La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo expresó su absoluto rechazo a la iniciativa promovida por legisladores republicanos en Estados Unidos que busca imponer un impuesto del 5 por ciento a las remesas que migrantes envían a México, al considerar que se trata de una medida injusta, discriminatoria e incluso inconstitucional bajo la legislación estadounidense.
Durante su conferencia matutina en Palacio Nacional, Sheinbaum fue enfática: “No estamos de acuerdo. Es incluso en Estados Unidos inconstitucional, porque se pagaría doble impuesto, ya que las y los mexicanos que viven en Estados Unidos ya pagan impuestos”.

La propuesta, conocida como el “Gran y Hermoso Proyecto de Ley”, busca cobrar un 5 % sobre los envíos de dinero realizados por personas migrantes, incluyendo a quienes tienen residencia permanente, visas laborales o protección temporal, excluyendo únicamente a ciudadanos estadounidenses. Según los republicanos, los recursos recaudados servirían para financiar exenciones fiscales y medidas de seguridad fronteriza impulsadas por el presidente Donald Trump.
Sheinbaum explicó que la iniciativa avanzó en una comisión de la Cámara de Representantes, aunque aún debe pasar por otra instancia legislativa antes de llegar al Pleno. Paralelamente, otra propuesta republicana, la “Ley de Inversión en Seguridad Fronteriza”, contempla un cobro del 37 % a las remesas enviadas a los cinco países con mayor número de cruces ilegales, entre ellos México.

Organismos y especialistas advirtieron que la aprobación de cualquiera de estas medidas afectaría directamente a las regiones más empobrecidas de América Latina, donde las remesas son una fuente vital de ingresos para millones de familias.
En el caso de México, las remesas representaron cerca del 4 % del Producto Interno Bruto en 2024, con un récord de 64 mil 745 millones de dólares, ubicando al país como el segundo mayor receptor de estas divisas en el mundo, solo por debajo de la India. El país acumula once años consecutivos de crecimiento en remesas.
La Presidenta subrayó que, ante cualquier intento de criminalizar o castigar el envío de recursos, México defenderá los derechos de sus connacionales en el extranjero, quienes con trabajo, esfuerzo y aportaciones fiscales sostienen no solo a sus familias, sino también una parte esencial de la economía nacional.
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