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  • Senado aprueba reformas para fortalecer la lucha contra el lavado de dinero

    Senado aprueba reformas para fortalecer la lucha contra el lavado de dinero

    El Senado de la República aprobó reformas a la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita y al Código Penal Federal. Esta aprobación se realizó la noche del martes y busca fortalecer los mecanismos para combatir el lavado de dinero.

    El dictamen recibió 74 votos a favor de Morena y sus aliados. En contra votaron 13 senadores del PRI y algunos panistas, mientras que 19 senadores de Movimiento Ciudadano y Acción Nacional se abstuvieron. La mesa directiva anunció que el documento será enviado a la Cámara de Diputados para su análisis y votación.

    Las reformas incluyeron cambios de última hora. Se eliminó toda referencia al financiamiento del terrorismo, ya que este delito ya está tipificado en el Código Penal Federal. La senadora morenista Lucía Trasviña presentó la reserva para estas modificaciones, argumentando que la figura era innecesaria y podía crear confusiones jurídicas.

    Durante el debate, el panista Francisco Ramírez Acuña cuestionó la eficacia de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) al mencionar el caso de tres instituciones financieras acusadas de lavado de dinero. Preguntó si la UIF y la Comisión Nacional Bancaria y de Valores habían ignorado información relevante.

    Guadalupe Chavira, de Morena, respondió que tanto la Secretaría de Hacienda como la UIF y la Comisión Nacional Bancaria han informado sobre investigaciones en curso. La oposición expresó su apoyo a la lucha contra el lavado de dinero, pero advirtió que esta causa se usa como un “Caballo de Troya” para imponer vigilancia sin control.

    Guadalupe Murguía y Ramírez Acuña señalaron que la definición de “Persona Políticamente Expuesta” es ambigua, lo que podría llevar a sospechas injustificadas sobre ciudadanos comunes. La priísta Claudia Anaya comentó que la reforma representa un paso hacia la “militarización del país”, al permitir que la Guardia Nacional realice labores de investigación.

    Morena calificó estas afirmaciones como exageradas. Javier Corral, presidente de la Comisión de Justicia, explicó que la ley tiene un enfoque preventivo y administrativo. Su objetivo es evitar que el sistema financiero se utilice para fines ilícitos.

    Oscar Cantón Zetina, de Morena, destacó que identificar a las Personas Políticamente Expuestas es clave para prevenir el uso indebido del sistema financiero. Enfatizó que la propuesta no es abusiva, sino necesaria para combatir las redes de encubrimiento generadas por la delincuencia organizada.

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  • FGR impugna resolución que libera a Mario Aburto; pide intervención de la SCJN

    FGR impugna resolución que libera a Mario Aburto; pide intervención de la SCJN

    La Fiscalía General de la República (FGR), interpuso un recurso de revisión para que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) atraiga el caso y analice la resolución de un Tribunal Colegiado que dejaría a Mario Aburto en libertad.

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    De acuerdo con la FGR, un Tribunal Colegiado “introdujo unilateralmente un tema que no estaba en la litis” al aplicar retroactivamente el Código Penal de Baja California, que a consideración de la propia Fiscalía se debió de aplicar la legislación federal, por “la magnitud y consecuencias del hecho delictivo”.

     Se considera que el amparo que se está recurriendo no analizó correctamente la jurisdicción federal que era indudablemente aplicable desde un principio, en este caso; ya que no se trató de un homicidio del fuero común local, sino que, de conformidad con el artículo 10 del Código Federal de Procedimientos Penales, correspondía, por su magnitud y consecuencias, a las autoridades federales conocer de ese delito, como así ocurrió.

    Indicó la FGR en una tarjeta informativa.

    El organismo autónomo federal, indicó que el asesinato del entonces aspirante presidencial por el Partido Revolucionario Institucional (PRI), Luis Donaldo Colosio, “afectó gravemente a la democracia de México; al proceso electoral para la Presidencia de la República; así como al avance en materia de participación ciudadana; que quedaron gravemente lastimados en todo el país”.

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    Asimismo, la FGR señaló que el Tribunal Colegiado omitió escuchar a las víctimas indirectas, dejando en estado de indefensión a las víctimas, al Estado mexicano y sus instituciones.

    La FGR sostuvo que la apertura del caso desde su origen, “da lugar a que, desde el mismo origen, se analicen y se valoren todas las pruebas que existen en favor de todas las víctimas ya señaladas”.

    Cabe recordar que, el 22 de diciembre de 1994 le fue dictada la sentencia de 45 años de prisión a Mario Aburto por el asesinato del Luis Donaldo Colosio, sin embargo un Tribunal Colegiado encontró insistencias, como la aplicación del Código Penal Federal, que de acuerdo con los criterios del juez, se debió de aplicar el Código Penal de Baja California, ya que en esa entidad sucedieron los hechos.

