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Etiqueta: Ayotzinapa

  • Asegura  FGR  Semefo y funerarias de Iguala en nueva línea de investigación del caso Ayotzinapa

    Asegura  FGR  Semefo y funerarias de Iguala en nueva línea de investigación del caso Ayotzinapa

    La Fiscalía General de la República aseguró el Semefo de Iguala y dos funerarias presuntamente vinculadas a irregularidades en el manejo de cuerpos, como parte de una nueva línea de investigación por el caso Ayotzinapa.

    En un giro inesperado dentro de las investigaciones del caso Ayotzinapa, la Fiscalía General de la República (FGR), a través de la Unidad Especial de Investigación y Litigación para el Caso Ayotzinapa (UEILCA), aseguró este jueves el Servicio Médico Forense (Semefo) de Iguala y las funerarias El Ángel y Rueda, en un operativo realizado bajo estricta reserva y con la participación de elementos armados del Ejército Mexicano y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana.

    De acuerdo con fuentes locales, las acciones comenzaron poco después del mediodía y se extendieron a varios puntos de la ciudad, donde agentes federales colocaron sellos con las leyendas “Desaparición Forzada” y “Contra la Salud”, junto con el número de carpeta de investigación FED/SDHPDSC/01-GRO/0000022/2020, por lo que está prohibido cualquier acceso o manipulación de cadáveres, documentos o archivos en los inmuebles intervenidos.

    Entre los lugares asegurados figura la funeraria El Ángel, ubicada en la comunidad de Rancho del Cura y señalada por su presunta relación con el empresario Rodolfo Rueda Mazón, concesionario del propio Semefo de Iguala. También fue intervenida la funeraria Rueda, ubicada sobre la Avenida Bandera Nacional, además de otros inmuebles relacionados con los mismos propietarios, todos ahora bajo investigación federal.

    El operativo tuvo lugar menos de dos semanas después de los disturbios del 27 de septiembre, cuando estudiantes de la Federación de Estudiantes Campesinos y Socialistas de México (FECSM) atacaron el Palacio de Justicia de Iguala durante las protestas por los 11 años de la desaparición de los 43 normalistas. Analistas consideran que el aseguramiento del Semefo y las funerarias ha abierto una nueva línea de investigación sobre posibles irregularidades en el manejo de cuerpos y evidencias durante los años posteriores a la tragedia. Hasta el momento, la FGR no ha emitido un comunicado oficial sobre el operativo.

    Con información de José De Jesús Dorantes González para El Sol de Acapulco

  • El regreso del “Águila”: Ortega Siu podría reactivar la cooperación entre México y EUA

    El regreso del “Águila”: Ortega Siu podría reactivar la cooperación entre México y EUA

    El almirante Marco Antonio Ortega Siu, exjefe de fuerzas especiales de la Secretaría de Marina (Semar), podría asumir nuevamente un rol protagónico dentro de la institución, con el objetivo de recomponer los canales de cooperación operativa con agencias de seguridad de Estados Unidos.

    Ortega Siu, conocido por agencias estadounidenses como “El Águila”, trabajó por casi una década de manera estrecha con autoridades como la DEA y participó en operativos clave, incluyendo la captura de Joaquín “El Chapo” Guzmán. Su figura es vista como un puente estratégico para reactivar una cooperación que se ha debilitado desde 2019.

    El cabildeo a favor de su retorno ocurre en un momento complejo para la Marina, sacudida por el mayor escándalo de corrupción en su historia reciente: una red de contrabando de combustible dirigida presuntamente por el vicealmirante Manuel Roberto Farías Laguna y el contralmirante Fernando Farías Laguna, acusados por la FGR de operar 69 envíos ilegales que generaron ganancias ilícitas por más de 150 millones de dólares. Ambos son sobrinos políticos del actual secretario de Marina, Rafael Ojeda.

    Tras un cambio en la estrategia de seguridad nacional al inicio del actual sexenio —que privilegió un enfoque de no confrontación con los cárteles— Ortega Siu fue marginado. En 2019 fue removido de su cargo como jefe de operaciones especiales y posteriormente solicitó licencia sin goce de sueldo.

    En 2022, Ortega rindió declaración ante la Fiscalía General de la República en el marco de nuevas investigaciones por el caso Ayotzinapa tras filtraciones que apuntaban a un posible encubrimiento de operativos en el basurero de Cocula. El almirante negó cualquier participación y hasta el momento no ha sido imputado.

