La presidenta Claudia Sheinbaum comentó sobre la liberación de Julio César Chávez Jr. dijo que fue una decisión del juez federal encargado del caso.
Chávez Jr. podrá continuar su proceso en libertad. La medida se tomó tras una audiencia virtual, donde se discutieron los cargos en su contra.
El juez, Enrique Hernández Miranda, dictó la libertad bajo caución. La audiencia duró tres horas y se realizó por motivos de seguridad.
Chávez Jr. está ligado al narcotráfico y fue arrestado en Estados Unidos. Su defensa argumentó que las pruebas en su contra eran insuficientes y poco concluyentes.
A pesar de las acusaciones, su abogado asegura que no hay evidencia clara de su participación en actividades criminales. La próxima audiencia está programada para el 24 de noviembre.
La situación de Chávez Jr. ha generado gran interés público, dado su linaje y su reciente historia en el boxeo.
La fiscal general de EE.UU., Pam Bondi, declaró que Ismael “El Mayo” Zambada pasará el resto de su vida en prisión, esta afirmación la dio tras la declaración de culpabilidad del narcotraficante.
📹 #Video | La fiscal de E.U. Pam Bondi, agradeció al gobierno de la Presidenta Claudia Sheinbaum por la coordinación en materia de seguridad. “Queremos agradecerle a las autoridades de México por toda su ayuda para haber podido traer a estos líderes de los cárteles ante la… pic.twitter.com/gmPsLd8ECQ
En una conferencia, Bondi calificó esto como una gran victoria para el gobierno estadounidense, y destacó que Zambada confesó su larga carrera criminal al servicio del Cártel de Sinaloa.
La fiscal recordó que el declarado culpable fue uno de los narcotraficantes más poderosos del mundo junto a Joaquín “El Chapo” Guzmán, pues ambos causaron un gran número de muertes. “Su reino de terror terminó”, afirmó.
Acompañada de altos funcionarios de la DEA y el FBI, Bondi afirmó también que no descansarán hasta que EE.UU. esté a salvo de los narcoterroristas. La fiscal subrayó que el Cártel de Sinaloa, bajo el mando de Zambada, se diversificó al tráfico de heroína y fentanilo, cuyos precursores provienen de China.
Zambada enfrenta actualmente 17 cargos, incluyendo la dirección de una empresa criminal y la importación de drogas como cocaína y fentanilo. Bondi denunció que durante tres décadas él y sus cómplices generaron billones de dólares gracias al tráfico de drogas.
Ismael ‘El Mayo’ Zambada, exlíder del Cártel de Sinaloa, se declaró culpable este lunes ante la justicia de Estados Unidos en la corte de Brooklyn, aceptando en su totalidad un acuerdo con las autoridades estadounidenses.
La declaración incluye una cronología de su vida criminal desde 1969 y el reconocimiento de que entre 1980 y 2024 transportó y vendió 1.5 millones de kilos de cocaína en EE. UU., recibiendo millones de dólares y corrompiendo a policías, mandos militares y políticos para operar sin restricciones.
A cambio de su aceptación de culpabilidad, la Fiscalía estadounidense acordó no solicitar la pena de muerte. El acuerdo también excluye su juicio por delitos de homicidio, uso de armas prohibidas y blanqueo de dinero, consolidando su permanencia en prisión sin riesgo de ejecución. La incautación de bienes y activos ordenada por EE. UU. asciende a 15 mil millones de dólares.
Zambada admitió públicamente el daño causado a la sociedad de México y Estados Unidos, asumió responsabilidad y pidió perdón por sus acciones, mientras se mantiene la atención sobre el futuro del Cártel de Sinaloa y las posibles implicaciones en funcionarios de alto nivel en México.
El narcotraficante fue entregado a EE. UU. en 2024 en circunstancias que él calificó de traición por parte de sus antiguos aliados, los herederos de Joaquín ‘El Chapo’ Guzmán, hecho que desató una guerra interna en el cártel.
La sentencia de Zambada se dictará el 13 de enero de 2026, cerrando un capítulo clave en la historia de uno de los líderes criminales más importantes de México y su relación con la justicia estadounidense.
El boxeador Julio César Chávez Jr. continuará su proceso en libertad condicional, a pesar de estar vinculado a delitos de tráfico de armas y delincuencia organizada, considerados por la Constitución como sujetos a prisión preventiva oficiosa.
El juez de control Enrique Hernández Miranda, del Centro de Justicia Penal Federal en Hermosillo, Sonora, otorgó un plazo de tres meses para la investigación complementaria y decidió no imponer firma periódica, argumentando que su presencia podría generar acoso mediático.
Chávez Jr. enfrenta acusaciones por presuntos nexos con el Cártel de Sinaloa, derivadas de una investigación de la FGR iniciada en 2023, que motivó su arresto en Estados Unidos el 2 de julio y su deportación a México el 18 de agosto. La Fiscalía sostiene que el boxeador podría recibir una pena de cuatro a ocho años de prisión si se confirma su culpabilidad.
