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FGR desestima amparo y reafirma la orden de aprehensión contra Hernán Bermúdez
La FGR confirma que perseguirá a exsecretario de Seguridad Pública de Tabasco por sus vínculos con el crimen organizado.
La Fiscalía General de la República (FGR) ha desestimado el amparo presentado por Hernán Bermúdez Requena. El exsecretario de Seguridad Pública de Tabasco es señalado como presunto líder del grupo delictivo “La Barredora”, por su parte, Alejandro Gertz Manero, titular de la FGR, aclaró que esta medida legal no detendrá la orden de aprehensión en su contra.
Bermúdez enfrenta serias acusaciones por su supuesta participación en delitos como la delincuencia organizada y secuestro agraviado. Las evidencias apuntan a que estuvo involucrado en actividades ilícitas que afectaron gravemente la seguridad pública en Tabasco, por lo que la FGR continúa trabajando para asegurar su captura y llevarlo ante la justicia.
La FGR también reafirmó su compromiso en la lucha contra la impunidad: “No habrá protección legal que impida que los responsables rindan cuentas”, destacó en un comunicado. Con esta postura, el gobierno federal envía un claro mensaje: no tolerará la corrupción ni el crimen organizado.
Este caso ha captado la atención pública por la conexión del exfuncionario con operaciones criminales. Las autoridades mantienen un monitoreo constante para impedir cualquier intento de eludir la justicia. La lucha sigue firme, y la sociedad espera respuestas firmes de las instituciones encargadas de protegerla.
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Senado realizará audiencias públicas sobre reforma en materia de amparo
Foros del 29 y 30 de septiembre permitirán escuchar especialistas y sociedad civil, aunque la oposición advierte riesgos de simulación y falta de inclusión real.
El Senado de la República aprobó la realización de audiencias públicas sobre la reforma en materia de amparo, con el objetivo de recopilar opiniones de expertos y representantes de organizaciones sociales antes de discutir la iniciativa presidencial. Los foros se llevarán a cabo los próximos 29 y 30 de septiembre, lo que obligó al coordinador de Morena, Adán Augusto López Hernández, a posponer la aprobación de la reforma prevista para los primeros días de la semana entrante.
El PAN confirmó su participación en los debates, mientras que Movimiento Ciudadano (MC) anunció que asistirá pero organizará un foro paralelo el lunes para conocer directamente el sentir ciudadano. Por su parte, el PRI rechazó el mecanismo, calificándolo de “simulación” y expresó que las audiencias fueron convocadas de manera exprés y sin voluntad real de escuchar voces críticas.
López Hernández defendió la decisión de realizar las audiencias, señalando que aunque las propuestas son perfectibles, desde su perspectiva no se requieren cambios de fondo, pero se debe garantizar la expresión de opiniones de distintas comisiones. El acuerdo resalta que estos foros buscan reducir la polarización y fortalecer el marco jurídico del amparo, promoviendo un debate sustentado en argumentos legales y experiencias prácticas.
Sin embargo, Ricardo Anaya, coordinador del PAN en el Senado, advirtió que las audiencias podrían convertirse en un acto simbólico donde Morena imponga su mayoría, mientras Clemente Castañeda de MC insistió en la necesidad de un debate amplio que permita corregir posibles deficiencias de la reforma.
Analistas señalan que la convocatoria exprés y la organización improvisada ponen en riesgo la inclusión de voces críticas y podrían limitar la construcción de consensos verdaderos, cuestionando la transparencia y seriedad del ejercicio legislativo.
Las audiencias se perfilan como un primer paso formal para la revisión de la reforma en amparo, pero la oposición y la sociedad civil mantienen reservas sobre la autenticidad del proceso y la posibilidad de modificaciones sustantivas antes de su aprobación.
Con información de Georgina Salieran y Andrea Becerril para La Jornada
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Niegan amparo a Silvano Aureoles; órdenes de aprehensión siguen vigentes
La justicia mantiene vigente la orden de aprehensión contra el ex gobernador de Michoacán, Silvano Aureoles, luego de que una juez de distrito negara la suspensión definitiva de nuevas órdenes de arresto en su contra. Los que cargos que enfrenta incluyen asociación delictuosa, peculado y lavado de dinero por aproximadamente 3,412 millones de pesos, destinados a la construcción de siete cuarteles en la entidad.
