Un operativo conjunto entre la Sedena, la Guardia Nacional y la Policía Estatal de Aguascalientes dejó como saldo la detención de 18 presuntos integrantes del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) en el municipio de Rincón de Romos, generando una ola de narcobloqueos y la quema de vehículos en la región.
De acuerdo con el Gabinete de Seguridad, en la zona se localizó un campamento criminal donde se incautaron 20 armas de fuego, un lanzagranadas, 28 chalecos tácticos, cargadores, cascos, cartuchos y un kilo de “polvo blanco”, presuntamente droga.
— Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (@SSPCMexico) July 26, 2025
La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, a través de un comunicado, informó que durante la intervención se utilizaron patrullajes terrestres y sobrevuelos de reconocimiento, mientras que uno de los detenidos resultó herido y fue trasladado bajo custodia a un hospital.
Las fuerzas de seguridad permanecen en la zona para garantizar la tranquilidad de la población y evitar más actos violentos tras este golpe a la estructura criminal del CJNG.
Mauro Yuriel ‘N’, ex alcalde de Apulco, fue detenido en Zacatecas por presuntos vínculos con el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) . Su arresto forma parte de un operativo que capturó a cinco personas.
Las autoridades identificaron un inmueble en Nochistlán donde operaban miembros del CJNG. Con vigilancia y pruebas, obtuvieron una orden de cateo que llevó a la detención de Mauro y otros tres individuos.
Durante el operativo, se aseguraron armas, cartuchos, drogas y un vehículo. Mauro Yuriel, de 30 años, ya enfrentaba investigaciones por homicidio, secuestro y asociación delictuosa.
También fue detenido Juan Antonio ‘N’, otro ex funcionario de Apulco, con vínculos similares. Todos los arrestados fueron puestos a disposición del Ministerio Público para determinar su situación jurídica.
Autoridades de Estados Unidos rastrean una red criminal que trafica gasolina y diésel robados desde México, en una operación que podría estar causando pérdidas de más de 200 millones de pesos semanales al erario mexicano, según reportes obtenidos por medios estadounidenses.
Una investigación de Milenio reveló que agencias como el FBI, la DEA y HSI investigan la ruta del huachicol que atraviesa la frontera por Tamaulipas —específicamente Reynosa, Matamoros y Nuevo Laredo— donde más de mil autotanques por semana cruzan cargados de combustible robado a Pemex, oculto como aceite mineral para evadir el Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS).
La propia DEA alertó en su informe anual sobre narcóticos sobre una nueva organización criminal aliada con el Cártel de Sinaloa, CJNG, La Familia Michoacana y el Cártel del Golfo, dedicada al robo de hidrocarburos que son vendidos ilegalmente en territorio estadounidense.
En respuesta, Washington puso en marcha el operativo “Top Fuel” (o “Muerte Líquida”), con el que ya ha detenido a una familia de empresarios multimillonarios de Utah —los Jensen— acusados de haber contrabandeado 300 millones de dólares en crudo mexicano en colaboración con el CJNG. El juicio contra James y Maxwell Jensen comenzará en 2026 y será el primero en su tipo.
Además, se preparan nuevas órdenes de arresto contra cómplices en ambos lados de la frontera, debido a que esta red se ha convertido en una fuente clave de financiamiento para los cárteles mexicanos. En paralelo, el gobierno de México intensificó sus acciones contra el huachicol. Tan solo entre octubre de 2024 y julio de 2025, la Semar aseguró más de 14 millones de litros de combustible robado, 328 tomas clandestinas y casi 87 mil litros más en altamar.
El 29 de junio, el secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, anunció el desmantelamiento de una de las redes más grandes de tráfico de combustible en el país. 32 personas fueron detenidas, incluyendo presuntos líderes identificados como Cirio Sergio “N” y Luis Miguel “N”, con operaciones en Edomex, Querétaro, Hidalgo y CDMX.
