La presidenta electa de México, Claudia Sheinbaum, se comprometió a dar seguimiento a las investigaciones sobre el caso Ayotzinapa, y aseguró que en su gobierno se continuará buscando a los 43 estudiantes de la Normal Rural “Raúl Isidro Burgos”.
La tarde de este lunes, en las instalaciones del Museo de la Ciudad de México, la mandataria electa sostuvo una reunión con los padres y madres de los 43 estudiantes, que fueron desaparecidos la noche del 25 de septiembre del 2014.
📹 #Vídeo | En un ejercicio de diálogo abierto: Los padres de los 43 estudiantes de #Ayotzinapa, acompañados de Vidulfo Rosales, arriban al Museo de la Ciudad de México a sostener una reunión con la Presidenta electa Claudia Sheinbaum (@Claudiashein). pic.twitter.com/sVNPNOGdNk
Tras su encuentro, Claudia Sheinbaum, destacó que se comprometió con los familiares de los estudiantes normalistas, “a poner toda mi voluntad para dar seguimiento a los trabajos de búsqueda de la verdad, la justicia y encontrar a sus hijos”.
En unas breves declaraciones a los medios de comunicación, Sheinbaum Pardo dijo que trabajará con los familiares, para encontrar una forma de trabajo que les permita avanzar y alcanzar los objetivos planteados por los padres de los estudiantes normalistas.
Asimismo, la presidenta electa sostuvo que continuará reuniéndose con las madres y padres de los estudiantes. Cabe mencionar que, el encuentro con la futura presidenta se dió horas después de que los familiares de los estudiantes se reunieron con el presidente, Andrés Manuel López Obrador, en Palacio Nacional.
Los padres y madres de los 43 normalistas de Ayotzinapa calificaron el reporte presentado por el presidente Andrés Manuel López Obrador como “confuso y lleno de inconsistencias”, mencionando que se sienten “traicionada”, esto luego de revisar el primer informe que recibieron después de casi diez años, consideraron que el presidente exoneró al ejército mexicano de su presunta participación en la desaparición de los jóvenes.
“Acusa a quienes se han pronunciado de complicar el caso Ayotzinapa para limpiar la imagen del Ejército y omitir la responsabilidad de otros actores.”
mencionan
Los familiares respondieron con una carta al tabasqueño, señalando que la participación del ejército “es una verdad innegable, respaldada por testimonios y declaraciones que confirman la presencia de militares en las calles ese día”.
“Usted nos miró a los ojos y prometió en su campaña que resolvería este crimen de lesa humanidad, dándonos la tan anhelada verdad y justicia que cualquier ser humano merece conocer.”
añaden
Los afectados acusan que AMLO no quiso cumplir con su promesa, fallándoles no solo a ellos, sino a todo el pueblo de México, que en algún momento confió en él.
“Nos sorprende que quiera borrar las declaraciones del entonces funcionario de su gabinete y representante de la Comisión de la Verdad, el licenciado Alejandro Encinas Rodríguez, quien confirmó la participación activa del Ejército.”
Se lee en la misiva
Consideraron que el documento enviado carece de validez jurídica, ya que no fue elaborado por un investigador del caso, sino que solo compartió conjeturas que están alejadas de la realidad.
“Los padres y madres de los 43 normalistas desaparecidos de Ayotzinapa, a casi diez años de lucha, no hemos dejado de exigir la aparición con vida de nuestros hijos y de los cientos de miles de desaparecidos.”
acusan
Recordaron al presidente que “las víctimas no son él, sino ellos, ya que perdieron a sus hijos debido a un crimen de desaparición forzada”. También criticaron que presuntamente estos crímenes han aumentado como nunca antes en la historia del país.
Un tribunal colegiado del Estado de México ha dictado auto de libertad a César Nava González, ex subdirector de la policía municipal de Cocula, considerado uno de los principales involucrados en la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa el 26 de septiembre de 2014. Nava, detenido en noviembre de ese mismo año, fue acusado de delincuencia organizada y secuestro.
