El Tribunal Federal de Justicia Administración (TFJA) confirmó que hubo un daño al erario en la construcción de la llamada Estela de Luz, durante el sexenio de Felipe Calderón, por más de 230 millones 77 mil 487 pesos, y confirmó que los exfuncionarios responsables de dicho daño deberán resarcirlo.
El 31 de mayo, la Sala Superior del TFJA validó la resolución de la Dirección General de Responsabilidades de la Auditoría Superior de la Federación (ASF), que determinó que la llamada Estela de Luz hizo un daño millonario a la Hacienda Pública, y desechó la impugnación interpuesta por el exfuncionario público, Carlos Sánchez Gutiérrez, quien fue subgerente de construcción de la Estela de Luz, y fue acusado de cometer irregularidades como pagos en exceso, desembolsos inflados por concepto de transporte, kilogramos de materiales pagados de más, entre otros daños.
Con esta resolución, la TFJA ratificó la sanción emitida por la Dirección General de Responsabilidades de la ASF de marzo de 2019, la cual vinculó a seis trabajadores de la subsidiaria de Pemex que se encargó de llevar a cabo la construcción, llamada I.I.I. Servicios.
Hasta ahora, tres trabajadores han sido declarados como responsables del daño al erario, falta culminar la investigación sobre la participación de los otros tres involucrados, y en caso de que se compruebe su culpabilidad, deberán pagar alrededor de 300 mil pesos cada uno para resarcir el daño.
La Estela de Luz fue un espacio y monumento conmemorativo que se construyó con motivo del bicentenario de la Independencia y el bicentenario de la Revolución Mexicana que se inauguró en enero de 2012. La polémica rodeó a la obra desde su construcción debido al sobrecosto, que pasó de 400 millones de pesos a más de mil millones.
Al frente del gobierno de Michoacán, el perredista Silvano Aureoles dejó pendiente de comprobar 13 mil 679 millones de pesos del erario nacional en 2021.
Informes de fiscalización de la Auditoría Superior de la Federación revelaron que otro gobierno que omitió presentar comprobantes del gasto federalizado fue el de Durango: en 2021, la gestión del panista José Rosas Aispuro dejó sin aclarar 8 mil 20 millones de pesos
Con 1 mil 668 auditorías, la Auditoría Superior de la Federación (ASF) dio cuenta de los resultados de la fiscalización correspondiente al ejercicio 2021 sobre gasto federalizado y su impacto económico sobre las finanzas públicas del país. Esto arrojó una cifra multimillonaria de 52 mil 211 millones 900 mil pesos que debe ser aclarada por gobiernos estatales, municipales, organismos públicos descentralizados locales, etc.
De ese gasto sin aclarar que rebasa los 52 mil millones de pesos, el 80 por ciento corresponde a gobiernos estatales, los cuales son responsables de despilfarrar recursos públicos sin comprobar, por lo que el amplio informe de la ASF, órgano dependiente del Congreso de la Unión, les demanda explicar el gasto y destino de 40 mil 968 millones de pesos.
De las entidades más opacas y corruptas destaca Michoacán: durante el último año de gobierno del perredista Silvano Aureoles Conejo (2021) –quien además tiene investigaciones federales y locales por corrupción, desvío de recursos públicos, asociación delictiva y hasta lavado de dinero–dejó de comprobar 13 mil 679 millones de pesos sólo en un año, que corresponde al 31.5 por ciento del total de aclaraciones que tienen que hacer las 32 entidades federativas de la República.
El segundo con mayores problemas de comprobación del gasto federalizado fue Durango, durante la gestión del panista José Rosas Aispuro, quien en 2021 dejó sin aclarar 8 mil 20 millones de pesos, que representa el 18.5 por ciento del total de aclaraciones que demanda la ASF a los estados.
Es decir, sólo esos dos gobiernos estatales, el del michoacano Silvano Aureoles y el duranguense Rosas Aispuro no pudieron comprobar 21 mil 699 millones de pesos en 2021, pero si se suman los otros cinco años de gobierno de cada uno de los dos exmandatarios estatales, las cifras sin aclarar rebasarían los 100 mil millones de pesos.
Michoacán y Durango concentran entonces el 50 por ciento del gasto federalizado no aclarado de todos los estados del país, por lo que se abre la inquietud para conocer el monto total que pudo ser desviado en los gobiernos de Silvano Aureoles y Rosas Aispuro, además de la exigencia de que se les abran las investigaciones penales respetivas.
