La dirigente de Morena, Luisa Alcalde, critica fuertemente al exgobernador panista de Tamaulipas, Francisco Javier Cabeza de Vaca, en medio de un contexto de corrupción.
La tensión política en Tamaulipas se intensifica. La dirigente de Morena, Luisa María Alcalde, visitó el estado y lanzó duras críticas contra Francisco Javier Cabeza de Vaca. Lo calificó como un símbolo de la corrupción en el país, representando lo peor del PRIAN.
Alcalde hizo estas declaraciones en un momento crítico. Siete excolaboradores de Cabeza de Vaca enfrentan acusaciones serias, como peculado y enriquecimiento ilícito. En su discurso, la dirigente de Morena recordó que el evento se celebró en medio de graves inundaciones que afectaron a varios estados. “El PAN sigue sin mostrar empatía con la población afectada”, afirmó.
En su conferencia de prensa, Alcalde no se contuvo. Describió a Cabeza de Vaca como “el símbolo del cinismo y la corrupción en México”. Hizo hincapié en que, a pesar de estar en el exilio, disfruta de su fortuna acumulada a expensas del pueblo de Tamaulipas. “Personas como él evidencian el saqueo y la corrupción en el país”, subrayó.
La disputa entre Morena y Cabeza de Vaca continúa, dejando a los ciudadanos atentos a la evolución de estos acontecimientos.
Arturo Ávila, diputado por Morena, denunció que el cambio en el logotipo del PAN no elimina a los políticos corruptos que han dañado a México. La imagen renovada no es más que una fachada que oculta problemas viejos.
Arturo Ávila, reconocido líder político por Morena, compartió en una mesa de debate una reflexión que ha generado revuelo. Con un tono crítico, señaló que el nuevo logo del Partido Acción Nacional (PAN) no representa una verdadera renovación. Para él, detrás de esa imagen fresca y moderna, continúan los mismos personajes que han sido responsables de la corrupción en el país.
El político morenista destacó que el cambio en la imagen del partido parece más una estrategia de marketing que una apuesta real por limpiar su historia. “No esperaba nada, y aun así, logran decepcionarme”, expresó con cierta ironía durante su intervención, al citar a una gran figura del entretenimiento. Sus palabras reflejan el desencanto de muchos mexicanos que aún sienten desconfianza hacia los políticos tradicionales de derecha.
Ávila también criticó que, a pesar de las apariencias, las figuras que han manchado la reputación del PAN no han sido apartadas ni sancionadas. Para él, el partido sigue siendo el mismo, solo que ahora con una máscara diferente. La denuncia busca abrir los ojos a quienes creen en cambios superficiales y en las promesas vacías.
Las palabras de Ávila han generado diversas reacciones en las redes sociales. Muchos usuarios coinciden en que los cambios en la imagen no cambian la realidad. La decepción es compartida por quienes anhelan una verdadera transformación en la política mexicana.
Este episodio refleja una creciente desilusión en la ciudadanía, que busca más que un logo bonito, pues anhelan acciones concretas contra la corrupción y un compromiso real de sus partidos políticos. Mientras tanto, el debate continúa y la esperanza de un cambio genuino sigue viva en la voz de quienes desean ver a México avanzar sin las sombras del pasado.
El dirigente nacional del PAN, Jorge Romero promete un iPhone 17 Pro cada mes a nuevos afiliados; las “estrategias innovadoras” parecen más un intento de llamar la atención que un plan serio de partido.
El dirigente nacional del PAN, Jorge Romero, anunció que el partido rifará un iPhone 17 Pro cada mes para incentivar la afiliación de jóvenes. La promesa surgió durante la presentación de la app del PAN, en entrevista con Azucena Uresti, herramienta que, según Romero, permitirá filtrar a los mejores candidatos.
“Por cierto, vamos a rifar para los jóvenes iPhone 17 Pro cada mes, por si quieren registrarse”, declaró Romero, recordando que antes los fundadores del PAN hacían rifas de electrodomésticos, aunque ahora la modernidad se traduce en teléfonos de 25 a 30 mil pesos.
La estrategia no es nueva. En 2006, durante la campaña presidencial de Felipe Calderón, se organizaron rifas de televisores y planchas para atraer simpatizantes a los mítines. Se acusó el uso indebido de programas sociales para convocar votantes, calificado entonces como un intento desesperado y “palos de ciego” para sostener la campaña.