El primer delito se le imputó porque supuestamente el grupo criminal Guerreros Unidos le pagaba 13 mil pesos mensuales por protección, mientras que el de secuestro se le atribuyó en relación con la desaparición de los 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural Isidro Burgos de Ayotzinapa.
Juan Ramón Barreto López, magistrado del Segundo Tribunal Colegiado de Apelación del Segundo Circuito con residencia en Toluca, canceló los procesos penales contra el exfuncionario al determinar que estaba siendo juzgado dos veces por los mismos delitos. El pasado 18 de julio, el juez anunció su resolución, la cual indica que Nava González ya había sido juzgado y absuelto por los mismos hechos en otro proceso penal, aplicando la figura de non bis in ídem.
El magistrado revocó el auto impugnado y dictó auto de libertad, sobreseyendo la causa penal en relación con Nava González, otorgándole una sentencia absolutoria con autoridad de cosa juzgada.
Tras el fallo, Nava González fue liberado el pasado sábado del Centro Federal de Readaptación Social Número 17, en Buenavista Tomatlán, Michoacán. Las investigaciones iniciales indicaron que después de entregar a los estudiantes a los criminales, Nava regresó a Iguala para visitar a Gildardo López Astudillo, alias “El Gil”, uno de los narcotraficantes que recibió la instrucción de matar a los normalistas.
Anabel Hernández, volvió a lanzarse en contra del presidente, Andrés Manuel López Obrador, ahora la periodista de ficción acusó al mandatario de “lavarle la cara al Ejército” y de utilizarla como “tiro al blanco” frente a los militares. A pesar de que López Obrador ha afirmado en diversas ocasiones que no utilizaría al Estado para reprimir al pueblo mexicano.
En una entrevista para Aristegui Noticias, Hernández García sostuvo que la carta enviada a los padres y las madres de los 43 estudiantes normalistas de Ayotzinapa desaparecidos, es una especie de justificación y un lavado de cara al Ejército frente a los hechos del 26 y 27 de septiembre de 2014.
Incluso, la periodista conservadora acusó al presidente López Obrador de utilizarla como “escudo humano”, para no explicar los motivos por el que no cumplió su promesa de resolver y localizar a los 43 estudiantes normalistas. Además de asegurar que el mandatario mexicano la convirtió en un “tiro al blanco” por señalar que es la única que culpa a los militares de los hechos.
📹 #Vídeo | Cuando se acaban los argumentos inician los insultos: Anabel Hernández se lanzó nuevamente en contra del presidente @lopezobrador_ y aseguró que dice “imbecilidades”, luego de que el mandatario mexicano señaló que la periodista trabaja para la #DEA.
Sin embargo, desde el inicio de su gobierno y a lo largo de su administración, el presidente ha asegurado que no traicionaría al pueblo mexicano y que nunca utilizaría al Ejército mexicano ni al aparato del Estado, para reprimir o censurar a una persona o periodista.
“Nunca jamás voy a traicionar al pueblo, porque sería traicionarme a mí mismo, a mis convicciones, a mis principios, a mis ideales, que es lo que estimo más importante en mi vida: mi honestidad”, durante la mañana del 22 de mayo en respuesta a los señalamientos de Hernández García en su libro “La Historia Secreta”.
En su ocaso, jueces federales al servicio de criminales y poderosos siguen atropellando la impartición de justicia, esto debido a que un presunto “impartidor de justicia” otorgó un amparo que podría permitir al ex alcalde de Iguala, Guerrero, José Luis Abarca Velázquez, seguir su proceso en libertad, a pesar de que enfrenta un proceso por presuntos delitos de delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita.
La decisión judicial se escuda en evaluar si las enfermedades que padece Abarca representan un riesgo para su vida y si las autoridades del penal de máxima seguridad del Altiplano, en Almoloya de Juárez, Estado de México, tienen la capacidad técnica y operativa para atender su condición médica.
Everardo Maya Arias, juez Tercero de Distrito de Amparo y Juicios Federales con sede en Toluca, instruyó dejar sin efecto la resolución dictada por un juez de procesos el 14 de diciembre de 2023, en el incidente de sustitución de prisión preventiva de la causa penal 103/2014. En esa fecha, un secretario en funciones de juez del Juzgado Tercero de Distrito de Procesos Penales Federales en el Estado de México había modificado la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa a prisión preventiva justificada para Abarca, acatando una sentencia de amparo.
