El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) decidió este 12 de agosto, por nueve votos contra uno, no discutir la prisión preventiva oficiosa, a pesar de la propuesta presentada por la ministra Margarita Ríos Farjat, quien busca alinear esta medida con los derechos humanos y estándares internacionales, de acuerdo con información de El Sol de México.
Ríos Farjat había solicitado incluir en la última sesión la acción de inconstitucionalidad 49/2021, promovida por la CNDH, para reinterpretar el artículo 19 de la Constitución y eliminar el carácter de automático de la prisión preventiva oficiosa. Según su proyecto de sentencia, los jueces deben analizar cada caso individualmente, sin depender únicamente de la naturaleza del delito ni de la solicitud del Ministerio Público.
Fuentes judiciales confirmaron que la moción de la ministra fue rechazada por nueve de los diez ministros, dejando pendiente un tema que ha sido ampliamente demandado por organizaciones civiles y que incluso cuenta con observaciones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
Con esta decisión, la Corte ha concluido su actual integración sin abordar este asunto, y el 12 de agosto marca la última sesión antes de la entrada de los nuevos ministros electos el 1 de junio, quienes enfrentarán este debate pendiente sobre la prisión preventiva oficiosa.
Esta medida busca equilibrar la seguridad y los derechos fundamentales, pero su implementación en México seguirá generando debate.
El exgobernador de Sonora, Guillermo Padrés Elías, solicitó un amparo contra cualquier orden de aprehensión o privación ilegal de libertad relacionada con la investigación sobre tráfico y adopciones ilegales de menores durante su administración (2009-2015).
De acuerdo con una investigación de La Jornada, la indagatoria, derivada de una recomendación de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) de 2017, señala que niños fueron sustraídos de madres en situación vulnerable —con adicciones y pobreza— y vendidos por funcionarios mediante adopciones irregulares con pagos que oscilaban entre 110 mil y 130 mil pesos.
El caso involucra investigaciones en Empalme, Guaymas, Hermosillo y Navojoa, Sonora, vinculadas a la Casa Hogar Unicari, donde presuntamente se cometieron estos ilícitos.
Padrés presentó la demanda de amparo el 20 de julio, y el Juzgado Segundo de Distrito en Materia Penal detectó que ya hay otro proceso judicial que da seguimiento a la desaparición y tráfico de menores identificados en la recomendación 9VG/2017 de la CNDH.
El exgobernador fue detenido en noviembre de 2016 por cargos de lavado de dinero y defraudación fiscal. Estuvo preso hasta febrero de 2019, cuando salió bajo fianza de 40 millones de pesos. En abril pasado, la Suprema Corte ratificó su condena y ordenó el pago de 200 millones de pesos por evasión fiscal durante su mandato.
Rosario Piedra Ibarra, presidenta de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), sostuvo una reunión con familiares de personas desaparecidas, pertenecientes a los colectivos Familias Unidas por Nuestros Desaparecidos en Jalisco y Nayarit, Madres Igualtecas y Familias Resilientes, entre otros.
Las víctimas aprovecharon el diálogo para demandar que viudas y huérfanos necesitan más apoyo y visibilidad, pues no todo en esta problemática, son las fosas clandestinas en México.
Durante la reunión, los colectivos hablaron acerca de todas las problemáticas que surgen al rededor del tema de la desaparición: las búsquedas son “improvisadas de la noche a la mañana de buscadoras y abogadas”, porque quienes “deberían de hacerlo, no lo hacen y además, las criminalizan y persiguen”; la falta de atención en las fiscalías estatales, para la investigación del paradero de las personas desaparecidas; problemas en la identificación de restos encontrados y el poco acompañamiento en labores de búsqueda.
Los familiares de desaparecidos pusieron énfasis en la necesidad de que se les otorgue protección, apoyo y atención psicológica durante y tras las búsquedas, ya que el proceso que viven es muy duro y desgastante para ellos y las personas a su alrededor.
Por su parte, Rosario Piedra, aseguró que está comprometida a estar más cerca de las víctimas, así como atender todos los casos para darles pronta respuesta, haciendo uso de todas las facultades de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos.