Una semana después, en Coahuila, autoridades incautaron 15 millones de litros de combustible robado, en uno de los mayores aseguramientos de este tipo en la historia del país.
La detención de Ulises “El Pinto” Pinto Madera, exjefe de escoltas y presunto operador del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) en Tabasco, reavivó el escándalo por los presuntos vínculos criminales de Hernán Bermúdez Requena, exsecretario de Seguridad en la entidad.
Capturado el 23 de julio en Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco, junto a su escolta Jaime Gómez Delgado, “El Pinto” es acusado de asociación delictuosa agravada y señalado como el segundo al mando de La Barredora, brazo local del CJNG.
Según una investigación de Infobae, con información recopilada de fuentes federales, tanto Pinto como Bermúdez formaban parte de una estructura paralela conocida como “La Hermandad” o “Cártel Policiaco”, dedicada al tráfico de migrantes, Trata de Personas, extorsión y distribución de droga. Bermúdez era identificado por sus allegados como “El Abuelo” y, de acuerdo con las investigaciones, lideraba esta célula mientras ostentaba el cargo de secretario de Seguridad Pública.
“El Pinto”, también exintegrante de cuerpos de seguridad estatales, acumuló bienes de lujo —residencias en Zapopan y Guadalajara, así como vehículos de alta gama—, producto de su presunta actividad criminal.
Aunque Bermúdez negó en varias entrevistas que el CJNG operara en Tabasco, las autoridades sostienen que su grupo pactó con ese cártel tras una ruptura con el Cártel del Golfo, desatando una ola de violencia, homicidios y control criminal del territorio a lo largo de 2023.
La Fiscalía mantiene vigente una orden de aprehensión contra Bermúdez Requena, cuyo nombre ha quedado ligado al surgimiento y expansión del crimen organizado en Tabasco bajo una fachada institucional.
El Cártel de Sinaloa enfrenta una crisis sin precedentes que ha llevado a la pérdida de territorios clave en todo México, principalmente a manos del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) y otros grupos rivales. Esta declinación se acentúa con una guerra interna que mantienen desde hace casi un año tras la supuesta entrega de “El Mayo” Zambada al FBI.
Según informes de la Secretaría de la Defensa Nacional, la Fiscalía General de la República y autoridades locales, citados en una investigación de El Sol de México, en Chiapas, el CJNG y el Cártel de Chiapas y Guatemala expulsan a los sinaloenses de la estratégica Ruta del Pacífico, mientras que en Jalisco los Altos, como Teocaltiche, son escenario de violentas pugnas que mantienen sumida a la región en una ola de violencia y desapariciones.
Sonora, paso obligado hacia Estados Unidos, también se ha convertido en campo de batalla donde “El Chapo” Isidro, líder de Los Beltrán Leyva, y el Cártel de Caborca, dirigido por “El Pelo Chino”, han arrebatado terreno a los sinaloenses. En Chihuahua, La Línea, brazo armado del extinto Cártel de Juárez, domina ya 42 municipios, dejando al Cártel de Sinaloa con apenas 13 bastiones, y en zonas como Madera y Guadalupe y Calvo la violencia se intensifica con enfrentamientos armados y desplazamientos forzados. La guerra interna en Tijuana entre “Los Chapitos” y “Los Rusos” también refleja la fractura dentro del cártel.
Este declive marca el fin de la hegemonía sinaloense, dando paso a un mapa criminal fragmentado donde múltiples grupos luchan por el control de rutas, territorios y poder. De un imperio criminal consolidado, el Cártel de Sinaloa ha pasado a defender sus últimos territorios frente a rivales cada vez más agresivos y una fractura interna que no cede.
La Policía de Investigación de la Ciudad de México detectó una alianza entre el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) y el grupo delictivo de Lenin Canchola. Esta colaboración se centra en la zona poniente de la capital.