Como medidas cautelares, se le prohíbe abandonar el país, asistir a audiencias y contactar a implicados, aunque no deberá presentarse periódicamente ante autoridades. Su abogado, Rubén Fernando Benítez, aseguró que la supuesta relación con el cártel se basa únicamente en “anécdotas de camaradería”, y que el proceso busca esclarecer su inocencia.
La defensa enfatizó que la llamada de “El Nini”, identificada como prueba central, se basa en referencias de terceros sin evidencia directa de participación de Chávez Jr.
La audiencia, realizada por videoconferencia desde el Cefereso 11, duró casi nueve horas, garantizando la seguridad del imputado y del personal judicial. El próximo 24 de noviembre se programó una nueva audiencia para que la FGR presente nuevas pruebas.
Chávez Jr. se mantiene en México mientras sigue el proceso, con el objetivo de demostrar que las acusaciones son especulaciones y conjeturas, según su defensa.
El boxeador Julio César Chávez Carrasco, mejor conocido como Julio César Chávez Jr., fue vinculado a proceso por delincuencia organizada y tráfico de armas, aunque obtuvo la medida cautelar de libertad condicional, lo que lo obliga a presentarse de manera periódica ante las autoridades. En paralelo, enfrenta una investigación de la DEA en Estados Unidos.
La resolución fue dictada por el juez federal Enrique Hernández Miranda, quien consideró que las pruebas de la Fiscalía General de la República (FGR) son suficientes para abrir un proceso penal, pues coinciden con denuncias recabadas desde 2019 en México y EE.UU., respaldadas por testimonios con nombre, fecha y lugar que lo relacionan con un grupo criminal.
El abogado del boxeador, Rubén Fernández Benítez, afirmó que Chávez Jr. seguirá el proceso para demostrar su inocencia:
“El pueblo mexicano tiene derecho a saber que a mi representado le interesa concluir este proceso y soterrar las especulaciones”.
La audiencia se realizó por videoconferencia desde el Cefereso No. 11 en Hermosillo, a petición de autoridades penitenciarias para garantizar la seguridad del pugilista, quien compareció con la ropa que llevaba en el momento de su extradición.
Entre las pruebas destacadas se encuentran escuchas telefónicas que lo vinculan con Néstor Isidro Pérez Salas, alias El Nini, jefe de seguridad del Cártel de Sinaloa, además de un informe de la DEA que lo señala como objetivo de investigación.
También se presentaron órdenes de intervención de comunicaciones, grabaciones donde supuestamente es identificado como aliado de Pérez Salas y el hallazgo de una bata de boxeo de Chávez Jr. en una propiedad cateada vinculada al capo.
Los cárteles mexicanos han encontrado nuevas formas de lavar dinero, utilizando criptomonedas, conciertos y esquemas de tiempos compartidos. El Departamento del Tesoro de EE.UU. alerta sobre estas modalidades.
Los crímenes organizados buscan convertir su dinero sucio en fondos legítimos. Las criptomonedas son populares por su capacidad de mover dinero sin revelar identidades. Esto permite a los cárteles ocultar el origen de sus ganancias.
Por ejemplo, un abogado mexicano se declaró culpable de lavar 52 millones de dólares para el Cartel de Sinaloa. Este abogado trasladó su red de lavado al mundo de las criptomonedas al notar que el FBI lo investigaba.
Las transferencias de criptomonedas son difíciles de rastrear, lo que las convierte en una herramienta atractiva para los criminales. Este año, se decomisaron 10 millones de dólares en criptomonedas vinculadas al mismo cártel.
Los cárteles también utilizan conciertos para mezclar ganancias ilícitas con ingresos legítimos. En 2025, un promotor musical fue condenado por blanquear dinero del Cartel Jalisco Nueva Generación a través de sus eventos.
Otra modalidad son las estafas de tiempos compartidos. Estos esquemas engañan a jubilados estadounidenses, pidiéndoles pagos iniciales para liberar fondos inexistentes. En total, se estima que 6 mil estadounidenses han caído en estas estafas, acumulando pérdidas de 300 millones de dólares.
Las autoridades luchan por rastrear estas redes de lavado de dinero. A medida que los criminales inventan nuevas técnicas, el desafío para las autoridades se vuelve más complejo. La lucha contra el lavado de dinero se asemeja a un juego en el que los criminales siempre buscan adelantarse. (Fuente: El País).
La Corte Federal de Nueva York otorgó 90 días adicionales a Genaro García Luna, exsecretario de Seguridad de México, para que presente la apelación contra su condena por narcotráfico y vínculos con el Cártel de Sinaloa. El nuevo plazo vence el 18 de diciembre de 2025.
En el documento oficial, la Corte instruyó a la Oficina de Prisiones de Estados Unidos a garantizar a la defensa del exfuncionario acceso regular a su cliente mediante llamadas legales y visitas presenciales, debido a las limitaciones extremas que enfrenta en prisión.
La defensa de García Luna argumentó que el exsecretario de Seguridad se encuentra en aislamiento en la prisión de máxima seguridad de Florence, Colorado, lo que ha dificultado su comunicación con los abogados, quienes sólo han podido hablar con él por teléfono tres horas en ocho meses.
