En una conferencia de prensa reciente, ante la pregunta expresa de Los Reporteros Mx, la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada, expresó su inconformidad con el amparo otorgado por el Séptimo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito a Sofía Soraya Von Roehrich. Este amparo impide a la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) difundir información sobre el proceso penal relacionado con el llamado Cártel Inmobiliario.
Brugada calificó la resolución como un “mal mensaje”. Según la mandataria, decisiones como esta generan la percepción de impunidad, especialmente en casos de corrupción que erosionan la confianza de la ciudadanía en las instituciones judiciales. “No podemos permitir inmunidad para las personas que utilizaron su cargo público para permitir construcciones ilegales o para cambio de dinero”, enfatizó.
📹 #Vídeo | Sobre el amparo que el poder judicial dio a Sofía Soraya Von Roehrich por su presunta participación en el #CartelInmobiliario, la mandataria local aseguró que en la Ciudad de México no habrá impunidad y hace un llamado a todas las autoridades para trabajar juntos en… pic.twitter.com/p1xQmGVEEU
El tribunal que concedió el amparo justificó su decisión señalando que buscaba “proteger” la presunción de inocencia de Sofía Soraya Von Roehrich. Sin embargo, Clara Brugada recordó que estos mismos jueces fueron responsables de la liberación de Uriel Carmona, el fiscal de Morelos implicado en un caso de feminicidio. Para Brugada, esto refleja un patrón preocupante en el sistema judicial.
“Consideramos que la justicia y la aplicación estricta de la ley debe prevalecer en cualquier actuación de los tribunales y que no podemos permitir inmunidad para las personas que utilizaron su cargo público para permitir construcciones ilegales o para cambio de dinero o de propiedades, como es el caso justamente de lo que denominamos Cártel Inmobiliario“
Llamado a combatir la corrupción de raíz
Durante su intervención, Brugada también hizo un llamado a las instituciones y partidos políticos para reforzar su compromiso con la honestidad y el respeto a la ley. Reiteró que el Cártel Inmobiliario tiene vínculos con el Partido Acción Nacional (PAN), al que señaló como una de las fuerzas políticas detrás de estos manejos irregulares.
Según la mandataria, algunos dirigentes del PAN, tanto en la Ciudad de México como a nivel nacional, están directamente relacionados con las prácticas ilícitas denunciadas. “Tenemos que continuar revisando la actuación de todas y todos y sobre todo que las instituciones como los tribunales, pues apliquen de manera estricta la ley.”, afirmó Brugada, subrayando la importancia de atacar la corrupción desde todos los frentes.
Una vez más, el Poder Judicial une fuerzas con el Cártel Inmobiliario, liderado por fuerzas panistas. En esta ocasión, fue el Séptimo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito quien le concedió un amparo a Sofía Soraya Von Roehrich de la Isla, presunta integrante del Cártel Inmobiliario.
En la sentencia se confirmó la protección otorgada por un juez federal en junio del año pasado, cuando se ordenó a la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) que se abstuviera de difundir información sobre el proceso penal que enfrenta la hermana de Christian Von Roehrich, ex delegado en la Benito Juárez, otro de los implicados. En ese entonces se señalaron en especifico los comunicados emitidos por la Fiscalía los días 16 y 23 de mayo del 2023.
Sofía Soraya Von Roehrich fue vinculada en 2023 acusada de asociación delictuosa. El año pasado la acusada promovió el amparo en el que reclamó la elaboración y difusión, a través de los canales oficiales de la Fiscalía CDMX, del comunicado titulado “Mensaje del doctor Ulises Lara López, Coordinador General de Asesores y Vocero de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México”, con fecha del 16 de mayo del 2023.
Por lo tanto la Dirección General de Comunicación Social de la FGJCDMX se debe abstener de informar al Pueblo de México sobre el seguimiento del proceso contra Sofía Soraya Von Roehrich “cuya naturaleza sea igual o similar a la del acto reclamado a menos que ello derive del estricto ejercicio de las atribuciones que por disposiciones constitucionales y legales le correspondan llevar a cabo. Siempre y cuando se cumpla con los parámetros exigidos por el Máximo Tribunal del País. Realicen los actos o gestiones necesarios a efecto de que se elimine de sus canales de difusión la información que contenga datos personales de la quejosa publicados el 16 y 23 de mayo de 2023”, dice la sentencia.
