En el marco del día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) manifestó su solidaridad con las madres y padres de personas desaparecidas, además de ratificar su compromiso de instrumentar políticas públicas y medidas para su prevención, erradicación, investigación y sanción con el fin de que la afectación de los derechos humanos no quede impune.
“México enfrenta una aguda crisis de desaparición forzada. Hasta la fecha se han registrado más de 100 mil personas desaparecidas, sin embargo, se estima que estas cifras podrían ser mayores”, escribió la CNDH en un comunicado.
En los países tercermundistas la desaparición forzada es una constante para difundir miedo entre la población y esta práctica no se limita a los parientes de una persona, sino que perjudica a toda una comunidad, por ello hoy es el Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas, para resaltar la importancia de erradicar esta problemática.
La desaparición forzada se ha convertido en un problema mundial, ya no ocurre en países tercermundistas sino en todo el planeta, esto normalmente ocurre producto de las dictaduras militares en algún país.
Los principales afectados por la desaparición forzada son los defensores de los derechos humanos, los parientes de las víctimas, los abogados y los testigos.
También preocupa la impunidad por la práctica de la desaparición forzada.
Cabe recordar que cientos de miles de individuos han desaparecido durante conflictos o períodos de represión en al menos 85 países de todo el planeta.
¿Quiénes son los más afectados?
Las víctimas, muchas veces torturadas y siempre temerosas de perder la vida, y para los miembros de la familia, que no saben la suerte corrida por sus seres queridos a manos del crimen organizado o de grupos terroristas.
Incluso las víctimas pueden sufrir durante largo tiempo las cicatrices físicas y psicológicas, aunque la muerte no sea el desenlace.
Un claro ejemplo son los 43 estudiantes normalistas de Ayotzinapa, no solo ellos fueron las víctimas, sino sus familias que durante años no saben que ocurrió con sus hijos.
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Ojo: Pablo Gómez, titular de la UIF de la Secretaría de Hacienda, acusó al @INEMexico de “encubrir” el caso Monex, sobre el presunto esquema de financiamiento ligado a la campaña electoral de Enrique Peña Nieto, en 2012. https://t.co/av6eMmeFLBpic.twitter.com/IRNhNBGYzw
“…ya dimos un paso más, lo que queremos nosotros es llegar a la verdad, que se aplique la ley, queremos justicia, no nos gusta que estén en la cárcel las personas que cometieron esos hechos del 26 de septiembre del 2014, pero sí queremos saber la verdad…”. Cristina Bautista, madre de Benjamín.
“La verdad es mi verdad”. Jesús Murillo Karam.
Los medios corporativos, sus voceros y políticos de la oposición se han dedicado a afirmar, sin ningún sustento como usualmente lo hacen, que el informe presentado el 18 de agosto por el subsecretario de Gobernación, y titular de la Comisión Presidencial para la Verdad y Acceso a la Justicia en el caso Ayotzinapa1 (CoVAJ), Alejandro Encinas, no aporta ninguna novedad con respecto a la llamada “verdad histórica”.
Sin embargo, tal aseveración tiene como único propósito distorsionar la realidad y confundir a la población ya que el informe de la CoVAJ Ayotzinapa es muy claro al asegurar categóricamente lo siguiente: la desaparición de los 43 jóvenes constituyó un crimen de Estado, en ningún momento los muchachos estuvieron juntos, se realizó un operativo para dispersarlos y desaparecerlos en grupos, los estudiantes no fueron incinerados en el basurero de Cocula, en los hechos no solamente participaron delincuentes del grupo “guerreros unidos” sino también agentes de diversas policías, así como autoridades de distintos niveles del Estado Mexicano.
Es importante destacar que la diferencia más notable entre el informe presentado por la CoVAJ y la llamada “verdad histórica” queda expuesta a partir de que ésta se armó mediante testimonios obtenidos bajo tortura, con el objeto de evitar la investigación profunda. Asimismo, que la Comisión pretende el esclarecimiento de los hechos y la búsqueda de la justicia, por lo que su reciente informe da cuenta de los avances en el logro de esos propósitos. Como lo afirmó Encinas: No estamos cerrando —como alguien lo ha señalado— la investigación, sino que, toda esa investigación, continúa, continuará, hasta que encontremos toda la verdad, encontremos a los muchachos y se castigue a los responsables.
