La frontera entre Ecuador y Colombia se convirtió en un punto caliente político tras la deportación masiva de 603 presos colombianos, ordenada unilateralmente por el presidente ecuatoriano Daniel Noboa sin protocolos ni acuerdos bilaterales. Esta acción, amparada en la polémica Ley de Integridad Pública aprobada por la mayoría oficialista, permite expulsar a extranjeros detenidos incluso sin sentencia firme, replicando estrategias de política antimigración similares a las del presidente estadounidense Donald Trump.
De acuerdo con El País, la medida ha encendido tensiones diplomáticas con Colombia, cuyo gobierno denunció la falta de diálogo previo y cuestiona el destino de los deportados, la mayoría sin antecedentes penales en su país. En la zona fronteriza de Rumichaca, autoridades colombianas se apresuraron a habilitar espacios para atender a los reclusos, quienes fueron enviados a distintas ciudades sin la posibilidad de responder ante la justicia ecuatoriana. La Cancillería ecuatoriana asegura haber notificado la intención desde el 8 de julio, pero expertos señalan que esta maniobra busca desviar la atención de la creciente crisis de seguridad interna que afronta Noboa, marcada por un récord de homicidios y violencia.
El investigador Luis Carlos Córdova advierte que la Ley de Integridad Pública podría dejar a Ecuador vulnerable, pues facilita la deportación inmediata de criminales extranjeros, quienes podrían continuar operando desde territorio ecuatoriano ante la imposibilidad de una condena efectiva. Esta situación cobra relevancia ante casos emblemáticos como el asesinato del político Fernando Villavicencio, cometido por sicarios colombianos.
Mientras tanto, Noboa utiliza el discurso antimigratorio para consolidar su gobierno, culpando a los extranjeros de la inseguridad y justificando la expulsión masiva. El ministro del Interior, Jhon Reimberg, endurece el mensaje: quienes cometan delitos serán “objetivo militar” y tendrán prohibida su entrada a Ecuador por 40 años.