Las indagatorias comenzaron tras la captura de dos presuntos integrantes del CJNG. La célula del cártel se estableció en la alcaldía Álvaro Obregón. Operaban la venta de drogas bajo la protección de los Malcriados 3AD, liderados por Canchola, quien cumple una condena de 50 años por secuestro.
El 8 de abril, la policía realizó un operativo en la colonia Minas de Cristo. Allí detuvieron a Fernando Ugalde y Deyanira Morales. En el lugar, aseguraron armas largas, cartuchos, un chalecobalístico y diversas drogas, incluyendo mariguana, metanfetamina y cocaína.
Esta célula del CJNG se suma a otras detectadas en la ciudad. En mayo, la policía detuvo a cuatro integrantes del CJNG en Iztapalapa, incluido Israel Gálvez Estrada, quien lideraba una célula en esa zona.
Gálvez Estrada enfrentaba cargos por extorsión, venta de drogas y homicidio. Su grupo planeaba expandir sus operaciones a varias alcaldías. Las autoridades continúan investigando para desmantelar estas redes delictivas que generan violencia en la capital.
El senador y exgobernador Adán Augusto López rompió su silencio en redes sociales, tras semanas de especulación, y aseguró que está “a la orden de cualquier autoridad” en relación con el caso de Hernán Bermúdez Requena, su exsecretario de Seguridad en Tabasco y presunto líder del grupo criminal “La Barredora”, vinculado al Cártel Jalisco Nueva Generación.
López destacó que, durante su gestión (2019–2021), los homicidios dolosos disminuyeron en la entidad y aclaró que no ha sido citado oficialmente, aunque está dispuesto a colaborar con las investigaciones.
Fui gobernador de Tabasco desde el 1 de enero de 2019, hasta el 26 de agosto de 2021, cuando el Presidente Andrés Manuel López Obrador me invitó a acompañarlo como Secretario de Gobernación.
Durante mi gobierno, enfrentamos grandes retos en materia de seguridad, y logramos… pic.twitter.com/xE0hRpneFb
— Adán Augusto López H (@adan_augusto) July 18, 2025
La Presidenta Claudia Sheinbaum coincidió en que el senador no está siendo investigado, pero reiteró que sería “pertinente que diera su versión” sobre su relación con Bermúdez Requena. La Fiscalía de Tabasco y el Gabinete de Seguridad federal han abierto indagatorias; Bermúdez cuenta con orden de aprehensión, ficha roja de Interpol y continúa prófugo, presuntamente fuera del país desde principios de 2025.
Mientras tanto, la oposición presiona para que Adán Augusto comparezca y señalan paralelismos con el caso de Genaro García Luna, exsecretario de Seguridad condenado en EE. UU.
El colectivo Guerreros Buscadores de Jalisco localizó un presunto narcocampamento entre Teuchitlán y Ahualulco, donde encontraron fragmentos óseos calcinados y casquillos de alto calibre. A través de una transmisión en vivo, denunciaron que el sitio sería usado por grupos criminales para entrenamientos, tortura y quema de cuerpos.
Aunque no revelaron la ubicación exacta, afirmaron haber llegado tras recibir denuncias anónimas. En el lugar, se observaron árboles quemados y restos óseos —principalmente cráneos— a ras del suelo. La fundadora del colectivo, Indira Navarro, aseguró que el escenario coincide con prácticas de cremación a cielo abierto.
La Fiscalía estatal acudió al sitio el miércoles, pero evitó confirmar el hallazgo. Anunció que este jueves dará su postura oficial.
En marzo, el colectivo encontró el rancho Izaguirre, también en Teuchitlán, señalado como campo de adiestramiento del Cártel Jalisco Nueva Generación. Por ese caso, diez personas ya fueron sentenciadas a más de 100 años de prisión. Entre los detenidos se encuentran el alcalde de Teuchitlán, Ascensión Murguía, y el presunto líder criminal José Gregorio Lastra, alias “Comandante Lastra”.
