Los diputados Víctor Romo y Ceci Vadillo presentaron una denuncia ante la Fiscalía General de la República (FGR) contra el alcalde de Miguel Hidalgo, Mauricio Tabe, tras revelaciones de un dictamen de la Auditoría Superior de la Federación que señala un daño al erario público por 70 millones de pesos.
El alcalde @mauriciotabe resultó un hampón, es un corrupto, no lo digo yo, ni lo dice @Ceci_vadillo, lo dice el dictamen de la Auditoría Superior de la Federación donde determinó que hay daño al erario público por 70 millones de pesos.
La denuncia surge a raíz de irregularidades en contratos otorgados a empresas sancionadas o con propietarios en común, así como la falta de transparencia en la ejecución de obras. Según los legisladores, se han detectado “obras fantasmas”, programas sociales sin beneficiarios registrados y problemas con servicios como el bacheo y la instalación de luminarias, que no cuentan con la documentación correspondiente.
“Queremos entender qué ha pasado con estos 70 millones de pesos y cuál es el esquema de corrupción de Mauricio Tabe”, afirmó Ceci Vadillo. Los diputados hicieron un llamado al fiscal general de la República, Alejandro Hertz Manero, para que se designe una carpeta de investigación y se deslinden responsabilidades en este caso.
La denuncia refleja el creciente descontento en la alcaldía de Miguel Hidalgo y la exigencia de respuestas ante las acusaciones de corrupción sobre Mauricio Tabe que involucran a su administración.
Poco a poco salen a la luz los malos manejos de las administraciones de políticos panistas y priistas que, durante años, han sumido al municipio de Durango en una constante inestabilidad social y política. En esta ocasión, el periodista Ricardo Sevilla expuso las irregularidades laborales en las que se encuentran algunos servidores públicos del ayuntamiento.
El reporte de Sevilla presenta el testimonio de una mujer que trabajó en el ayuntamiento durante las administraciones de los panistas Antonio “Toño” Ochoa y Jorge Salum, entre otros. Según su relato, estos funcionarios daban instrucciones para hostigar a empleados del gobierno municipal con el objetivo de forzarlos a renunciar.
📹 #Vídeo | En Durango no solo crecen los casos de violencia a la población; @sevillacritico expone testimonios de servidores públicos del ayuntamiento que fueron víctimas de hostigamiento y acoso para obligarlos a renunciar.
“En 2020, cuando entró Jorge Salum, me cambiaban los horarios, me ponían retardos, hacían reuniones y me excluían. Había días que no me pagaban, trabajaba tiempo extra sin recibir pago, pedía autorización para ir a la escuela de mi niño y me la negaban, lo mismo cuando solicitaba permiso para ir al médico. Me trataban como peón, lavando trastes y recogiendo mobiliario desde las 11 de la mañana hasta las 8 de la noche. Y el viernes, cuando recibí mi salario, solo me llegaron 67 pesos”, denunció una de las víctimas de abuso de autoridad por parte de estos políticos panistas.
Durante su testimonio, la mujer —quien prefirió mantener su identidad en el anonimato por temor a represalias— detalló que el hostigamiento que sufrió tenía un trasfondo político, pues las autoridades buscaban quedarse con su plaza.
“Cuando fui a exponer mi caso a Recursos Humanos, me dijeron que era un tema político porque querían mi plaza y, como yo era sindicalizada, no podían despedirme. Entonces pregunté: ‘¿Me van a estar hostigando toda mi vida?’ Y el encargado me respondió: ‘Sí, o hasta que te vayas’”.
En su reportaje, Ricardo Sevilla explicó que la víctima de estas prácticas de las administraciones panistas sufrió estrés, insomnio y angustia debido al trato que Jorge Salum daba a los empleados que no habían ingresado durante su gestión.
Pero, ¿cuál era el interés en su plaza? La denunciante relata que su función era revisar facturas y que, en el proceso, descubrió diversas prácticas de corrupción que afectaban el erario. Estas incluían facturas emitidas a prestanombres y aumentos irregulares en los montos.
“Por ejemplo, en mobiliario rentaban cien sillas y pagaban por doscientas o trescientas. Como yo estaba en el área administrativa, debía emitir el pago y adjuntar la evidencia. Al revisar, me daba cuenta de estas irregularidades y a veces les cuestionaba: ‘Oye, ¿cómo voy a mandar esta factura si la evidencia fotográfica no corresponde?’ Como los cuestionaba, me veían como una piedra en el zapato. Y es que, ¿cómo iba a inflar algo sin saber si realmente se hizo o no?”.