Piedra Ibarra afirmó que, a pesar de tener limitaciones legales, la Comisión agotará todas sus posibilidades en la búsqueda de la justicia y la verdad para las familias de todos los desaparecidos; así como su defensa y protección.
El pasado lunes 5 de mayo, la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), dio a conocer que finalizó su relación con la organización estadounidense, Partners of the Americas, ya que esta financiaba publicidad, presentada en videos, imágenes y mensajes que criminalizan la migración y que fueron presentados en televisoras mexicanas.
La Comisión recibió la notificación acerca del financiamiento y contactó a Partners of the Americas para aclarar la situación y tras no recibir respuesta, decidió romper toda colaboración que se había acordado con la firma de un Memorando de Entendimiento, dese el 6 de diciembre de 2023 y que duraría hasta el 30 de septiembre de el presente año, para la promoción, difusión y protección de los derechos humanos, enfocado principalmente hacia trabajadores que estarían colaborando durante la Copa Mundial FIFA 2026.
El gobierno estadounidense, a través de televisión y redes sociales, transmitió una campaña que acusa a los migrantes de “criminales” y algunos de esos mensajes, se presentaron por la televisión mexicana, uno de ellos, durante la transmisión de un partido de fútbol.
La CNDH lanzó un llamado de total rechazo a las políticas migratorias excesivas, pues estas vulneran los derechos humanos, alimentanla discriminación, la criminalización, la desprotección y la incertidumbre.
“La migración no es producto de ninguna conspiración internacional, sino de las realidades complejas de los pueblos, mismas que implican plantearnos acciones serias, coordinadas y compartidas entre todos los gobiernos de la región, especialmente con el gobierno de Estados Unidos, para ampliar las soluciones y aliviar las causas fundamentales de la migración irregular y forzada, así como para salvaguardar el bienestar de los derechos humanos de estas poblaciones”. – CNDH
La presidenta de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), Rosario Piedra Ibarra, se reunió con colectivos y familiares de víctimas de feminicidio, desaparición y violencia familiar. Durante el encuentro, que duró casi ocho horas, se discutieron acciones para mejorar la atención a las víctimas y buscar justicia.
Piedra Ibarra expresó su compromiso de apoyar a las víctimas frente a la falta de sensibilidad de algunas autoridades. Recordó su propia lucha por su hermano desaparecido, Jesús Piedra Ibarra, y cómo antes las víctimas no eran escuchadas. “Mi madre se fue de este mundo también luchando”, comentó.
Entre los colectivos presentes estaban el Frente Nacional Ni una Menos México y el Colectivo de Desaparecidos Lupita Rodríguez, entre otros. Juntos, establecieron acciones concretas para crear rutas de trabajo.
Los compromisos incluyen:
Fortalecer el seguimiento y la atención jurídica y psicológica a los casos más rezagados.
Capacitar a servidores públicos en derechos humanos y atención a víctimas, comenzando por el personal de la CNDH.
Mejorar las oficinas regionales y crear enlaces directos con los colectivos.
Promover reformas para dotar a la CNDH de mayores facultades.
Priorizar casos de niños y adolescentes desaparecidos.
Garantizar atención con perspectiva de género y sin discriminación.
Rosario Piedra estuvo acompañada de su equipo, quienes recabaron testimonios para dar seguimiento a los casos. Se designaron enlaces directos para sostener una nueva reunión en un mes y verificar el avance de los compromisos.
Con esta reunión, la CNDH reafirmó su papel como puente entre las víctimas y la justicia, buscando unir esfuerzos para resolver los casos y garantizar el derecho a la justicia.
La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) emitió este 23 de abril un posicionamiento enérgico contra la campaña antiinmigrante impulsada por la Secretaría de Seguridad Nacional de los Estados Unidos, la cual ha sido transmitida en medios de comunicación mexicanos a través de concesionarios y permisionarios de radio y televisión.
La CNDH calificó la campaña como un mensaje de odio que criminaliza a las personas en contexto de movilidad internacional, especialmente a quienes transitan o intentan ingresar a territorio estadounidense. En el spot, difundido públicamente desde el 17 de febrero por la funcionaria estadounidense Kristi Noem a través de la red social X, se advierte a los migrantes que serán perseguidos y deportados, incluso si no han cometido ningún delito.
