Regidores de Morena en el Ayuntamiento de Guadalajara denunciaron lo que consideran una serie de irregularidades en la autorización del derribo de 29 árboles en la colonia Lomas del Country, así como en la aprobación de un cambio de uso de suelo en otra zona del Country Club, que permitirá la construcción de desarrollos inmobiliarios verticales y comerciales.
La regidora Teresa Naranjo explicó que, inicialmente, el proyecto contemplaba la tala de 31 árboles, pero tras una revisión, se decidió conservar únicamente dos de ellos.
El argumento de la autoridad es que se trata de un derribo con compensación de biomasa, lo cual significa que los desarrolladores pagan una cuota económica por la tala, pero esto no compensa la pérdida ambiental”, señaló Naranjo.
El desarrollo inmobiliario en cuestión, llamado Caena Country Club y promovido por la empresa Invert Country, obtuvo la aprobación del comité de arbolado para el derribo, lo que significa que la decisión ya es definitiva. Según Naranjo, la compensación por la tala ascendió a 312 mil 472 pesos, con precios que van desde los 2 mil 204 pesos hasta los 43 mil 475 pesos por árbol, dependiendo de la especie.
Por su parte, el regidor Chema Martínez criticó la postura del gobierno municipal y denunció que hay favoritismo hacia ciertos desarrolladores.
A la ciudadanía se le multa con más de 60 mil pesos si poda un árbol frente a su casa, pero a los empresarios de apellidos rimbombantes que patrocinan las campañas de Movimiento Ciudadano, se les autoriza en chinga sin importar la opinión de expertos”, señaló Martínez.
Violaciones a planes parciales de desarrollo
Además del derribo de árboles en Lomas del Country, los regidores señalaron otro caso en Mar Caspio 2131-2141, donde se autorizó un cambio de uso de suelo que permite la construcción de un desarrollo de vivienda vertical con área comercial, algo que, según Juan Alberto Salinas, regidor de Morena, va en contra de los planes parciales de desarrollo.
“Se está duplicando la densidad autorizada de, en un espacio donde ni siquiera estaba permitido el uso comercial”, denunció Salinas, señalando que funcionarios del gobierno municipal, particularmente el jefe de gabinete, Bernardo Fernández La Bastida, han estado cabildeando activamente para que el proyecto sea aprobado.
Esto no es desarrollo urbano, es negocio para unos cuantos. En Guadalajara no cabe el cártel inmobiliario, y en Morena no vamos a permitir que sigan depredando la ciudad”, concluyó Salinas.
Los regidores adelantaron que continuarán con acciones de vigilancia y seguimiento a estos proyectos, así como con denuncias públicas sobre lo que consideran un “modelo de ciudad a la medida de los empresarios y no de los ciudadanos”.