Con este anuncio, queda claro que el PAN busca atraer afiliados con “incentivos tecnológicos” más que con propuestas políticas sólidas. La medida, vista por algunos como una patada de ahogado, refleja la dificultad del partido para conectar con los jóvenes y mantenerse relevante en el escenario político.
Romero destacó la apertura de la app y los filtros para asegurar la calidad de los nuevos miembros, pero la estrategia del iPhone evidencia que el PAN prefiere brillar con regalos antes que con ideas. La táctica ha generado burla y escepticismo: una política que “ya no prende” intenta sobrevivir con rifas y promesas llamativas.
El PAN intenta revivir su presencia entre los jóvenes, aunque surge la duda de si un iPhone mensual puede compensar la falta de propuestas frescas y cercanas a la nueva generación. Mientras tanto, Romero insiste: “así le hacían nuestros fundadores”, como si un teléfono de última generación pudiera reemplazar liderazgo e innovación.
El exfuncionario podrá seguir su proceso migratorio en libertad tras pagar fianza; no hay procedimiento de extradición vigente.
El exdirector de Pemex, Carlos Treviño Medina, señalado en México por presuntos sobornos en el caso Odebrecht, fue liberado en Estados Unidos sin ser entregado al país ni enfrentar un proceso de extradición.
Tras permanecer diez días detenido por autoridades migratorias estadounidenses, Treviño compareció ante un juez de la Corte de Migración el 26 de agosto, quien determinó otorgarle la libertad bajo fianza mientras continúa la revisión de su estatus migratorio y su solicitud de asilo. Actualmente, no existe ninguna solicitud de extradición en curso, y desde marzo de 2023, Interpol desactivó su ficha roja.
Treviño Medina fue director de Pemex entre noviembre de 2017 y 2018, designado por Enrique Peña Nieto, y desde 2018 trabajaba como Senior Management Consultant. La orden de aprehensión en México se basa en denuncias de Emilio Lozoya, aunque hasta la fecha no han prosperado por falta de pruebas. La Fiscalía General de la República mantiene los cargos por asociación delictuosa y operaciones con recursos de procedencia ilícita.
Recientemente, una jueza federal negó la solicitud de amparo presentada por Treviño contra la orden de aprehensión, decisión que su defensa calificó como “sorpresiva, apresurada y sin sustento”. La revisión de este caso ahora pasará a un tribunal colegiado.
El abogado de Treviño, Oscar Zamudio, aseguró que la negativa refuerza la necesidad de asilo político, argumentando que no existe un poder judicial independiente, y señaló irregularidades en la documentación presentada en la orden de aprehensión.
Mientras tanto, Treviño podrá permanecer en Estados Unidos durante el desarrollo completo de su proceso migratorio, sin riesgo de ser entregado a México hasta nuevo aviso.
Gerardo “C”, detenido por la FGR, es acusado de defraudación fiscal equiparada y estaría implicado en un esquema de pensiones fraudulentas que afectó al ISSSTE por miles de millones de pesos.
La Fiscalía General de la República (FGR), a través de la Fiscalía Especializada en Materia de Combate a la Corrupción (FEMCC), detuvo al abogado Gerardo “C”, señalado como probable responsable del delito de defraudación fiscal equiparada por más de 160 millones de pesos, correspondientes al ejercicio fiscal de 2019.
La orden de aprehensión fue emitida por la jueza Salma Martínez Macías, con sede en Torreón, Coahuila, luego de que las investigaciones federales revelaran la presunta participación del abogado en un esquema de fraude con pensiones ilegales al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE).
De acuerdo con fuentes ministeriales, Gerardo “C” operaba junto con servidores públicos del propio instituto y de la Junta 42 de Conciliación y Arbitraje, quienes habrían colaborado en la aprobación irregular de pensiones millonarias a personas que no cumplían los requisitos legales. Estas acciones formarían parte de una red de corrupción que generó un daño superior a los 16 mil millones de pesos al erario.
El caso ha sido ampliamente documentado desde 2024, cuando se revelaron los primeros indicios de un fraude estructurado en el sistema de pensiones del ISSSTE, mediante el uso de expedientes falsos, documentos apócrifos y resoluciones manipuladas.
Con esta detención, la FGR avanza en una de las investigaciones más relevantes de los últimos años en materia de corrupción y defraudación al Estado, y se espera que en los próximos días Gerardo “C” sea presentado ante un juez federal para definir su situación jurídica.