El subsecretario de Gobernación aportó destacados elementos al realizar una detallada explicación del multicitado informe el viernes 26 en la conferencia matutina del presidente. Afirmó que el presidente municipal de Iguala, José Luis Abarca (A1 en el informe) quien está actualmente preso, fue quien ordenó el asesinato de los estudiantes con la participación de dirigentes de “guerreros unidos”en coordinación con otras autoridades, lo cual forma parte de la investigación que aún se realiza.
Por otra parte, Encinas señaló que la …verdad histórica se diseñó en los más altos niveles del gobierno federal, involucra a todas aquellas personas que participaron en las reuniones de la Presidencia de la República en la discusión de estos temas, es ahí donde habrá que ubicar no solamente el diseño, sino particularmente la operación y la implementación de estas acciones que en muchos casos hay presunción de alteración de la escena del crimen… Y reiteró … particularmente lo que está plenamente acreditado es el haber creado una verdad fundada en actos de tortura contra las personas detenidas… Con estas aseveraciones se confirma que en la creación de la versión oficial, promovida por el gobierno de Peña Nieto, la responsabilidad puede llegar incluso al propio expresidente.
Por otra parte, considero que en sus presentaciones el subsecretario Encinas no ha sido todo lo enfático que debiera, tal vez para evitar un conflicto abierto contra algunos jueces, en acusar el papel de los representantes del poder judicial como el principal obstáculo en la investigación. En el informe de la CoVAJ bajo el título Judicialización se describen las dificultades que han enfrentado.
Los obstáculos han consistido en lo siguiente: 1) radicación de los procesos judiciales en siete juzgados de siete entidades del país; 2) los padres de los estudiantes han solicitado a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) una jurisdicción única para el caso, lo cual no ha sido atendido; 3) dos sistemas procesales distintos, inquisitivo y acusatorio; 4) criterios discrecionales y diferenciados de los jueces en la interpretación de los hechos y de la ley.
En cuanto a la actuación de los jueces, el informe identifica por sus propios nombres y juzgados a los siguientes destacando sus decisiones: Juez Samuel Ventura Ramos. a) liberación de 77 presuntos responsables de la desaparición por haber sufrido tortura, sin haberle dado vista al Ministerio Público ni señalar e investigar a quienes realizaron la tortura; b) le ha restado valor a las pruebas obtenidas por cooperación internacional como las escuchas que realizó la DEA en Chicago; c) liberación de Xóchitl N, radio operadora del C4 en Iguala la noche del 26 de septiembre.
Juez Enrique Beltrán Santes. Desconocimiento sobre el desahogo de testigos con reserva de identidad, negándose a aceptar que por seguridad en las diligencias se distorsionen voz e imagen ya que “no escucha con claridad”.
Juez José Álvaro Vargas Ornelas. Negativa a atender los asuntos que se le presentan bajo la justificación de “falta de competencia territorial”. Juez César Chávez Souverbille. No asume que el delito de tortura actualiza la competencia federal.
Juez Gabriel Domínguez Barrios. Liberó con fianza de 10 mil pesos a un sospechoso que había sido deportado de EUA, detenido en la frontera norte, con lo que se permitió su evasión de nueva cuenta. Juez Oscar Alejandro López Cruz. Considera que el delito de desaparición forzada es prescriptible.
La Magistrada Lambertina Galeana ordenó la destrucción de los videos grabados por las seis cámaras exteriores del Palacio de Justicia de Iguala argumentando que las imágenes no eran claras por “problemas técnicos”.
En el caso de la Fiscalía General de la República tras un largo proceso de investigación la CoVAJ le proporcionó información de ubicación y movimientos de Juan Salgado Guzmán, operador de “guerreros unidos” en el norte de Guerrero y el sur del Estado de México. Un fallido operativo realizado con el propósito de su detención, en septiembre del 2021, derivó en un enfrentamiento en el que existieron diversas irregularidades como falta de planeación y uso excesivo de fuerza, lo que derivó en que una vez sometido Salgado fuese ejecutado.
Cabe recordar que López Obrador coincidió con el ministro Saldívar acerca de la necesidad de llevar a cabo el saneamiento del poder judicial, en el que por cierto se encuentran estratégicamente ubicados los principales aliados de los opositores a la 4T, aunque hasta la fecha no se observa ningún avance en aquel sentido. Solo por citar un tema el 5 de septiembre próximo se votará en el pleno de la SCJN si se declara inconvencional la prisión efectiva oficiosa. AMLO ha señalado que es fundamental la existencia de esa figura en ciertos delitos. Incluso, el secretario de Gobernación, Adán Augusto López, afirma que acabar con la prisión preventiva, pondría fin a la estrategia de seguridad. No perdamos de vista la actuación del poder judicial en este asunto.