  • Cámara de Diputados aprueba que los delitos sexuales en contra de menores sean imprescriptibles

    Cámara de Diputados aprueba que los delitos sexuales en contra de menores sean imprescriptibles

    Con un apoyo unánime de 425 votos, el Pleno de la Cámara de Diputados aprobó un dictamen que reforma y adiciona varias disposiciones del Código Penal Federal (CPF) con el fin de que los delitos sexuales cometidos contra menores de 18 años no prescriban, es decir, que se puedan perseguir sin importar el tiempo transcurrido.

    Este dictamen aplica a los artículos 107 Bis, 205 Bis, 261, 266 y 266 Ter del Código Penal mencionado, el cual ya fue remitido al Ejecutivo Federal para su correspondiente ratificación constitucional. 

    Con excepción de algunos delitos específicos relacionados con la pornografía, corrupción de menores, turismo sexual, lenocinio y pederastia, que se considerarán imprescriptibles (delitos previstos en los artículos 200, 201, 202, 203, 203 Bis, 204 y 209 Bis), la reforma establece que la prescripción de los delitos cometidos contra menores de edad comenzará a contar desde que la víctima alcance la mayoría de edad.

    Aparte de las penas ya impuestas, se espera que aquellos que desempeñen cargos públicos o sean ministros religiosos y cometan estos delitos sean destituidos e inhabilitados para ocupar cargos públicos por un período equivalente a la sanción impuesta.

    La Ley para prevenir y sancionar la Trata de Personas también ha sido rebautizada como la “Ley General para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos de Trata de Personas y para la Protección y Asistencia a las Víctimas de estos Delitos”.

    Cabe destacar que el propósito principal de estas reformas es asegurar que la persecución de los delitos sexuales contra menores se lleve a cabo sin importar el tiempo transcurrido, con el objetivo de eliminar la impunidad, ya que estos delitos son graves y perjudiciales para la integridad de los menores, y sus consecuencias son tan complejas que dificultan el desarrollo psicosocial de las y los sobrevivientes a estas agresiones. 

    Rosangela Amairany Peña Escalante, una diputada del partido Morena, enfatizó que la violencia sexual es una de las formas más perjudiciales para la sociedad e impide el progreso integral de las personas, lo que tiene consecuencias graves en la salud mental y emocional de las víctimas.

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  • Por caso Elektra, ministro Luis María Aguilar podría ser desaforado

    Por caso Elektra, ministro Luis María Aguilar podría ser desaforado

    El diputado Alejandro Robles dijo que el ministro Luis María Aguilar debería de renunciar e incluso ser desaforado por atentar contra los intereses del pueblo al evitar que Grupo Salinas pagará casi 40 mil millones.

    Los diputados federales de Morena, Lidia Pérez Bárcenas y Alejandro Robles señalaron que el ministro Luis María Aguilar ha estado beneficiando a una gran empresa con presencia nacional al retrasar el cobro de una gran deuda, recursos económicos que deben llegar a las arcas del Estado mexicano, luego de ser acusado ante la Fiscalía General de la República por obstrucción indebida y corrupta a la administración de justicia.

    La diputada Lidia Pérez Bárcenas afirmó en rueda de prensa que hay enormes cantidades de recursos, por ejemplo, el INAI tiene un presupuesto de mil millones de pesos; los cuarenta mil millones de pesos no sólo cubrirían el presupuesto de los órganos constitucionales autónomos, sino que también aumentarían los presupuestos de los programas sociales.

    Por otra parte, el diputado Alejandro Robles mencionó que son tres asuntos que han sido atraídos por la SCJN y el ministro Luis María Aguilar se apoderó de éstos, congelándolos durante casi un año. Se trata de las solicitudes número 416/2022, por un monto de 25 mil millones de pesos, pero con actualizaciones, recargos y multas suma la cantidad de 33 mil 306 millones 476 mil 349 pesos. 

    De acuerdo con el ISR de 2011, más actualizaciones, recargos y multas, la solicitud número 152/2023 es por la suma de 4 mil 916 millones 910 mil 792 pesos. La tercera solicitud tiene el número de referencia 3721/2023 y es por la suma de 2 mil 4 millones 761 mil 834 pesos o aproximadamente 40 mil millones de pesos.

    “Estamos ante un evidente caso de corrupción, con estas conductas delictivas el ministro Luis María Aguilar Morales envía un mensaje claro al pueblo de México, está trabajando para favorecer a los grandes intereses económicos del país y no al pueblo de México, el ministro Luis María Aguilar Morales es un lacayo de las oligarquía y los grandes empresarios mexicanos”, dijo el diputado Robles.