Las autoridades subrayaron que las investigaciones continúan abiertas, y no se descarta que más funcionarios públicos y particulares sean procesados por su participación en el fraude masivo contra el ISSSTE.
En Estados Unidos crecen las acusaciones de corrupción contra Donald Trump, su familia y allegados, quienes habrían utilizado la presidencia para enriquecer sus fortunas personales mediante criptomonedas, negocios en Medio Oriente y contratos con empresas favorecidas por el gobierno. Organizaciones civiles califican las operaciones como “la mayor corrupción en la historia presidencial”, mientras la Casa Blanca niega cualquier conflicto de interés.
Donald Trump y su círculo más cercano enfrentan una oleada de denuncias por presunto enriquecimiento ilícito y abuso de poder. Según el grupo Citizens for Responsibility and Ethics in Washington (CREW), el mandatario habría convertido la presidencia en una maquinaria de lucro personal, al obtener más de mil 600 millones de dólares durante su primer periodo y multiplicar sus ingresos en el segundo mediante operaciones financieras vinculadas al gobierno. “Trump no sólo está lucrando desde el cargo, sino que está usando su poder para beneficiarse en cada vuelta”, denunció Rebecca Jacobs, vocera de la organización.
El escándalo más reciente involucra la criptomonedaWorld Liberty Financial (WLFI), respaldada por el propio Trump y lanzada en septiembre. El estreno de la divisa —promovida por Steve Witkoff, enviado del presidente para Medio Oriente— habría generado ganancias personales por más de cinco mil millones de dólares para la familia Trump, según The Wall Street Journal. Poco después, Witkoff y sus hijos gestionaron una inversión de 2 mil millones de dólares de parte del jeque Tahnoon bin Zayed al Nahyan, de Emiratos Árabes Unidos (EUA), lo que coincidió con la autorización de Washington para que ese país recibiera chips avanzados restringidos a China, un movimiento que levantó sospechas de conflicto de interés.
La presencia de Jared Kushner, yerno del mandatario, también ha reavivado las críticas. Tras regresar al equipo negociador de paz en Medio Oriente, Kushner viajó junto a Witkoff para reunirse con líderes árabes, pese a que su fondo de inversión privado recibió más de 2.5 mil millones de dólares de Arabia Saudita, Qatar y los EAU. Consultada al respecto, la vocera de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, calificó como “despreciable” que se sugiriera un conflicto ético, aunque las coincidencias entre las gestiones oficiales y los beneficios privados son cada vez más evidentes.
De acuerdo con CREW y Public Citizen, Trump también habría obtenido millones por el uso de sus hoteles y clubes exclusivos por parte de gobiernos extranjeros. El mandatario ha hospedado en sus propiedades a presidentes de Finlandia, Ecuador, Argentina y Costa Rica, además de usar su residencia en Mar-a-Lago como escenario para encuentros oficiales. En paralelo, su administración propone que la próxima cumbre del G-20 se celebre en el hotel Trump National Doral, en Florida.
Los negocios familiares se extienden más allá del turismo. Además de su criptomoneda y una nueva línea de productos bajo la marca Trump —que incluye biblias, relojes y gorras con el lema “Trump 2028”—, el presidente promueve TrumpRx, una farmacéutica en línea que recientemente incorporó a uno de sus hijos a su junta directiva. Según The Wall Street Journal, esta empresa será proveedora del gobierno cuando inicie un programa público de medicamentos en 2026.
Para la senadora Elizabeth Warren, los hechos constituyen “los primeros 100 actos de corrupción del gobierno de Trump”, registrados oficialmente en el Congreso. Activistas y analistas advierten que la red de intereses privados en torno al mandatario no sólo erosiona la confianza institucional, sino que representa una forma abierta de saqueo desde el poder. “Sólo estamos viendo la punta del iceberg”, advirtió Bartlett Naylor, de Public Citizen. “La Casa Blanca, al parecer, se ha convertido en el negocio más rentable de Estados Unidos”.
Con información de Jim Cason y David Brooks para La Jornada.
La familia del dirigente nacional del PRI enfrenta señalamientos por movimientos financieros y adquisición de múltiples inmuebles, mientras el gobierno de Campeche ordena expropiaciones bajo la “Ley Alito”.