Ante la creciente recurrencia al tema del lawfare o sea persecución judicial, instrumentalización de la Justicia o judicialización de la política, que se ha aplicado en otros países latinoamericanos en contra de líderes de izquierda y gobiernos populares, más recientemente a la vicepresidenta de Argentina Cristina Fernández de Kirchner, es menester no perder de vista la actuación de Ministros, Magistrados y Jueces de nuestro país. En este contexto Fernando Buen Abad, doctor en Filosofía, en entrevista el 24 de agosto con Julio Hernández Astillero, afirmó que en el “imaginario” de Claudio X. González está el “sueño” de alguna especie de “golpeo judicial” contra AMLO a partir del tema del gasto en obra pública, por ejemplo. Aquí el enlace de ese encuentro https://youtu.be/K1uSmOL-K6Q
No quiero dejar de mencionar que en la sección del informe “La Verdad histórica: una acción concertada desde el aparato organizado del poder”, luego de referir los participantes en su implementación, iniciando con el entonces Procurador General de la República, Jesús Murillo Karam, el párrafo siguiente enlista nombres de los señalados como enlaces operativos para desarrollar la investigación y ahí se menciona al entonces Comisario Estatal de la Policía Federal en Guerrero, Omar García Harfuch.
El ahora secretario de Seguridad Ciudadana del gobierno de la CDMX, se deslindó de haber participado en reuniones relacionados con los lamentables hechos ocurridos el 26 de septiembre de 2014, dado que ya no se encontraba en Guerrero pues a principios de ese mes había sido comisionado al estado de Michoacán. En ese sentido y para confirmar lo dicho por García Harfuch el abogado Cesar Gutiérrez Priego, especialista en Derecho Penal, Militar y Seguridad Nacional, en su cuenta de Twitter @cesargutipri ofreció detalles con fechas y números de oficio, incluso, que confirman lo anterior.
Les dejo el enlace del artículo La realidad respecto Omar García Harfuch y su participación en el caso Ayotzinapa, publicado el 22 de agosto por el abogado Gutiérrez en el sitio de noticias por internet Te informo 24 horas. En referencia a la campaña en contra de García Harfuch, desplegada por los medios corporativos y destacados comentaristas, en este artículo señala que es “curioso” (entrecomillado mío) que los periodistas de investigación (como Anabel Hernández) no se tomen la molestia de revisar documentos que son de dominio público, por lo que afirma que más que un ataque al secretario de Seguridad Ciudadana lo es a las aspiraciones presidenciales de Claudia Sheinbaum. https://t.co/Fe4Q9qchAP
Concluyo con lo planteado al final del informe de la CoVAJ Ayotzinapa: … La creación de la ´verdad histórica´ fue una acción concertada del aparato organizado del poder desde el nivel más alto del gobierno, que ocultó la verdad de los hechos, alteró las escenas del crimen, ocultó los vínculos de autoridades con el grupo delictivo y la participación de agentes del Estado, fuerzas de seguridad y autoridades responsables de la procuración de justicia en la desaparición de los estudiantes.
Esta tarde se llevó a cabo una marcha a un mes de cumplirse el 8vo aniversario por los 43 estudiantes desaparecidos de Ayotzinapa.
Los padres y amigos de los normalistas partieron desde el Ángel de la Independencia hacia el anti monumento ubicado en Paseo de la Reforma y Juárez.
Los manifestantes continúan pidiendo justicia por la desaparición de los estudiantes, se prevé que al término de la marcha dirijan un mensaje a unos días de que el subsecretario de Derechos Humanos, Alejandro Encinas, mencionara que se trató de un crimen de estado, además de la captura del ex procurador, Jesús Murillo Karam.
Padres exigen justicia
A partir del informe presentado por la Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia del caso Ayotzinapa, encabezada por Alejandro Encinas, se confirmó la participación activa de elementos del 27 Batallón de Infantería con sede en Iguala, y “esa será una de las rutas que seguirán los padres de familia para saber el paradero de los 43 estudiantes desaparecidos el 26 de septiembre de 2014”, aseguró Vidulfo Rosales Sierra, abogado del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan.
En conferencia mediante la página de Facebook de Tlachinollan, señaló que “se corrobora, y el informe da la razón a los padres de familia, que desde las primeras horas de la desaparición de sus hijos, a los padres de familia ya les estaba llegando información de que los jóvenes habían sido detenidos por elementos del 27 Batallón” de Infantería.