Los magistrados Ana Marcela Zatarain Barrett, Alberto Díaz y Enrique Sánchez, quienes apoyaron la medida y otorgaron el beneficio a la integrante del Cártel Inmobiliario, Sofía Soraya fue expuesta “frente a la sociedad, principalmente, frente a las futuras partes del proceso, trasluciendo su culpabilidad de algún hecho delictivo, no obstante que de los antecedentes que obraban en el presente juicio aún no existía una sentencia que la declare culpable, es decir que se brindó información y datos sugestivos que expuso a la justiciable a un juicio paralelo y se vulneró su presunción de inocencia”, argumentaron los del Poder Judicial.
La Fiscalía de la Ciudad de México promovió un recurso de revisión ante el amparo otorgado, sin embargo fue inmediatamente desechado por los tribunales.
Una investigación destaca que la corrupción en la Benito Juárez no se limita a las inmobiliarias, también se presume desvío de fondos en la Dirección Ejecutiva de Servicios Urbanos. Mientras Christian Von Roehrich y Santiago Taboada fungieron como regentes de la BJ, permitieron actos de corrupción que perjudican las vialidades de la demarcación.
Ciudad de México (Los Reporteros Mx).- Autoridades de la alcaldía Benito Juárez (BJ), reconocieron desconocer y no respetar las leyes federales. A través de la Plataforma Nacional de Transparencia (PNT), un vecino solicitó saber “qué compañía o autoridad” permitió la colocación de reductores de velocidad o topes en calles de la colonia Américas Unidas, alcaldía BJ.
Esto desató una investigación en la PNT, donde los oficios destacan presuntas prácticas de corrupción relativas a los servicios urbanos de la BJ y un posible desvió de fondos, por cerca de 1 millón de pesos entre 2020 y 2021.
Además, se registraron casos de corrupción por la mala colocación de reductores de velocidad entre 2016 y 2020, mientras estuvieron al mando de la alcaldía los militantes del Partido Acción Nacional (PAN), Christian Von Roehrich y Santiago Taboada Cortina.
El pasado 17 de diciembre de 2019, Jorge Adolfo Ceballos Deveze, entonces Director Ejecutivo de Servicios Urbanos en la BJ, reconoció en el oficio ABJ/CGG/SIPDP/UDT/6676/19 que personal a su cargo y adscrito a la Unidad Departamental de Obras Viales y Señalización, realizó la instalación de reductores de velocidad en la alcaldía. La PNT muestra que entre 2021 y 2022, Ceballos Deveze se desempeñó como Director Ejecutivo de Servicios Urbanos de la alcaldía Coyoacán, del panista Giovani Gutiérrez.
Las quejas vecinales solicitaron a la BJ conocer la cantidad y el costo de los reductores de velocidad que colocaron en la demarcación entre 2016 y 2019. A través del oficio ABJ/CGG/SIPDP/UDT/895/2020, la Dirección General de Obras, Desarrollo y Servicios Urbanos indicó no conocer el costo de la instalación de 57 reductores de velocidad y Ceballos Deveze alegó lo siguiente:
[Las] actividades se ejercen de manera global (sic), por tratarse de trabajos realizados por administración directa con recursos y materiales propios de la [alcaldía], no se cuenta con el costo desagregado de mano de obra y material.
Extracto del oficio ABJ/CGG/SIPDP/UDT/895/2020.
Sin embargo, se conoce que el 27 de octubre de 2020, la BJ, a través de adjudicación directa, firmó el contrato número DGA/R-026-A03-2020, para la adquisición de bienes con la compañía Soluciones Empresariales Klee, S.A. de C.V., por un monto de 376 mil 955 pesos con 92 centavos. Los vecinos aducen omisión de la BJ, ya que deberían tener información relativa al costo de materiales y mano de obra para la colocación de reductores de velocidad.
