Ordenan detener la distribución y entrega de Libros de Texto Gratuitos en acatamiento a una suspensión temporal dictada por el juez octavo de distrito en materia de amparo.
Tras dictaminar un oficio, el jefe de la Unidad de Asuntos Jurídicos de los Seiem, Israel Fernández Clamont, se ordenó a las autoridades escolares detener la distribución de los libros de texto gratuitos, que desde el pasado 25 de agosto se encuentran en los planteles de educación básica. Dicho dictamen fue interpuesto tras promover un amparo por parte de Unión Nacional de Padres de Familia (UNPF) tras el asesoramiento del abogado Alfonso Guillermo Bravo Álvarez Malo, ex diputado local del PAN y actual representante de este partido ante el Instituto Electoral del Estado de México.
El documento señala que dentro del juicio de amparo No.1255/2023-V, se solicita que se giren instrucciones a quien corresponda para efecto de que se manera inmediata se dejen de distribuir los ejemplares para el ciclo escolar 2023-2024, hasta en tanto se dicte una suspensión definitiva”.
Padres de familia consideran que los contenidos de los nuevos Libros de Texto Gratuito: “No son adecuados para las edades de nuestros hijos” y sostienen que “La educación debe estar basada en la ciencia y no en ideologías”.
Un juez federal le otorgó una suspensión definitiva a Xóchitl Gálvez contra los comentarios y señalamientos hechos por el presidente Andrés Manuel López Obrador.
La senadora panista y aspirante a la candidatura de la oposición por el Frente Conservador reclamó las declaraciones hechas por el mandatario mexicano en su contra al considerar que las descalificaciones van en perjuicio de los derechos humanos.
Martín Adolfo Santos Pérez, titular del Juzgado Octavo de Distrito en materia Administrativa, a través del amparo 1179/202, otorgó elfreno judicial después de haber sostenido la audiencia el viernes pasado.
La medida cautelar pide que AMLO se abstenga de realizar manifestaciones con “malicia efectiva” contra la aspirante presidencial del Frente Conservador.
Asimismo, se ordena a eliminar de las cuentas de Twitter, YouTube, Facebook y de las conferencias matutinas, todas las declaraciones, comunicados, publicaciones y contenidos audiovisuales que aluden a la senadora del PAN.
“Se concede la suspensión definitiva para los efectos y motivos expuestos en el último considerando de la presente interlocutoria. Notifíquese; y electrónicamente a la quejosa y al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita”, señala el documento.
Según el juez, con dicha medida se pretende “garantizar” la defensa de una persona que tiene derecho a que resguarde su información privada.
Un juez de Distrito del Estado de Chihuahua otorgó una suspensión de amparo en contra de la distribución de los nuevos libros de texto gratuitos de la Secretaría de Educación Pública (SEP).
El ministro Luis María Aguilar Morales admitió a trámite la CC que interpuso la administración de María Eugenia Campos, gobernadora panista de la entidad. El recurso fue promovido por el diputado de Movimiento Ciudadano, Francisco Sánchez Villegas.
“Se concede la suspensión solicitada por el Poder Ejecutivo del Estado de Chihuahua, para los efectos precisados en este proveído. La medida suspensional surtirá los efectos sin necesidad de otorgar garantía y sin prejuicio de que pueda modificarse o revocarse por algún hecho superveniente”, se lee en la resolución de la Corte.
El diputado informó que, tras la suspensión otorgada este miércoles por el juez Cuarto de Distrito del Estado de Chihuahua, la SEP tiene que frenar la distribución de los nuevos libros de texto gratuitos en la entidad, así como de reimprimir los libros del ciclo escolar anterior.
Tras esta situación, se espera el resultado de la controversia constitucional, presentada por el Gobierno de Chihuahua ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) en contra de la distribución de los nuevos libros de texto de la SEP.
El Juzgado Decimoséptimo de Distrito en el Estado de Veracruz otorgó una suspensión provisional al exfiscal de Veracruz, Jorge Winckler Ortiz, para que se cambie la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa que lo mantiene en el penal de Almoloya de Juárez.
La audiencia del exfiscal general de Veracruz, se llevará a cabo el próximo miércoles 16 de agosto a las 10:00 am. en los juzgados de control de Coatepec, de acuerdo con el oficio de amparo que se le otorgó.
Con dicho recurso, el fiscal podría salir del penal Almoloya de Juárez donde se encuentra actualmente recluido para llevar su proceso penal con otra medida cautelar, como el arresto domiciliario, al igual que el caso de la jueza Angélica Sánchez.
Roberto Santos Maldonado Morales, juez de Proceso y Procedimiento Penal Oral del Décimo Primer Distrito Judicial de Xalapa, con residencia en la congregación de Pacho Viejo, y la directora del Centro Federal de Readaptación Social Número 1, “El Altiplano”, recibieron la notificación.