En ese momento yo no lo creí, agregó el abogado, “pensé que los policías municipales son los que habían cometido las desapariciones. Después los padres de familia fueron por cuenta propia al 27 Batallón, pretendiendo ingresar, porque tuvieron información de la participación de soldados del 27 Batallón, y hasta se les criticó por acudir al lugar”.
Me parece que el capitán José Martínez Crespo “fue el 30 de septiembre supuestamente a ayudar en las búsquedas, encabezando una unidad militar, por unas colonias de Iguala; anduvo con nosotros ayudando, y hoy recuerdan esto los padres de familia, y les da mucho coraje, dicen que fue una burla de las autoridades, y los padres sabían que los militares tenían responsabilidad, que estaban implicados, y lo ocultaron” los militares.
Incluso el general Salvador Cienfuegos, acotó, siempre lo negó “y por eso se requiere una investigación exhaustiva, pero lo que se requiere es proceder, y actuar, porque si solo se queda en el informe, no tiene mucho de solución, porque los padres van a continuar en la lucha, y como todos los años va a hacer movilizaciones”.
Hay tres jóvenes identificados “pero de los demás no sabemos; el informe tiene avances importantes, lo haremos nuestro, y lo impulsaremos en diversas rutas, como las acciones penales que se ejerciten; que hay que hacer búsqueda en determinados lugares y lo vamos a hacer; y con algunos testigos colaboradores, para que se rompan los pactos del silencio”.
Rosales Sierra consideró que hay tres aspectos importantes en el informe: “Primero que la agresión a los estudiantes es un crimen de Estado, y que lo reconozca el gobierno federal, es muy significativo, por que anteriormente se tenía que acudir a tribunales internacionales como la Corte Interamericana de Derechos Humanos, para reconocer esta grave violación”.
Los padres de familia y las organizaciones sociales lo manifestaban así, “pero el anterior gobierno no lo reconoció; sabiendo que en La desaparición de los 43 estudiantes participaron policías municipales de cuatro municipios de la zona norte de Guerrero, además de policías estatales, federales y el ejército mexicano, que también generó todo un debate”.
Recordemos, insistió, “que el general Salvador Cienfuegos, en cadena nacional negó que haya participado, y cuando se requirió información al ejército Mexicano, lo hizo de manera parcial, negando que estuvieron en los eventos; pero poco a poco se fue comprobando, y hoy se sabe que fue una agresión directa, en la desaparición de los estudiantes hubo participación de elementos del 27, y del 48 Batallón, y 35 Zona Militar, hay pruebas de que están implicados en la desaparición de manera directa”.
Ya no es una participación “de omisión o encubrimiento, sino que han administrado acerbo probatorio importante, y el informe también dice que la agresión a los estudiantes, fue una violación grave a los derechos humanos de gran envergadura, y que se dio en distintos lugares como el Periférico norte de Iguala; el Palacio de Justicia, el Crucero de Santa Teresa; la Caseta de Iguala; y la zona industrial donde fue asesinado Julio César Mondragón Fontes, y de otros escenarios más”
Fue una operación de gran magnitud, “en donde necesariamente para agredir a 43 jóvenes, y dejar más de 25 heridos, y unos 180 estudiantes que estaban siendo perseguidos la noche del 26 en Iguala, ameritó la participación masiva de fuerzas de seguridad, de la delincuencia organizada, y por supuesto del ejército mexicano”.
Esto no se pudo cometer “como decía el gobierno anterior, por un grupo delictivo actuando por cuenta propia, que perpetró este hecho, y hoy el informe revela que fue una operación a gran escala”.
Hay un cuarto punto polémico incómodo para los padres de familia “que tiene que ver con el paradero de los jóvenes; el gobierno dice que no hay pruebas que están con vida; pero tampoco hay pruebas científicas indubitable de que los estudiantes hayan sido ultimados”.
Hay pruebas preliminares que tendrían que ser objeto de una investigación “solo se tienen algunos elementos de prueba técnica, sujetas a corroboración; para los padres fue muy duro, pero también hay líneas que dan esperanza; el informe puede ayudar que las investigaciones pueden dar mayor celeridad; los padres van a seguir pidiendo el esclarecimiento de estos hechos.
“Estamos lejos de que este informe constituya un pleno esclarecimiento de los hechos; ya se identificó a tres estudiantes, pero no del resto, y tampoco hay claridad de lo que pasó con ellos, hay pruebas técnicas, pero todavía tienen mucha debilidad, no hay certeza”, concluyó.