Ceballos Deveze, mientras fungió como Director Ejecutivo de Servicios Urbanos de la BJ, también llevó a cabo con recursos fiscales, entre 2020 y 2021, el contrato DGA/R-027-A03/2020 por un monto de 999 mil 978 pesos, para adquirir “asfalto en frío”. Sin embargo, no fue posible rastrear la información correspondiente en los documentos que la BJ entregó a la PNT.
Además, en la PNT, un nota aclaratoria de la BJ destaca lo siguiente:
La dirección de recursos materiales y servicios generales no realiza contrataciones de obra pública.
Comunicado de la BJ en la Plataforma Nacional de Transparencia.
En entrevista para Los Reporteros Mx, un vecino destacó que presentó una denuncia ante el Órgano Interno de Control de la alcaldía, para la demolición y reconstrucción de los más de 67 reductores de velocidad que “autorizaron y construyeron de manera ilegal”. Además, el denunciante señaló que la BJ, supuestamente, desvió fondos públicos mientras colocaron los reductores de velocidad.
Lista de reductores de velocidad que colocó la BJ. Oficio: DESU/165/2020.
La BJ resaltó en el oficio ABJ/DGPDPC/CPPIMPE/100/2024 que, con base en la Ley de Movilidad de la Ciudad de México y la Ley Orgánica de Alcaldías, “la instalación de reductores de velocidad en vías secundarías es competencia” de la alcaldía.
Además, la administración de Santiago Taboada resaltó lo siguiente referente al caso:
La norma aplicable [para instalar reductores de velocidad] es el Manual de Dispositivos para el Control de Tránsito en Áreas Urbanas y Suburbanas publicado en la Gaceta Oficial del Distrito Federal, el 11 de noviembre de 2001.
Comunicado de la BJ en el oficio ABJ/DGPDPC/CPPIMPE/100/2024.
Pero las autoridades de la BJ desconocen que en 2011, en el Diario Oficial de la Federación, se publicó la NOM-034-SCT2-2011, para regular los topes o reductores de velocidad y evitar accidentes viales a nivel federal. Es claro que la BJ no conoce y no respeta estos lineamientos, lo cual genera corrupción. Además, la norma destaca que los topes se deben construir con mezcla asfáltica en caliente o frío. El casi millón de pesos que Ceballos Deveze no aclaró fue para comprar “asfalto en frío”.
La corrupción urbana y los accidentes viales
Esta investigación destaca que hay una relación entre los accidentes viales y la colocación de reductores de velocidad. Datos del Visualizador de Accidentes Viales (VAV) de la Secretaría de Movilidad (Semovi) relativo a la BJ, en el lapso del 30 de septiembre de 2018 al 9 de septiembre de 2020, destaca lo siguiente.
Accidente vial.
Sin víctimas
Lesionados
Deceso
FGJ
598
436
43
SSC
Sin información
1,955
22
C5
7,064
3,810
25
AXA Seguros
4,879
617
Sin información
Total
12,541
6,818
90
Infromación obtenida del VAV de la Semovi.
Fuente: VAV, Semovi.
El total de accidentes registrados en la BJ en el lapso señalado es de 12 mil 541; de los cuáles, en 6 mil 818 hubo gente lesionada; por último, en 90 de los percances viales, hubo gente que falleció.
El llamado Cártel inmobiliario de la Ciudad de México, comandado por panistas de la alcaldía Benito Juárez, se ha convertido en uno de los objetivos principales de la Fiscalía capitalina debido no solo a la especulación inmobiliaria que representa, sino también por los daños que ha causado en el tejido social de la mencionada demarcación.
Sin embargo y pese a la gravedad del caso, pocas veces se vislumbra la gravedad y la envergadura de la corrupción de los panistas, por lo que en redes sociales han creado un mapa en Google Maps en donde se pueden observar todas las edificaciones irregulares autorizadas por personajes como Santiago Taboada, actual aspirante a jefe de gobierno por el PRIAN y el diputado federal Jorge Romero.
En total, en el mapa interactivo, se pueden ver la 1 mil 235 construcciones que además de la especulación y el desplazamiento forzoso de familias, ha generado escasez de agua, gentrificación y hasta la pérdida de vidas debido a derrumbes tras el sismo de 2017.