    Su posible reaparición también se da bajo el escrutinio por violaciones graves a derechos humanos cometidas por unidades de la Marina en Nuevo Laredo en 2018. La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) acreditó entonces detenciones arbitrarias y desapariciones forzadas, incluyendo 12 ejecuciones, y emitió una recomendación por violaciones graves. Un juez federal vinculó a proceso a 30 elementos de la Marina por estos hechos.

    El eventual retorno de Ortega Siu reactivaría una cooperación operativa con Estados Unidos en materia de seguridad, particularmente en acciones contra laboratorios y líderes del crimen organizado. Sin embargo, también reabriría el debate sobre los controles y salvaguardas en materia de derechos humanos aplicables a las unidades élite de la Marina.

    Su reposicionamiento implicaría un viraje en la política de seguridad del actual gobierno, que desde el inicio del sexenio decidió limitar la colaboración directa con agencias extranjeras y reasignó a las fuerzas especiales de la Marina a tareas costeras.

  • Los rostros de la impunidad: ¿Dónde están los implicados en el caso Ayotzinapa?

    Los rostros de la impunidad: ¿Dónde están los implicados en el caso Ayotzinapa?

    A 11 años de la desaparición de los 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural “Raúl Isidro Burgos”, en Iguala, Guerrero, la justicia parece moverse lentamente. Algunos responsables se esconden, otros descansan, algunos enfrentan juicios livianos y varios permanecen impunes.

    El 26 de septiembre de 2014, los 43 normalistas fueron atacados mientras intentaban tomar autobuses para participar en la marcha del 2 de octubre. Policías municipales, en coordinación con otras corporaciones y civiles vinculados al crimen organizado, dispararon contra ellos y detuvieron a 43 jóvenes que desaparecieron.

    Jesús Murillo Karam, exprocurador General de la República, construyó la llamada “Verdad Histórica” durante el gobierno de Enrique Peña Nieto, asegurando que los estudiantes habían sido asesinados y cremados por el grupo “Guerreros Unidos” en el basurero de Cocula. Tras revelarse un video donde Tomás Zerón de Lucio, entonces jefe de la Agencia de Investigación Criminal, torturaba a “El Cepillo” para obtener confesiones, Murillo Karam fue vinculado a proceso por tortura, desaparición forzada y delitos contra la administración de justicia. Actualmente se encuentra en prisión domiciliaria en Lomas de Chapultepec, mientras su juicio de amparo avanza en la Suprema Corte.

    José Luis Abarca, exalcalde de Iguala, detenido desde 2014, logró recientemente suspender la ejecución de su condena de 92 años por el secuestro de siete activistas. Su esposa, María de los Ángeles Pineda, también acusada en el caso, permanece en el Penal Federal Femenil de Amacuzac. La suspensión de Abarca impide que se cumpla la sentencia mientras se revisa su caso en tribunales.

    Tomás Zerón de Lucio sigue prófugo en el extranjero. La presidenta Claudia Sheinbaum informó que México ha solicitado reiteradamente a Israel su extradición, pero hasta ahora no ha sido concedida.

    Por su parte, Enrique Peña Nieto, exmandatario federal, enfrenta investigaciones por presuntos sobornos de 25 millones de dólares relacionados con contratos públicos, incluyendo la adquisición del software Pegasus, según reportó el diario israelí The Marker. Mientras tanto, vive cómodamente en España, mientras los familiares de los normalistas continúan luchando por justicia.

    A más de una década del crimen, la impunidad persiste y la memoria de los 43 normalistas sigue reclamando respuestas.

  • A 11 años de Ayotzinapa, Peña Nieto disfruta jugando golf en España

    A 11 años de Ayotzinapa, Peña Nieto disfruta jugando golf en España

    Mientras México recuerda la tragedia de los 43 normalistas, el expresidente Enrique Peña Nieto se deja ver en un torneo de golf en San Lorenzo de El Escorial

    A 11 años de la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa, el país sigue esperando respuestas, mientras que Enrique Peña Nieto parece haber encontrado tiempo para perfeccionar su swing en España. El expresidente completó 18 hoyos en el campo de La Herrería, demostrando que mientras la memoria de Ayotzinapa sigue viva en México, él se concentra en otros desafíos… con club en mano.