Antes al mediodía, se llevó a cabo un mitin en el antimonumento a los 43 en Chilpancingo, en donde nuevamente contingentes de estudiantes de la Normal de Ayotzinapa, y organizaciones sociales, demandaron justicia.
Este viernes, Alejandro Encinas Rodríguez, Subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración, de la Secretaría de Gobernación, se presentó en la conferencia matutina del Presidente Andrés Manuel López Obrador, esto para dar un resumen del informe realizado por la actual administración sobre el caso Ayotzinapa.
Hace algunos días, el propio presidente pidió a Encinas Rodríguez presentarse en la conferencia matutina, debido a que al parecer algunos miembros de la prensa y ciudadanos en general, no habían leído el mencionado informe y sus anexos.
El Subsecretario de Derechos Humanos mostró una tabla en donde se expone y comparan las diferencias entre la “verdad histórica” y las actuales indagatorias que realiza la Secretaría de Gobernación para la impartición de justicia.
“Hay 13 fuentes de información básicas, que es toda la información y documentación proporcionada por la Secretaría de Gobernación, la Defensa Nacional, la Secretaría de Marina, La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, el Centro Nacional de Inteligencia, la Guardia Nacional, La Procuraduría y la Fiscalía del Estado de Guerrero, La Procuraduría y la Fiscalía General de la República, los informes GIEI, Centro Geo del Conacyt, la Comisión Nacional de Derechos Humanos, el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez y 115 testimonios de personas que conocen o estuvieron involucradas en los hechos”.
Entre las diferencias con la verdad histórica y el actual informe, destaca que los estudiantes fueron separados luego de ser ilegalmente detendios, además de que no iban a “sabotear” el informe de María de los Ángeles Pineda Villa, directora del DIF local, sino que se dirigían a la toma de autobuses para ir a la Ciudad de México a la conmemoración del 2 de octubre.
“Evidentemente se desmorona esa idea de que todos fueron entregados a Guerreros Unidos y fueron trasladados al basurero de Cocula”.
Agregó.
#ConferenciaPresidente | @A_Encinas_R expuso conclusiones del informe Ayotzinapa, señalando que hubo participación de elementos del Ejército, que en todo momento las autoridades tuvieron conocimiento de los hechos, y que se trató de un "Crimen de Estado". pic.twitter.com/eNwGvqxavM
Alejandro Encinas mencionó que al día de hoy, 26 de agosto del 2022, se han realizado 105 acciones de búsqueda en campo en 711 días de jornadas de trabajo en 7 municipios de Guerrero, con apoyo de la tecnología LIAR de para la exploración de territorio además de radares, drones, cámaras térmicas, y espectrales, binomios caninos, modelos matemáticos, maquinaria y demás equipo.
Entre las conclusiones destacó que en efecto la desaparición de los 43 estudiantes fue in crimen de Estado, en el que participaron integrantes de “guerreros Unidos”, agentes de diversas instituciones del estado además de que las autoridades de los más altos niveles fueron omisas ante los hechos.
Además de que no hay indicios de que los estudiantes se encuentren con vida, ya que los testimonios y evidencias demuestran que los 43 fueron arteramente ultimados y desaparecidos y que es necesario continuar con la búsqueda en: la Ribera del río Balsas y en la laguna del nuevo Balsas, en Atzcala, municipio de Eduardo Neri; en la Barranca de Tonalapa, municipio de Tepecoacuilco; en Brecha de Lobos y en el Paraje Suriana en Iguala, y en las inmediaciones de Tepeguaje.
Nos acercamos cada vez más a cumplir ocho años de la lamentable desaparición forzada de los 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural “Raúl Isidro Burgos” de Ayotzinapa, Guerrero. Una herida social que no se va a cerrar nunca y que la impunidad e injusticia han sido la tendencia constante en ese caso y miles más. Sin embargo, en la actual administración federal se ha hecho un esfuerzo por esclarecer esta situación y fue presentado recientemente un informe de conclusiones preliminares que nos motivan a escribir el presente escrito.
Mentira histórica
Como sabemos, la noche del 26 de septiembre y madrugada del 27 de 2014 fueron agredidos los estudiantes de la normal de Ayotzinapa mientras se encontraban en una actividad política en Iguala previa a la movilización del 2 de octubre en la Ciudad de México. Durante la represión algunas personas fueron asesinadas; de los estudiantes unos fueron detenidos, otros se escondieron y, finalmente, los 43 que fueron desaparecidos forzadamente.