“Estas son obras del Cártel Inmobiliario de la Alcaldía Benito Juárez, compuesto por Servidores Públicos del Gobierno de la CDMX que son controladas y coordinadas desde la Alcaldía Benito Juárez, a partir del año 2000. Existen cerca de 4,000 Edificaciones que se están revisando, por lo que la cantidad de Inmuebles ilegales seguirá aumentando significativamente”.
Se detalla en el mapa
Chequen este link donde vienen todos los edificios irregulares del cartel inmobiliario, está tremendo: https://t.co/3ZMDGwJ2TF
En el mapa interactivo se puede observar como estas distribuidas las ilegales construcciones, pero ta,bien es posible observar que funcionario fue el encargado de la autorización de dichas obras, como el caso de la ubicada en Indiana 132 en la colonia Nápoles, donde el responsable fue Santiago Taboada Cortina.
Fiscalía capitalina entrega a familias departamentos confiscados al Cártel Inmobiliario
El pasado 6 de diciembre de 2023, la Fiscalía General de Justicia de la CDMX (FGJCDMX), entregó cinco departamentos a la Comisión para la Reconstrucción del Gobierno de la Ciudad de México, para ser donados a cinco familias damnificadas tras el sismo del 19 de septiembre del 2017.
El Jefe de Gobierno, Martí Batres Guadarrama, informó que estos cinco inmuebles, junto con otros departamentos, tienen un valor de más de 80 millones de pesos y que derivan de un proceso de reparación del daño por hechos de corrupción, entregados por exfuncionarios de la alcaldía Benito Juárez a la Fiscalía capitalina, relacionados al Cártel Inmobiliario.
Esta mañana, la @FiscaliaCDMX, entregó al @GobCDMX cinco departamentos de un edificio ubicado en la Alcaldía Benito Juárez, valuados en 4 y 6.5 millones de pesos, que forman parte de los inmuebles entregados por exfuncionarios públicos para la reparación del daño que provocaron… pic.twitter.com/oCCo7Ewron
Por su parte la titular de la FGJCDMX, Ernestina Godoy, mencionó que “hubo reconocimiento de responsabilidad por enriquecimiento ilícito” por parte de ex funcionarios de la alcaldía Benito Juárez, en especial, “dos exdirectores generales son quienes han entregado inmuebles”.
Denuncian a Jorge Romero porn muerte de dos mujeres en el sismo del 2017
Martín Hernández Téllez, poblador de la Ciudad de México, expuso que denunciará al diputado panista Jorge Romero Herrera y al ex alcalde de Benito Juárez, Christian Von Roechrich, involucrados en el Cártel Inmobiliario de la Ciudad de México, cuya corrupción derivó en la muerte de su madre y esposa en los sismos del 19 de septiembre de 2017.
El también vecino de la Benito Juárez, señala que en el sismo de 2017, se derrumbó el edifico Zapata 56, ubicado en la colonia Portales, provocando la muerte de su madre y esposa, aún cuando la edificación era de reciente construcción.
Tras esto, él y un grupo de vecinos, interpusieron una denuncia ante la Fiscalía, acusando las omisiones y corrupción de las autoridades de la demarcación y de la empresa constructora, sin embargo, al día de hoy no ven avances en las investigaciones.
Christian Von Roehrich es vinculado a proceso por asociación delictuosa y uso ilegal de atribuciones
El 27 de abril del año pasado, el exalcalde de Benito Juárez, Christian Von Roehrich, fue vinculado a proceso luego de que fuera acusado de tener relación directa con el Cártel Inmobiliario que operaba en dicha demarcación.
A una semana de ser detenido, el exfuncionario panista fue vinculado con prisión preventiva, de acuerdo a la Fiscalía General de la Ciudad de México “por su probable participación en la comisión de los delitos de uso ilegal de facultades y atribuciones cometido por servidor público y asociación delictuosa”.
Cabe destacar que el ex funcionario permanecerá en una cárcel de la capital durante el tiempo que dure el proceso en su contra.
La determinación tuvo lugar este jueves durante una audiencia en la fiscalía capitalina ratificó la imputación contra Von Roehrich, debido a su presunta responsabilidad en los delitos de uso ilegal de facultades y atribuciones cometido por servidor público y asociación delictuosa.