El hermano del dirigente nacional del PRI, Emigdio Moreno Cárdenas, se encuentra en el centro de investigaciones por operaciones financieras y adquisición de propiedades en la Ciudad de México, las cuales generan dudas sobre el origen de sus recursos. La disputa se ha intensificado con la gobernadora de Campeche, Layda Sansores, quien ordenó la expropiación de terrenos registrados a nombre de Yolanda Cárdenas Montero, madre del líder priista, para construir la Universidad Rosario Castellanos.
Emigdio Moreno, ingeniero químico petrolero y empresario del sector industrial, fue vinculado por Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad a movimientos financieros con depósitos por 11 millones de pesos entre 2016 y 2017, parte de los cuales se transfirió a la firma Cuda Consulting. Las transacciones involucraron también a EMC Metering Systems y Flow Control Instrumentation, empresas con altos ingresos y nóminas bajas, generando cuestionamientos sobre la legalidad de las operaciones.
Entre 2013 y 2021, Emigdio adquirió seis inmuebles en CDMX, valorados en 40.7 millones de pesos, ubicados en Polanco, Irrigación, Anáhuac I Sección y Puerta Alameda. Documentos oficiales muestran que entre su madre, su hermano y un arquitecto, concentran 35 propiedades en Campeche.
El 1 de octubre, la gobernadora Layda Sansores anunció la expropiación de cuatro predios en Miramar, con una superficie total de ocho hectáreas, declarados de utilidad pública para la construcción de la universidad. La medida, sustentada en la nueva Ley de Expropiaciones del Estado de Campeche, conocida como ‘Ley Alito’, permite la ocupación inmediata de los predios, al eliminar recursos administrativos para impugnar el acto y dejar solo el juicio de amparo como vía legal.
El gobierno estatal sostiene que las adquisiciones se realizaron mediante prestanombres, y asegura haber detectado más de 30 inmuebles vinculados con familiares y allegados de Moreno Cárdenas, mientras la familia enfrenta un nuevo frente político que aumenta la presión sobre el dirigente priista.
El gobierno municipal de Querétaro, encabezado por el panista Felipe Fernando Macías Olvera, dilapidó más de 7 millones de pesos para la supuesta renovación de alumbrado público en las banquetas de la Alameda Hidalgo, en la capital queretana.
Bajo el eslogan oficial de “Por una mejor Calidad de Vida y Futuro”, el gobierno panista del municipio de Querétaro no se ha tocado el corazón para despilfarrar millones del erario en cambiar lámparas y focos.
Documentos oficiales, a los que ReporterosMx tuvo acceso, revelan que la inversión exacta para la iluminación de la Alameda y su entorno asciende a 7 millones 52 mil 321 pesos, y tuvo el supuesto propósito de beneficiar a más de un millón de habitantes.
La obra, impulsada bajo la promesa de generar mayor seguridad y posibilitar un horario nocturno más amplio en la Alameda, fue adjudicada a la empresa Indisel, S.A. de C.V.
Sin embargo, el monto por la iluminación exclusiva de las banquetas de una sola área emblemática, de acuerdo con testimonios de los propios queretanos, ha sido catalogado como “una auténtico derroche de recursos públicos”.
Los queretanos seguran que Felifer Macías prefiere las obras de relumbrón y se encoge de hombros ante la verdaderas y urgentes necesidades de la capital, como la reparación de vialidades o la inversión en servicios básicos en colonias de la periferia.
LAS OTRAS PRIORIDADES DE FELIFER
Ahora bien, la controversia sobre el alumbrado no es un hecho aislado.
Hace unos días, el regidor morenista Fernando Flores denunciaba, desde sus redes sociales, que el municipio de Querétaro estaba pagando 70 mil pesos por un globo inflado con forma de Luna.
Ante los señalamientos, el alcalde panista salió a defender ese gasto oneroso y reveló, con toda tranquilidad, que, en efecto, su gobierno había gastado 1.8 millones de pesos en un globo, que tenía el fin de acompañar la exposición “Museo de la Luna”.
El edil panista argumentó, simplemente, que una ciudad con más de 1.2 millones de habitantes “exige destinar recursos a todos los rubros”.
No obstante, esta defensa de gastos en rubros de esparcimiento y ornato revela que la administración panista en la capital de Querétaro, en realidad, solo está enfocada en el embellecimiento del centro histórico y las áreas visibles, pero no en las zonas que realmente lo necesitan.