    “Se respeta mucho la presunción de inocencia del ministro Luis María Aguilar Morales, sin embargo, el hecho de tener guardadas las solicitudes 416/2022, 152/2023 y 3721/2023 sería una ingenuidad pensar que se trata de una decisión gratuita, la probabilidad de un uso interesado de la función jurisdiccional por parte del ministro Luis María Aguilar es evidente y la empresa beneficiada que forma parte en los asuntos litigiosos ha preferido apostar al soborno antes que cumplir con sus obligaciones fiscales, lo cual constituiría conductas tipificadas en el Código Penal Federal”, apuntó diputado Robles.

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  • Aprueba Senado reformas a la Ley General en Materia de Humanidades, Ciencia y Tecnologías y Ley Minera

    Aprueba Senado reformas a la Ley General en Materia de Humanidades, Ciencia y Tecnologías y Ley Minera

    El Senado de la República aprobó varias reformas entre las que se encuentran la Ley de Aguas Nacionales, la Ley General del Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente; y la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de Residuos en materia de minería y agua,, la Ley de Aeropuertos y la Ley de Aviación Civil la Ley General de Salud, la Ley Federal del Trabajo la Ley Reglamentaria del Servicio Ferroviario entre otras.

    Durante la sesión de la Cámara de Senadores este 28 de abril los Senadores votaron hasta altas horas de la madrugada diversas reformas a las leyes y la constitución en al menos 20 temas diferentes. Además, decidieron la eliminación de la Financiera Nacional de Desarrollo Agropecuario, Rural, Forestal y Pesquero y reformaron el Código Penal Federal, en materia de tala ilegal.

    Dentro del recuento de reformas aprobadas esta madrugada resaltan la Ley General en materia de Humanidades, Ciencias, Tecnologías e Innovación, reformar la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a fin de disminuir, de 21 a 18 años, la edad requerida para ser diputado o diputada, la Ley General de Salud para incorporar las funciones del INSABI al IMSS-BIENESTAR, la Ley Federal para el Control de Precursores Químicos, Productos Químicos Esenciales y Máquinas para elaborar Cápsulas, Tabletas y/o Comprimidos Para prevenir, detectar y castigar de la producción ilícita de drogas sintéticas

    El presidente de la mesa directiva de la Cámara de Senadores, Alejandro Armenta, declaró concluidos los trabajos del Senado alrededor de las 3 AM. Al levantarse la sesión citaron a la instalación de la Comisión Permanente que tendrá lugar este sábado 29 de abril a las 11 horas.

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  • Diputados aprueban iniciativa presidencial de reformar el Código Penal Federal para endurecer sanciones por tala ilegal

    Diputados aprueban iniciativa presidencial de reformar el Código Penal Federal para endurecer sanciones por tala ilegal

    La Cámara de Diputados aprobó la iniciativa presidencial, con 457 votos a favor y 27 abstenciones, de reformas y adiciones al Código Penal Federal para endurecer las sanciones por tala ilegal y castigar hasta con 16 años de cárcel, así como cinco mil veces el valor de la Unidad de Medida y Actualización (518 mil 700 pesos), ese delito.

    El proyecto remitido al Senado prevé la imposición de seis a 12 años de prisión a quien transporte, comercie, enajene, distribuya, compre, adquiera, almacene, resguarde, posea o transforme productos forestales maderables en un volumen mayor a dos metros cúbicos, sin acreditar su legal procedencia.

    No obstante, las penas aumentarían hasta cuatro años, para alcanzar 16 como máximo, en caso de que las materias primas forestales o productos forestales maderables provengan de un área natural protegida.

    La reforma establece asimismo pena de seis meses a nueve años de prisión y multa de hasta 3 mil veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización (311 mil, 220 pesos) a quien desmonte o destruya la vegetación forestal, o cambie el uso de suelo en terrenos forestales sin autorización.

    Dicha pena se incrementaría hasta cuatro años más, para sumar 13 años, cuando la tala ilegal afecte un área natural protegida.

    “Cuando las conductas a que se refiere este artículo se realicen empleando armas de fuego o cualquier otro medio violento contra las personas o para obtener un lucro o beneficio económico, se le impondrá pena de tres a doce años de prisión y multa de 500 a 5 mil veces el valor diario de la UMA”, señala.

    El articulado prevé, sin embargo, que no se aplicará pena alguna a quien incurra en las conductas señaladas ni a quien transporte leña o madera muerta cuando realice la actividad para uso doméstico dentro de la comunidad rural, indígena o afromexicana a la que pertenezca.

    En su exposición de motivos, la propuesta del presidente Andrés Manuel López Obrador advierte que el comercio ilegal de recursos naturales es tan grave como el crimen organizado trasnacional con ganancias de entre 10 mil millones y 15 mil millones de dólares en todo el mundo.