De acuerdo a la fiscalía, el ex servidor público lidera una red corrupta la cual estaba en operación desde 2015 en la alcaldía Benito Juárez, donde se dedicó a realizar negocios ilícitos a través de la industria del desarrollo inmobiliario y al amparo de su cargo público.
Dicha acusación, revela que el exalcalde habría recibido al menos 35 millones de pesos, donde también se incluyen dos departamentos de alta plusvalía ubicados en el City Tower Green and Black.
Este martes se dio a conocer la sentencia en contra de dos exfuncionarios de la alcaldía Benito Juárez involucrados en el llamado “Cártel Inmobiliario”.
Se trata de Ismael Isauro “N” y José Ramón “N” a quienes detuvieron en diciembre de 2022 en la alcaldía Iztapalapa y en el municipio de Naucalpan.
Los dos exfuncionarios recibieron una sentencia de cinco años de cárcel por su participación en la trama de corrupción del “Cartel Inmobiliario”, en donde cometieron delitos como uso ilegal de atribuciones y asociación delictuosa.
De acuerdo con el comunicado emitido por Ulises Lara, titular de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, con ambos exfuncionarios se detectaron actividades financieras ilegales.
El Coordinador General de Investigación Territorial de la @FiscaliaCDMX, Ulises Lara López, informó que se obtuvo una sentencia condenatoria de 5 años de prisión contra Ismael Isauro "N" y José Ramón "N", exservidores públicos de la alcaldía Benito Juárez, tras… pic.twitter.com/64SKa9FGDv
Se identificó que varias personas realizaron actividades financieras a nombre de otros exfuncionarios, como es el caso de Ismael “N” y José Ramón “N”.
El primero de ellos se desempeñó como contralor interno, asesor de la entonces Jefatura Delegacional, director de Recursos Materiales y Servicios Urbanos y director General de Administración, mientras que José Ramón fue subdirector de Servicios Generales, ambos en la gestión de Christian Von Roehrich, quien actualmente está preso.
La investigaciones contra el llamado Cártel Inmobiliario, que opera en la alcaldía Benito Juárez de la Ciudad de México continúan, por lo que la Fiscalía de la capital ha girado dos nuevas órdenes de aprehensión en contra de presuntos involucrados.
Se trata de Luisa Adriana Gutiérrez Ureña y Ricardo Rubio Torres, ambos militantes de Acción Nacional y diputados locales de la misma bancada en el Congreso de la CDMX.
Gutiérrez Ureña, de 36 años de edad, fue directora Jurídica en la Alcaldía Benito Juárez en el periodo 2018-2020 y adicional también fue directora de verificación en la misma demarcación entre 2020 y 2021, ambos cargos durante la administración de Santiago Taboada.
Rubio Torres fue parte de la Unidad Departamental de Calificación de Infracciones en materia de obras y construcciones en el periodo de 2014 a 2018, cuando Christian Von Roehrich era alcalde de la demarcación.
Desde hace ya un par de años, la Fiscalía, a cargo de Ernestina Godoy, ha investigado a varios exfuncionarios de la Benito Juárez señalados de participar en actos de corrupción inmobiliaria, usualmente en la Benito Juárez.
Hasta estos momentos se ha logrado arrestar al ex alcalde y diputado local, Christian Von Roehrich y que intentó escapar de la justicia mexicana cruzando a los Estados Unidos, sin embargo fue detenido.
Otros exfuncionarios que han sido vinculados a proceso son: El exdirector jurídico y de gobierno, Luis Vizcaíno; Nicias René Aridjis Vázquez, exdirector general de Obras y Adelaida García González, exdirectora de Obras, Desarrollo y Servicios Urbanos de Benito Juárez.
En la conferencia matutina de este jueves 10 de agosto, el Presidente Andrés Manuel López Obrador, compartió a los medios de comunicación la carta que realizó que va dirigida al juez de la derecha, Martin Adolfo Santos Pérez, mismo que interpuso una censura para el primer mandatario luego de que este le informará al pueblo sobre los actos corruptos de la panista Xóchitl Gálvez.
