En el corazón de toda sociedad democrática yace un pilar fundamental: la confianza en sus instituciones de seguridad y justicia. En México, este pilar se está desmoronando a un ritmo alarmante, amenazando con socavar los cimientos mismos de nuestro Estado de derecho.
La propuesta de reforma al Poder Judicial en México ha puesto sobre la mesa un debate sin precedentes sobre el futuro de nuestro sistema de justicia. Sin embargo, esta discusión revela una verdad más profunda: la necesidad de una transformación integral que abarque no solo a los tribunales, sino a todo el aparato de justicia, incluidas fiscalías, ministerios públicos y cuerpos policiales.
El diagnóstico es claro y preocupante, la percepción ciudadana sobre nuestras instituciones de seguridad y justicia ha alcanzado niveles críticos de desconfianza. Ya no se trata de simples quejas o señalamientos aislados; estamos ante un desencanto generalizado que corroe la legitimidad de todo el sistema de justicia de nuestro país.
Los interminables retrasos en los procesos judiciales y las barreras que enfrentan muchos mexicanos para acceder a la justicia son síntomas de un sistema que requiere una cirugía mayor. La propuesta actual de reforma judicial, con medidas controvertidas como la elección popular de jueces, busca inyectar legitimidad democrática al sistema, no obstante, el debate no debe limitarse solo al Poder Judicial.
Por ejemplo, no podemos perder de vista que la policía es la primera línea de defensa contra el crimen, la cual lejos de ser vista como protectora, es percibida por la ciudadanía como un ente corrupto. Esta imagen no solo desalienta a las víctimas de denunciar delitos, sino que también empodera a los criminales, quienes operan con la certeza de que pueden burlar la ley con facilidad.
Por otro lado, los ministerios públicos, encargados de investigar y perseguir los delitos, no corren mejor suerte pues la idea de que “fabrican pruebas” no solo es preocupante, sino peligrosa.
Las fiscalías, por su parte, son vistas como instituciones lentas e ineficaces, además de dar la percepción de que sirven a intereses particulares, tachándolas de incompetentes, cómplices y generadoras de impunidad.
La radiografía anterior, que evidentemente es superficial, invita a una revisión profunda de los procesos de selección y formación, no solo de jueces, sino tambien de policías y fiscales. Además de la implementación de sistemas robustos de “supervisión ciudadana”. Tambien se hace presente la demanda de inversiones significativas en tecnología y capacitación, así como mejores condiciones laborales, sobre todo para los cuerpos policiacos.
Destaca la exigencia de un cambio cultural dentro de estas instituciones, uno que priorice el servicio a la ciudadanía por encima de intereses personales o políticos, lo que tendrá que derivar en el restablecimiento de la confianza ciudadana en las mismas.
La implementación efectiva del sistema acusatorio, el respeto irrestricto a los derechos humanos y la atención digna a las víctimas son pilares que no pueden quedar fuera de esta reforma integral. Asimismo, es crucial abordar las barreras económicas y sociales que limitan el acceso a la justicia para muchos mexicanos.
La crisis de confianza en las instituciones de seguridad y justicia en México representa uno de los desafíos más significativos que enfrenta la nación en su historia reciente. La manera en que el país aborde este reto definirá no sólo el futuro de su sistema democrático, sino también la calidad de vida y la seguridad de millones de mexicanos en las próximas décadas. El camino hacia la recuperación de la confianza será largo y complejo, pero es un viaje que México no puede permitirse postergar.
Es imperativo que nuestros líderes entiendan la gravedad de esta situación. No basta con reformas cosméticas, necesitamos una reconstrucción total del sistema de justicia y seguridad, una que ponga la transparencia, la rendición de cuentas y la integridad en su núcleo.
El desafío es monumental, el mismo requiere el esfuerzo conjunto de gobierno, sociedad civil y ciudadanía, buscando equilibrar la necesidad de cambio con la preservación de principios fundamentales como la separación de poderes y el estado de derecho.
Finalmente, debo decir que cualquier reforma debe ser cuidadosamente diseñada, considerando las complejidades del sistema y las realidades específicas de México, porque no solo está en juego la eficacia de nuestro sistema legal, sino la esencia misma de nuestra democracia.
LOS ENGRANES
ENGRANE #1
En Veracruz, el gobernador Cuitláhuac García Jiménez, tomó la decisión de desaparecer la Fuerza Civil, grupo táctico y de inteligencia creado hace casi 10 años, durante el gobierno de Javier Duarte. La decisión obedeció a un lamentable operativo en el que fallecieron civiles, sin embargo, ya contaban con numerosos señalamientos de abuso policial. Lo anterior representa un vivo ejemplo de la urgente atención integral al “Sistema de Justicia y Seguridad mexicanos”.
ENGRANE #2
Urge sacudir del Movimiento de Regeneración Nacional a figuras oportunistas que buscan servirse de la “4T”; no se trata de sumar por sumar, ni dar cobijo a los que no fueron tomados en cuenta en sus institutos políticos, la gente quiere un cambio, pero no solo de siglas. Hacen falta nuevos cuadros al servicio de la nación. El reciclaje no debe aplicar a la política.
ENGRANE #3
Derivado del llamado que hicimos por este medio, se pudo agilizar la atención a los adultos mayores que se habían reincorporado al programa desde el año pasado y que no habían recibido su pensión. Agradecemos la voluntad de nuestras autoridades para atender la petición.
Hacemos comunicación al servicio de la Nación y si así no lo hiciéramos, que el chat nos lo demande.
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