Los abogados César de Castro y Valerie Gottlieb denunciaron que, durante su reclusión en la prisión de Lee, Virginia, el exfuncionario perdió 14.5 kilos de peso, pasó meses sin poder bañarse, rasurarse o comer con cubiertos, y fue confinado en una unidad especial “para quienes violan reglas”, pese a no contar con infracciones disciplinarias.
Con esta prórroga, García Luna busca preparar los argumentos contra la condena de 38 años de cárcel, dictada en 2023, tras ser hallado culpable de proteger al Cártel de Sinaloa mientras encabezaba la estrategia de seguridad en México durante el sexenio de Felipe Calderón.
El excampeón de boxeo Julio César Chávez Jr. promovió un juicio de amparo para frenar su reclusión en el CEFERESO 11 de Hermosillo, Sonora, tras ser entregado a México por autoridades de Estados Unidos.
Chávez Jr., quien llegó encadenado de pies y manos, denunció estar incomunicado desde su ingreso al penal. La titular del Juzgado Décimo Primero de Distrito en Sonora, Ana María Nava Ortega, concedió una suspensión de plano, aunque aún no se precisan los alcances de la medida, que busca proteger los derechos humanos del boxeador y evitar daños de difícil reparación.
La investigación contra Chávez Jr. inició en 2019, cuando se le vinculó con la facción ‘Los Chapitos’ como ajustador de cuentas. En 2023, la Fiscalía General de la República (FGR) giró una orden de aprehensión por delincuencia organizada y tráfico de armas. El 2 de julio fue detenido en Studio City, California, a un día de su pelea ante Jake Paul, luego de que autoridades estadounidenses declararan ilegal su estancia y señalaran presuntos vínculos con el Cártel de Sinaloa, considerado “organización terrorista extranjera” en EU.
El 18 de agosto, Chávez Jr. fue entregado a México e ingresado al CEFERESO 11, donde recibió prisión preventiva dos días después. Su defensa solicitó la duplicidad del plazo para definir su situación jurídica; la vinculación a proceso se resolverá el 23 de agosto.
Su padre, la leyenda del boxeo Julio César Chávez, defendió la inocencia de su hijo, asegurando que no pertenece a ningún cártel ni vende armas, y que su relación con narcotraficantes es solo de conocimiento público, sin involucramiento directo.
Julio César Chávez Jr., exboxeador mexicano, fue deportado a México tras su arresto en California. Las autoridades lo acusan de colaborar con el Cártel de Sinaloa.
El 2 de julio de 2025, Chávez Jr. Fue detenido por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) por no tener visa vigente y por vínculos con delincuencia organizada. La subsecretaria del DHS, Tricia McLaughlin, confirmó su arresto.
El 19 de agosto, las autoridades estadounidenses lo entregaron a México en la Garita Dennis DeConcini en Nogales. La Policía Federal Ministerial lo trasladó a Hermosillo.
Un juez federal dictó prisión preventiva justificada contra el exboxeador. Chávez Jr. Permanecerá en el Centro Federal de Readaptación Social número 11. La Fiscalía General de la República (FGR) lo acusa de introducir armas y explosivos al país.
La audiencia inicial comenzó el 18 de agosto y duró hasta el 19. Su defensa solicitó más tiempo, por lo que el juez fijó el 23 de agosto para decidir su vinculación a proceso.
Chávez Jr. Enfrenta cargos por delincuencia organizada y tráfico de armas. Sus antecedentes legales incluyen arrestos previos por posesión de armas ilegales en Estados Unidos.
La próxima audiencia definirá si hay suficientes pruebas para continuar con el proceso. Mientras tanto, el exboxeador seguirá recluido en Hermosillo.
Los abogados de Genaro García Luna, exsecretario de Seguridad Pública de México, denuncian condiciones de maltrato extremo en su prisión en EE.UU.
Desde su traslado a la prisión ADX Florence, en Colorado, García Luna ha perdido 14 kilos. Sus defensores, César de Castro y Valerie Gotlib, expresan su preocupación por la falta de comunicación, aseguran que solo pudieron hablar con él el 31 de julio, después de meses sin contacto.
Desde diciembre, García Luna ha enfrentado aislamiento y castigo extremo, sin justificación alguna, además, sus abogados informan que se le negó acceso a documentos legales desde su traslado. En una carta, Gotlib lamenta que nunca habían estado tan imposibilitados de comunicarse con su cliente.
García Luna fue transferido a la prisión de máxima seguridad después de estar en varias cárceles y aunque, según sus defensores, las condiciones en ADX han mejorado, carece de acceso a materiales legales.
Los abogados piden aplazar su apelación, programada para el 19 de septiembre, debido a las dificultades para comunicarse con él. Solicitan que la nueva fecha sea el 18 de diciembre.
García Luna enfrenta una condena de 38 años por narcotráfico y delincuencia organizada tras ser acusado de recibir sobornos del Cártel de Sinaloa.