El pasado 8 de agosto, Andrés Manuel después de enterarse de esta censura, le contestó al magistrado y afirmó que lo iba a denunciar pues tiene un extenso antecedente de actitudes injustas, sectarias y “politiqueras”, en donde ha defendido la corrupción y la delincuencia. También confirmó que enviaría un escrito al Consejo de la Judicatura Federal (CJF).
La carta que redacto el tabasqueño para Santos Pérez indicaba que no existen dudas de que su actuar es de un juez de consigna, refiriéndose a su resolución promovida por los abogados de la oposición, tales como; Claudio X. González y su “pandilla”, quienes abogaban a favor de Xóchitl Gálvez.
Asímismo, López Obrador le indicó que le ha ordenado una censura de la información que debería ser pública ya que son documentos y datos que recibe por parte de la ciudadania, la carta también menciona que así como quiere callar al Presidente, ha callado a algunas instituciones para que no revelen información de los opositores.
El primer mandatario recordó que el juez lo acusó de emitir un “discurso de odio” en contra de Gálvez y su familia por indicar la información de los miles de millones de pesos que la panista se ha embolsado con sus empresas con la ayuda de los gobiernos de la oposición.
También redactó en la carta que Martín Adolfo se ha dedicado a proteger delincuentes y promover decisiones de la derecha en donde el pueblo es el único afectado. Le recordó al juez que fue él quien le concedió una suspensión al narcotraficante, Joaquín Guzmán Loera, para evitar su extradición a Estados Unidos.
AMLO de igual forma, le recordó que fue él quien ordenó el desbloqueo de las cuentas bancarias del exalcalde de Benito Juárez, Christian Von Roehrich, por el cártel inmobiliario.
“Advierte, “malicia efectiva” de mi parte, pero, el de la malicia efectiva es usted, que se ha dedicado a proteger delincuentes y promover decisiones de grupos de intereses creados que afectan el interés público y dañan al pueblo.”
Expresó AMLO
En la carta expresa una serie de actuaciones injustas del juez, como que ordenó modificar el plan nacional de vacunación de COVID-19 en la etapa más crítica de la pandemia, igualmente fue quien permitió que se atentara contra la salud pública dando autorización de que las tabacaleras vendieran cigarros electrónicos, entre otros actos para ir en contra del Presidente y a favor de la derecha con la única intención de dañar al pueblo.
Concluyó el escrito mencionando que esa carta será enviada al CJF para que investiguen su actuar deshonesto.
El alcalde panista de la Benito Juárez, Santiago Taboada y el diputado federal por el mismo partido, Jorge Romero Herrera han promovido juicios de amparo contra la investigación que la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México tiene en su contra por presuntos actos de enriquecimiento ilícito, relacionado con el Cártel Inmobiliario, difundió La Jornada.
Ambos panistas tramitaron sus demandas ante el juzgado de distrito de amparo en materia penal en la Ciudad de México, la cual va contra Hamlet Jesús González Sánchez, agente del Ministerio Público de la agencia investigadora A de la Fiscalía de Investigación Territorial Cuauhtémoc.
Taboada ha reclamado que se han recopilado sus datos referentes a cuentas bancarias, mientras que el juez ya admitió a trámite los juicios y fijó para el 25 de julio la audiencia constitucional en la que se determinará si se concede la suspensión o no.
Taboada y Herrera son investigados por ser parte del Cártel Inmobiliario
Investigaciones de la FGJ de la CDMX mencionan que Taboada y otros ex funcionarios de la alcaldía Benito Juárez son parte de una red de corrupción inmobiliaria que encabezó Christian von Roehrich, ex delegado de la misma demarcación y que ahora se encuentra preso mientras se realizan las investigaciones complementarias.
Tanto Taboada como otros ex funcionarios públicos de la Benito Juárez, “continuaron con el mismo modus operandi para llevar a cabo actividades ilícitas en el sector de bienes raíces y probablemente hacerse de manera irregular de diferentes inmuebles”, siendo Jorge Romero uno de los principales beneficiados.
El día miércoles 14 de junio, un Juez de Control ratificó prisión preventiva oficiosa a Nicias Rene “N”, ex director de Obras y Desarrollo Urbano de la alcaldía Benito Juárez (BJ) en la Ciudad de México y también cabecilla del Cártel Inmobiliario de los panistas de la Benito Juaréz.