Lamentablemente, la renovación del alumbrado, que sólo consistió en cambiar lámparas y focos, por 7 millones de pesos, no es solo una obra de infraestructura.
En realidad, se trata de un acto político-estético.
Un gobierno que gasta 1.8 millones en un museo efímero y 7 millones en luces, definitivamente no entiende las prioridades de los queretanos.
Infelizmente, el panismo ha distorsionado las prioridades públicas, favoreciendo el marketing político sobre la gestión social.
La exfuncionaria María de Lourdes “N” deberá firmar cada ocho días en la UMECA, pagar garantía de 300 mil pesos y tiene prohibido salir de la ciudad.
Un juez dictó este jueves medidas cautelares a María de Lourdes “N”, exsecretaria de Finanzas del gobierno de Francisco García Cabeza de Vaca, acusada por presunto ejercicio ilícito del servicio público y uso indebido de atribuciones.
De acuerdo con sus representantes legales, la exfuncionaria no podrá salir de Reynosa ni del país. Los hechos que se le imputan ocurrieron el 5 de agosto de 2021, cuando supuestamente dio un uso distinto a fondos públicos por 139.3 millones de pesos durante su gestión en la Secretaría de Finanzas.
El juez determinó que María de Lourdes “N” deberá firmar cada 8 días en la Unidad de Supervisión de Medidas Cautelares (UMECA) y otorgar una garantía de 300 mil pesos. Además, quedó prohibida su salida de la ciudad.
Se programó que la próxima audiencia sa celebrada el 14 de octubre a las 17:00 horas, para dar continuidad al proceso judicial en su contra.
Estas medidas buscan garantizar que la exsecretaria permanezca localizable y cumpla con el proceso mientras se esclarecen las acusaciones por el uso indebido de recursos públicos durante la administración de Cabeza de Vaca.
Los sobrinos del exsecretario de Marina, Rafael Ojeda Durán, realizaron operaciones millonarias en efectivo y con bienes de lujo, pese a ser asalariados, lo que levantó alertas por presunto lavado y corrupción.
La Fiscalía General de la República (FGR) investiga a los hermanos Manuel Roberto y Fernando Farías Laguna, sobrinos del exsecretario de Marina Rafael Ojeda Durán, por realizar movimientos financieros millonarios incongruentes con sus ingresos como servidores públicos.
De acuerdo con la causa penal 325/2025, el vicealmirante Manuel Roberto Farías Laguna obtuvo entre 2020 y 2024 un salario total de 12 millones 168 mil pesos, pero en ese mismo periodo realizó operaciones en efectivo por más de un millón de dólares. Entre ellas destaca la compra de una casa por 5.1 millones de pesos a nombre de su esposa, pagada parcialmente con efectivo, y la adquisición de vehículos de lujo a través de empresas vinculadas con distribuidores BMW.
Además, transfirió recursos por más de 7 millones de pesos en primas de seguros y emitió un cheque por 1.1 millones de pesos a una compañía identificada por la FGR como parte de su red de operaciones irregulares. Estas transacciones generaron alertas por posible simulación de operaciones y lavado de dinero.
Por su parte, el contraalmirante Fernando Farías Laguna declaró ser empresario, aunque no existen facturas que respalden sus supuestas actividades comerciales. A pesar de recibir 1.7 millones de pesos en nómina, sus gastos superaron los 17 millones de pesos entre 2020 y 2024. La Fiscalía documentó que adquirió un terreno, un vehículo valuado en casi 2 millones de pesos y participó en compraventas inmobiliarias con familiares, operaciones que podrían haber sido simuladas para ocultar el origen del dinero.
Los informes financieros también revelan que Fernando Farías aportó más de 11 millones de pesos a una póliza de vida con GNP, una cifra imposible de justificar con su salario. La FGR concluyó que ambos hermanos presentan signos claros de enriquecimiento inexplicable, con manejo frecuente de grandes sumas en efectivo, gastos que rebasan por mucho sus percepciones y vínculos con empresas fachada.
Actualmente, Manuel Roberto Farías Laguna está vinculado a proceso por delincuencia organizada y delitos relacionados con hidrocarburos, mientras que Fernando Farías se encuentra prófugo de la justicia. Según la investigación, los dos manipulaban designaciones y cambios de adscripción en aduanas para facilitar el tráfico de combustible sin pago de impuestos, mediante sobornos millonarios a funcionarios.