José Luis Abarca impugnó esta decisión, argumentando que durante la audiencia no se consideraron los datos que demostraban que padecía diversas enfermedades. Ayer, Maya Arias concedió el amparo para que se realice una nueva audiencia y se emita una nueva determinación sobre si Abarca debe continuar interno o enfrentar su proceso en libertad.
El juez Everardo Maya Arias detalló en su resolución que el juez de procesos penales debe, “con libertad de jurisdicción, pero atendiendo a los lineamientos destacados en el último considerando de esta sentencia, ordene oficiosamente la recabación, preparación y desahogo de todas las probanzas que estime necesarias, idóneas, pertinentes y suficientes (periciales oficiales, reportes médicos, bitácoras, expedientes clínicos, inspecciones, inventarios, etcétera) para establecer: a) La verosimilitud y, en su caso, la certeza, de los padecimientos aducidos por el quejoso, para determinar si se trata de enfermedades mortales, graves, terminales o crónicas degenerativas complejas”.
Además, se debe determinar “si sólo se trata de padecimientos o enfermedades que por su naturaleza sean controlables y no representen un riesgo potencial de pérdida de la vida, o de menoscabo o limitación a alguna función orgánica a través del tratamiento adecuado; b) El grado de afectación y avance respectivo; y, c) Si la enfermedad o enfermedades pueden complicarse o agravarse ya sea por las circunstancias propias de la persona, por falta de capacidad institucional de atender la situación, o por negligencia de las autoridades penitenciarias encargadas del quejoso”.
En esencia, las pruebas no solo deben relacionarse con el estado de salud del ex alcalde y su expediente clínico, sino también con la capacidad técnica y operativa del centro penitenciario en el que se encuentra para asegurar que se cuenta con los recursos necesarios para tratar sus condiciones médicas y salvaguardar su integridad física y su vida. La sentencia subraya que el juez de procesos penales no debe permitir un nuevo ofrecimiento y desahogo de pruebas, sino recabar los documentos ya existentes y, con base en ellos, emitir su resolución con libertad de jurisdicción.
El general Brigadier José Rodríguez Pérez, quien enfrenta un proceso por su presunta responsabilidad en el delito de delincuencia organizada por su supuesta relación con el grupo criminal Guerreros Unidos y el caso Ayotzinapa, abandonó la prisión del Campo Militar Número 1 en la Ciudad de México el martes 9 de julio, según revelaron fuentes federales.
El pasado sábado, Raquel Ivette Duarte Castillo, jueza Segundo de Distrito de Procesos Penales Federales en el Estado de México, decretó el cambio de medida cautelar para que el militar continúe su proceso en libertad.
En septiembre de 2022, Enrique Beltrán Santes, entonces juez Segundo de Distrito de Procesos Penales Federales en el Estado de México, sujetó a proceso al general y al capitán José Martínez Crespo, además del sargento Eduardo Mota Esquivel, por su probable responsabilidad en los delitos de desaparición forzada y delincuencia organizada.
Implicación en el caso Ayotzinapa
Según las indagatorias de la Fiscalía General de la República (FGR), la noche de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, el 26 de septiembre de 2014, José Rodríguez Pérez tenía el grado de Coronel y era el comandante del 27 Batallón de Infantería en Iguala. De acuerdo con declaraciones de estudiantes lesionados tras el ataque de sicarios y policías municipales, el coronel estuvo al frente del personal militar que se dedicó a “fotografiarlos” al interior de una clínica en Iguala.
Para poder seguir su proceso en libertad, el general pagó una fianza de 50 mil pesos, tras haber ingresado a la prisión militar hace dos años para enfrentar las acusaciones relacionadas con la desaparición de los 43 normalistas. Fuentes judiciales indicaron que entregó su pasaporte y deberá presentarse a firmar periódicamente.
