Durante la conferencia matutina, la presidenta Claudia Sheinbaum explicó que, ante el riesgo de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) declarara inconstitucional la Reforma Judicial, había considerado implementar un “Plan D”. Este plan alternativo contemplaba dos medidas clave: la elección del octavo ministro de la Corte por voto popular y la eliminación del haber de retiro para los ministros. La presidenta destacó que estas acciones buscaban evitar un conflicto prolongado entre el Ejecutivo y la Corte.
Sheinbaum detalló que el “Plan D” habría sido una respuesta a lo que ella percibía como un bloque de ministros alineados con un “viejo régimen” y a una situación en la que su administración se vería obligada a desafiar una resolución de la Corte. En sus palabras, “si se hubiera mantenido este bloque de ministros que representaba este viejo régimen, habríamos quedado en una situación de desacato a una resolución de la Corte”.
Para evitar este escenario de conflicto institucional, la presidenta explicó que pensó en una solución alternativa: volver a presentar la reforma judicial, pero con dos modificaciones significativas. La primera medida habría sido permitir que, en caso de quedar una vacante en la Suprema Corte —como la que dejará el ministro Aguilar a finales de noviembre—, el nuevo ministro pudiera ser electo por el pueblo. Además, Sheinbaum contemplaba eliminar el haber de retiro de los ministros, una medida que considera importante para hacer frente a “privilegios” de los altos funcionarios del Poder Judicial.
La presidenta explicó que este Plan D no se aplicó, ya que la reforma judicial finalmente fue avalada sin necesidad de enfrentar a la SCJN en una confrontación abierta. En su opinión, el “Plan D” habría sido un paso controversial para el país, pero estaba dispuesto para evitar lo que describió como una estrategia de sus opositores para “mantenernos en un supuesto desacato”.
Al final, Sheinbaum expresó alivio de que el plan alternativo no fuera necesario, y que se lograra avanzar con la reforma judicial sin enfrentamientos directos. “Por fortuna no fue necesario, porque también era un precedente no muy bueno para el país”, concluyó, dejando en claro que su gobierno seguirá buscando maneras de evitar confrontaciones directas con otros poderes autónomos del Estado.
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