La impunidad no solo queda en Jorge Salum, pues la complicidad del actual alcalde José Antonio “Toño” Ochoa, avaló lo hecho por su predecesor.
“Yo me acerque al actual alcalde y le expuse mi situación y el respondió que no puede hacer nada, ni dar trabajo a exempleados y menos si renunciaron voluntariamente aunque no fue voluntariamente, fue por hostigamiento y no he podido encontrar trabajo desde el 2021 porque el municipio me cerró las puertas”.
El panista Jorge Salum fungió como presidente municipal de Durango del 1 de septiembre de 2019 al 31 de agosto de 2022. Durante su administración, según datos del Observatorio Nacional Ciudadano, los delitos como el robo de vehículo aumentaron significativamente. En agosto de 2019, un mes antes de que asumiera el cargo, se registraban 7.41 denuncias diarias por este delito, pero para octubre del mismo año la incidencia subió a 12.93. En el caso de la extorsión, recibió un municipio con una incidencia de 0.59 denuncias y dejó la capital del estado con 1.42. Actualmente con la administración de José Antonio “Toño” Ochoa, el municipio ha registrado un aumento considerable en casos de violencia familiar, siendo las mujeres, niñas y niños, las principales víctimas de los malos manejos del Panista.
En los últimos tres años, el Poder Judicial de la Federación ha otorgado la libertad a 72 líderes e integrantes de la delincuencia organizada en México, mediante sentencias absolutorias, libertades provisionales y anticipadas, así como cambios de medidas cautelares, según publicó El Universal. Entre los beneficiados destacan personas procesadas por narcotráfico, delitos contra la salud, tortura y secuestro, entre otros cargos.
El pasado jueves, el Gobierno de México sorprendió con el traslado de 29 capos de alto y medio rango a Estados Unidos, entre los que sobresalen Rafael Caro Quintero (Don Rafa), Vicente Carrillo Fuentes (El Viceroy), Antonio Oseguera Cervantes (Tony Montana) y Miguel Ángel Treviño Morales (El Z-40). Más tarde, infirmes oficiales revelaron que jueces de Poder Judicial tenían planeado liberar a más de una decena de los generadores de violencia.
El Universal destacó que, de enero de 2022 a enero de 2025, diversos juzgadores emitieron resoluciones que permitieron la libertad de presuntos delincuentes de alta peligrosidad, como Inés Coronel Barrera, suegro de Joaquín El Chapo Guzmán, liberado el 5 de abril de 2022, o Javier Adrián Salazar Ortiz (El Barbas), quien fue absuelto el 29 de febrero de 2024. Además, Fernando Sánchez Arellano (El Ingeniero), sobrino de los fundadores del Cártel de los Arellano Félix, recibió libertad provisional el 25 de diciembre de 2023.
Por su parte, Milenio reveló que el Gobierno de México tiene bajo investigación a 16 jueces de distrito, señalados por retardar la extradición de los hermanos Treviño Morales, líderes del Cártel de Los Zetas. En más de siete años, estos jueces difirieron en 36 ocasiones las audiencias de la junta de peritos, incluso retrasando en nueve ocasiones la identificación fisionómica de los imputados.
El pasado viernes 28 de febrero, la Presidenta Sheinbaum arremetió contra la corrupción en el Poder Judicial, calificándola como “aberrante y ofensiva”, luego de la extradición de 29 presos al gobierno de Estados Unidos.
Crisis judicial y controversia en las liberaciones
El registro de libertades incluye a personajes como José Antonio Yepes (El Marro), fundador del Cártel Santa Rosa de Lima, y Axel Alfredo Cárdenas Rodríguez, líder del Cártel del Golfo, entre otros. En muchos casos, las resoluciones se basaron en argumentos que el fiscal general Alejandro Gertz Manero calificó como “ridículos y desproporcionados”, señalando que se utilizaron pretextos como “no son ellos, que son otros”, a pesar de contar con fotografías y datos concluyentes.
Las autoridades mexicanas presentaron en agosto de 2023 una queja administrativa ante el Consejo de la Judicatura Federal (CJF) contra los jueces implicados, quienes en más de ocho años no concluyeron la instrucción de extradición de los hermanos Treviño Morales. Finalmente, el 27 de septiembre de 2024 se determinó que ya no había pruebas pendientes, abriendo la puerta a la resolución del proceso.