“La transmisión de ese mensaje en medios nacionales atenta contra la dignidad de las personas y refuerza estereotipos peligrosos que promueven la violencia, la intolerancia y la segregación”, señaló la CNDH, recordando que este tipo de contenidos son contrarios tanto a los derechos humanos como al Derecho Internacional.
El organismo recordó que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su artículo 1º, prohíbe expresamente todo acto de discriminación motivado por origen étnico, género, edad, discapacidad, condición social, religión, opiniones o cualquier otra condición que atente contra la dignidad humana. Además, citó la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, que obliga a los concesionarios a respetar los derechos de las audiencias y a abstenerse de transmitir mensajes que inciten al odio.
“Migrar es un derecho humano reconocido internacionalmente”, enfatizó la CNDH, al tiempo que realizó un exhorto formal a los medios mexicanos que han difundido este contenido a que suspendan inmediatamente su transmisión, debido a que expone a connacionales y migrantes a contextos de criminalización, rechazo, agresiones y violencia estructural.
El comunicado también reafirma el compromiso de la institución con una sociedad más justa, equitativa y respetuosa de los derechos fundamentales, y ofrece respaldo a las y los mexicanos que, por diversas circunstancias, se encuentran en EE.UU. en situación de movilidad.
En un emotivo homenaje en Acapulco, la presidenta de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), Rosario Piedra, rechazó la intervención de la ONU en el tema de las desapariciones en México. Durante el acto, recordó a José Luis Martínez Pérez y Elín Santiago Muñoz, víctimas de la Brigada Blanca hace 46 años en Torreón, Coahuila.
Piedra destacó que “las doñas”, familiares de desaparecidos, fueron ignoradas por años por organismos internacionales. Afirmó que, aunque emitieron comunicados, nunca se pronunciaron con fuerza contra el gobierno mexicano.
La presidenta de la CNDH subrayó que hoy en día la situación ha cambiado. “Ahora atacan al gobierno como no lo hicieron antes”, afirmó.
El homenaje sirvió para recordar la importancia de la lucha por los derechos humanos en México. La CNDH reafirma su compromiso de defender a las víctimas y sus familias, sin aceptar injerencias externas que no comprenden el contexto nacional.
Piedra concluyó su discurso con un llamado a la unidad y la memoria. Resaltó que la lucha por la justicia no debe ser desvirtuada por intervenciones externas, sino apoyada desde dentro.
La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) denunció este lunes una decisión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) que calificó como un acto de censura y un atentado contra la defensa amplia de los derechos humanos en México. La Corte ordenó al organismo “no volver a pronunciarse nunca más en materia electoral”, además de exigirle eliminar dos pronunciamientos en los que abordaba la reforma electoral, bajo el argumento de que excedía sus atribuciones constitucionales.
Para la CNDH, esta resolución representa una grave regresión en la protección de los derechos en el país. “Es una amenaza que no debe ser minimizada a la existencia misma del sistema no-jurisdiccional mexicano porque además atenta contra su calidad de Institución Nacional de Defensa de los Derechos Humanos (INDH), acorde a Los Principios de París”, enfatizó el organismo, señalando que esta situación no tiene precedente en ninguna otra INDH del mundo.
Los pronunciamientos que deberán ser eliminados son los DGDDH/081/2022 y DGDDH/082/2022, derivados de la Recomendación General 46/2022, en la que se abordaban violaciones graves a los derechos humanos, así como afectaciones al derecho a la democracia, a la protesta social, a la reunión y asociación cometidas por el Estado entre 1951 y 1965. Dichos pronunciamientos desataron un conflicto institucional entre la CNDH y el entonces Instituto Nacional Electoral (INE), encabezado por Lorenzo Córdova, quien promovió una controversia constitucional ante la Corte.
