Las autoridades de Estados Unidos revocaron la visa a Eduardo Cuauhtémoc Margolis Sobol, empresario mexicano del blindaje vehicular. La decisión responde a sospechas de actividades ilícitas.
Margolis está vinculado a investigaciones sobre su empresa Epel LLC, que opera en Florida. Se sospecha que esta compañía transfería activos entre México y Estados Unidos de manera irregular.
En México, Margolis enfrenta indagatorias de la Secretaría de la Función Pública, el SAT y la Fiscalía General de la República. Las investigaciones apuntan a contratos públicos y recursos de origen ilícito.
Desde 2019, su empresa Blindajes EPEL obtuvo 55 contratos gubernamentales por más de 445 millones de pesos. Las autoridades analizan una posible red de empresas fachada.
Margolis ha sido mencionado en casos judiciales mediáticos, como el caso Wallace y el caso Vallarta-Cassez. Su relación con el exsecretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna, es notable.
A pesar de su deteriorada salud, Margolis mantiene influencia en entornos penitenciarios. La revocación de su visa destaca las conexiones entre corrupción y redes empresariales en México y Estados Unidos.
La periodista Anabel Hernández enfrenta nuevas acusaciones de plagio y difamación relacionadas con sus libros publicados. En esta ocasión, las críticas surgen por su tratamiento del polémico caso Wallace, donde sus aseveraciones llevaron a la condena de personas inocentes por un delito que, según denuncias, nunca ocurrió.
El caso Wallace, uno de los procesos judiciales más controvertidos en México, ha estado marcado por contradicciones, irregularidades, fabricación de pruebas y tortura. A casi 20 años del presunto secuestro y asesinato de Hugo Alberto Wallace, la periodista Guadalupe Lizárraga presentó pruebas que desmienten las acusaciones de Hernández y demuestran que muchas de sus afirmaciones en el libro “Los señores del narco” fueron arbitrarias y casi una reproducción exacta de investigaciones del periódico El Universal.
En su obra “La lucha por la verdad: El falso caso Wallace”, Lizárraga argumenta que las irregularidades y pruebas fabricadas llevaron a detenciones arbitrarias. Señala que la participación de Hernández fue un factor clave en la criminalización de las víctimas, incluyendo a George Khoury, quien fue repetidamente detenido y acusado del mismo crimen, vinculado injustamente con delincuencia organizada por Isabel Miranda de Wallace y testigos protegidos anónimos.
Hernández ayudó a legitimar estas acusaciones en su libro, donde describió a Khoury con apodos despectivos como “El gitano” y “El Koki”, sin entrevistar a los supuestos delincuentes ni permitirles declarar. Estas difamaciones cesaron cuando Khoury fue reconocido como inocente por el Grupo de Trabajo de Detención Arbitraria de Naciones Unidas.
Los plagios
Además de difamación, Hernández ha sido acusada de plagiar investigaciones de colegas de El Universal. Según Lizárraga, Hernández recortó y reprodujo exactamente artículos del periódico en su trabajo. Un ejemplo es una descripción de Khoury que apareció anónimamente en El Universal y luego en el libro de Hernández sin cambios.
Lizárraga afirma que Hernández cometió el plagio sin cuestionar las acusaciones, asumiendo una certeza infundada sobre la culpabilidad de Khoury. Asegura que Hernández escribió basándose únicamente en lo que leyó en El Universal, cayendo en inexactitudes y difamando sin haber conocido a los acusados.
Estas nuevas acusaciones plantean serias dudas sobre la integridad del trabajo periodístico de Anabel Hernández y reabren el debate sobre la veracidad del caso Wallace, un tema que sigue resonando en la sociedad mexicana.
El Juez de Distrito Primero de Distrito de Procesos ha autorizado el cambio de la medida cautelar de prisión preventiva para Brenda Quevedo Cruz, estableciendo su nuevo estado bajo arraigo domiciliario. La medida incluye la vigilancia de la Policía Federal Ministerial, el uso de un localizador electrónico, cuyo costo será cubierto por la Fiscalía que lo solicitó, y la prohibición de salir de la zona conurbada de la Ciudad de México o del país sin autorización judicial, así como de comunicarse o acercarse a la víctima indirecta o a su domicilio.
Se espera que Brenda Quevedo sea liberada en las próximas horas y siga su proceso fuera del centro penitenciario, bajo la representación del Instituto Federal de la Defensoría Pública (IFDP). Esta decisión cumple con la resolución del Primer Tribunal Colegiado de Apelación del Primer Circuito en materia penal 176/2022 del 21 de junio, que determinó el cese de la prisión preventiva por considerarla una medida excepcional sin necesidad actual y real de prolongación, ya que los factores que la justificaron han cambiado con el tiempo.
Brenda Quevedo Cruz fue detenida el 28 de noviembre de 2007 en Kentucky, Estados Unidos, y extraditada a México el 25 de septiembre de 2009. Está acusada de participar en el secuestro y homicidio de Hugo Alberto Wallace en 2005, además de delincuencia organizada.
Desde septiembre de 2019, el IFDP ha emprendido diversas acciones legales para lograr la suspensión de la prisión preventiva de Quevedo, argumentando que su prolongación durante más de 15 años es excesiva y no razonable.
— Defensoría Pública Federal (@defensoriaifdp) June 25, 2024
El IFDP ha destacado que Brenda Quevedo ha sobrevivido a actos de tortura sexual durante su detención y privación de libertad, violaciones confirmadas en la recomendación VG127/2023 de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y la Opinión 45/2020 del Grupo de Trabajo sobre Detenciones Arbitrarias de Naciones Unidas. Estas entidades han señalado preocupación por su caso, que forma parte de muchos relacionados con la privación arbitraria de libertad y que podrían indicar una práctica sistemática. Actualmente, su caso se encuentra en la etapa de fondo ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
Con la sustitución de la prisión preventiva por el arraigo domiciliario y otras medidas cautelares, Brenda Quevedo podrá seguir su proceso legal fuera de prisión, en un paso significativo para su defensa y los derechos humanos en México.