Harfuch y Gertz exponen corrupción del Poder Judicial
El pasado jueves, durante conferencia de prensa, el titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch, informó sobre el traslado de 29 detenidos considerados generadores de violencia a Estados Unidos, donde enfrentan cargos por delitos de alto impacto como tráfico de drogas, delincuencia organizada, trasiego de fentanilo, tráfico de armas y secuestro.
García Harfuch explicó que esta acción se tomó el pasado 27 de febrero luego de que el Gabinete de Seguridad obtuviera información sobre posibles acuerdos entre algunos jueces para favorecer a estos delincuentes, ya sea mediante su liberación o retraso en sus procesos judiciales.
El titular de la Fiscalía General de la República (@FGRMexico), Alejandro Gertz Manero, informó que el traslado de las 29 personas a #EstadosUnidos se realizó con base a un requerimiento del gobierno estadounidense fundamentado en la Convención de Palermo, contra la delincuencia… pic.twitter.com/5OzYMyfHwD
Por su parte, el titular de la Fiscalía General de la República (FGR), Alejandro Gertz Manero, aseguró que el traslado de estos criminales se realizó en estricto apego a los convenios bilaterales entre México y Estados Unidos. Ante la posibilidad de que alguno de los extraditados enfrente la pena de muerte, Gertz Manero enfatizó que las sanciones impuestas en territorio estadounidense deben respetar los acuerdos suscritos entre ambos países.
“Tenemos un acuerdo muy claro en el sentido de que una legislación como la mexicana, que no contempla esa sanción [la pena de muerte], debe ser respetada”, declaró el Fiscal General.
En una conferencia de prensa, el gobernador electo de Puebla, Alejandro Armenta, reafirmó su compromiso en la lucha contra la corrupción y destacó que no permitirá que funcionarios o particulares intenten aprovecharse de los recursos públicos. Durante su intervención, relató un caso reciente en el que un supuesto empresario se acercó a un futuro administrador de su equipo con una propuesta inapropiada.
“Los delincuentes disfrazados de empresarios están equivocados”
Armenta señaló que algunos delincuentes intentan actuar bajo la fachada de empresarios para cometer actos ilícitos. En este caso específico, pidió al futuro funcionario que no informara al gobernador sobre su propuesta. Sin embargo, el administrador actuó correctamente al comunicar la situación de inmediato.
“Algún funcionario que crea que no se va a dar cuenta el gobernador recuerden que soy administrador público recuerden que mi primera tarea fue hacer estados de origen y aplicación de recursos que conozco a donde se esconden los actos delictivos entonces, eso de que no se va a enterar el gobernador, se va a enterar el gobernador tenganlo por hecho.” enfatizó Armenta.
📹 #Vídeo | No habrá delincuentes disfrazados de funcionarios: @armentapuebla_, gobernador electo de #Puebla, no tolerará corrupción en su administración y promete acciones firmes para prevenir y erradicar estas prácticas.
El gobernador electo subrayó que no tolerará la complicidad de funcionarios con actos ilícitos y aseguró que tiene pleno conocimiento de cómo detectar irregularidades en el manejo de recursos públicos. Destacó que su formación en administración pública y experiencia previa le permiten identificar los lugares donde suelen ocurrir estas prácticas.
Armenta dejó claro que cualquier funcionario que actúe como cómplice en un acto de corrupción enfrentará consecuencias severas, pues su administración estará centrada en la honestidad y el servicio al pueblo.
“El dinero es del pueblo y nos contrataron para no robar, no mentir y no traicionar al pueblo de México”, afirmó
El gobernador electo concluyó su mensaje recordando que su mandato se regirá bajo los principios de no robar, no mentir y no traicionar al pueblo de México. Reiteró que los recursos públicos deben manejarse con apego a la ley y que quienes intenten lucrar con ellos encontrarán una barrera firme en su gobierno.
La ministra presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Norma Piña, recordó al presidente del Senado de la República, Gerardo Fernández Noroña, que existen suspensiones que impiden entregar la información solicitada.
A través de un comunicado dirigido al Senado, la ministra presidenta informó que el pasado 30 de septiembre, la Comisión de Adscripciones sometió a consideración y votación el listado de juezas, jueces, magistradas y magistrados en circuito, tanto activos como renunciantes, así como las vacantes. Este listado fue sometido a consideracoón del Consejo de la Judicatura Federal (CJF) para su evaluación.