    En paralelo, Peña Nieto reiteró su postura sobre Ayotzinapa en el documental PRI: Crónica del fin, reconociendo que los hechos fueron una tragedia, aunque defendió la controvertida “verdad histórica” presentada en 2015 por el entonces procurador Jesús Murillo Karam. El exmandatario afirmó: “Lo hecho, hecho está. Para mí fue una tragedia. Todos o algunos, no lo sé. Seguramente hubo participación de algunos (autoridades municipales, el Estado y el Ejército), pero no pongas el nombre de la Institución”.

    Con la misma “sinceridad” comentó sobre su paso por la presidencia: “Como no hay escuela para ser Presidente de la República, cobras noción y dimensión de la responsabilidad hasta que estás ahí”. Sin embargo, surgen dudas sobre qué tanto de esa lección se tradujo en acción.

    A su vez, la Fiscalía General de la República sigue indagando presuntos actos de corrupción y la compra ilegal del software Pegasus durante su sexenio, recordando que los pendientes judiciales y éticos aún alcanzan al expresidente… incluso más allá de las fronteras.

    Entre fairways, eventos benéficos y reapariciones, Peña Nieto demuestra que algunos descansan… mientras otros siguen buscando a sus familiares y justicia. Porque la tragedia de Ayotzinapa no es un juego, aunque algunos juegan mientras la justicia aún no llega. 

  • ¿Qué es la “verdad histórica” de Ayotzinapa y cómo se desmanteló una mentira del estado?

    ¿Qué es la “verdad histórica” de Ayotzinapa y cómo se desmanteló una mentira del estado?

    Después de 11 años, se recuerda la investigación del GIEI que reveló inconsistencias, tortura y ocultamiento de información que derrumbanron la versión oficial sobre la desaparición de los 43 normalistas.

    Han pasado más de 11 años desde la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa, y la llamada “verdad histórica” sigue siendo un símbolo de impunidad y manipulación. Presentada por la Procuraduría General de la República (PGR) durante el sexenio de Enrique Peña Nieto, esta versión aseguraba que los jóvenes fueron asesinados e incinerados en el basurero de Cocula, Guerrero, por integrantes del cártel Guerreros Unidos. Sin embargo, el trabajo del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) desmontó esta versión, al revelar un entramado de irregularidades y encubrimientos que involucran desde autoridades municipales hasta el Ejército y la Marina.

    Entre los hallazgos clave del GIEI, destacan siete puntos que desmantelan la “verdad histórica”:

    1. No hubo cremación en el basurero de Cocula: Los peritajes independientes, incluido el del experto José Torero, demostraron que no existía suficiente combustible ni tiempo para incinerar 43 cuerpos.
    2. Motivo del ataque: Los normalistas no fueron atacados por boicotear un evento, sino que los autobuses fueron confundidos y vinculados al tráfico de heroína hacia Estados Unidos, una línea de investigación ignorada por la PGR.
    3. Participación del Ejército y policía federal: La colusión de autoridades quedó evidenciada, antes de que el gobierno de AMLO reconociera un posible crimen de Estado.
    4. Tortura: Muchos testimonios utilizados por la PGR fueron obtenidos mediante golpizas, amenazas y descargas eléctricas.
    5. Ocultamiento de información: El Ejército y la PGR escondieron datos clave sobre la presencia de militares la noche de la desaparición.
    6. La Marina: Archivos secretos revelaron que la Marina manipuló pruebas en el basurero de Cocula durante siete años.
    7. CISEN: El extinto Centro de Investigación y Seguridad Nacional seguía los movimientos de los estudiantes y registró sus actividades antes y durante la desaparición, información que nunca se incluyó en la versión oficial.

    El GIEI, creado en 2014 por un acuerdo entre la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), el gobierno y las familias de los normalistas, fue clave para exponer estas irregularidades. A pesar de sus informes y recomendaciones, la justicia sigue pendiente: solo tres de los 43 estudiantes han sido identificados y el paradero del resto permanece desconocido. La “verdad histórica” quedó desmentida, pero el reclamo de las familias continúa, por lo que exigen respuestas y justicia real tras más de una década de impunidad.

  • Protesta por Ayotzinapa termina en caos en instalaciones militares

    Protesta por Ayotzinapa termina en caos en instalaciones militares

    La angustia de los padres de los 43 normalistas de Ayotzinapa se desborda en una manifestación que culminó en disturbios y un llamado a la verdad.

    Este jueves, un grupo de padres y madres de los 43 normalistas de Ayotzinapa se reunió frente al Campo Militar 1-A para recordar el doloroso aniversario de la desaparición de sus hijos. La protesta, que duró una hora, se tornó violenta al finalizar.