“Con apoyo en lo dispuesto por el artículo 128 de la Ley de Amparo, se concede la suspensión provisional del acto reclamado, para el efecto que la autoridad responsable Juez de Proceso y Procedimiento Penal Oral del Décimo Primer Distrito Judicial de Xalapa, con residencia en la Congregación de Pacho Viejo, Veracruz: Fije una audiencia de revisión de la medida cautelar impuesta en la que decrete el cese de la prisión preventiva oficiosa en favor del aquí quejoso”, se lee en la resolución.
En dicha resolución, ambas partes podrán debatir la imposición de cualquier otra medida cautelar contemplada en el artículo 155 del Código Nacional de Procedimientos Penales y conforme con lo establecido en los artículos 161. Además, en el caso de Jorge Winckler se pide que se desahoguen los medios de prueba presentados por el imputado, ahora quejoso.
Asimismo, se añadió que la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa se decretó en su caso sin tomar en cuenta que dicha medida fue declarada inconvencional.
“Con todo, la mera solicitud de la fiscalía de imponer al imputado como medida cautelar la prisión oficiosa no constituye una razón jurídica válida y suficiente para justificar tal actuación. De modo que, con independencia de lo que se alega por cuanto al fondo del asunto en los conceptos de agravio, en uso de la apariencia del buen derecho, la imposición de la medida cautelar impuesta al quejoso, en sí misma considerada, por el momento, resulta desproporcionada”, señala el texto.
Jorge Winckler, exfiscal del estado de Veracruz, se encuentra privado de la libertad en el penal de Almoloya de Juárez ya que está acusado de los delitos de privación ilegal de la libertad en la modalidad de secuestro y desaparición forzada de personas.
Una vez más la Corte salvando a los delincuentes, en esta ocasión la titular del Juzgado Cuarto de Distrito de Amparo en materia penal, María del Carmen Sánchez Cisneros logró evitar la extradición del Fiscal de Morelos, Uriel Carmona, quien está acusado del delito de obstrucción de la justicia en caso del feminicidio de la joven Ariadna Fernanda.
“Se concede de oficio la suspensión de plano para el efecto de que las cosas se mantengan en el estado que guardan, esto es, que no se ejecute el acto reclamado”, se lee en el amparo 690/2023 emitido por Sánchez Cisneros, detenido apenas el viernes pasado en Cuernavaca.
La extradición la concedió la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) al gobierno de Estados Unidos.
Por lo que, tras esto, Uriel Carmona quedará “bajo la más estricta responsabilidad de la autoridad a cuya disposición se encuentre, quien deberá tomar todas y cada una de las medidas pertinentes para tal efecto”.
Carmona es señalado por presuntamente tener estrecha coordinación con las autoridades norteamericanas para cometer movimientos financieros irregulares y adquisición de propiedades en ese país.
José Luis Abarca Velázquez, exalcalde de Iguala, obtuvo un amparo para efectos de que un juez de procesos penales del Estado de México se pronuncie nuevamente sobre su solicitud de cambio de la prisión preventiva oficiosa que se le impuso en la causa penal por delincuencia organizada, lavado de dinero y enriquecimiento ilícito.
Velázquez solicitó el cambio de medida cautelar alegando problemas de salud diversos, asimismo que la prisión provisional no puede ser superior a dos años y pidió llevar su proceso en prisión domiciliaria portando brazalete electrónico, lo que le fue negado por el secretario en funciones de juez del Juzgado Tercero de Distrito de Procesos Penales Federales en el Estado de México, con residencia en Toluca, en resolución del 12 de mayo de 2023 en la que señaló que existe un riesgo de sustracción de la justicia del imputado.
Por lo anterior, el experredista reclamó vía amparo la resolución mencionada al titular del Juzgado Tercero de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, Everardo Maya Arias, quien determinó que se transgredieron los derechos humanos de Abarca Velázquez y sus garantías de protección; en relación con el derecho a no ser privado de su libertad arbitrariamente; al control judicial de la privación de la libertad; a la presunción de inocencia, y a la igualdad y no discriminación.
Maya Arias ordenó al secretario en funciones de juez citar a las partes procesales a nueva audiencia y dictar una nueva resolución en la que “inicialmente deberá considerar que la sola existencia las sentencias emitidas en los casos TZOMPAXTLE TECPILE Y OTROS VS. MÉXICO, constituye una variación objetiva a las condiciones que justificaron la imposición de la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa que le había sido impuesta al quejoso”.
El medio Polemon dio a conocer que el ministro Luis María Aguilar Morales de la Corte Suprema de Justicia de la Nación (SCJN)aceptó atraer al máximo tribunal del país el caso con el que la empresa de Ricardo Salinas Pliego, Elektra, busca evitar el pago de impuestos.
Según el medio, el ministro hizo suyas dos solicitudes de Elektra que buscan evitar que Elektra pague los impuestos que debe desde hace más de 12 años.
Por ello, será tarea de la Segunda Sala de la Corte la que decida si acepta la petición del ministro de intervenir y así poner fin al juicio fiscal que Salinas ha logrado alargar más de una década.
La primera solicitud es un amparo que busca evitar el pago de 4 mil 916 millones 910 mil 792 pesos por concepto de Impuesto Sobre la Renta (ISR), que debe desde el 2011, más actualizaciones, recargos y multas.