Sin embargo, el 2 de octubre se determinó que no era posible que el Pleno aprobara las listas, ya que la Comisión de Creación de Nuevos Órganos no había participado en el proceso. “Existía la imposibilidad para que el Pleno aprobara las listas, pues la Comisión de Creación de Nuevos Órganos no había participado en el proceso en términos del plan de trabajo aporbado por el Pleno”
La Dirección General de Asuntos Jurídicos también informó al Pleno sobre la admisión de varios juicios de amparo que impugnan el decreto de la reforma judicial, así como las suspensiones provisionales concedidas en relación con estos.
En particular, el amparo 989/2024, emitido por el Juzgado Primero de Nuevo León, otorgó una suspensión provisional que impide al Consejo de la Judicatura Federal entregar al Senado de la República la lista completa de cargos de jueces y magistrados.
Por lo tanto, el Pleno del CJF acordó que en su próxima sesión se tomarán decisiones sobre cómo cumplir con las suspensiones decretadas por los tribunales.
Jueces y magistrados del Poder Judicial de la Federación acordaron un paro nacional indefinido en rechazo a la reforma judicial. La madrugada del lunes, la suspensión de labores comenzó en al menos 29 estados del país, luego de que una votación virtual determinó el respaldo mayoritario a esta medida.
La Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito del Poder Judicial (Jufed) organizó la votación, en la que participaron 1,403 juzgadores. De ellos, 1,202 optaron por suspender las actividades jurisdiccionales, mientras que 201 se pronunciaron en contra. La votación se llevó a cabo a través de una plataforma en línea, donde los jueces y magistrados ingresaron con sus correos electrónicos institucionales para emitir su voto.
La JUDEF lanzó la convocatoria la semana pasada, diseñando una plataforma para que jueces, magistrados, asociados y jubilados pudieran participar en este ejercicio democrático. El paro de actividades a este nivel comenzará oficialmente el miércoles 21 de agosto, cuando los juzgados y tribunales federales en todo el país detendrán sus labores, salvo en casos urgentes.
En un comunicado, la JUDEF se ha unido a los órganos que pretenden engañar al pueblo y alegan que esta decisión se ha tomado “en la defensa de la autonomía del Poder Judicial de la Federación”, repitiendo las falacias de la oposición.
Esta serie de pactos tendrá un coste alto para el país y refleja de manera clara hasta dónde están dispuestos a llegar algunos órganos impartidores de justicia para continuar con una estructura de privilegios que beneficia el nepotismo y la corrupción.
Según una investigación realizada por Jorge Covarrubias para la Revista Polemón, en febrero de 2017, una exempleada del Consejo de la Judicatura Federal (CJF) denunció un hallazgo alarmante: casi cuatro millones de pesos en efectivo fueron encontrados en la cajuela de un automóvil oficial, un Sentra blanco, estacionado en las instalaciones del CJF en el Ajusco. Rosa Suárez, quien notificó el incidente, informó a Rosa María Vizconde Ortuño, entonces Secretaria Ejecutiva de Administración del CJF, sobre la existencia de una bolsa con el dinero, supuestamente destinado a obras.
El vehículo estaba asignado a Francisco Javier Pérez Maqueda, director de Inmuebles y Mantenimiento del CJF. Este escándalo, conocido como el “cajuelazo”, reveló una red de corrupción dentro del organismo, que incluso alcanzó al presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) en ese entonces, Luis María Aguilar Morales. Durante su gestión (2015-2019), se adjudicaron múltiples contratos de manera directa, sin licitación, para la construcción de centros de justicia penal y salas orales, por un valor estimado de más de 3 mil 118 millones de pesos.
Pérez Maqueda, quien estaba en Tepic, Nayarit, supervisando una obra cuando se descubrió el dinero, alegó que le habían “sembrado” el efectivo como represalia por denunciar sobornos a funcionarios del CJF. Sin embargo, las investigaciones revelaron que un chofer confesó haber recibido instrucciones de la empresa Constructora del Norte para entregar el dinero a Pérez Maqueda.
Como resultado, Pérez Maqueda y otros cinco funcionarios fueron separados de sus cargos y se les impuso una inhabilitación de 20 años para ocupar cualquier puesto en la administración pública, una decisión ratificada por unanimidad en agosto de 2019. Además, se le aplicó una sanción económica de 3 millones 491 mil pesos, correspondientes al dinero encontrado. Este caso subraya las sospechas de sobornos y corrupción dentro del CJF, destacando la compleja relación entre funcionarios y empresas favorecidas con contratos millonarios.