Ante la ola de protestas -incluso a nivel mundial- se llevaron a cabo detenciones de distintos funcionarios (como el presidente de Iguala José Luis Abarca Velázquez y su esposa María de los Ángeles Pineda Villa) la renuncia de otros (como el gobernador del estado, Ángel Aguirre) y la presión parecía apuntar hacia las más altas esferas del poder público del país.
Por ello, el gobierno federal encabezado por Enrique Peña Nieto, a través de su Procurador General de la República, Jesús Murillo Karam, y su jefe de investigación, Tomás Zerón alteraron las pruebas y fabricaron otras para limpiar la cara de las instituciones implicadas en los hechos (principalmente del ejército), así construyeron la “verdad histórica”.
Esa que debe ser llamada la “mentira histórica” decía que los estudiantes habían sido entregados por los policías municipales al grupo criminal Guerreros Unidos (ya que ellos los habían confundido con miembros de otro grupo delictivo y/o que habían sido atacados por orden del presidente de Iguala por temor a que fueran a boicotear un evento) y que los habían asesinado para después incinerarlos en el basurero municipal de Cocula, Guerrero.
No obstante, distintos organismos internacionales desestimaron esa versión e hicieron notar que había sido fabricada y en algunos momentos iban en contra de la ciencia las conclusiones que habían tenido desde el gobierno federal. Principalmente, la investigación que realizó el Grupo Independiente de Expertos Internacionales (GIEI) demostró lo ya señalado líneas arriba.
Concluyendo…
Desde el inicio de la Cuarta Transformación (2018) el gobierno federal se comprometió a esclarecer los hechos y hacer justicia, debido a eso se creó la Comisión para la Verdad y el Acceso a la Justicia sobre el caso de Ayotzinapa (CVAJ) que llevó las investigaciones correspondientes con el apoyo de la Subsecretaría de derechos humanos presidida por Alejandro Encinas.
En julio de 2020 la “verdad histórica” fue cancelada y se solicitó la captura de 46 exfuncionarios bajo acusaciones de desaparición forzada y delincuencia organizada. Entre ellos, el jefe de la investigación, Tomás Zerón, quien se encuentra en Israel y el gobierno de México ha presionado para lograr su extradición sin tener éxito aún.
Las conclusiones preliminares de la CVAJ fueron finalmente presentadas este jueves 18 de agosto por Alejandro Encinas y tuvieron datos bastantes interesantes: se considera ya el caso como un crimen de Estado; se explica la participación conjunta de la delincuencia organizada y miembros de las instituciones gubernamentales (incluido el Ejército); había un infiltrado de las fuerzas armadas entre los estudiantes; la creación de la “verdad histórica” respondió a la fabricación de una historia que pusiera en buenos términos al gobierno y sus instituciones; y aunque solo se han identificado restos de 3 de los estudiantes, no se tienen indicios de que los demás estén con vida.
Entre las primeras medidas tomadas después del informe fue la detención el viernes 19 de agosto del ex procurador general de la república, Jesús Murillo Karam, quien ya fue vinculado a proceso bajo los delitos de obstrucción o estar contra la administración de la justicia, tortura y desaparición forzada.
Además, la Fiscalía anunció que se liberaron otras 83 órdenes de aprehensión en el estado de Guerrero contra mandos militares y personal de tropa (20 de ellas), policías locales y estatales y autoridades administrativas y judiciales, así como contra miembros del grupo criminal Guerreros Unidos.
¡Justicia!
Esperemos que las investigaciones sigan su curso y se puedan esclarecer más los hechos y hacerse justicia. Que paguen los que tengan que pagar. Estamos seguros que aún faltan personas implicadas por juzgar, entre ellos Enrique Peña Nieto que ha de estar buscando un lugar donde esconderse.
Ayotzinapa -como decía al comienzo- es una herida que jamás va a sanar, pero que la resolución de su caso y el empleo de la justicia puede ayudarnos a que no se vuelvan a repetir estos acontecimientos. Nuestra memoria histórica y nuestro compromiso con un mundo mejor nos obligan a asegurarnos de que así suceda.
El ex fiscal de la Procuraduría General de la República (PGR), Jesús Murillo Karam, fue vinculado a proceso por el Caso Ayotzinapa tras celebrarse su audiencia en el Reclusorio Norte.
Se le vincula a proceso por los tres delitos: contra la Administración de Justicia; Tortura; Desaparición Forzada (reclasificado con base en el Código Penal Federal).