Otro estado con problemas de aclaraciones a la fiscalización de la Auditoría Superior es Coahuila, gobernado por el priísta, quien del gasto del presupuesto federal correspondiente a 2021 debe aclarar el destino de 2 mil 510 millones 900 mil pesos, equivalentes al 7.8 por ciento de todo el gasto que falta por comprobar en las entidades publicas.
Otros estados con aclaraciones pendientes del gasto federalizado correspondiente al ejercicio de 2021 son, en orden progresivo, Nayarit con un monto de 2 mil 119 millones 900 mil pesos en el último año de gobierno correspondiente al panista Antonio Echevarría García; Nuevo León, gobernado en ese año por el priísta Jaime Rodríguez Calderón, alías el Bronco, quien además de que estuvo preso por supuestos desvíos de recursos públicos, le faltó aclarar 1 mil 881 millones 400 mil pesos.
En la lista de los 32 estados, Baja California Sur ocupa el séptimo lugar: debe aclarar el gasto de 1 mil 791 millones 700 mil pesos correspondientes al último año de ejercicio del panista Carlos Mendoza Davis; la octava posición fue para Colima, gobernado hasta 2021 por el priista José Ignacio Peralta, quien dejó la administración del estado sin aclarar el destino de 1 mil 618 millones 100 mil pesos.
Alfredo del Mazo, actual gobernador del Estado de México (Edomex), terminará este año su mandato con una suma de 2 mil 815 millones 771 mil 860.74 de pesossin aclarar desde el ejercicio fiscal de 2018, de acuerdo a cifras de la Auditoría Superior de la Federación.
El priista tiene poco más de seis meses para que las arcas del Edomex no estén manchadas por irregularidades, y con esto, no dejar manchada su administración al frente de la entidad.
La ASF desglosa el total de esta cifra se divide en un 92.8%, que corresponde a los primeros tres años de gobierno, mientras que el 7.2% restante se ajusta al ejercicio fiscal del año 2021.
Cabe destacar que la ASF había reportado en un inicio que el gobierno del Estado de México presentaba irregularidades po run monto total de 18 mil 567 millones 814 mil 623.17 pesos. Ante esto, la administración de Del Mazo justificó la mayoría del dinero presentado, quedando pendientes 2 mil 348 millones 367 mil 907.66 pesos, los cuales se encuentran identificando como “Por Recuperar o Aclarar”.
“El Gobierno del Estado de México, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la intervención de la ASF, presentó la documentación que comprueba y acredita la entrega de los medios de disposición de apoyos entregados a los damnificados por el sismo del 19 de septiembre del 2017 y la aplicación efectivamente en las obras y acciones del programa de vivienda en los términos que establece la normativa; sin embargo, queda pendiente la cantidad de 5 millones 835 mil pesos debido a que no se entregaron dichos apoyos a los damnificados al no encontrarse en el domicilio dictaminado con daño, por lo que persiste la observación”, indicó la ASF en el documento 2018-0-06100-19-0049-2019.
La construcción del Nuevo Aeropuerto de México (NAIM) cuenta con 17 expedientes congelados por posibles daños patrimoniales, de mil 982 millones 41 mil 546.88 pesos, durante el sexenio de Enrique Peña Nieto.
Según Milenio, el expresidente priísta pagó millones a empresas que obtuvieron contratos para la obra del aeropuerto, sin embargo las tareas se entregaron “a medias” “mal hechas” y retrasos.
“Además, el Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México (GACM) gastó recursos indebidamente a causa de malos cálculos en los materiales y servicios relacionados con la obra y hasta por compras no autorizadas”, reveló el periódico.
Dicho proyecto cuenta con un total de 111 expedientes de irregularidades por más de 9 mil millones de pesos, los cuales canceló el presidente Andrés Manuel López Obrador.
Mientras 17 de estos se mantienen “congelados”, los demás sí han sido denunciados administrativamente, pero no han llegado ante la Fiscalía General de la República (FGR), a fin de “recuperar el dinero o sancionar a quienes hicieron mal uso de esos recursos”.
Ante las irregularidades en la construcción del NAIM, la ASF mantiene una investigación por el contrato con la firma FP-FREE, S. De R.L. de C.V., representante del consorcio formado por Servicios Smart FREE a tu Nivel, S.A. de C.V. y Foster + Partners Limited.
Esta empresa era la encargada del diseño arquitectónico e ingeniería de detalle de: edificio de pasajeros, vialidades de acceso, estacionamientos, torre de control y centros de control de operaciones del NAIM.
Sin embargo, entre 2016 y 2017 el consorcio solo entregó informes de avances parciales y no el diseño de 11 áreas de la terminal, como lo señalaba el contrato, pero sí cobró 704 millones 155 mil 801.30 pesos.