Al menos 74% del armamento ilegal que llega a México entra por la frontera norte, principalmente desde Texas, Arizona y California, revelan informes oficiales de México y Estados Unidos. A pesar de esta evidencia, el gobierno estadounidense ha recortado personal y presupuesto a la Agencia de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos (ATF), debilitando el combate al tráfico ilegal de armas que alimenta a los cárteles mexicanos, según información publicada en el diario El País, en un artículo de Elia Castillo Jiménez y Patricia San Juan Flores.
Especialistas y autoridades mexicanas denuncian que, aunque ambas naciones conocen las rutas y orígenes del armamento, EE.UU. no implementa medidas efectivas para frenar el contrabando. Alejandro Celorio, excoordinador de la estrategia legal mexicana contra fabricantes estadounidenses de armas, critica la falta de acción: “El gobierno de EU sabe bien de dónde vienen las armas, pero no hace nada”.
Los datos coinciden: Texas concentra el 43% del armamento ilegal rastreado, seguido por Arizona con 22%. La mayoría de las armas decomisadas se encuentran en estados con fuerte presencia de cárteles como Sinaloa y Jalisco Nueva Generación, clasificados como organizaciones terroristas por Donald Trump.
Por otro lado, el presidente Trump impulsa recortes que reducirán en dos tercios el personal de la ATF y disminuirán su presupuesto en un 25%, mientras flexibiliza la compra de armas y elimina controles clave. Esto, advierten activistas como John Lindsay Poland, aumenta la capacidad de los cárteles para armarse y mina la seguridad regional.
A pesar del conocimiento detallado sobre las rutas y la procedencia del armamento, México enfrenta un panorama complicado para lograr justicia o un mayor control, dado el contexto político en Estados Unidos y la falta de voluntad para frenar el tráfico, el cual sigue siendo un tema pendiente que atraviesa la relación bilateral, con consecuencias directas en la violencia y la seguridad en ambos lados de la frontera.
El Cártel de Jalisco Nueva Generación (CJNG) ha comenzado a reclutar jóvenes en restaurantes de comida rápida. Esta estrategia consiste en atraer a los incautos con ofertas de trabajo atractivas y buenos salarios.
Los jóvenes son citados en estos establecimientos en Guadalajara y sus alrededores. Un taxi de aplicación los recoge y, sin saberlo, comienzan su camino hacia el crimen. Raúl Servín, del colectivo Guerreros Buscadores de Jalisco, explica que los criminales utilizan estos lugares para evitar sospechas.
El modus operandi ha cambiado. Antes, los reclutas eran convocados en la Central de Autobuses de Guadalajara. Ahora, buscan puntos con mucho movimiento para ocultar sus actividades. Servín menciona que los jóvenes llegan con la ilusión de un nuevo trabajo, pero terminan siendo llevados al crimen.
Conversaciones entre familiares y miembros del CJNG revelan más sobre el proceso. Un delincuente describe cómo se comunican para preguntar por reclutas desaparecidos. Los jóvenes son entrenados en un lugar llamado “la diestra”, donde permanecen incomunicados mientras aprenden a disparar.
Los colectivos de búsqueda han alertado sobre estas prácticas. Berencie Miramontes, de Guerreros Buscadores, destaca la necesidad de monitorear ofertas de trabajo en redes sociales, ya que el crimen organizado utiliza estas plataformas para reclutar a jóvenes.
La Universidad de Guadalajara también emitió una alerta. Reportó un aumento en las desapariciones de jóvenes de 15 a 19 años, que podrían estar relacionadas con el reclutamiento forzado. Entre enero y abril, se registraron 616 personas desaparecidas, con un aumento notable en este grupo de edad.
Los municipios más afectados incluyen Zapopan, Guadalajara y Tlajomulco. La situación es alarmante y requiere atención urgente para proteger a los jóvenes de ser captados por el crimen organizado.