Rodríguez Pérez, quien era el comandante del 27 Batallón de Infantería de Iguala, en el estado de Guerrero, fue capturado en septiembre de 2022, convirtiéndose en el elemento castrense de mayor rango en ser relacionado con los hechos en torno a los estudiantes de la Normal Rural “Raúl Isidro Burgos”. Según los datos de la Comisión de la Verdad y Acceso a la Justicia para el Caso Ayotzinapa, el excomandante presuntamente ordenó el asesinato de seis de los 43 normalistas.
El presidente Andrés Manuel López Obrador destacó la importancia y el tono positivo de la reunión mantenida con los padres y madres de los normalistas de Ayotzinapa, enfatizando su compromiso inquebrantable de no dar por cerrado el caso y de asegurar que Claudia Sheinbaum, presidenta electa de México, continúe con las investigaciones pertinentes. Durante su conferencia matutina de este jueves, López Obrador ofreció detalles específicos sobre los acuerdos alcanzados en el encuentro, incluyendo la entrega de un informe detallado que se llevará a cabo el próximo 8 de julio, dirigido a los familiares de los estudiantes desaparecidos desde 2014.
López Obrador reiteró firmemente su compromiso de mantener abiertas las investigaciones y continuar la búsqueda de los jóvenes desaparecidos, asegurando que el expediente no será cerrado y que el gobierno continuará trabajando activamente en este sentido. Mencionó que se han realizado más de 100 detenciones y procesamientos en relación con el caso, y que se sigue investigando exhaustivamente para determinar las causas de la desaparición.
#ConferenciaPresidente | El presidente @lopezobrador_ reiteró que no se dará "carpetazo" al caso #Ayotzinapa, además, dijo que "somos respetuosos de la decisión de los padres", por que si ellos quieren que las organizaciones de derechos humanos y sus abogados estén presentes… pic.twitter.com/O9XXpvdotN
Además, el presidente informó que se continúa entrevistando a personas detenidas y presuntos implicados en los eventos de Iguala, así como a aquellos que fueron liberados bajo la sospecha de tortura en su contra. En paralelo, destacó la implementación de amnistías conforme a la reciente reforma legislativa aprobada por el Congreso.
Con respecto a las medidas para asegurar la continuidad de las investigaciones en caso de que no se concluyan durante su administración, López Obrador reafirmó la importancia de la reunión programada para el 29 de julio entre los padres y madres de los normalistas y Claudia Sheinbaum. Esta reunión, subrayó, es fundamental para garantizar que el próximo gobierno mantenga el impulso en las investigaciones hasta su conclusión satisfactoria.
El presidente Andrés Manuel López Obrador anunció que está elaborando un “reporte personal” sobre el Caso Ayotzinapa, el cual será entregado a los padres y madres de los 43 normalistas desaparecidos. En su conferencia matutina del lunes 24 de junio, López Obrador informó que planea entregar el documento el próximo 3 de julio.
“Estoy haciendo un reporte personal que le voy a entregar a los padres de los 43, a todos, creo que el 3 de julio porque quiero aclarar muchas cosas”, mencionó el presidente en el Salón Tesorería de Palacio Nacional.
#ConferenciaPresidente | "Si yo tuviese pruebas de que el Ejército intervino en la desaparición de los jóvenes de #Ayotzinapa se actúa en contra de todos", refirió el presidente @lopezobrador_, además, explicó que los militares "que están en la cárcel, básicamente están en la… pic.twitter.com/xNTioWZw59
López Obrador destacó que los familiares de los estudiantes desaparecidos desconocen algunos hechos importantes ocurridos después de la desaparición. Según el mandatario, los abogados del Centro Prodh y Tlachinollan se reunieron con el expresidente Enrique Peña Nieto: “Quiero informarles de todo, y desde el principio, no hay en ninguno de los informes de ellos, señalamientos al Ejército”.
El presidente afirmó que su informe puede probar que se dejaron libres a 80 participantes en la desaparición de los jóvenes, con una resolución promovida por el Centro Prodh y por los abogados, “defensores al mismo tiempo de los padres de los muchachos”.
