigos aplicados.
Abogados penalistas y expertos en justicia advierten que la falta de profesionalismo en la FGR daña tanto a víctimas como a personas investigadas. El penalista Owen Landeros considera que el Ministerio Público opera con excesiva discrecionalidad, mientras que la investigadora Yadira García llama a reforzar la supervisión y combatir la corrupción en las fiscalías.
La procuración de justicia quedó fuera de la reforma al Poder Judicial de 2024, y para especialistas, eso perpetúa las fallas que minan la credibilidad del sistema penal en México.
A cuatro meses de dejar la presidencia, Enrique Peña Nieto otorgó un contrato millonario a una empresa ligada al empresario israelí Uri Ansbacher, quien recientemente confesó haber sobornado al exmandatario para vender el software espía Pegasus. La compañía beneficiada, Air Cap SA de CV, fue declarada empresa fantasma por el SAT en abril de 2025 y aún así recibió pagos durante el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, de acuerdo con una investigación de Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI).
El contrato, por 4.2 millones de dólares, fue firmado el 31 de julio de 2018, cuando AMLO ya había ganado la elección. Air Cap acumuló adjudicaciones por casi mil millones de pesos entre 2017 y 2020, tanto con el gobierno federal como con el Estado de México. En 2021, una investigación internacional reveló que la empresa fue parte de la red usada para triangular la venta de Pegasus a dependencias mexicanas.
A pesar de los señalamientos, el gobierno de AMLO mantuvo a Air Cap en su padrón de contratistas y la Sedena incluso le envió invitaciones para cotizar servicios entre 2019 y 2020. La deuda por el contrato firmado al final del sexenio peñista se terminó de pagar hasta 2020, según documentos oficiales obtenidos por MCCI.
La empresa también recibió 784 millones de pesos en contratos del gobierno de Alfredo del Mazo, primo de Peña, para sistemas de videovigilancia, bloqueadores de señal y brazaletes electrónicos. Del Mazo, expulsado del PRI en 2024, fue señalado en su momento por ocultar una cuenta en Andorra con 1.5 millones de euros.
Los domicilios registrados por Air Cap van desde oficinas virtuales hasta departamentos en Iztapalapa y Tepito, lo que refuerza su perfil como empresa fachada. Aun así, logró colarse a contratos clave en seguridad nacional, con adjudicaciones directas bajo el argumento de confidencialidad.
En Israel, la disputa legal entre Ansbacher y su socio Avishay Neriah destapó el presunto pago de 25 millones de dólares a Peña Nieto. Aunque el expresidente lo ha negado públicamente, la FGR ya abrió una carpeta de investigación. Mientras tanto, Air Cap se mantiene como símbolo de la impunidad en los negocios con el Estado.
La Presidenta Claudia Sheinbaum calificó como “medio tremendo” lo revelado por el diario israelí The Marker, que acusa a Enrique Peña Nieto de recibir 25 millones de dólares en sobornos para facilitar contratos con el software Pegasus durante su sexenio.
En conferencia matutina, Sheinbaum subrayó que el exmandatario ya negó las acusaciones, y recordó que el escándalo surgió de un juicio entre empresarios israelíes con disputas mercantiles por negocios hechos en México.
“Es un juicio en Israel, entre dos personas que hicieron negocio en México, y en ese juicio salió esta información”, apuntó. Peña Nieto ha negado categóricamente haber recibido sobornos o haber intervenido en la asignación de contratos durante su administración.
El Departamento del Tesoro de EE.UU. ha sancionado a tres instituciones financieras mexicanas: CIBanco, Intercam Banco y Vector Casa de Bolsa . Estas entidades están acusadas de facilitar el lavado de dinero para cárteles mexicanos.
Las autoridades estadounidenses señalan que estas instituciones desempeñan un papel crucial en el movimiento de millones de dólares en nombre de organizaciones delictivas . Según las investigaciones, estas financieras ayudaron a los cárteles a adquirir precursores químicos para la producción de fentanilo.
Vector Casa de Bolsa ha sido vinculado con el Cartel de Sinaloa y el Cartel del Golfo. Se alega que facilitó sobornos a Genaro García Luna, exsecretario de Seguridad Pública de México, condenado en EE.UU. UU. Por corrupción . Entre 2013 y 2016, se transfirieron más de 1.5 millones de dólares a Vector desde una “mula de dinero” del Cartel de Sinaloa .
CIBanco, por su parte, también enfrenta graves acusaciones. Se le acusa de facilitar transacciones para el Cartel del Golfo y el CJNG. Desde 2012, se han incautado cargamentos de precursores químicos relacionados con empresas que utilizaron CIBanco . Entre 2020 y 2024, se registraron al menos 12 transferencias que suman 600 mil dólares a una empresa en China , potencialmente vinculadas al tráfico de opioides.
