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    Oro Negro pierde amparo: Pemex no pagará indemnización millonaria

    La empresa del hijo de Gil Díaz buscaba compensación por contratos cancelados con Pemex; tribunal confirma que no recibirá recursos públicos.

    El Décimo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito negó el amparo a Perforadora Oro Negro, S.R.L. de C.V., por lo que Petróleos Mexicanos (Pemex) no deberá indemnizar a la empresa con dinero del erario. La resolución confirma la sentencia emitida el 2 de agosto de 2023 por el Pleno Jurisdiccional de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, en el juicio de nulidad 31949/21-17-06-9/416/23-PL-09-04, de acuerdo con una investigación de Nancy Flores para Contralínea.

    La compañía, creada para rentarle plataformas a Pemex a través de su subsidiaria PEP, tiene entre sus accionistas a Gonzalo Gil White, hijo del exsecretario de Hacienda Francisco Gil Díaz, quien actualmente se encuentra prófugo por presuntos delitos de abuso de confianza y manejo indebido de recursos.

    El juicio de amparo buscaba impugnar la cancelación anticipada de cuatro contratos de renta de plataformas, con un valor total de 852 millones de dólares más IVA, realizada por Pemex el 2 de octubre de 2017, durante el gobierno de Enrique Peña Nieto. La empresa pretendía obtener así una indemnización a costa del erario público.

    La decisión de negar el amparo fue unánime, con votos del magistrado presidente Alfredo Enrique Báez López, la magistrada Ana María Ibarra Olguín, y la secretaria en funciones de magistrada Yaremy Patricia Penagos Ruiz, quien también fue ponente del caso.

    Los contratos detallan la renta temporal de cuatro plataformas de perforación marina —PRIM, Laurus, Fortius y Decus—, incluyendo tripulación y mantenimiento integral para operar en aguas del Golfo de México, con montos que van desde 174 millones hasta 243 millones de dólares más IVA y plazos de arrendamiento entre 2.8 y 3.9 años.

    Con esta resolución, Pemex queda exento de indemnizar a Oro Negro, lo que demuestra la postura del gobierno de proteger recursos públicos frente a reclamos de empresas privadas ligadas a exfuncionarios y sus familiares.