“No tengo ninguna prueba de que haya sido el Ejército. Nosotros estamos haciendo nuestro trabajo, no protegemos a nadie”, declaró el presidente, enfatizando que ha buscado información exhaustivamente sin encontrar evidencia contra el Ejército.
El mandatario subrayó que una institución no debe ser juzgada por las acciones de algunos de sus miembros: “La instrucción es justicia sin impunidad para nadie”. Afirmó que si tuviera pruebas de que el Ejército intervino en la desaparición de los jóvenes, se actuaría en consecuencia.
El presidente Andrés Manuel López Obrador retomó el tema de Ayotzinapa y criticó la integridad y rectitud de los organismos de la OEA y la ONU involucrados en la investigación, señalando que forman parte de estructuras de dominación al servicio de intereses específicos. “Ganan 10 veces más mi sueldo”, aseguró el mandatario.
López Obrador culpó a Emilio Álvarez Icaza de haber deteriorado el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro, una organización que, según él, fue arruinada por la influencia conservadora.
Además, el presidente reprochó al gobierno de Estados Unidos por haber dado asilo a José Ulises Bernabé García, juez de Barandilla en Iguala, Guerrero, quien estaba en funciones la noche en que desaparecieron los 43 normalistas de Ayotzinapa el 26 de septiembre de 2014.
El presidente también expuso a las ONG surgidas en el periodo neoliberal, señalando que “brotaron como hongos después de la lluvia” y que sirven a sus centros de dominación financiados desde el extranjero.
Finalmente, López Obrador mencionó que los jesuitas actuales son diferentes de los que conoció antes, quienes se caracterizaban por ser muy humanos y austeros. Criticó que el presidente del Centro Pro había firmado un acuerdo con el gobierno de Peña Nieto para la búsqueda de los jóvenes de Ayotzinapa, sin que los padres estuvieran al tanto.
Entregará informe a las familias
Anunció que presentará tres informes sobre el caso Ayotzinapa, uno de ellos dirigido a los padres de los estudiantes desaparecidos, el cual será entregado el 3 de julio durante su conferencia matutina.
López Obrador subrayó que hubo responsabilidad del Estado en el caso, pero aclaró que culpar al Ejército o a la policía local de un crimen de tal magnitud es otra cuestión. Añadió que hay quienes están interesados en culparlos.
López Obrador también mencionó que los padres y familiares de los desaparecidos le pidieron que los contactara con su sucesora, Claudia Sheinbaum, para que les ayude a esclarecer los hechos. “Con gusto los pongo en contacto, pero espérenme, me faltan tres meses”, les respondió el presidente.
El ex alcalde perredista de Iguala, Guerrero, José Luis Abarca Velázquez, ha presentado un nuevo juicio de amparo contra el auto de formal prisión dictado por su presunta participación en delitos de delincuencia organizada, vinculados con el Cártel Guerreros Unidos y la desaparición forzada de los 43 normalistas de Ayotzinapa.
El recurso fue presentado el pasado 6 de junio ante el Juzgado Cuarto de Distrito en materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, reclamando el auto de formal prisión dentro de la causa penal 15/2022. No obstante, la jueza Karina Castillo Flores, titular del Juzgado Cuarto de Distrito, no otorgó la suspensión del proceso, ya que Abarca no la solicitó. La audiencia constitucional ha sido programada para el 4 de julio, donde se determinará si se le concede la protección de la justicia federal.
José Luis Abarca enfrenta además otra condena. En mayo de 2023, fue sentenciado a 92 años de prisión por el secuestro de seis integrantes del Movimiento Campesino Unidad Popular, incluido su líder, Arturo Hernández Cardona. El 30 de mayo de 2013, Hernández Cardona fue desaparecido junto con otros siete activistas de la Unidad Popular, un día después de que cuatro de ellos denunciaron al entonces presidente municipal, José Luis Abarca, a su esposa María de los Ángeles Pineda y a Felipe Flores Velázquez, ex secretario de Seguridad Pública local.
El 3 de junio de ese año, el cuerpo de Hernández Cardona fue encontrado con los ojos vendados y señales claras de tortura y ejecución. El caso fue atraído por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en marzo de 2022.
