La SCJN analizará si la Secretaría de Hacienda presentó a tiempo la denuncia por fraude fiscal contra Víctor Garcés Rojo, exdirector jurídico de la Cooperativa La Cruz Azul.
La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) aceptó atraer el amparo promovido por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) contra el cierre del caso de fraude fiscal en contra de Víctor Garcés Rojo, exdirector jurídico de la Cooperativa La Cruz Azul.
Por mayoría de cinco votos, el Pleno de la Corte avaló la solicitud presentada por la ministra Lenia Batres Guadarrama para revisar la resolución de un Tribunal Colegiado de Apelación, el cual determinó en enero pasado que la denuncia fue presentada fuera del plazo legal y ordenó cerrar el caso.
El debate en la Corte estuvo marcado por un empate inicial de cuatro votos a favor y cuatro en contra, situación que se resolvió cuando el ministro Arístides Guerrero cambió su voto a favor de atraer el asunto. De esta manera, el expediente será remitido a la SCJN para su revisión integral.
Garcés Rojo fue acusado por la SHCP de defraudar al fisco por casi tres millones de pesos, al omitir declarar 8.2 millones de pesos de ingresos correspondientes al ejercicio fiscal 2015. Hacienda tenía hasta abril de 2021 para presentar la denuncia ante la Fiscalía General de la República (FGR), pero el Tribunal consideró que el dictamen contable del SAT se elaboró fuera del plazo establecido, provocando la prescripción del delito.
El punto central del análisis que realizará la Corte será determinar si Hacienda está obligada a presentar exclusivamente dictámenes contables del SAT o si el plazo de cinco años puede interrumpirse con documentos emitidos por la Procuraduría Fiscal de la Federación (PFF), que no tiene funciones recaudatorias.
Cabe recordar que Víctor Garcés Rojo permanece recluido en el Reclusorio Norte, donde enfrenta otros procesos por trata de personas con fines de explotación sexual, delincuencia organizada y lavado de dinero por más de 114 millones de pesos.
La decisión de la Corte podría sentar un precedente clave sobre los procedimientos de denuncia en casos de fraude fiscal y evasión de impuestos en México.
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