Por segunda ocasión, Nicias “N” fue detenido y se le ha sentenciado por la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJ CDMX) debido a su presunta participación en la red de corrupción de bienes raíces en la alcaldía BJ misma que fue planeada, ejecutada y liderada por servidores públicos del Partido Acción Nacional (PAN). El suceso fue anunciado por el Coordinador General de Asesores y Vocero de la dependencia: Ulises Lara López mediante un video publicado en las últimas horas en las redes sociales de la FGJ.
Mensaje de Ulises Lara, sobre investigación en bienes raíces BJ, que demuestra indagatorias sólidas, profesionales y científicas; y otro caso de sentencia, contra tres mujeres y dos hombres por 60 años de prisión a cada uno por el delito de secuestrohttps://t.co/FN2emkOAY4
Lara López informó que el Ministerio Público de la Coordinación General de la Investigación Territorial ha aportado pruebas suficientes para llevar a cabo el proceso de sentencia. Pese a llevar dos procesos, el imputado estará en prisión preventiva domiciliaria por la posible comisión del delito de uso ilegal de atribuciones y facultades. Se ha fijado un mes de plazo para el cierre de la investigación complementaria.
Asimismo, el vocero indicó que: “Nicias Rene posiblemente permitió la edificación en la Calle Pirineos Colonia Portales Sur, un inmueble de ocho niveles con lo que se contravino la zonificación del uso de suelo autorizada.”
De acuerdo con el mensaje compartido, Ulises Lara señaló que la Fiscalía “ha documentado violaciones a las normas de construcción de decenas de inmuebles, a raíz de un posible contubernio entre autoridades de la alcaldía Benito Juárez y empresas inmobiliarias, para posiblemente obtener ganancias mediante la edificación de más niveles y departamentos de los permitidos”.
Luego de que Nicias Rene admitió su responsabilidad penal en mayo del 2022 en la comisión por el delito de enriquecimiento ilícito. Lara López concluyó enfatizando en que la sentencia condenatoria ha confirmado en que no hay persecuciones políticas, únicamente “indagatorias profesionales y científicas.”
El Cártel Inmobiliario va en declive y todos sus integrantes conservadores y corruptos están recibiendo la justicia que merecen ya que el pasado 27 de abril fue vinculado a proceso el ex alcalde Christian Von Roehrich, quien además de querer escapar de las autoridades en Estados Unidos ya se encuentra recluido en el Reclusorio Norte.
Este jueves 1 de junio, una jueza federal otorgó un amparo a Sofía Soraya Von Roehrich, hermana de Christian Von Roehrich, el cual ordena dejar sin efecto el auto de vinculación a proceso por el delito de asociación delictuosa relacionado con el Cartel Inmobiliario.
Cabe mencionar que esto no implica su libertad, pues debe permanecer en arraigo domiciliario, además, un juez deberá ordenar la reposición del procedimiento a partir de la formulación de imputación.
“El Maestro Luk Justino Roque Ramírez, Juez de Control del Sistema Procesal Penal Acusatorio de la Ciudad de México, adscrito a la Unidad de Gestión Judicial Nueve, dejó parcialmente insubsistente la audiencia inicial, prevaleciendo el pronunciamiento respecto a la aprehensión. Ordene la reposición del procedimiento a partir de la formulación de imputación, para el efecto de que el Ministerio Público la formule atendiendo a las consideraciones expuestas en la presente ejecutoria; después de ello deberá cuestionar a la imputada si la entendió y si desea o no declarar”.
Dicha sentencia fue dictada por la titular del juzgado Segundo de Distrito de Amparo en Materia Penal en Ciudad de México, Paloma Xiomara González González, y en donde se detalla que se “vulneraron” los derechos fundamentales de debido proceso y defensa de la quejosa.
Finalmente, se indicó que en la audiencia inicial del 20 de febrero de 2023, la Fiscalía no informó de manera adecuada a la imputada y su defensor, sobre los datos de prueba, motivos y fundamentos legales en los que sustentaba la vinculación a proceso, lo anterior “generó que no ejercieran su derecho de defensa y el juzgador desconociera la información que debe proporcionar el fiscal a efecto de emitir el auto de vinculación a proceso”.
