La iniciativa busca que la extorsión se investigue de oficio, sin denuncia previa, y homologa su castigo en todo el país, con penas más altas en casos de cobro de piso o delitos cometidos desde prisión.
El Gobierno de México envió al Congreso de la Unión la Ley General para Prevenir, Investigar y Sancionar el Delito de Extorsión, que contempla penas de seis a quince años de cárcel y multas de hasta 56 mil pesos para quienes cometan este delito.
Durante la Mañanera del Pueblo, la presidenta Claudia Sheinbaum y la consejera jurídica Ernestina Godoy Ramos explicaron que la iniciativa busca que la extorsión se persiga de oficio, sin necesidad de denuncia, y que se unifiquen los criterios legales en todas las entidades del país.
Godoy precisó que la propuesta incluye agravantes para casos de cobro de piso, cuando las víctimas sean migrantes, menores de edad o servidoras públicas, o si el delito se comete desde centros penitenciarios. Además, prevé que los bienes usados en estos delitos sean confiscados mediante extinción de dominio.
La consejera recordó que el pasado 9 de octubre se publicó una reforma al artículo 73 constitucional, que faculta al Congreso para emitir esta ley. Con ello, se busca fortalecer la coordinación entre los tres niveles de gobierno y reforzar la estrategia nacional contra la extorsión, que ya opera con la línea anónima 089.
“Esta iniciativa consolida la política nacional para frenar el avance de la extorsión, un fenómeno que daña la economía y la tranquilidad de miles de familias”, afirmó Godoy. La propuesta fue turnada a la Cámara de Diputados para su discusión y eventual aprobación.