En estricto respeto del Estado Constitucional de Derecho acatamos fallo de la Suprema Corte sobre una Controversia interpuesta por Lorenzo Córdova Vianello, pero deploramos los razonamientos de la resolución, al ser una visión regresiva y restrictiva de la defensa de los derechos… pic.twitter.com/8HIRsiuZ1A
Córdova acusó a la Comisión, dirigida por Rosario Piedra Ibarra, de haber “excedido sus atribuciones”, ya que su recomendación, desde su perspectiva, afectaba las funciones del INE. Sin embargo, la CNDH defendió que su actuación se enmarca dentro de su deber de proteger todos los derechos humanos, incluidos los político-electorales.
Ante el fallo de la SCJN, la Comisión criticó la resolución al considerarla “una interpretación regresiva y restrictiva de las funciones de la CNDH, violatoria del principio de progresividad y de la búsqueda amplia del cumplimiento irrestricto de los derechos humanos del pueblo de México contenida en el artículo 1º Constitucional”.
Además, advirtió que esta decisión “refuerza la evidente necesidad de reforma de las instituciones que tienen por mandato el cumplimiento del orden constitucional, esencia de la Recomendación General 46/2022, a fin de buscar que prevalezca una verdadera democracia”.
La CNDH subrayó que acatará la resolución, pero dejó claro que no comparte los fundamentos que la motivaron. “Lejos de abonar a la consolidación, promoción y protección de los derechos, resta un margen válido de actuación a esta Comisión Nacional, al desconocer flagrantemente que los derechos político-electorales también son derechos humanos”, se lee en su comunicado.
Finalmente, advirtió sobre la intención de la “vieja SCJN” de dejar una herencia autoritaria en sus últimos días, al querer erigirse como un “máximo tribunal de los derechos humanos”, en contradicción con tratados internacionales que México ha suscrito.
“Si ese es el criterio con el cual se creó la CNDH, cuanta más razón para promover su transformación, como estamos proponiendo, a fin de que sea realmente un organismo protector de los derechos humanos, que no ha sido, y que por lo visto algunos pretenden que siga siendo: una institución de simulación”, concluyó el organismo.
La CNDH también criticó que la controversia constitucional que ella misma promovió sobre el tema haya sido desechada sin análisis ni discusión por parte de la SCJN, y adelantó que interpondrá los recursos necesarios para defender su mandato.
La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) condenó enérgicamente los crímenes ocurridos en el Rancho Izaguirre, ubicado en Teuchitlán, Jalisco, y denunció las graves omisiones de las autoridades municipales y estatales en la protección, investigación y debida diligencia de los delitos cometidos en dicho lugar.
El organismo dirigido por Rosario Piedra Ibarra subrayó que, si bien este tipo de violencia ha sido comparado con los campos de exterminio nazis, las circunstancias son distintas, aunque comparten la deshumanización de los perpetradores. Explicó que en Europa el exterminio fue una política de Estado basada en la limpieza racial, mientras que en México, estas prácticas fueron empleadas por el propio gobierno durante la Guerra Sucia y la llamada Guerra contra el Narco entre 2006 y 2016.
Actualmente, enfatizó la CNDH, estas atrocidades son cometidas principalmente por organizaciones delictivas, operando bajo una economía criminal documentada desde los años 90.
Omisiones y negligencia de las autoridades locales
El organismo defensor de derechos humanos señaló la grave responsabilidad de las autoridades municipales y estatales, acusándolas de omisión en la protección, investigación y aplicación de la justicia. Subrayó que en el rancho Izaguirre se encontraron restos humanos, hornos y otros elementos que indican que el sitio fue utilizado para trata de personas, asesinatos y desapariciones forzadas.
CNDH exige justicia y transparencia en el caso del Rancho Izaguirre: Urge esclarecer crímenes y garantizar derechos de las víctimas y sus familias. #DefendemosAlPueblo
“Las omisiones en el aseguramiento del lugar, la cadena de custodia y la falta de seguimiento a denuncias previas reflejan una negligencia reiterada por parte de las autoridades responsables”, denunció la CNDH, agregando que esta inacción ha permitido la operación impune de grupos criminales y ha perpetuado los ciclos de violencia y explotación.