    Al concluir el mitin, un grupo de jóvenes encapuchados comenzó a lanzar petardos dentro de las instalaciones militares. En un acto desesperado y lleno de rabia, chocaron un camión de mercancías contra la puerta del campo, derribándola.

    El entorno, antes tranquilo, se convirtió rápidamente en un caos, pues las explosiones resonaban mientras las rejas quedaban destrozadas. El balcón de la entrada sufrió daños y parte de la marquesina se desmoronó. Lo más impactante fue el incendio que comenzó en el camión de abarrotes tras la explosión de artefactos dentro de él.

    Durante el mitin, los padres expresaron su mensaje claro y contundente: no se puede ignorar la posible implicación del Ejército en la desaparición de sus hijos. Isidoro Vicario, abogado de las familias, demandó la entrega de documentos que el Ejército supuestamente tiene en su poder sobre el caso.

    Emiliano Navarrete, padre de uno de los normalistas, compartió su angustia, pues aseguró que el Ejército había tenido presencia en la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa antes de los trágicos eventos de 2014. “No pararemos hasta que sepamos la verdad”, enfatizó.

    Al final, las paredes del campo militar mostraron las marcas de la protesta. Frases como “Ayotzinapa Vive +43” y “Justicia ya” adornaron la fachada. A pesar del incidente, no se reportaron heridos y el lugar fue rápidamente acordonado por las autoridades.

    La lucha de los padres por la verdad y la justicia sigue viva, buscando respuestas en un caso que marcó la historia reciente de México.

  • Sheinbaum solicita a EUA extradición de ex funcionario y ex juez ligados a Ayotzinapa

    Sheinbaum solicita a EUA extradición de ex funcionario y ex juez ligados a Ayotzinapa

    La Presidenta Claudia Sheinbaum ha pedido traer a México a dos personas clave en la desaparición de los 43 normalistas, 11 años después de los hechos.

    La Presidenta de México, Claudia Sheinbaum, solicitó al secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, la extradición de dos figuras implicadas en el caso Ayotzinapa, que este viernes cumple 11 años. La mandataria reveló la petición durante su conferencia del 9 de septiembre, sin revelar los nombres de los implicados.

    De acuerdo con información de Xavier Jiménez para Milenio, se trata de José Ulises Bernabé, quien era juez de Barandilla de Iguala la noche del 26 de septiembre de 2014, y Abraham Eslava Arvizu, entonces titular de la Unidad Especializada en Investigación de Robo y Asalto de Vehículo de la SEIDO de la PGR.

    Según las investigaciones, Ulises Bernabé entregó a 16 o 17 estudiantes a policías municipales de Cocula y agentes de Protección Civil de Iguala, integrantes de la organización delictiva Guerreros Unidos, en lugar de procesarlos legalmente. Actualmente, se encuentra en Estados Unidos tras ingresar de manera irregular y solicitó asilo político, alegando miedo de regresar a México por su seguridad.

    Por su parte, Abraham Eslava Arvizu es acusado de desaparición forzada, tortura y coalición de servidores públicos. Está vinculado con la tortura de Felipe Rodríguez Salgado, “El Cepillo”, presunto integrante de Guerreros Unidos, y con la diligencia del Río San Juan, donde se habrían hallado bolsas con restos de los estudiantes, bajo la dirección de Tomás Zerón de Lucio. En octubre de 2022, un juez de control ordenó su detención.

    La solicitud de extradición busca que ambos respondan ante la justicia mexicana, lo que cerraría así un capítulo crucial en la búsqueda de verdad y justicia para los 43 normalistas de Ayotzinapa. 

  • Vidulfo Rosales: De la lucha por derechos humanos a un cargo en la SCJN

    Vidulfo Rosales: De la lucha por derechos humanos a un cargo en la SCJN

    El exvocero de los padres de Ayotzinapa, Vidulfo Rosales, asumió el rol de secretario de Estudio y Cuenta en la SCJN, generando cuestionamientos sobre su compromiso con la defensa de los derechos humanos.

    El pasado sábado, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) anunció la llegada de Vidulfo Rosales Sierra como secretario de Estudio y Cuenta. Este puesto lo sitúa bajo la dirección de Hugo Aguilar Ortiz, el actual ministro presidente de la Corte. Rosales es conocido por su papel como vocero de los padres de los estudiantes desaparecidos de Ayotzinapa, por lo que su nombramiento ha despertado controversia.

