Por mayoría de votos, las comisiones unidas de Reordenamiento Urbano y Vivienda y Estudios Legislativos del Senado aprobaron sin cambios la minuta sobre la Ley General del Infonavit, un paso clave para democratizar el acceso a la vivienda en México. Con 18 votos a favor, 7 en contra y 2 abstenciones, el dictamen avanza hacia el Pleno, donde se definirá su destino definitivo.
La reforma transforma la estructura del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit), permitiéndole convertirse en un constructor de vivienda a través de una empresa filial. Con esto, el Estado podrá garantizar arrendamiento social accesible para los trabajadores y sectores vulnerables, ampliando el alcance del derecho constitucional a la vivienda digna.
Este modelo busca corregir las fallas del mercado inmobiliario, donde grandes desarrolladores han monopolizado la construcción de viviendas, priorizando la especulación financiera sobre las necesidades de los trabajadores.
La oposición, en defensa de intereses privados
Como era de esperarse, la oposición en el Senado cerró filas en contra de la reforma, defendiendo el statu quo que ha beneficiado a grandes corporaciones inmobiliarias. Entre las principales críticas destacaron las de Movimiento Ciudadano (MC), con la senadora Alejandra Barrales argumentando que “la empresa filial no cuenta con mecanismos de rendición de cuentas” y que “no incluye la opinión de trabajadores y empresarios”.
Además, el bloque opositor calificó la iniciativa como “un atraco”, argumentando que la construcción de viviendas con recursos del Fondo Nacional de Vivienda afectaría a los trabajadores, ignorando que el objetivo central de la reforma es beneficiar directamente a quienes cotizan en el Infonavit, en lugar de enriquecer a inmobiliarias privadas.
Sigue la aprobación con la aplanadora de la 4T
El dictamen ahora será turnado al Pleno del Senado, donde se espera un debate intenso. Sin embargo, la reforma cuenta con un amplio respaldo, reflejando el compromiso de la Cuarta Transformación con el bienestar de los trabajadores. La oposición, por su parte, insiste en proteger los intereses del sector privado y frenar un cambio estructural que beneficiaría a miles de familias mexicanas.
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