En una sesión marcada por intensos debates y confrontaciones entre legisladores, el Senado de la República aprobó las leyes secundarias del nuevo modelo energético con el objetivo de fortalecer a Petróleos Mexicanos (Pemex) y la Comisión Federal de Electricidad (CFE) como empresas públicas del Estado.
El dictamen avalado establece un marco normativo que reestructura el sector energético del país, expidiendo nuevas leyes para la regulación de la electricidad, los hidrocarburos y la transición energética. Además, modifica disposiciones clave en la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal y el Fondo Mexicano del Petróleo.
Durante la discusión, senadores de oposición desplegaron mensajes críticos hacia el gobierno, señalando el aumento en los precios de la gasolina desde 2018. La priista Carolina Viggiano argumentó que una de las promesas de campaña incumplidas fue la reducción del precio del combustible, mientras que la morenista Laura Itzel Castillo respondió que los datos presentados no eran precisos, defendiendo la política energética del oficialismo.
Desde la Comisión de Energía, se argumentó que las reformas buscan garantizar el predominio de Pemex y la CFE en el mercado, asegurando al menos el 54% de la generación eléctrica nacional y priorizando la asignación de proyectos estratégicos. También se contempla la reestructuración financiera de Pemex con el fin de reducir su carga fiscal y consolidar su papel como motor del desarrollo energético.
La 4T defendió la iniciativa señalando que estas reformas aseguran la soberanía energética y protegen los intereses nacionales. El debate concluyó con la división de la votación para analizar por separado los distintos ordenamientos del paquete legislativo, reflejando la polarización en torno a la reforma energética.
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