La segunda se trata sobre el ejercicio de facultad de atracción 152/2023 promovido ante la SCJN. Esto es en contra del fallo del Tribunal Federal de Justicia Administrativa (TFJA) el cual el 30 de noviembre del año pasado reiteró que procede el pago de impuestos.
Elektra ha buscado por varias instancias y recursos legales tratando de evitar el pago de impuestos adeudados. En 2016 promovió un recurso de revocación, que perdió.
Por ello buscó apelar al TFJA, que en octubre de 2020 ratificó que la compañía tenía que pagarle al Servicio de Administración Tributaria (SAT).
Un juez federal negó un amparo a Ovidio “N”, hijo de Joaquín “El Chapo” Guzmán Loera, quien solicitaba frenar su extradición a Estados Unidos y continuar su proceso judicial en México tras ser solicitado por una Corte Federal en el Distrito de Columbia.
De acuerdo con el expediente 509/2023 difundido por medios, la resolución al amparo fue que se sobresee de conformidad con lo expuesto en él, por lo que “El Ratón” podría ser extraditado a los Estados Unidos.
Ovidio es acusado de ser uno de los líderes del Cártel de Sinaloa, y específicamente el país estadounidense lo requiere por los delitos de tráfico de cocaína, metanfetaminas y marihuana.
“El Ratón” fue detenido el pasado 5 de enero tras seis meses de seguimiento un operativo realizado por las autoridades nacionales, su arresto dejó 29 fallecidos, entre ellos diez militares.
La Fiscalía del Distrito de Columbia acusa a Ovidio del tráfico de al menos una tonelada de marihuana y cinco kilos de cocaína, delito grave en la legislación local.
La resolución puede ser apelada por la defensa de Ovidio Guzmán y revisada por un tribunal de apelación.
Al extitular de Petróleos Mexicanos (Pemex), Emilio Lozoya Austin, quien había pedido su libertad a través de un juicio de amparo durante el sexenio de Enrique Peña Nieto, esta le fue negada una vez más.
Debido al rechazo del Primer Tribunal Colegiado de Apelaciones, el exfuncionario federal continuará su proceso judicial en el Reclusorio Norte, donde está vinculado al caso desde el 3 de noviembre de 2021.
Antes de que se presentara el recurso de defensa del exjefe paraestatal, el dictamen del sentenciador solo confirmó lo ya decidido el 26 de enero de 2022 por José Artemio Ziga, juez de control del Reclusorio Norte, quien se había negado a modificar la prisión preventiva solicitada en el caso Odebrecht.
Cabe recordar que el exempleado apeló la decisión del Primer Tribunal Colegiado de Apelaciones en su resolución del 10 de abril al reafirmar la sentencia de enero el 3 de mayo.
Si bien en su momento un juez local accedió a la solicitud de suspensión provisional de Lozoya Austin para garantizar su libertad, un magistrado federal rechazó su pedido de medida cautelar argumentando que violaría el principio de contradicción que subyace en el proceso penal acusatorio.
Los abogados del exdirector de la petrolera mexicana han manifestado en numerosas ocasiones que el proceso penal que lleva su cliente ante las autoridades mexicanas es impropio porque la denuncia fue presentada por la Fiscalía General de la República (FGR) y no por la Fiscalía.
Ismael “N”, ex funcionario panista de la alcaldía Benito Juárez y quién presuntamente estaría involucrado en la corrupción inmobiliaria de la demarcación, fue detenido luego de que agentes investigadores ejecutaran una orden de arresto por su presunta participación en el delito de uso indebido de la autoridad y los recursos públicos.
Ulises Lara López, coordinador de asesores de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, señaló en declaraciones a los medios que el detenido había ocupado cargos como director de recursos materiales y servicios urbanos, director general de administración y asesor de la entonces sede delegacional. Las investigaciones indican que pudo haber participado como prestamista en varios negocios turbios en la alcaldía mientras se desempeñaba como empleado público. Por ello fue detenido en la colonia Doctores y posteriormente trasladado al Reclusorio Norte. Ismael “N” había intentado evadir la justicia, pero a pesar de ello fue capturado en diciembre del año pasado por el presunto uso ilegal de la autoridad de los servidores públicos y diversas asociaciones delictivas.
Pudo recuperar su libertad a través de un amparo mientras continuaba involucrado en el proceso, pero el Ministerio Público obtuvo una nueva orden de captura en su contra, la cual fue ejecutada ayer por miembros de la Policía de Investigaciones. Tras ser localizado, fue informado de la orden judicial para después ser trasladado a las instalaciones de la FGJ-CDMX para su certificación médica, y luego ingresado al penal del Norte donde quedó a disposición del juez que lo requería. Este hecho demuestra que la investigación de la red de corrupción en el sector inmobiliario de Benito Juárez no está motivada por una persecución política sino por una investigación minuciosa, competente y profesional. Ulises Lara emitió una advertencia, diciendo: “No toleraremos conductas al margen de la ley, en las que puedan estar relacionados servidores públicos, por lo que refrendamos nuestro compromiso de investigar y sancionar este tipo de delitos, a fin de evitar la impunidad”.