La CNDH informó que trabaja en la elaboración de un informe especial sobre fosas clandestinas, con el objetivo de garantizar el derecho a la verdad, la justicia y la no repetición. También reiteró su respaldo a los integrantes del colectivo Guerreros Buscadores de Jalisco, en favor de quienes ya había emitido medidas cautelares.
Cuartoscuro
Asimismo, anunció la atracción del caso del rancho Izaguirre debido a la presunta violación de derechos humanos y la repercusión que este tiene en el derecho a defender derechos humanos de los integrantes del colectivo.
La Comisión urgió a las autoridades a garantizar una investigación seria y castigo para los responsables, pero también llamó a fortalecer las estrategias que permitan brindar mejores oportunidades a los jóvenes para que no sean reclutados por el crimen organizado.
Finalmente, señaló que la sociedad exige respuestas contundentes ante estos crímenes, especialmente en un momento en el que algunos medios de comunicación y sectores con intereses particulares buscan promover la desinformación en lugar de la transparencia.
El día de hoy ante la Comisión Permanente de la Cámara de Diputados, María del Rosario Piedra Ibarra presentó su informe anual al frente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), correspondiente a la gestión del 2024.
Gracias al liderazgo popular de Piedra Ibarra, la CNDH logró mejorar la percepción que se tenía de dicha institución: en el año 2019, 47.5 por ciento de la población pensaba que la comisión protegía delincuentes; al finalizar el año 2024 esa percepción disminuyó hasta el 41.3 por ciento.
A pesar de los desafíos persistentes, se han conseguido progresos significativos entre 2020 y 2024, destacándose especialmente la reducción y resolución oportuna de quejas, así como el incremento en el número de recomendaciones emitidas”, señaló Piedra Ibarra.
El mayor número de quejas relacionadas con desapariciones, ejecuciones y detenciones arbitrarias, fue de 2008 a 2013, durante la “guerra contra el narco”, implementada por el espurio Felipe Calderón y su secretario de Seguridad, Genaro García Luna, quien ahora purga condena en EEUU por sus nexos con el crimen organizado.
Durante la presentación de su informe, la comisionada presidenta se dio espacio para nombrar a la oposición moralmente derrotada, quienes desde el primer día que pisó la CNDH la han atacado utilizando todo tipo de argumentos clasistas, racistas, incluso machistas, con el único objetivo de desprestigiar a una de las mujeres del pueblo que ha sufrido en carne propia las violaciones a los derechos humanos y que por ello fue la mejor opción al momento de pensar en alguien para responder por el bienestar.
Este país está cambiando y las violaciones a los derechos humanos se combaten y están reduciéndose, aunque algunos en este país persiste la narrativa de una realidad alterna. Hoy el México negro, del que todavía unos hablan como si fuera presente, a dejarlo de serlo”, advirtió Piedra Ibarra.
Ahora bien, la comisionada presidenta Rosario Piedra Ibarra, recordó que desde noviembre del año 2023, ella presentó ante el Congreso de la Unión una iniciativa de Reforma a la Ley de la CNDH, misma que sigue pendiente y es importante retomar.
Y ahora con motivo del inicio de mi segundo mandato, creo importante apurar con apoyo con los integrantes de la actual legislatura. Es importante hacerla, porque sería la coronación de un proceso que nos ha costado mucho trabajo, que ha implicado muchos cambios internos y el trazo de nuevas rutas y paradigmas”, puntualizó.
Dijo que en su caso no se ha limitado a cumplir con las metas burocráticas, de número de expedientes por ejemplo, ni se ha ajustado al modelo de comisionada de derechos humanos que le hubiera gustado a Carlos Salinas de Gortari o a Jorge Carpizo. Contrastó que su único compromiso es con el Pueblo de México y con las víctimas.
La gestión que encabezo arroja los mayores resultados en toda la historia de la CNDH. Ostentamos el mayor número de personas atendidas,de quejas de víctimas con recomendaciones y de leyes impugnadas por no ajustarse a la perspectiva de derechos humanos”, abundó.
Detalló que durante su gestión se han calificado 79 mil expedientes de queja, esto representa un 45.4 por ciento del total de los expedientes calificados en los últimos 15 años. Un nivel de productividad muy superior a la gestión de la CNDH entre los años 2009 a 2014.
