La ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Lenia Batres Guadarrama, confirmó la imposición de una multa a Elektra, empresa del magnate Ricardo Salinas Pliego, debido a los múltiples obstáculos que ha interpuesto para evitar el pago de sus millonarias deudas con el Servicio de Administración Tributaria (SAT) y al pueblo de México.
La ministra Lenia Batres Guadarrama informó en redes sociales que, durante la sesión privada del pleno de la SCJN del lunes 10 de febrero, se acordó ejecutar la sanción con base en los artículos 59 y 250 de la Ley de Amparo, los cuales castigan las estrategias legales dilatorias con multas económicas.
Batres Guadarrama denunció que Grupo Salinas ha promovido quince impedimentos y presentado diecinueve recursos de reclamación, además de cuatro conflictos competenciales, lo que ha generado 39 medios de impugnación que han retrasado la resolución de cuatro expedientes clave: tres de índole fiscal y uno financiero.
De esta serie de maniobras, hasta ahora solo se han resuelto tres impedimentos y ocho recursos de reclamación, mientras que los cuatro conflictos competenciales fueron desechados. Sin embargo, aún quedan pendientes 27 procedimientos, lo que evidencia el uso sistemático de tácticas para evadir sus responsabilidades fiscales.
La deuda millonaria de Salinas Pliego con el SAT
El conflicto legal de Grupo Elektra con el SAT surge de un adeudo acumulado de 63 mil millones de pesos, de los cuales:
- Más de 53 mil millones de pesos corresponden a juicios fiscales previos.
- Más de 10 mil millones de pesos derivan de créditos fiscales emitidos en la administración actual.
El jefe del SAT, Antonio Martínez Dagnino, explicó recientemente que, tras auditorías realizadas entre 2008 y 2018, inicialmente se calculó una deuda de 38 mil millones de pesos. Sin embargo, este monto aumentó debido a recargos y ajustes inflacionarios.
Además, el 90% del adeudo proviene de la consolidación fiscal, un esquema que permitía a las grandes corporaciones evadir el pago de impuestos y que fue impulsado por las administraciones neoliberales y eliminado con la llegada de la Cuarta Transformación en 2018.
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