El día de hoy el director de la extinta Procuraduría General de República (PGR), Jesús Murillo Karam, fue llamado a una audiencia en el Reclusorio Norte de la Ciudad de México en donde fue citado para comparecer para determinar si el exfuncionario federal estuvo vinculado por los delitos de desaparición forzada, tortura, y contra la administración de justicia en el caso de la desaparición de los estudiantes normalistas de Ayotzinapa.
Defiende “la verdad histórica”
En la audiencia que comenzó a las 9:30 horas presidida por el juez Marco Antonio Fuerte Tapia, Murillo Karam rindió su declaración por el caso Ayotzinapa. Señaló que pudo haber errores o fallas en la investigación por la desaparición de los 43 estudiantes normalistas de Ayotzinapa, pero que pese a ello, hasta el momento “nadie ha podido tirar la verdad histórica”.
“Pudieron cometerse fallas, problemas, y aceptar que muchas cosas se hicieron mal e, incluso, lo pude haber hecho mejor”, señaló.
Asimismo, fue durante su comparecencia que el exprocurador subrayó que el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) se ha encontrado presente a lo largo de la investigación, y que incluso han buscado alternativas, pero que todas las opciones se han caído.
Al respecto, mencionó que “estos grupos participaron en todo momento en la investigación (del caso Ayotzinapa), fueron ellos quienes escogieron el análisis de los restos, fueron ellos quienes llevaron los restos a Innsbruck (Austria) y trajo los resultados, desde hace siete u ocho años han buscado muchas alternativas y han inventado muchas cosas y todas se caen”, mencionó.
El presidente Andrés Manuel López Obrador pidió este miércoles 24 de agosto del 2022, al gobierno de Israel dejar de proteger a personas como Tomás Zerón, quien fue exhibido participando en la tortura de detenidos por la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa.
A través de su conferencia de prensa matutina, el presidente López Obrador, señaló que las autoridades israelitas se mostraron dispuestas a cooperar con la extradición del exdirector de la Agencia de Investigación Criminal (AIC), pero que ya ha pasado mucho tiempo y el caso no ha avanzado, por lo que pidió acelerar el proceso.
“Aprovecho para enviar un recordatorio respetuoso al gobierno de Israel, no pueden estar protegiendo a personas así. El primer ministro de Israel se ha portado muy bien, me mandó una carta diciendo que iban a cooperar, pero ya ha pasado mucho tiempo. Ya con este recordatorio, no es para presumir pero la mañanera llega a varias partes y si no se informan“, dijo.
Tras haber hecho la petición, el presidente López Obrador pidió reproducir una parte del video en el que se observa como Tomás Zerón realiza tortura a los detenidos acusados de participar en la desaparición de los normalista de Ayotzinapa e hizo hincapié en un fragmento en el que el exfuncionario menciona “la primer mamada, te mato, güey”.
También en el video se muestra a Felipe Rodríguez Salgado, “El Cepillo”, implicado en la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, a quien amenaza hasta con matar si no dice lo que sabe. Vamos a empezar, dime todo lo que sepas de los estudiantes. Para llegar a un acuerdo, la primera mentira que me digas, se acabó todo y empezamos”, le dice Zerón.
Por su parte, el día de ayer el canciller Marcelo Ebrard afirmó que la extradición de Tomás Zerón a México “avanza”. Sin embargo, el secretario afirmó que es “muy difícil señalar una fecha.
“En este momento ya está integrado todo el expediente, ya la mayor parte de la información que solicitó el gobierno de Israel, según nos informó la Fiscalía General de la República (FGR) ya se entregó”, aseguró el canciller.
Cabe recordar que desde septiembre de 2020, el Gobierno de México anunció la solicitud para extraditar al ex director de la Agencia de Investigación Criminal en el sexenio de Enrique Peña Nieto.
Teta Monero, publica este martes su cartón, en donde el artista muestra como la próxima frase de Jesús Murillo Karam, podría ser la “Soy un perseguido político”, ya que elementos del PRI y simpatizantes del PAN, han salido a defenderlo en redes sociales, aún cuando se le acusa de obstrucción de la impartición de justicia, tortura y desaparición forzada por el caso de los 43 estudiantes de Ayotzinapa.
Desde el pasado sábado, Murillo Karam, ha permanecido en el Reclusorio Norte, donde llevará su proceso con medidas cautelares para evitar su posible fuga, dando esperanza a familiares de los 43, de que llegará la justicia.