De acuerdo con información recopilada por La Jornada, el pasado 18 de agosto, la juez Jovita Vargas Alarcón otorgó una suspensión provisional y fijó una garantía de 100 mil pesos; sin embargo, Aureoles no se presentó a la audiencia de imputación del 20 de agosto, aunque sus abogados sí acudieron.
Desde febrero, Aureoles ha solicitado tres amparos contra las órdenes de arresto, pero ninguno impide la detención derivada de los nuevos cargos. En marzo, cuatro ex colaboradores suyos fueron vinculados a proceso por una operación irregular de arrendamiento y compra de inmuebles para los siete cuarteles en Apatzingán, Coalcomán, Huetamo, Jiquilpan, Lázaro Cárdenas, Uruapan y Zitácuaro.
Derivado de lo anterior, Aureoles se mantiene como prófugo de la justicia, mientras la Fiscalía General de la República continúa con las investigaciones al respecto.
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Julio César Chávez Jr. solicita amparo para continuar su proceso en libertad
El excampeón de boxeo Julio César Chávez Jr. promovió un juicio de amparo para frenar su reclusión en el CEFERESO 11 de Hermosillo, Sonora, tras ser entregado a México por autoridades de Estados Unidos.
Chávez Jr., quien llegó encadenado de pies y manos, denunció estar incomunicado desde su ingreso al penal. La titular del Juzgado Décimo Primero de Distrito en Sonora, Ana María Nava Ortega, concedió una suspensión de plano, aunque aún no se precisan los alcances de la medida, que busca proteger los derechos humanos del boxeador y evitar daños de difícil reparación.
La investigación contra Chávez Jr. inició en 2019, cuando se le vinculó con la facción ‘Los Chapitos’ como ajustador de cuentas. En 2023, la Fiscalía General de la República (FGR) giró una orden de aprehensión por delincuencia organizada y tráfico de armas. El 2 de julio fue detenido en Studio City, California, a un día de su pelea ante Jake Paul, luego de que autoridades estadounidenses declararan ilegal su estancia y señalaran presuntos vínculos con el Cártel de Sinaloa, considerado “organización terrorista extranjera” en EU.
El 18 de agosto, Chávez Jr. fue entregado a México e ingresado al CEFERESO 11, donde recibió prisión preventiva dos días después. Su defensa solicitó la duplicidad del plazo para definir su situación jurídica; la vinculación a proceso se resolverá el 23 de agosto.
Su padre, la leyenda del boxeo Julio César Chávez, defendió la inocencia de su hijo, asegurando que no pertenece a ningún cártel ni vende armas, y que su relación con narcotraficantes es solo de conocimiento público, sin involucramiento directo.
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Guillermo Padrés busca amparo por investigación de tráfico de menores en Sonora
El exgobernador de Sonora, Guillermo Padrés Elías, solicitó un amparo contra cualquier orden de aprehensión o privación ilegal de libertad relacionada con la investigación sobre tráfico y adopciones ilegales de menores durante su administración (2009-2015).
De acuerdo con una investigación de La Jornada, la indagatoria, derivada de una recomendación de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) de 2017, señala que niños fueron sustraídos de madres en situación vulnerable —con adicciones y pobreza— y vendidos por funcionarios mediante adopciones irregulares con pagos que oscilaban entre 110 mil y 130 mil pesos.
El caso involucra investigaciones en Empalme, Guaymas, Hermosillo y Navojoa, Sonora, vinculadas a la Casa Hogar Unicari, donde presuntamente se cometieron estos ilícitos.
Padrés presentó la demanda de amparo el 20 de julio, y el Juzgado Segundo de Distrito en Materia Penal detectó que ya hay otro proceso judicial que da seguimiento a la desaparición y tráfico de menores identificados en la recomendación 9VG/2017 de la CNDH.
El exgobernador fue detenido en noviembre de 2016 por cargos de lavado de dinero y defraudación fiscal. Estuvo preso hasta febrero de 2019, cuando salió bajo fianza de 40 millones de pesos. En abril pasado, la Suprema Corte ratificó su condena y ordenó el pago de 200 millones de pesos por evasión fiscal durante su mandato.