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  • Aureoles, Rosas y Riquelme gastaron más de 22 mil MDP sin comprobar

    Aureoles, Rosas y Riquelme gastaron más de 22 mil MDP sin comprobar

    Al frente del gobierno de Michoacán, el perredista Silvano Aureoles dejó pendiente de comprobar 13 mil 679 millones de pesos del erario nacional en 2021.

    Informes de fiscalización de la Auditoría Superior de la Federación revelaron que otro gobierno que omitió presentar comprobantes del gasto federalizado fue el de Durango: en 2021, la gestión del panista José Rosas Aispuro dejó sin aclarar 8 mil 20 millones de pesos

    Con 1 mil 668 auditorías, la Auditoría Superior de la Federación (ASF) dio cuenta de los resultados de la fiscalización correspondiente al ejercicio 2021 sobre gasto federalizado y su impacto económico sobre las finanzas públicas del país. Esto arrojó una cifra multimillonaria de 52 mil 211 millones 900 mil pesos que debe ser aclarada por gobiernos estatales, municipales, organismos públicos descentralizados locales, etc.

    De ese gasto sin aclarar que rebasa los 52 mil millones de pesos, el 80 por ciento corresponde a gobiernos estatales, los cuales son responsables de despilfarrar recursos públicos sin comprobar, por lo que el amplio informe de la ASF, órgano dependiente del Congreso de la Unión, les demanda explicar el gasto y destino de 40 mil 968 millones de pesos.

    De las entidades más opacas y corruptas destaca Michoacán: durante el último año de gobierno del perredista Silvano Aureoles Conejo (2021) –quien además tiene investigaciones federales y locales por corrupción, desvío de recursos públicos, asociación delictiva y hasta lavado de dinero–dejó de comprobar 13 mil 679 millones de pesos sólo en un año, que corresponde al 31.5 por ciento del total de aclaraciones que tienen que hacer las 32 entidades federativas de la República.

    El segundo con mayores problemas de comprobación del gasto federalizado fue Durango, durante la gestión del panista José Rosas Aispuro, quien en 2021 dejó sin aclarar 8 mil 20 millones de pesos, que representa el 18.5 por ciento del total de aclaraciones que demanda la ASF a los estados.

    Es decir, sólo esos dos gobiernos estatales, el del michoacano Silvano Aureoles y el duranguense Rosas Aispuro no pudieron comprobar 21 mil 699 millones de pesos en 2021, pero si se suman los otros cinco años de gobierno de cada uno de los dos exmandatarios estatales, las cifras sin aclarar rebasarían los 100 mil millones de pesos.

    Michoacán y Durango concentran entonces el 50 por ciento del gasto federalizado no aclarado de todos los estados del país, por lo que se abre la inquietud para conocer el monto total que pudo ser desviado en los gobiernos de Silvano Aureoles y Rosas Aispuro, además de la exigencia de que se les abran las investigaciones penales respetivas.

    Otro estado con problemas de aclaraciones a la fiscalización de la Auditoría Superior es Coahuila, gobernado por el priísta, quien del gasto del presupuesto federal correspondiente a 2021 debe aclarar el destino de 2 mil 510 millones 900 mil pesos, equivalentes al 7.8 por ciento de todo el gasto que falta por comprobar en las entidades publicas.

    Otros estados con aclaraciones pendientes del gasto federalizado correspondiente al ejercicio de 2021 son, en orden progresivo, Nayarit con un monto de 2 mil 119 millones 900 mil pesos en el último año de gobierno correspondiente al panista Antonio Echevarría García; Nuevo León, gobernado en ese año por el priísta Jaime Rodríguez Calderón, alías el Bronco, quien además de que estuvo preso por supuestos desvíos de recursos públicos, le faltó aclarar 1 mil 881 millones 400 mil pesos.

    En la lista de los 32 estados, Baja California Sur ocupa el séptimo lugar: debe aclarar el gasto de 1 mil 791 millones 700 mil pesos correspondientes al último año de ejercicio del panista Carlos Mendoza Davis; la octava posición fue para Colima, gobernado hasta 2021 por el priista José Ignacio Peralta, quien dejó la administración del estado sin aclarar el destino de 1 mil 618 millones 100 mil pesos.

  • Actualmente ¿Cuántos ex gobernadores están en prisión?

    Actualmente ¿Cuántos ex gobernadores están en prisión?

    Luego de que se diera a conocer la detención de Jaime Rodríguez, “El Bronco” quien fue gobernador de Nuevo León, donde es acusado por desvió de recursos.

    Rodríguez Calderón se une a la lista de ex mandatarios estatales que fichan, luego de concluir su administración.

    En redes sociales ha comenzado a circular la que sería la primer foto del ex gobernador de Nuevo León, Jaime Rodríguez “El Bronco” dentro del penal de Apodaca, esto tras su detención la tarde de este martes 15 de marzo.

    Exgobernadores en prisión

    Actualmente en prisión: Javier Duarte, César Duarte, Jorge Torres, Tomás Yarrington, Eugenio Hernández, Roberto Sandoval, entre otros.

    Javier Duarte (Gobernador de Veracruz 2010-2016)

    El ex mandatario veracruzano purga una condena de 9 años de prisión por los delitos de lavado de dinero y asociación delictuosa. También se le ha señalado por desaparición forzada. La orden de aprehensión en contra de Duarte de Ochoa fue girada el 14 de octubre de 2016 y detenido el 15 de abril de 2017 en Guatemala.

    César Duarte (Gobernador de Chihuahua de 2010-2016)

    El ex gobernador de Chihuahua fue detenido en julio de 2020 en Miami, Florida, con fines de extradición a México. Las acusaciones en su contra son por daño al erario, peculado, peculado agravado y delitos electorales por más de mil 300 millones de pesos.

    Jorge Torres López (Gobernador interino de Coahuila en 2011)

    Torres López fue gobernador interino de Coahuila y se declaró culpable de lavado de dinero en una corte de Corpus Christi en Estados Unidos. Actualmente paga una condena de tres años de prisión.

    Tomás Yarrington (gobernador de Tamaulipas de 1999-2004)

    Yarrington se declaró culpable por el delito de lavado de dinero y aceptar sobornos por más de tres millones de dólares, recursos ilícitos que empleó para adquirir bienes raíces en Estados Unidos.

    Roberto Sandoval (Gobernador de Nayarit 2011-2017)

    Las autoridades federales acusaron al exgobernador de Nayarit por los delitos de lavado de dinero con los que presuntamente adquirió bienes raíces por más de 222 millones de pesos, es acusado de lavado de dinero por la compra de cinco inmuebles valuados en 222 mdp, ocultando el origen de los recursos en operaciones realizadas de 2009 a 2015.