    Muchos observadores ven en este movimiento una señal de la cooptación política en México. Rosales, una figura con un pasado firme en la defensa de los derechos humanos, parece estar entrando al sistema que criticó en años anteriores. Su integración podría ser parte de una estrategia para mejorar la imagen de la SCJN, al incluir voces de la sociedad civil.

    Este tipo de decisiones crean la apariencia de pluralidad dentro de la Corte. Sin embargo, algunos analistas sugieren que podría ser un intento de silenciar críticas y disidencia. En lugar de abordar los problemas fundamentales de la justicia en el país, busca neutralizar a quienes han alzado la voz.

    La gestión de Hugo Aguilar Ortiz en la SCJN incluye a 97 asesores, cuyos salarios suman más de 6 millones de pesos al mes. Estos asesores no solo apoyan la toma de decisiones, sino también forman parte de una estructura que, según algunos, está lejos de ser transparente. Mientras Norma Piña, la anterior presidenta de la Corte, trabajaba con seis asesores, Aguilar ahora tiene tres veces más.

    Así, el camino de Vidulfo Rosales plantea nuevas preguntas. Al aceptar este nuevo cargo, ¿ha cambiado su compromiso con las causas por las que luchó? Muchos seguirán atentos, esperando que su voz aún resuene en favor de la justicia y los derechos humanos. (Fuente: EMEEQUIS).

  • Explorarán nuevas líneas de investigación en caso Ayotzinapa

    Explorarán nuevas líneas de investigación en caso Ayotzinapa

    El Gobierno de Sheinbaum propone hablar con ONU para ver si es factible buscar expertos en estas áreas de investigación, para que padres de normalistas tengan la certeza de que se tomen acciones correspondientes.

    Durante la conferencia de prensa matutina, el día de hoy, la presidenta Claudia Sheinbaum dijo: “Lo que se está buscando por parte del fiscal es que se judicialicen estos casos, quiere decir, ya llevarlos directamente ante el juez con suficientes pruebas para que no pueda haber, por parte de un juez, si no hay suficientes pruebas, alguna decisión de no pedir la orden de aprehensión, o que no reconozcan que haya la vinculación”.

    Sheinbaum pidió a Rosa Icela Rodríguez, secretaría de Gobernación, hablar con la Organización de las Naciones Unidas (ONU) para ver si era factible buscar expertos en estas áreas de investigación, para que los padres de los normalistas tengan la certeza de que se tomen las acciones correspondientes. 

    Por su parte el fiscal, Alejandro Gertz Manero, detalló que las evidencias después de 11 años, conlleva tiempo, que tanto madres y padres aceptaron el acuerdo del nuevo acuerdo siempre y cuando tengan presentes las líneas anteriores.

    El pasado jueves, la primera mandataria mencionó que el nuevo fiscal ha estado colaborando con la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) para tener nuevas líneas y métodos de investigación que no se habían utilizado antes. 

    Cabe destacar que en la reunión que se tuvo con los familiares de los 43 normalistas de Ayotzinapa, los afectados expresaron su inconformidad y plantearon el regreso del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) a su caso.

  • Padres de los 43 de Ayotzinapa preparan jornada de lucha rumbo al 11° aniversario de la Noche de Iguala

    Padres de los 43 de Ayotzinapa preparan jornada de lucha rumbo al 11° aniversario de la Noche de Iguala

    A pocos días de cumplirse 11 años de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, familiares de las víctimas, junto a organizaciones de derechos humanos y colectivos sociales, se reunieron para definir la logística y plan de acción rumbo a la jornada de septiembre.

    De acuerdo con información de La Jornada, en el encuentro, los asistentes corearon consignas como “Porque vivos se los llevaron, vivos los queremos” y “26 de septiembre, no se olvida”, recordando la exigencia de verdad y justicia.

    Las actividades se desarrollarán del 17 al 23 de septiembre en Guerrero, y del 24 al 26 en la Ciudad de México, donde se espera la participación masiva de colectivos solidarios.

    Isidoro Vicario Aguilar, representante de los padres, subrayó la importancia de la solidaridad y el apoyo logístico de las organizaciones civiles para mantener viva la movilización, mientras que estudiantes de la Normal de Ayotzinapa reiteraron que la lucha no solo pertenece a las familias, sino a toda la sociedad que exige justicia.

    Con esta jornada, los padres de los 43 reafirmaron que, a más de una década, la Noche de Iguala sigue siendo una herida abierta en México que exige respuesta del Estado.