El perro tuitazo de este martes es de Pablo Piña, y explica como es que Carlos Marín ha vuelto a la escena pública luego de la detención de Jesús Murillo Karam por el caso de la desaparición forzada de los 43 estudiantes de Ayotzinapa.
Marín, más que afectado, podría verse beneficiado de su propia infamia, volviendo al ala más conservadora de los medios de comunicación, quienes podrían relanzar su carrera para dar voz a la reacción más conservadora, clasista y fascista de México.
Ojo: Molestos por cómo se designan candidaturas y espacios plurinominales, 140 ex legisladores del PRI exigen la salida de @alitomorenoc; agregan que las filtraciones recientes han dañado la imagen del partido. https://t.co/iCCn4jQY9hpic.twitter.com/DOkCGlkwCV
Bernardo Cano Muñozcano,secretario particular del prófugo exdirector de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) Tomás Zerón de Lucio, ha sido pieza clave para las investigaciones del caso Iguala, ya que sus declaraciones permitieron acusar a exfuncionarios.
Durante la audiencia inicial en contra del extitular de la Procuraduría General de la República (PGR) Jesús Murillo Karam, surgieron señalamientos hacia Tomás Zerón de Lucio y Ramírez Gutiérrez, ex coordinador antisecuestros de la antigua Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (Seido), en los que los inculpan de cometer actos de tortura contra cuatro detenidos considerados fundamentales en lo que se conoce como “la verdad histórica”, pues fueron quienes, sometidos por las autoridades, dijeron lo que supuestamente sucedió en el basurero de Cocula y en el río San Juan.
Gualberto Ramírez Gutiérrez, ex coordinador antisecuestros de la antigua Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada
En el tribunal, la fiscal Lydia Bustamante comentó que, según datos de prueba, el entonces titular de la AIC encabezó una diligencia en el río, durante la cual se localizaron dos bolsas de plástico con restos óseos, que supuestamente correspondían a los estudiantes cuyos cuerpos fueron incinerados en el basurero municipal de Cocula.
Zerón estuvo acompañado entonces por funcionarios de Servicios Periciales de la PGR y de Agustín García Reyes, El Chereje, detenido el 27 de octubre de 2014, quien demás en una entrevista el 5 de febrero de 2020 ante la Unidad de Investigación y Litigación del Caso Ayotzinapa, el exfuncionario aseguró Tomás de Lucio le pidió hacer una simulación “de que como si hubiera tirado las bolsas de los estudiantes”.
Basurero en Cocula, donde los normalistas habían sido presuntamente incinerados.
Sembraron pruebas para tergiversar los hechos
Un día antes de esa detención, una llamada supuestamente anónima a la PGR advirtió que los 43 estudiantes de Ayotzinapa habían sido asesinados e incinerados en el basurero y sus cenizas arrojadas luego al río. No obstante, en la investigación se ha considerado que esas pruebas fueron sembradas.
La diligencia que encabezó Zerón, de acuerdo con las acusaciones, se realizó de manera ilegal, ya que García Reyes fue trasladado de las instalaciones de la PGR a Cocula sin su abogado e incumpliendo los protocolos jurídicos. La fiscal dijo que durante la visita a Iguala le iban indicando al detenido qué hacer y qué decir.
Asimismo, Bustamante añadió que un periodista freelance en Guerrero captó las imágenes de cuando, un día antes de la diligencia formal, le dieron a El Chereje las bolsas con restos que después son dejadas junto al río San Juan y que permitieron identificar a una de las víctimas.
Tomás Zerón “infligió sufrimientos graves y violaciones a los derechos humanos” de los detenidos que fueron torturados, apuntó la agente del Ministerio Público.
Ramírez Gutiérrez quien era titular de la Unidad Especializada en Investigación de Delitos en Materia de Secuestro de la Seido, una de las ramas de la entonces PGR. Estuvo presente en un interrogatorio realizado por Zerón de Lucio, donde según las investigaciones se presume que torturó a cuatro personas, entre ellas Felipe Rodríguez Salgado, alias El Cepillo, señalado como integrante del grupo delincuencial Guerreros Unidos, para que se confesara responsable de la desaparición de los normalistas, en septiembre de 2014.
En 2020 Zerón fue ubicado en Israel, a cuyo gobierno, México pidió la devolución del exfuncionario. Sin embargo, no hay tratado de extradición entre los dos países, pero sí un acuerdo de cooperación jurídica. El gobierno mexicano alega que el país de Medio Oriente, debe atender la demanda, dado que se acusa al prófugo de violaciones a los derechos humanos.
