La Suprema Corte de Justicia de la Nación ya puso en marcha el proceso de entrega-recepción ante el relevo de su presidencia. La ministra Norma Piña, quien concluye funciones el 31 de agosto, rendirá cuentas sobre el estado administrativo y presupuestal del máximo tribunal antes de ceder la estafeta al próximo presidente, el ministro Hugo Aguilar Ortiz.
Con este objetivo, se creó un grupo de trabajo especial que será responsable de preparar el acta de entrega, revisar los recursos y garantizar una transición ordenada. El equipo lo integran funcionarias y funcionarios de alto nivel: desde la Oficialía Mayor y la Secretaría General, hasta la Contraloría interna, pasando por la Subsecretaría de Acuerdos.
Además, la Corte ya fijó las fechas clave para cerrar el año presupuestal. Por ejemplo, antes del 18 de agosto todas las áreas deberán completar trámites de pagos, adquisiciones, fondos, viáticos y registros en los sistemas administrativos. También hay fechas límite para temas de obra pública, recursos humanos y plataformas digitales.
Este protocolo no es improvisado. Se deriva del Acuerdo General 3/2025, aprobado en marzo por el Pleno, en el que se establecieron lineamientos para garantizar la transparencia y la rendición de cuentas tanto a nivel institucional como individual. De hecho, desde el 17 de junio, la Contraloría ya emitió lineamientos específicos para que cada servidora y servidor público de la Corte integre su informe de gestión en el sistema oficial (SAER), detallando desde equipos informáticos hasta personal a su cargo.
Norma Piña presentará su último informe de labores el próximo 15 de agosto y el nuevo Pleno del máximo tribunal asumirá funciones el 1 de septiembre. La intención, según los acuerdos, es que el cierre administrativo no solo sea ordenado, sino también público y claro.