Intercam Banco ha sido designado para procesar millas de transferencias en nombre de empresas involucradas en la importación de precursores químicos. En 2022, ejecutivos de Intercam se reunieron con supuestos miembros del CJNG para discutir esquemas de lavado de dinero . Entre 2016 y 2024, una empresa china vinculada al tráfico de precursores realizó más de 50 transferencias a través de Intercam.
Las tres instituciones han negado las acusaciones. Vector enfatizó que siempre ha operado bajo altos estándares de cumplimiento. CIBanco reafirmó su compromiso con la legalidad, mientras que Intercam defendió su historial de cumplimiento normativo.
La colaboración y el diálogo entre México y Estados Unidos pueden llevar a un sistema financiero más robusto y a relaciones diplomáticas más sólidas, beneficiando a ambos países en su lucha conjunta contra el crimen organizado.
El gobernador de Puebla, Alejandro Armenta, encabezó una tercera reunión con colectivos de madres y padres buscadores. Durante el encuentro, reafirmó su compromiso de encontrar a las personas desaparecidas y de mantener la lucha hasta lograr resultados.
Armenta se reunió con el colectivo Voz de los Desaparecidos en Puebla y organizaciones como Justicia para Paulina Camargo y Buscadores de Paz. En su discurso, destacó la importancia de la honestidad y la cero tolerancia a la corrupción en los procesos de búsqueda. “Cero tolerancia a la corrupción y la impunidad. Todos los casos importan”, enfatizó.
El gobernador prometió mantener contacto constante con las familias y establecer reuniones mensuales. También aseguró que no permitirían más trabas burocráticas ni retrasos en la asignación de presupuestos para facilitar las acciones de búsqueda.
Desde el inicio de su administración, se han localizado a 99 personas, lo que refleja avances significativos en las búsquedas. “Estamos tomados de la mano en esta lucha”, aseguró Armenta.
La Fiscal General del Estado, Idamis Pastor Betancourt, anunció un micrositio con un directorio de huellas dactilares, que estará disponible en 15 días. Esta herramienta será clave para identificar a personas desaparecidas.
La presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Estado, Rosa Isela Sánchez, reiteró el apoyo total de la institución, asegurando que no revictimizarán a las familias. “Damos acompañamiento y vigilamos que se respeten sus derechos humanos”, afirmó.
El Padre Arturo González, representante de la Red Nacional por la Paz, reconoció la voluntad política del gobierno estatal. Esta disposición genera esperanza para alcanzar los objetivos de búsqueda, comentó
El Comisionado Estatal de Búsqueda, Juan Enrique Rivera Reyes, reportó avances en casos desde diciembre de 2024 hasta junio de 2025. Informó sobre dos casos activos en ficha amarilla de Interpol.
Familiares de desaparecidos, como María del Carmen González Camacho, agradecieron el esfuerzo institucional. También, solicitaron mayor apoyo económico para continuar con la búsqueda de sus seres queridos. “Mi hija lleva 8 años desaparecida, y cada día representa un esfuerzo para continuar”, expresó González Camacho.
Un tribunal de apelación con sede en Hermosillo, Sonora, ha ordenado la reaprehensión de Luis Cárdenas Palomino. Este exfuncionario, conocido como el “brazo derecho” del exsecretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna, enfrenta graves acusaciones.
Cárdenas Palomino, exdirector de inteligencia de la extinta Policía Federal, fue liberado recientemente por la jueza Karina Almada Rábago. La jueza consideró que la Fiscalía General de la República (FGR) no presentó pruebas suficientes para juzgarlo por el operativo ‘Rápido y Furioso’.
Sin embargo, la FGR aportó documentos y testimonios que contradicen esta decisión. A pesar de la falta de evidencia directa sobre su participación en el operativo, los magistrados decidieron revertir la libertad provisional.
El exfuncionario se encuentra actualmente en el Centro Federal de Readaptación Social número 1, en Almoloya de Juárez, donde enfrenta un proceso por tortura. Además, se le acusa de haber montado pruebas en contra de los hermanos Vallarta Cisneros, miembros de una banda de secuestradores.
Por otro lado, el operativo ‘Rápido y Furioso’ ha sido objeto de controversia desde su ejecución. Este plan en el que está ligado Cárdenas permitió la introducción ilegal de más de dos mil armas a México, con la intención de rastrear su uso entre grupos criminales. Sin embargo, muchas de estas armas terminaron en manos de sicarios, contribuyendo a la violencia en el país.
La defensa de Cárdenas Palomino ha presentado un amparo contra la orden de recaptura. A pesar de ello, la situación legal del exfuncionario continúa complicándose. Las autoridades buscan responsabilizarlo por omisiones que permitieron el ingreso de armamento y municiones al país.
Con este desarrollo, la justicia mexicana enfrenta un nuevo desafío en su lucha contra la corrupción y el narcotráfico. La reaprehensión de Cárdenas Palomino podría ser un paso importante para esclarecer la red de complicidades que existió durante la administración del ilegítimo Felipe Calderón. La sociedad espera respuestas claras sobre la responsabilidad de quienes estaban al mando en aquellos tiempos neoliberales.
