La reforma aprobada por unanimidad eleva penas por abuso sexual, persigue de oficio delitos clave y cierra vacíos legales que favorecían la impunidad.
El Congreso de la Ciudad de México aprobó un paquete de reformas contra la violencia de género que endurece sanciones, persigue de oficio delitos sexuales y precisa conceptos fundamentales como acto sexual y consentimiento, con el objetivo de cerrar brechas legales y fortalecer la protección de mujeres, niñas y adolescentes.
Entre los cambios centrales, se incrementa la pena mínima por abuso sexual de dos a cuatro años de prisión, con multas de hasta 113 mil pesos, y se establece como reparación del daño obligatoria la atención psicológica especializada para la víctima, además de la asistencia del agresor a talleres de reeducación con perspectiva de género. La reforma define el acto sexual como tocamientos, caricias, roces corporales, exhibiciones o representaciones sexuales explícitas, evitando interpretaciones discrecionales.
También se incorpora el consentimiento como eje del acto sexual, el cual puede retirarse en cualquier momento. Se aclara que el silencio, la pasividad, la tolerancia previa o la falta de oposición no constituyen consentimiento cuando exista intimidación, amenazas, abuso de confianza o autoridad, o situación de vulnerabilidad.
El paquete legal persigue de oficio el “grooming” —acoso sexual contra menores mediante medios tecnológicos—, crea el tipo penal de violencia familiar entre pareja y amplía la violencia familiar para sancionar conductas en relaciones de noviazgo. Además, faculta al Ministerio Público para dictar medidas de protección en casos de violencia vicaria y solicitar su ratificación judicial.
Al presentar el dictamen, la diputada Cecilia Badillo Obregón (Morena) reconoció el impulso de la presidenta Claudia Sheinbaum y de la jefa de Gobierno, Clara Brugada, subrayando que la reforma responde al abuso cotidiano en espacios públicos, transporte, escuelas, centros laborales y el hogar. Destacó que “no quedará a la interpretación de ningún juez machista”, al cubrir vacíos que favorecían la impunidad.
Finalmente, se endurecen sanciones en la Ley de Cultura Cívica por vejaciones, intimidación o maltrato dentro del ámbito familiar, al advertir que estas conductas pueden escalar a violencias más graves.
