La violencia de grupos criminales en México ha provocado el desplazamiento forzado de casi 29 mil personas en 2024. Este fenómeno afecta principalmente a 13 entidades del país, siendo Chiapas la más afectada.
En Chiapas, se registraron 17 mil 860 personas desplazadas en 20 eventos. La mayoría de estos desplazamientos se dieron en comunidades fronterizas con Guatemala, donde la disputa por rutas del narcotráfico ha generado conflictos sociales y criminales.
Sinaloa reporta 4 mil 480 desplazados, mientras que Michoacán ha visto un aumento en los desplazamientos en el segundo semestre del año. La violencia de género y la participación de grupos criminales han intensificado la crisis en esta región.
El informe “Travesías forzadas: Desplazamiento interno en México”, elaborado por el Programa de Derechos Humanos de la Universidad Iberoamericana, destaca que el 79% de los eventos de desplazamiento están vinculados a violencia directa. Solo el 20% son consecuencia de causas sociales o desastres naturales.
Este estudio, realizado en colaboración con ACNUR, revela un aumento del 129% en el desplazamiento forzado respecto a 2023. Las investigadoras Eugenia Morales y Renata Vadillo afirman que la violencia del crimen organizado sigue siendo la principal causa del desplazamiento.
Chiapas, Sinaloa, Michoacán, Chihuahua y Guerrero concentran la mayoría de los casos, seguidos de Sonora, Oaxaca, Quintana Roo, Hidalgo, Jalisco, Durango, Nayarit y Veracruz.
El informe también señala la falta de cifras oficiales y políticas integrales a nivel federal. A pesar de los esfuerzos en algunos estados como Michoacán y Chihuahua, el fenómeno sigue creciendo en intensidad y cobertura territorial.
Desde 2008, se han documentado aproximadamente 392 mil víctimas de desplazamiento forzado en México. Aunque existen iniciativas a nivel local y estatal para monitorear los desplazamientos, hay un vacío significativo en el monitoreo nacional.
Representantes del programa de la IBERO indican que el discurso sobre este tema ha disminuido. A nivel estatal, Oaxaca y Michoacán han implementado iniciativas de ley, pero aún faltan medidas de reparación efectivas. Chiapas, Guerrero, Sinaloa y Zacatecas también cuentan con leyes locales, aunque su implementación ha sido limitada en la atención a las víctimas.
